Resolución 00070-2013

El

apoderado de la sociedad actora presenta tres escritos ante esta Sala. En el

primero, de fecha 26 de noviembre de 2012, pide se adicione y aclare la

sentencia 001260-F-S1-2012, emitida por esta Cámara a las 9 horas 30 minutos del 4 de octubre del 2012. Con diversas

transcripciones de ese fallo, expone, este Colegio concluyó, en el Considerando

V, que el Tribunal Arbitral dictó un laudo causante de indefensión, por no

fundamentar adecuadamente, lo que es contrario al debido proceso, como también

a los numerales 58 de la Ley

sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social (Ley RAC, en

adelante) y 23 del Reglamento de Arbitraje del Centro de Conciliación y

Arbitraje de Cámara de Comercio de Costa Rica. Agrega, en el Considerando VI

señaló que ese órgano alterno incurrió en los vicios indicados, los cuales

vulneran el principio del debido proceso, y al contemplarse ese yerro entre las

causales previstas en el artículo 67 de la Ley RAC, se genera la nulidad total de lo

resuelto, lo que así declaró. En Considerando VII destacó el rechazo que se

decretó respecto al agravio fundado en la supuesta violación de las normas imperativas y de orden público. En el Considerando

VIII, acogió la impugnación formulada por una de las codemandadas, omitiendo

pronunciamiento sobre los otros reparos por innecesario. Luego de ese recuento,

explica el gestionante, al no estar ante los supuestos de que el Colegio

Arbitral carecía de competencia, la controversia no era arbitrable, el laudo

resultó extemporáneo, o se resolvió en contra de normas de orden público o

imperativas, este asunto puede aún ser resuelto por el fondo. La nulidad del laudo, sostiene, no conlleva

la del

acuerdo arbitral, que todavía subsiste. Cita el precepto 610 del Código Procesal

Civil (CPC), para dar cuenta que al establecerse la nulidad por razones

procesales, se ordenará devolver el expediente al despacho de origen, quien

hecha la reposición correspondiente fallará de nuevo con arreglo a derecho.

Sobre el particular, extracta la sentencia 594 de las 11 horas 40 minutos del

18 de agosto de 2000 de esta Cámara. A su juicio, se debe

reenviar el expediente, para que los árbitros emitan de nuevo el laudo, una vez

subsanada la falla procesal. Alude al criterio mayoritario sustentado en

el fallo 941-F-2007 de las 11 horas 45 minutos del 20 de diciembre de 2007, que

decidió en el sentido indicado. En el caso concreto, aduce, a pesar de los

yerros, se cumplió en gran medida con el contenido del principio del debido

proceso, por cuanto existe demanda escrita previa, emplazamiento, notificación,

plazo razonable para responder la demanda, contestación, acceso a la demanda y

al expediente, cumplimiento de todas las etapas esenciales del proceso, ofrecimiento

de pruebas, notificaciones de los señalamientos de prueba, las partes y los

miembros del Colegio Arbitral estuvieron presentes en la práctica de los medios

probatorios, participaron activamente en ello, se incorporó y condenó con base

en prueba lícita, que fue valorada bajo las reglas de la sana crítica, los

litigantes tuvieron oportunidad para ofrecer conclusiones, estas fueron

atendidas por los árbitros, para el dictado del laudo existió la deliberación

correspondiente, fue suscrito por unanimidad, se notificó en debida forma y las

perdidosas lo recurrieron. Es decir, enfatiza, se verificaron y respetaron las

etapas esenciales del

arbitraje. Por tal motivo, con la anulación que se ha

dictado no se afecta todo el proceso, ni se suplanta la voluntad de las partes

en su sumisión a través de la cláusula respectiva. Añade, para la Sala el laudo incumplió el

