Resolución 00965-2013

1.-

Con

base en los hechos que expuso y disposiciones legales que citó, la actora

estableció demanda ordinaria, cuya cuantía se fijó en la suma de cuarenta millones

de colones, a fin de que en sentencia se declare: “PETITORIA PRINCIPAL

Por lo anterior, de conformidad con la normas legales citadas, principalmente

respaldada en el numero 41 Constitucional, y los artículos enumerados del

Código Civil, solicito a su autoridad, que examinada y valorada la prueba

confesional, documental, y testimonial que se ha ofrecido y la que adelante se

indicara, se proceda a obligar a la sucesión del señor Rafael Ortiz Solís,

06-000206-220CI-I, proceso que se lleva a cabo en el Juzgado Tercero de Mayor

Cuantía de San José, a respetar y cumplir el acuerdo suscrito encontrándose en

vida el hoy fallecido, y de conformidad con el articulo 293 del Código Civil a

otorgar en escritura pública mi derecho de usufructo en el inmueble con folio

real número uno- trescientos treinta y cinco mil ciento veintinueve- cero cero

cero, para poder así usar y disfrutar la casa de habitación construida con mi

propio peculio en esta propiedad, toda vez que no ser así se me causaría un

grave perjuicio y un enriquecimiento injusto a la parte demandada. Además

solicito que se le condene al pago de costas personales y procesales de la

presente acción. Solicito a su autoridad que se ordene escriturar mi derecho de

usufructo. Además pido a que se condene al acto del daño al que se me ha

causado con la negativa de otorgarme mi derecho de usufructo, toda vez que he

soportado casi tres años en la incertidumbre de lo que va ha pasar con mis

bienes y patrimonio en general toda vez que el Representante Legal del Proceso

Sucesorio y de la señora María Luisa Solís Porras, como única heredera

apersonada al proceso, no solo se niega a otorgar mi derecho de usufructo, si

no que he tenido que soportar actos de hostigamiento en mi contra y familia,

como el lanzamiento de basura en la propiedad que habito y es el bien

inventariado en el proceso sucesorio, tal y como costa (sic) en el acta

de observación de la policía municipal de Santa Ana, y fue presentada al

Juzgado Tercero Civil de Mayor Cuantía del Primer Circuito de San José,

expediente sucesorio 06-000206-220-CI-I, para obligarme a salir del inmueble

que tengo en posesión mi derecho de usufructo y perder entonces tolo (sic) lo

allí construido por mi persona, esa situación me afectado moralmente, y estoy

sufriendo problemas de salud, ansiedad, y severas depresiones ante dichos

actos. El daño moral sufrido lo estimo prudencialmente en la suma de OCHO

MILLONES DE COLONES (¢ 8.000.000), los que se liquidaran en la ejecución de

sentencia. PETITORIA SUBSIDIARA Siempre de conformidad con

acuerdo suscrito con el señor Rafael Ortiz Solís, y las normas de derecho supra

citadas, presento como PRETENSIÓN SUBSIDARIA, que se decrete la

rescisión por incumplimiento de la sucesión demandada, y por tal incumplimiento

sea obligada la totalidad de la inversión en que incurrí en la construcción de

la casa de habitación cuyo valor actual deberá ser determinado por un perito

nombrado por este despacho judicial. Además pido a que se condene al pago del

daño moral que se me ha causado con la negativa de otorgarme mi derecho de

usufructo, toda vez que he soportado casi tres años en la incertidumbre de lo

que va ha pasar con mis bienes y patrimonio en general toda vez que el

Representante Legal del Proceso Sucesorio no solo se niega a otorgar mi derecho

de usufructo, además he tenido que soportar actos de hostigamiento en mi contra

y familia, como el lanzamiento de basura en la propiedad que habito y es el

bien inventariado en el proceso sucesorio, tal y como costa (sic) en el

acta de observación de la policía municipal de Santa Ana, y fue presentada al

Juzgado Tercero Civil de Mayor Cuantía del Primer Circuito de San José,

expediente sucesorio 06-000206-220-CI-I, para obligarme a salir del inmueble

que tengo en posesión mi derecho de usufructo y perder entonces tolo (sic) lo

allí construido por mi persona, y temo profundamente ver perder no solo el

dinero que invertí en la construcción de la casa de habitación, sino el valor

de la edificación que levante, esa situación me afectado moralmente, y estoy

sufriendo problemas de salud, ansiedad, y severas depresiones ante dichos

actos. El daño moral sufrido lo estimo prudencialmente en la suma de OCHO

MILLONES DE COLONES (¢8.000.000), los que se liquidaran en la ejecución de

sentencia En cuanto a los perjuicios que reclamo, dentro de esta

pretensión subsidiaria, siendo que he invertido aproximadamente veinte millones

de colones (¢20.000.000) en la construcción de la casa de habitación y en sus

mejoras, y el albacea no quiere reconocer mi derecho de usufructo, además

dentro de este rubro de perjuicios dentro de esta pretensión subsidiaria,

reclamo de la sociedad accionada, el pago de todas las mejoras y edificación

levantada en la propiedad durante el tiempo que he ejercido la posesión, edificación

y mejoras que fueron realizadas estando en vida el propietario con su claro

consentimiento y aceptación, así como al pago de los intereses legales de la

inversión realizada, desde la fecha de intervención de la demanda, hasta el

real y efectivo pago de la edificación y mejoras levantados, rubros que estimo

prudencialmente en la suma de dos millones de colones (¢ 2.000.000) los

intereses, y veinte millones de colones (¢20.000.000) la edificación y mejoras.

