Resolución 00019-2023

I.-

El actor manifestó que no labora por ser una persona con

limitaciones visuales retinosis pigmentaria y otras enfermedades. Nunca ha podido laborar, su

madre era quien se encargaba de sus gastos, pero ella falleció el 4 de setiembre de 2013, y

desde entonces vive de la caridad, sale a las calles a pedir dinero, pero lo que recauda no le

alcanza para satisfacer sus necesidades básicas; el IMAS le ayudó con cincuenta y cinco mil

colones al mes, pero actualmente no recibe ese dinero. Dijo que no tiene hijos ni hermanos que

le puedan socorrer, y su padre, quien recibe una pensión del régimen no contributivo, no vive

con él. Posee una casa deteriorada, tiene que comprar los bastones porque la accionada no los

suministra, y duran un promedio de tres años, cuyo costo es de aproximadamente treinta mil

colones, pero para él resulta un artículo de primera necesidad. Solicitó una pensión del Régimen

no Contributivo a la Caja Costarricense de Seguro Social -en adelante CCSS-, pero le fue

denegada en razón de que la institución consideró que sobrepasaba la línea de pobreza, lo cual

negó, pues los documentos de la solicitud no los completó él, sino funcionarios de la accionada,

por ser no vidente. Dijo que solo les facilitó recibos de pagos de teléfono, agua y electricidad, y

algunos cuantos por compra de comestibles. Solicitó que se condene a la accionada a otorgarle

una pensión por invalidez del Régimen no Contributivo desde el momento en que hizo la

solicitud administrativa, o en su defecto, desde la presentación de la demanda, así como el pago

de intereses, y ambas costas. La apoderada general judicial de la CCSS dijo que el actor no es

una persona con una invalidez que amerite el apoyo del Estado. La sucursal de la institución en

Desamparados denegó el beneficio porque según la investigación social se acreditó que el actor

dijo en sus declaraciones juradas, que percibía un total de treinta y cinco mil colones por

semana, producto de pedir dinero en las calles, lo cual le generaba un total de ₡140.000

mensuales, monto superior al parámetro establecido que en ese momento era de ₡102.526,00.

Formuló la defensa de falta de derecho, pidió que se declare sin lugar la demanda y en caso de

que se considere que al accionante le asiste derecho, la pensión se fije a partir de la firmeza del

fallo o desde el momento en que se cumplieron los requisitos; además de exonerar a la CCSS

de sufragar las costas. El Juzgado denegó la excepción opuesta, declaró con lugar la demanda y

condenó a la CCSS a conceder al promovente una pensión del Régimen no Contributivo a

partir del 10 de setiembre de 2018, cuyo monto se determinará administrativamente; concedió

igualmente el pago de intereses legales sobre las rentas insolutas a partir de esa fecha, y la

indexación conforme al numeral 565 del Código de Trabajo. Condenó a la accionada a pagar

ambas costas del proceso. Fijó las personales en ciento cincuenta mil colones.

AGRAVIOS: Recurre la apoderada general judicial de la accionada y manifiesta

que la persona juzgadora fundamentó su decisión en el informe pericial socioeconómico que

acreditó que el actor se encuentra en condición de pobreza y vulnerabilidad, pero a criterio

suyo, el juzgador olvidó que el demandante nunca fue valorado médicamente por parte de su

representada, el requisito de la condición médica se dio por cumplido con la pericia efectuada

en la vía judicial  a través del dictamen médico forense n.° [Valor 001]

de fecha 20 de octubre

de 2020. Para la recurrente existe un error en la interpretación de los requisitos

establecidos en el reglamento del Régimen no Contributivo, ya que en la vía administrativa, al no

constatarse que el demandante no se encontraba en condición de pobreza, no fue valorado por

la comisión calificadora del estado de invalidez, por ello no se puede conceder la pensión a

partir de la solicitud administrativa, pues solo fue dictaminado en sede judicial, lo que significa

que los requisitos reglamentarios se verificaron de manera sobrevenida, y no se pueden

retrotraer los beneficios al momento del reclamo; para la parte recurrente, hacerlo como se

ordenó en el fallo es contrario a la normativa y el principio por fondo. Asegura que al

expediente se hicieron llegar pruebas recabadas en la vía administrativa, como declaraciones

juradas del actor y el informe social en el cual se especificaron que los ingresos percibidos en

aquel momento, motivaban la denegatoria de la pensión. No hubo en ese proceso prueba

testimonial que recabar. Alega que la condición socioeconómica del actor varió en el transcurso

del proceso judicial, lo cual sumado a que no había pericia médica, demuestra que el

cumplimiento fue posterior o sobrevenido.