deber de fundamentar, no se logra determinar por qué no solo se desatendió el

cúmulo de argumentos de la defensa, sino también la pruebas de descargo, además

de no contener un Considerando III que debió ser de hechos no probados,

concluyéndose en que se violaron los principios básicos del debido proceso y,

en esa virtud, se decretó su nulidad. Pese a ello,

argumenta, “…las violaciones aludidas pueden perfectamente ser subsanadas y

dictarse un nuevo laudo. En efecto hay un error material en cuanto a que se

omitió el considerando III en la redacción del documento-laudo, pero tal

violación, al igual que la fundamentación con respecto a las razones por las cuales

se desatienden los argumentos de la defensa y la prueba que ofreciera la

demandada […] no son vicios que no puedan subsanarse al dictarse un nuevo

laudo. El deber de fundamentar debidamente el laudo es

perfectamente subsanable mediante el dictado de un nuevo laudo”. Por ello, sintetiza, el reenvío

se hace necesario, máxime, al invertirse una gran cantidad de recursos por

parte de los litigantes, del centro de arbitraje y del

Tribunal. Incluso, refiere, han transcurrido cuatro

años desde que se inició el proceso, se pagaron los gastos y honorarios,

también el peritaje, que es prueba irrepetible. En

consecuencia, estima, el no reenviar el expediente para dictarse nuevo laudo,

conduciría a una denegación de justicia. Refuerza sus manifestaciones

citando el voto de mayoría contenido en la sentencia 615 del 24 de agosto de

2007 de esta Sala. Concluye, solicita se adicione y/o aclare el dispositivo de

la resolución 001260-F-S1-2012, ordenándose el reenvío de expediente al

Tribunal Arbitral a fin de que, en el plazo que se Sala fije, de acuerdo con

los criterios establecidos, proceda a laudar de nuevo, subsanando los yerros

indicados en el pronunciamiento de referencia.

Según

criterio de mayoría de esta Cámara, que sostuvo, entre otros, en el fallo

941-F-2007 de las 11 horas 45 minutos del 20 de diciembre de 2007: “…cuando

el laudo impugnado deba anularse por las razones contempladas en los incisos

b), (solo en el caso de incongruencia por infra petita), y e) del artículo 67

de la Ley sobre

Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social, como ha

ocurrido en el presente recurso, el asunto debe ser reenviado a fin de que se

dicte una nueva resolución final, subsanados los defectos procesales causantes

de la nulidad, esto es, en el primer supuesto (incongruencia), valorando los

aspectos no considerados. En el segundo, completando los trámites o acciones

que permitan el cumplimiento de la máxima del debido proceso

según se requiera. Con esta posición se trata de impedir que, por yerros aptos

de ser corregidos, quienes acudan a la vía arbitral no vean frustrada la

posibilidad de resolver definitivamente su conflicto, con pérdida de tiempo y

dinero. De esta manera, se buscará salvaguardar aquellos actos procesales del

arbitramento no viciados de invalidez y, en observancia de los principios de

economía y conservación de los actos procesales, evitar la pérdida de un

proceso que, reparada la omisión que dejaba indefensa a una o ambas partes del

arbitraje, aún puede cumplir con su objetivo primordial de resolver la

controversia entre los litigantes, con el consecuente gasto pecuniario erogado

por estos últimos para tal efecto. Entonces, en los casos

aludidos, procederá el reenvío bajo las reglas descritas de seguido. […]

deberá analizarse el desacierto acusado en el tribunal arbitral y apreciar sus

alcances, a fin de poder determinar si la sola corrección de éste posibilita

dictar una vez más el laudo, satisfaciendo los intereses de la partes,

intereses que dieron pie a la búsqueda del arbitramento para solucionar

su desacuerdo jurídico. Segundo, se deberá anular hasta el

acto procesal del o los árbitros, que desencadenó la invalidez de dicha

resolución. El yerro pudo acaecer en la propia resolución final, o bien,

en un momento procesal previo. En la especie, los

defectos del

laudo que han motivado su anulación parcial, obedecen a motivos que

corresponden a los supuestos en que al tenor de lo recién indicado, ameritan y

permiten la devolución en los términos ya explicitados. En

consecuencia, deberá reenviarse el expediente al Tribunal Arbitral para que,

dentro del

plazo (otorgado judicialmente) de ocho días hábiles, computados a partir de que

el órgano arbitral reciba el expediente, resuelva conforme a Derecho

corresponda”.