Que se liquidaran en la etapa de ejecución de sentencia, así como al pago de

las costas procesales y personales de la presente acción.”

Los demandados

contestaron negativamente y opusieron las excepciones de falta de derecho,

falta de legitimación ad causam pasiva y activa y falta de interés actual.

El Juez Edgar Echegaray

Rodríguez, en sentencia no. 218-2010 de las 13 horas del 18 de agosto de

2010, resolvió: “Se rechazan las excepciones de falta de legitimación activa

y falta de interés, se acoge la excepción de falta de derecho presentadas por

los demandados en cuanto a la pretensión principal, la pretensión subsidiaria

de rescisión, en cuanto a la construcción de la casa de habitación, y en cuanto

a todo lo demás que expresamente no se haya indicado y se rechaza en cuanto a

las ampliaciones, reparaciones, mejoras, servicios y tributos, así como en

cuanto a los intereses sobre los montos aprobados. En consecuencia, se acoge

parcialmente la presente demanda ordinaria respecto de las mejoras y se fijan

en la suma de ciento cincuenta y cuatro mil trescientos noventa y tres colones

con sesenta y seis céntimos por concepto de materiales y la suma de un millón

cuatrocientos mil colones netos por concepto de mano de obra. De igual forma se

acogen los montos por el pago de tributos y servicios ante la municipalidad de

Santa Ana, los cuales se fijan en la suma de ciento cincuenta y dos mil

ochocientos cincuenta y tres colones con cuarenta y dos céntimos, los cuales

deberán ser cancelados por la SUCESION DE RAFAEL ORTIZ SOLIS representada por

su albacea MARIA LUISA SOLIS PORRAS y esta en su carácter personal a favor de

JOHANNA SEGURA CUBILLO. Finalmente sobre los montos aprobados en sentencia se

condena a los demandados al pago de los intereses legales desde la firmeza de

esta sentencia y hasta la efectiva cancelación de estos, los cuales se

liquidaran en ejecución de sentencia. Sin especial condenatoria en costas.”

La actora apeló; y el

Tribunal Segundo Civil, Sección Primera, integrado por los Jueces Juan Carlos

Brenes Vargas, Jorge Olaso Álvarez y Juan Carlos Sánchez Benavides, en

sentencia no. 275 de las 14 horas del 20 de julio del 2012, dispuso: “Se

rechaza la nulidad interpuesta. En lo apelado, se confirma la sentencia de las

trece horas del dieciocho de agosto de dos mil diez.”

La señora Segura

Cubillo, en su expresado carácter, formula recurso de casación indicando las

razones en que se apoya para refutar la tesis del Tribunal de instancia.

En los procedimientos

ante esta Sala se han observado las prescripciones de ley.

