Resolución 00480-2013

De conformidad con lo

dispuesto en los artículos 591 y 596 del Código Procesal Civil, el recurso

resulta admisible excepto en cuanto al primer cargo de fondo el cual se rechaza

de plano por las razones que se dirán.

En materia de

impugnaciones rige el principio dispositivo. Es por iniciativa del interesado y

a través de su ruego específico, que el juez que dictó una resolución o su

superior, según sea el tipo de recurso de que se trate, debe analizarla, a los

efectos de determinar si se encuentra o no ajustada a derecho. Para llevar a

cabo esa función contralora, es menester la exposición de motivos concretos de

agravio, los cuales delimitarán el examen de lo resuelto, no pudiendo el

juzgador abarcar aspectos diversos de los reclamados ni decidir en perjuicio

del único recurrente. El recurso de casación participa de estas

características, y, además, impone el riguroso cumplimiento de ciertos

requisitos de admisibilidad. Se restringe al estudio de los cargos sometidos a

la Sala, la cual, por disposición del artículo 608 del Código Procesal Civil,

solo podrá conocer de los puntos objeto del recurso, no pudiendo verificar un

examen oficioso de lo decidido por los jueces de instancia. Requiere, entonces,

que el casacionista formule, de manera diáfana y manifiesta, las objeciones que

tiene contra la resolución impugnada. De otro modo, es imposible establecer si

se han cometido defectos formales, capaces de calificar como causales de índole

procesal, o bien, quebrantos normativos, propios de la casación por razones de

fondo. Desde esta orientación, el legislador ha dispuesto, en los artículos 596

y 597 ibídem, el deber del recurrente de explicar, clara y precisamente, en qué

radican los yerros cometidos por el Ad quem, debiendo el recurso, en orden a

esas exigencias, bastarse a sí mismo, en cuanto a su cabal entendimiento, para

evitar que la Sala tenga que verse obligada a interpretarlo, a fin de

desentrañar todo aquello que el casacionista debió decir de modo explícito y

comprensible. Por lo expuesto, la falta de precisión y claridad conducen a su

rechazo de plano. Relacionado con lo anterior y en lo que al caso interesa,

esta Sala ha indicado que, al amparo de los cánones mencionados del Código de

rito civil, la violación de ley puede acontecer, de manera indirecta, por

errores de hecho o de derecho en la apreciación de la prueba. En ambos

supuestos, debe precisarse la prueba mal valorada y las normas sustantivas que

se habrían infringido con ese proceder. En el último de los yerros, además,

deben invocarse las disposiciones atinentes al valor del elemento probatorio

cuya ponderación desacertada se reclama. En segundo lugar, la infracción de ley

puede ser directa ya sea por errónea interpretación, aplicación indebida o

falta de aplicación. Esto no resulta necesario que la norma de manera expresa

lo indique, pues es labor del intérprete colegir tal aspecto. Salvo para el

primer supuesto –errónea interpretación- siempre existirán dos normas

conculcadas. De esta forma, si se alegare violación de ley por aplicación

indebida, existirá otra norma quebrantada por falta de aplicación y viceversa.