En la

especie, el laudo se anuló, entre otros fundamentos, porque contrario a la

forma en que se procedió con la actora, no se señaló nada de la probanza

requerida por una de las codemandadas, pese a que el Tribunal dispuso que la

pertinencia y admisión se analizaría cuando el asunto estuviese listo para

laudar. No se emitieron razones por las que se supone que no le mereció

importancia, ni siquiera se mencionaron. Se determinó

que existió un tratamiento desigual. Asimismo,

planteados diversos temas en la estrategia de defensa de esa parte, el Colegio

Arbitral solo mencionó uno, sin explicitar los restantes; además de no

atenderle diversos elementos probatorios que se gestionaron para acreditar

variadas afirmaciones de los hechos expuestos. Lo propio aconteció respecto a

la prueba que para mejor proveer gestionó, que también recibió un tratamiento distinto a como lo dispuso con la de la actora. Se

destacaron defectos en la motivación, imposibilitando la determinación del por

qué no solo se dejó de considerar un cúmulo de argumentos de defensa, sino

también de pruebas de descargo, comprometiendo el deber de fundamentar el

laudo; amén de no consignarse el Considerando III, que podría suponerse aludía

a los hechos no probados, de capital relevancia para poder comprender los

alcances y justificaciones de ese fallo. Todos esos aspectos, en medio de los

detalles que se expusieron en la citada sentencia, atentaron contra el debido

proceso y el derecho de defensa de una de las codemandadas, quien a ese efecto

impugnó la decisión arbitral, que se anuló, precisamente, con base en lo

establecido en el artículo 67, inciso e), de la Ley RAC. Con esta

síntesis de lo resuelto en el fallo que se pide adicionar y/o aclarar, pero

sobre todo, atendiendo a los motivos específicos que en él se exponen y a lo

cual han tenido acceso las partes, la mayoría de esta Sala estima que es

posible que el Colegio Arbitral, luego de considerar las anteriores

manifestaciones y tomar en cuenta los detalles de la aludida sentencia, emita

nuevo fallo con arreglo a Derecho.

Por consiguiente, procede acoger la

solicitud en examen, para que se adicione la resolución de comentario en el

sentido explicitado.

En el escrito de fecha 30 de

noviembre de 2012, el mismo gestionante manifiesta que comparece “…a

formular ampliación en solicitud de ADICION Y ACLARACION de la Sentencia Voto:

001260-F-S1-2012, de las 09:30 horas del

cuatro de octubre del

2012”. En

esencia, pese a lo requerido en el anterior libelo, en este

otro lo que hace es objetar el relacionado fallo en cuanto a los fundamentos

mediante los cuales se dispuso la nulidad del laudo. En esta gestión, cita precedentes

de la Sala,

donde expuso que la injerencia de los órganos judiciales en los procesos

arbitrales tiende a ser mínima, como reflejo y consecuencia del espíritu de la Ley RAC, corolario del

valor y la eficacia que le otorgan la Constitución Política

(artículo 43) y la mencionada Ley (numerales 18 y 23) al acuerdo arbitral, como

renuncia expresa de las partes de someterse a la jurisdicción de los Tribunales

de Justicia, para acudir al arbitraje como medio para solucionar sus

controversias. La nulidad del

laudo, añade, se restringe a las causales taxativas del canon 67 Ibidem, sin poder alcanzar