Critica que la pensión se fijó desde la gestión

administrativa pues no existen pruebas que desvirtúen lo corroborado en esa sede. Para la

recurrente lo correcto era indicar en el fallo que el cumplimiento de los requisitos se acreditó

durante el transcurso del proceso judicial, pues ambos -condición de pobreza y pérdida de la

capacidad-, fueron verificados con los dictámenes elaborados a solicitud del Juzgado.

3.-

No

comparte la decisión de condenar a la CCSS a pagar las costas del proceso, por cuanto la

institución actuó de buena fe, lo resuelto se apegó al ordenamiento jurídico, el asunto no es de

tramitación compleja, amén de que el cumplimiento de requisitos se dio durante el proceso.

Pide que se modifique el rige de la pensión, otorgándola a partir de la firmeza de la sentencia o

desde el 20 de octubre del año 2020 que es la fecha en la que se acreditó el cumplimiento de

los requisitos reglamentarios al comprobarse que el actor cumple con la condición médica.

FONDO DEL CASO: Tal y como se explica en el recurso, no se cuestiona que

el actor tenga derecho a la percepción de la pensión por invalidez del Régimen no Contributivo,

sino la fecha a partir de la cual debe concederse el beneficio. Para la recurrente la pensión debe

concederse a partir de la firmeza de la sentencia, o en su defecto desde el momento en que se

emitió el dictamen médico legal que constató que el actor se encuentra en las condiciones

médicas reglamentariamente requeridas -20 de octubre de 2020-, en razón a que en sede

administrativa la comisión calificadora del estado de invalidez no lo valoró, debido a que al no

cumplir el otro requisito -condición de pobreza-, no era necesario verificar su estado de salud.

Los agravios no son de recibo. El criterio mantenido por esta Sala en casos como este, es que

el beneficio debe ser concedido desde que la persona cumple los requisitos de la normativa

aplicable. Cuando el acto administrativo denegatorio del derecho se impugna en la vía judicial,

se analiza su ajuste con la legalidad. De ahí que, por lo general, el derecho se concede a partir

del reclamo en sede administrativa; sin perjuicio de aquellos casos en que se determine, sin

lugar a dudas, que alguno de los requisitos se cumplió con posterioridad. Para que el beneficio

pueda ser otorgado en una fecha posterior a la gestión administrativa, debe quedar plenamente

acreditado que a partir de ese otro momento se cumplieron los requisitos normativos

correspondientes. En ese sentido esta Sala ha dicho: “…por lo general, cuando se determina

que el derecho fue indebidamente denegado, éste se concede a partir del reclamo en sede

administrativa y no, de las valoraciones y pericias médico - legales que determinan el

diagnóstico requerido; o bien, del dictamen socio económico que describa la condición

económica y social de la persona solicitante, pues resulta claro que estas pericias lo que

constatan es una situación existente, y por eso se ha señalado que sus efectos no son

constitutivos de aquella condición que declaran.  Lo anterior, salvo que de la pericia

técnica se determine efectivamente, que la condición de la persona solicitante fue

sobrevenida.” (Voto 2022-593 de las 09:35 del 16 de marzo de 2022). Al amparo de esa

línea jurisprudencial, no es posible atender la solicitud de la parte recurrente, quien solicita que

la fecha a partir de la cual se fije la pensión, sea la data en que el fallo adquiera firmeza, un

hecho futuro, ya que no existe normativa que respalde una pretensión de este tipo, amén de que

la solicitud es para que se condene otorgar la pensión en un momento posterior a las fechas en

que se emitió la valoración médica que constató la condición del actor, y en ese dictamen no se

indicó que el requisito fue sobrevenido, por el contrario, se dijo que su condición médica

-retinosis pigmentaria-, es una situación genética, que se caracteriza por pérdida gradual de la

agudeza visual, provocando ceguera completa. En ese examen se constató que el demandante

presenta ceguera total de ambos ojos, no percibe siquiera la luz, por lo que de esa pericia no

puede extraerse desde cuándo presenta esa condición médica definitiva, de tal forma que el

requisito no puede tenerse como sobrevenido, pues en la vía administrativa ni siquiera se valoró

médicamente al solicitante, de tal forma que no puede asegurarse que en aquel momento sí tenía

capacidad visual, prueba que debía acreditar la accionada; amén de que en el expediente se

cuenta con la constancia  n.° SDM 1014-2016 (imagen 3 del libro PDF del Juzgado en formato

continuo), en la cual se consignó que el actor fue atendido el 9 de agosto de 2016 en el CAIS,