Redacta el magistrado Rivas Loáiciga

En el año 2009, María

Luisa Solís Porras adquirió por herencia de quien en vida se llamó Rafael Ortiz

Solís, la finca inscrita en el Registro Público de la Propiedad, provincia de

San José, folio real matrícula 335129-000, inmueble en el cual se encuentra una

casa de habitación, donde convivió el señor Ortiz Solís con Johanna Segura

Cubillo y su familia por más de 15 años. Durante ese lapso, la señora Segura

Cubillo realizó, de su propio peculio, reparaciones, ampliaciones y mejoras en

la vivienda, así como el pago durante varios años de los tributos y servicios

municipales respectivos. La señora Segura Cubillo interpone el presente proceso

ordinario contra la sucesión de Rafael Ortiz Solís, representada por su albacea

María Luisa Solís Porras, a quien también demanda en lo personal. Como

pretensión principal, en esencia, solicita se obligue a la sucesión demandada a

otorgarle, en escritura pública, el derecho de usufructo en el bien supra

referido, según dispuso en vida el causante. En subsidio, pide, “(…) se

decrete la rescisión por incumplimiento de la sucesión demandada, y por tal

incumplimiento sea obligada la (sic) totalidad de la inversión en que

incurrí en la construcción de la casa de habitación, cuyo valor actual deberá

ser determinado por un perito nombrado por este despacho Judicial”. En

ambos casos requiere la condena de la parte demandada al pago de las costas

personales y procesales, así como al pago de daños y perjuicios. Entre estos

últimos, reclama “(…) el pago de todas las mejoras y edificación levantada

en la propiedad durante el tiempo que he ejercido la posesión, edificación y

mejoras que fueron realizadas estando en vida el propietario con su claro

consentimiento y aceptación, así como al pago de los intereses legales de la

inversión realizada, desde la fecha de intervención (sic) de la demanda,

hasta el real y efectivo pago (…)”. La parte accionada contestó en forma

negativa y opuso las excepciones de falta de: derecho, interés actual,

legitimación ad causam activa y pasiva. El Juzgado, acogió la excepción de

falta de derecho y rechazó las restantes, en cuanto a la pretensión principal,

la subsidiaria de rescisión y retribución de la construcción de la casa de

habitación. Asimismo, rechazó la falta de derecho, respecto a las ampliaciones,

reparaciones,  mejoras, “servicios” y tributos. En consecuencia, declaró

parcialmente con lugar la demanda y condenó a las demandadas al pago de las

siguientes sumas: ¢154.393,66,  ¢1.400.000,00, ¢154.393,42, por concepto

de materiales, mano de obra, tributos y servicios, respectivamente; así como a

los intereses legales desde la firmeza del fallo y hasta su efectiva

cancelación. Resolvió, además, sin especial condenatoria en costas. El Tribunal

confirmó lo resuelto.

La actora formula

recurso de casación por razones procesales y de fondo; un agravio por las

primeras y dos por las segundas, sin embargo, únicamente fue admitido el primer

cargo por razones de fondo, los restantes fueron rechazados de plano (resolución

no. 000300-A-S1-2013, de las 9 horas 55 minutos del 14 de marzo de 2013). Único:

acusa violación de los artículos 33, 41 y 49 de la Constitución Política. El

Tribunal, dice, fundamentó la sentencia impugnada, alegando que la indexación

de las sumas concedidas resultaba novedoso, por lo que se encontraba

imposibilitado de abordarlo. Al respecto, estima importante la transcripción,

en lo conducente la resolución de esta Sala no. 0001016-F-2004 de las 9 horas

30 minutos del 26 de noviembre de 2004, en la cual se alude al tema de la

actualización de lo debido. En la especie, dice, es evidente que la sentencia

impugnada quebranta las normas antes citadas, al negarle la indexación de los

montos invertidos por ella en 1994, las cuales fueron reconocidas por los jueces

de ambas instancias. Tal circunstancia, afirma, le causa un grave perjuicio

pecuniario, toda vez que en ese año el  dólar tenía un promedio de tipo de

cambio de venta de ¢158,00, por lo que ¢1.400.000,00 de mano de obra en ese año

(1994), a ese tipo de cambio,  equivalentes a $8.860,00, monto que al tipo

de cambio promedio del mes de agosto de 2010, ¢515, serían en total

¢4.562.900,00. En esa misma línea, indica, los materiales que en el fallo

recurrido se valoraron prescindiendo de la prueba pericial, en la suma de

¢154.393,66, serían al tipo de cambio precitado $977,00, sea ¢503.155,00. El

Tribunal, sostiene, debió haber indexado los montos otorgados para actualizar

al día de hoy su inversión y lograr así una equitativa indemnización ajustada a

la realidad. Para realizar los cálculos correspondiente,  indica, solicitó

desde la interposición de la demanda, el nombramiento de un perito, según

consta a folios 46 y 52 del expediente. Al haberse omitido, concluye, se le

produjo un grave perjuicio, pues “(…) el monto que ella invirtió no puede

mantenerse constante e invariable 16 años después”.

Tal y como lo indica la

casacionista, el Ad quem indicó: “(…) Por consiguiente, lo resuelto sobre

intereses guarda concordancia con lo pretendido en la demanda, de ahí que lo

que ahora intenta la recurrente, de que se indexen las sumas concedidas tomando

como parámetro el tipo de cambio vigente al mes de agosto de dos mil diez,

resulta a todas luces novedoso, por lo que el Tribunal se ve imposibilitado a

abordarlo, dado que lo contrario implicaría resolver en única instancia”.

Como se observa, el fundamento cardinal que condujo al Tribunal a negar la

indexación, lo fue el hecho de que la actualización de lo debido no fue pedida

sino hasta en segunda instancia y no en su momento oportuno, a saber, en la

demanda. Como este argumento capital del Tribunal no se impugna en el cargo que

aquí se estudia, sigue amparado en la presunción de acierto y por lo tanto con

fuerza suficiente para sostener la decisión. Siendo entonces, que resulta

incompleta la impugnación y, por lo tanto, incapaz de quebrar el fallo, por

encontrarse este apoyado en una consideración que no ha sido atacada en

casación, deberá ineludiblemente rechazarse el cargo. A mayor abundamiento de

razones, esta Sala ha manifestado en diversas ocasiones, que el reconocimiento

de la indexación para las obligaciones en materia civil, lo será siempre que se

haya dado un requerimiento expreso de la parte en su pretensión oportuna, a

saber, en el escrito de demanda o contrademanda; de lo contrario su

reconocimiento provocaría incongruencia del fallo estimatorio, con la súbita

nulidad de lo dispuesto. Consta en autos, que en la pretensión esgrimida en la

demanda, la parte actora nunca solicitó el aspecto de comentario, el que con

vehemencia requiere luego de sobrevenida la sentencia de primera instancia.

Por las razones

expresadas, deberá rechazarse el recurso con las costas a cargo de la parte que

lo promovió (611 del Código Procesal Civil).