vicios diferentes a los tasados, ni aspectos ajenos al pronunciamiento de los

árbitros. Expresa el petente, la Ley RAC no prevé el

recurso de apelación contra el laudo definitivo, sino que se limita a su

nulidad o revisión en los supuestos contemplados. Tampoco le es posible

examinar el fundamento del

fallo arbitral por la vía del

recurso de nulidad. Estima, no se está ante la ausencia total de motivación, en

cuyo caso sí procedería anular lo decidido por los árbitros, sino frente a una

fundamentación insuficiente e inadecuada, la cual, por sí, no permite anularse

en esta vía, y la Sala

al analizar esa consideración ha entrado a conocer el fondo de asunto, lo que

es abiertamente inconstitucional. Objeta la cita jurisprudencial que se realizó

en la aludida sentencia, y la consideración de que al violarse el principio del

debido proceso se quebrantan normas de orden público (derecho de defensa y

principio de igualdad), toda vez que esta protesta está referida al quebranto

del susodicho principio por falta de motivación del pronunciamiento, aspecto

que esta vedado de ser conocido por esta vía. Concluye aseverando: “Como

consecuencia de todo lo anterior, la resolución cuya adición solicito deviene

en inconstitucional al violarse el artículo 43 de la Constitución Política,

por impedir que el presente arbitraje termine con un laudo vinculante para las

partes sobre el fondo y lo exige, además, el derecho fundamental a la tutela

judicial efectiva. Señalo las anteriores violaciones constitucionales, para los

efectos de lo estipulado en el artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional,

en concordancia con la violación, antes indicada del artículo 43 de la Constitución política

(sic). Está representación hace reserva de

inconstitucionalidad en cuanto a la violación indicada”.

Amén del

cuestionamiento a la decisión adoptada por esta Sala en el fallo en cuestión, y

a la referencia que se hace del eventual planteamiento de una acción de

inconstitucionalidad, no queda claro el propósito del escrito en estudio. Antes

bien, lo que denota es una contradicción respecto a lo

expresado en el anterior libelo, lo que compromete la claridad y precisión que

debe imperar en las diferentes gestiones formuladas ante los órganos

jurisdiccionales. Por lo demás, el artículo 158 del CPC permite

adicionar o aclarar las sentencias, a pedido de parte o de oficio, cuando así

se requiera, en virtud de presentar, la parte dispositiva, algún concepto

oscuro u omisión. En el asunto que se conoce, el apoderado de la actora

peticionó en ese sentido, según escrito presentado el

26 de noviembre. No está contemplada la posibilidad de que esa solicitud se

adicione, como

así parece requerirlo en la nueva gestión que formula. De todas maneras, esta

resulta ser extemporánea, pues para accederse a adicionar o a ampliar, en los

supuestos en que proceda, el interesado debe plantear su pedimento dentro de

los tres días siguientes a la notificación de la sentencia, lo que a todas

luces, en la especie, deviene fuera de tiempo. Por lo demás, según el precepto

135 Ibid., los actos procesales de las partes

producirán los correspondientes efectos en forma inmediata. Con ello, es claro

que la primera solicitud ha sido suficiente para los fines que persigue, sin

que se deba acceder a las otras dos; máxime, cuando la segunda, que es la que

en este Considerando se resuelve, es contradictoria

con lo requerido en la primera, como

ya se adelantó. En efecto, en la del escrito del 26 de noviembre se pide que se

adicione (y/o se aclare) la sentencia para que se disponga el reenvío y el

Tribunal Arbitral dicte nuevo laudo, todo ello en función de las violaciones

que en aquella sentencia se explicitaron y dieron lugar a la nulidad de

conformidad con el precepto 67 de la Ley RAC. En la del 30 de noviembre

lo que se hace es objetar los fundamentos y decisión arribada por la Sala, por estimar, en

esencia, que se incursionó en aspectos de fondo de la controversia, vedados a

esta Cámara. Con todo, esto no es cierto, por cuanto lo que hizo fue, en orden

a las censuras planteadas por uno de los impugnantes, detectar las

irregularidades procesales denunciadas que, sobre todo, al abrigo de lo

dispuesto en el inciso e), del aludo canon 67 de la citada normativa,

determinaron el quebranto al debido proceso y por ello la nulidad del laudo.