Dr. Marcial Fallas Diaz, donde se le diagnosticó  Retinosis Pigmentaria y otras enfermedades en

ambos ojos, es decir, ya para ese momento, años antes de la gestión administrativa de la

pensión, el demandante experimentaba las situaciones agravantes que le hicieron perder la vista

por completo. Por otro lado, en cuanto al requisito de la condición de pobreza, tampoco es de

recibo que fue sobrevenido, ya que administrativamente la CCSS partió de que el actor tenía

ingresos de ciento cuarenta mil colones mensuales (₡140.000) suma que era superior a la línea

de pobreza en aquel momento (₡103.526). Esos ingresos que declaró obtener provienen de

ayudas económicas que percibía de pedir en las calles, es decir, de la caridad de los

transeúntes, lo cual sin mayor esfuerzo se puede asegurar que son ingresos inestables, incluso en

la imagen 113 del expediente consta una solicitud de informe socioeconómico en el cual se

indicó que se analizaron varios documentos, entre ellos que el actor tenía ficha de información

social -FIS-, en el Imas, en la cual se le categorizaba para el año 2013 en el grupo 2 de

pobreza básica, dedicándose en ese momento -14 de julio de 2017-, a pedir dinero en las

calles, con un ingreso de ₡80.000. En el estudio social elaborado administrativamente (imagen

119 a la 127 ibidem), se indicó que el actor dijo que se dedica a pedir dinero en diferentes

puntos de la ciudad de San José, en un día “demasiado bueno” percibe doce mil colones, y uno

“muy malo”, dos mil colones, lo que según la persona trabajadora social representa un ingreso

promedio de siete mil colones diarios, treinta y cinco mil colones por semana y ciento cuarenta

mil colones al mes. No existe explicación alguna, o método matemático que respalde ese

resultado  promedio, pues no hay información  de cuantos días a la semana o al mes son “muy

buenos” y cuántos “muy malos” como para hacer un promedio exacto, de lo que se tiene

certeza es de que la única posibilidad que le genera algunos ingresos al actor es la caridad de

los transeúntes, vive de lo que le regalan las personas, lo que sin duda es una fuente de ingresos

insegura, depende de factores incontrolables por el petente, que lejos de generarle estabilidad,

lo coloca en una situación cada vez más vulnerable conforme avance su edad y la ya difícil

situación económica y de salud que atraviesa. Considerar que gracias a la buena voluntad de las

demás personas que le regalan día con día algún dinero, el solicitante no requiere la ayuda del

Estado es actuar de manera deshumanizada y condenar a una persona con discapacidad a la

incertidumbre y privaciones de las condiciones básicas de subsistencia que un Estado social de

derecho como el nuestro debe garantizar, además constituye una actuación contraria a normas

constitucionales como el artículo 50 que establece la obligación del Estado de procurar el

mayor bienestar para todos los habitantes del país. La apreciación de las circunstancias

socioeconómicas del actor en la vía administrativa fue reprochablemente ligera, y contraria al

inciso 2, subinciso c) del artículo 28 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con

Discapacidad, aprobada por la Ley n.° 8661, que dispone: “2. Los Estados Partes

reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la protección social y a gozar de

ese derecho sin discriminación por motivos de discapacidad, y adoptarán las medidas

pertinentes para proteger y promover el ejercicio de ese derecho, entre ellas: … c)

Asegurar el acceso de las personas con discapacidad y de sus familias que vivan en

situaciones de pobreza a asistencia del Estado para sufragar gastos relacionados con su

discapacidad, incluidos capacitación, asesoramiento, asistencia financiera y servicios de

cuidados temporales adecuados;”. En este caso, la Caja Costarricense de Seguro Social no

solo no ha incumplido el deber de actuar con la debida diligencia, sino que además ha obviado

su responsabilidad social y olvidado la razón para la que fue creada. En síntesis, en la vía

administrativa existían pruebas suficientes para tener como acreditados los requisitos para

concederle la pensión por invalidez al petente -condición médica y pobreza-, en consecuencia

la fijación de la pensión a partir del momento en que el accionante formuló el reclamo

administrativo es correcto.

COSTAS: La recurrente se opone a la condena al pago de las costas amparada

en el inciso 1) del artículo 563 del Código de Trabajo, ya que considera que su representada

actuó con evidente buena fe. El agravio no es de recibo. Quedó demostrado que el actor

cumple con los requisitos para obtener el beneficio solicitado, la accionada no demostró que los

requisitos para conceder la pensión por invalidez del Régimen no Contributivo fueran

sobrevenidos, en el expediente administrativo existían elementos suficientes para constatar la

precaria situación económica que ha atravesado el accionante, y si bien no realizó la valoración

médica, ello no demuestra tampoco que la pérdida de la capacidad se haya presentado con

posterioridad a la denegatoria del reclamo por la institución, pues simplemente la CCSS omitió

realizar esa valoración, omisión que ahora no puede usar como defensa para eximirse del pago

de las costas que se vio obligado el demandante a realizar para obtener una pensión a la que

evidentemente tiene derecho, además de que el argumento para denegar la pensión fue ligero y

desprovisto de solidaridad y humanidad, por ende no se puede decir que la institución actuó de

buena fe.

V.-

DISPOSICIONES FINALES: De conformidad con las consideraciones

expuestas, debe declararse sin lugar el recurso.