El

casacionista, como primer agravio de fondo, recrimina  error de

derecho en la apreciación de la prueba. Acusa infringidos los artículos 1189

del Código Civil; 155, 316 y 319 del Código Procesal Civil. A su parecer, no se

dio un adecuado y manejo legal  de los correos electrónicos

de folios 10 a 14 y la copia del cuaderno de bitácora. Alude a lo que establece

el ordinal 316 ibídem, para luego establecer que “Mediante resolución de las

15:09 horas del 12 de octubre de 2010, la Juez de Primera Instancia y visible a

folio 83, confiere audiencia a mi representada por 3 días  de los

documentos de folios 1 a 15, abriendo el legajo de la parte Actora, y señala

para confesión y reconocimiento.” Asevera, esos documentos desde la

contestación de la demanda, fueron tratados así: “aceptadas las

certificaciones de personería de folios 1 a 6, y rechazados toso (sic) los

siguientes hasta folio 14, indicando mi representada que eran fotocopias sin

certificar y correos electrónicos aparentes, sin autenticidad al no venir

certificados. El documento de folio 15 se explica que es una situación normal

de la empresa auditora, que no implica reconocimiento de deuda y que deben ser

dirigidos directamente a la empresa auditora de mi representada.” Según

expresa, la demandada en punto a la prueba confesional, no reconoció ninguno de

los instrumentos “de folios después de 6 y hasta el 14 ”, resaltando que

como existían pagos sin factura, la auditoría solicitó las explicaciones del

caso, sin que tuviera respuesta de los actores. Acota, desde el auto que abrió

el legajo de pruebas de la parte actora, no hay resolución que se pronuncie

sobre la admisión de esas probanzas –de folios 1 a 15-. Empero, indica, el

Tribunal fundamentó su fallo precisamente en ese cuadro asertivo, sin que

estuvieran admitidas de forma legal. Anota, “Hecho probado A) en el

documento de folio 10, hecho probado E que se fundamenta en el folio 11 y

12.

Asimismo son de tratamiento esos documentos en los Considerandos VII, VIII en

cuanto que permite en razonamiento el análisis de la confesión espontánea de

los correos electrónicos y IX respecto de la unidad de prueba por escrito en

relación con el cuaderno de bitácora.”  Insiste, a partir del auto de

apertura de legajo de pruebas de los actores, no hay resolución admitiendo las

de folios 1 a 15, lo cual, asegura, constituye un error  de derecho al

violentar los cardinales 316 y 319 de cita, este último, explica, porque, en la

apertura del legajo de pruebas, el Juzgado no se pronunció respecto de las de

folios 6 a 15 refutadas por su representada “antes bien, resolvió dar

audiencia sobre la misma cuando las objeciones e impugnaciones ya se habían

realizado.”  A su parecer, también se violentó el numeral 155 inciso

del Código ritual, porque no se hizo ningún análisis de los defectos y

omisiones procesales “que merezcan corrección, y como tal es el alegado en

esta impugnación, por cuanto pruebas no admitidas fueron fundamentales para el

fallo revocando la sentencia de primera instancia.” De seguido, reproduce

de forma parcial el considerando X, para resaltar que, con fundamento en el

correo electrónico, el Superior extrajo un consentimiento y precio para

establecer montos fijos en los que basó la condena a la empresa demandada.

Recrimina un vicio en la prueba, así como al hecho de que no se logró el

consentimiento ni menos adecuarse a la norma 1189 del Código Civil.

Como puede apreciarse

el alegato gira en torno a una indebida valoración probatoria, conforme lo

establece el ordinal 595, inciso 3) del Código Procesal Civil. En efecto, la

inconformidad se centra en la valoración de la prueba documental, en concreto,

en los correos electrónicos y la copia del cuaderno de bitácora, pues asegura,

el Tribunal basó su examen en esos instrumentos sin que fueran admitidos.

También alude a la prueba confesional –sin especificarla- y al hecho de que no

se reconocieron los documentos. Pese a ello, como puede observarse, se denota

el incumplimiento de las formalidades requeridas en la presentación de un

recurso de esta naturaleza, pues estaba en la obligación no solo de precisar la

prueba que estima mal apreciada, sino además, de señalar las normas atinentes a

su valor probatorio y explicar de forma pormenorizada la manera en que, las

disposiciones de fondo se transgredieron con ese proceder. Esa exigencia, no se

satisface con la enunciación de la prueba documental y la simple cita de los cardinales

155, 316 y 319 del Código Procesal Civil, dado que, el primero, es una norma

procesal que impone el deber de congruencia en el dictado de las sentencias y

que se obtiene del cotejo entre lo pedido en la demanda y su contestación y el

dispositivo del fallo y no a las consideraciones sobre el objeto del proceso.

El 316, alude a la admisión, rechazó y concentración de pruebas y el último a

la formación de legajo. Ninguno hace referencia siquiera remonta a la

valoración probatoria. En todo caso su infracción, no constituye, vicio

procesal que goce de control en esta sede. Las anteriores informalidades,

resultan contrarias a la técnica que la legislación procesal civil exige para

la formulación de un recurso extraordinario de casación, en donde el recurrente

debe plasmar sus argumentos en forma clara y precisa, tal y como se expuso en

el considerando segundo de este fallo. Al no procederse de esa manera, obliga,

sin más, a su rechazo de plano.