Además, esta decisión se limitó a dejar sin efecto ese

fallo, sin que se haya hecho pronunciamiento alguno sobre el fondo del asunto, que siempre

ha quedado reservado para los árbitros. Incluso, considérese, la mayoría de este Colegio estima procedente el dictado de un nuevo laudo,

tal y como el

gestionante, de modo expreso, lo pidió. En este sentido, no es dable que luego

de solicitarlo, con un propósito que no es claro, objete la sentencia,

anunciando que hace reserva de inconstitucionalidad en cuanto a una supuesta

violación del precepto 43 de la

Carta Magna. Sin embargo, en lo que a esta Sala concierne, no

especifica qué busca de ella; máxime, cuando en el enunciado de esa solicitud

consigna que se trata de una ampliación de la anterior que, en esencia, tiene

por finalidad que se disponga el reenvió para el nuevo dictado del laudo, y de

todas maneras no está prevista la posibilidad de ampliar lo que ya generó sus

efectos procesales. Por ende, se debe rechazar ese

escrito.

En el

libelo del 5 de diciembre, el mismo gestionante manifiesta que comparece “…a

formular ampliación en solicitud de ADICION Y ACLARACION de la Sentencia Voto:

001260-F-S1-2012, de las 09:30 horas del cuatro de octubre del 2012, por cuanto

de acuerdo a lo siguiente: La sentencia cuya adición y aclaración solicitarnos,

en cuanto no establece que cuando una sentencia de la Sala I de Casación anula un

laudo por violación al debido proceso el asunto debe ser reenviado al tribunal

de arbitraje original, para que una vez subsanado el vicio se vuelva a dictar

el laudo, incurre en clara violación del derecho fundamental a la tutela

judicial efectiva, pues impide que la parte interesada finalice el proceso

arbitral con una sentencia por el fondo, obligándolo a tener que dirimir su

conflicto en la vía ordinaria judicial por impedir que el presente arbitraje

termine con un laudo vinculante para las partes sobre el fondo y lo exige,

además, el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Señalo las anteriores violaciones constitucionales, para los

efectos de lo estipulado en el artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción

Constitucional”.

Se reitera que no está prevista la

posibilidad de ampliarse una solicitud de adición y/o aclaración. También, que ya la primera petición desplegó de inmediato su

eficacia procesal. Asimismo, que se trata de una gestión

extemporánea. Estas razones determinan el rechazo del escrito en examen y así debe decretarse, no

sin antes destacar la contradicción palpable entre este y el libelo del 30 de noviembre;

pues en el último se canalizan manifestaciones diferentes. De nuevo, parece que

el petente tiende a que la Sala

disponga el reenvió del expediente para que el

Tribunal Arbitral, luego de enmendar los defectos señalados, proceda con la

emisión de un nuevo laudo. Sin embargo, se agrega la

referencia a “…anteriores violaciones constitucionales, para los efectos de

lo estipulado en el artículo 75 de la

Ley de la Jurisdicción

Constitucional”, sin especificación alguna. De

todas formas, la primera gestión, orientada a ordenar

el reenvío y dictado de nuevo laudo, se está atendiendo, por mayoría, de

acuerdo a sus intereses. Consecuentemente, se debe denegar el

tercer escrito.

En síntesis, por mayoría, se debe acoger

la primera solicitud y, en esa virtud, deberá complementarse el fallo en

examen, disponiéndose el reenvió del expediente al Tribunal Arbitral, para que

en consideración a los fundamentos de la aludida sentencia proceda a emitir

nuevo laudo, dentro de los ocho días siguientes a la recepción del expediente y

subsane los vicios señalados. Las restantes gestiones se deben denegar.