Resolución 01480-2013

De conformidad con lo

dispuesto por el numeral 139 del Código Procesal Contencioso Administrativo el

recurso planteado por el Estado resulta admisible, así como el de Correos de

Costa Rica, salvo el segundo cargo por indebida valoración probatoria. En

virtud de las razones que se dirán, el recurso de la parte actora debe ser

rechazado. Acorde a lo señalado en el ordinal 142 del cuerpo procesal de cita,

se pone en conocimiento de la admisión de los correspondientes recursos a

DIRETEL S.A.L., al ESTADO, a CORREOS DE COSTA RICA S.A. y al INSTITUTO

COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD, por el plazo de 10 días hábiles. En el caso

concreto, dada la especialidad de las pretensiones que se discuten en el

proceso, estima esta Sala que la redacción de la sentencia posee una excepcional

complejidad, y así deberá declararse conforme al numeral 149 inciso 3 del

Código de referencia, de modo tal que su dictado y redacción podrá realizarse

en un plazo máximo de 10 días hábiles contados a partir del vencimiento del

traslado del recurso a la parte recurrente.

Se califica la

casación como una instancia de carácter extraordinario, básicamente por dos

razones. En primer término, porque no toda resolución judicial es pasible de

tal recurso, sino tan sólo las contempladas en la ley. Y, en segundo lugar,

porque las causales de impugnación en esa etapa revisora no son abiertas, sino

preestablecidas, de igual modo, por el ordenamiento jurídico. En lo relativo al

primer aspecto, cabe señalar, como regla general, que son susceptibles del

recurso de casación las sentencias y los autos con carácter de sentencia

capaces de producir cosa juzgada material. Así mismo, lo son aquellos

pronunciamientos finales y de fondo emitidos en las ejecuciones de sentencia de

fallos firmes y precedentes recaídos en procesos de conocimiento. Frente a esta

fórmula genérica, el propio Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA),

puntualiza algunas resoluciones particulares a las cuales se les concede esta

opción. A manera de ejemplo, se encuentran en esta posibilidad las siguientes:

a) la que declara la inadmisibilidad de la demanda (art. 62.3); b) la que

declara con lugar las defensas previas indicadas en el apartado 6) del canon 92

del Código de cita, y c) la que resuelve en forma final el “proceso de

ejecución” de sentencia en habeas corpus y amparos de la Sala Constitucional

(art. 183.3 ibídem). Por ende, los autos comunes y las resoluciones que no

definan el fondo del asunto o no pongan término al proceso, tienen vedado el

paso recursivo a la etapa casacional. En lo que atañe a las causales, cabe

agregar que opera la dualidad entre las procesales y las sustantivas. Así se

plasma en los preceptos 137 y 138 Ibíd. Para las primeras se efectúa un listado

en términos amplios, de gran cobertura, y en los presupuestos que procede,

ajustados a las reglas de la oralidad. Respecto de los sustantivos, se prevé la

posible infracción de los elementos probatorios (por desapego o contradicción

con ellos, o bien, preterición o indebida valoración), denominada comúnmente “violación

indirecta”. Por otro lado, formando parte de este último grupo, se

encuentra la infracción estrictamente normativa, que ocurre en el supuesto de

una aplicación indebida, una incorrecta interpretación o una desaplicación

reprochable de la norma, conocida en la tradición jurídica costarricense como “violación

directa”.

Una vez hecha la

mención de las resoluciones sobre las que cabe recurso de casación y sus

causales, se hace imprescindible enfocar los requisitos necesarios para su

admisibilidad. En este sentido, bueno es recordar que la vocación

antiformalista con que irrumpe el CPCA en el ordenamiento jurídico

costarricense permea todos y cada uno de sus propios institutos. De esta

manera, el recurso de casación se libera también de excesivos requisitos de

admisibilidad, con el fin de que el órgano casacional (como vértice del

sistema) pueda ingresar, las más de las veces, al análisis de los quebrantos

alegados, sean procesales o sustantivos, en cumplimiento del fin esencial de

esta instancia jurisdiccional y de quien a ella acude. Es así como se ha

establecido una casación menos rigurosa en lo relativo a los aspectos de

admisibilidad, sin abandonar el tecnicismo que le es propio ni su naturaleza y

esencia, pues al fin y al cabo se mantiene incólume su rol y finalidad dentro

del régimen procesal moderno.

Ahora bien, pese a la

informalidad que propugna la legislación procesal vigente para formular el

recurso de casación, se articulan, como es lógico, una serie de requisitos

mínimos e imprescindibles relativos al tiempo, lugar y forma. Se crean mediante

ley, en tanto imprescindibles para este particular recurso extraordinario, ya

que sin ellos no habría orden ni equilibrio procesal; empero, han de

interpretarse de manera flexible y razonable, pues precisa recordar que los

señalados en el artículo 139 del Código de referencia, son los únicos

requisitos y formalidades previstos para el recurso de casación, según lo

señala el inciso 5) de ese mismo precepto. De esta manera, en el apartado 1) de

la norma recién citada, se establece que el recurso en mención deberá

presentarse directamente ante la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia.

Se modifica, en forma leve para el contencioso administrativo, el sistema hasta

ahora vigente en la legislación procesal civil, dado que ahora la Sala no solo

se pronuncia sobre la admisibilidad; de conformidad con el canon 142.1 del

Código de la materia, lo pone en conocimiento de la parte contraria por el

plazo de 10 días (notificándole por el medio que haya establecido, de acuerdo

con la comunicación que le fue girada de previo por el órgano jurisdiccional de

instancia). Se busca con esto la estandarización del régimen recursivo que

presenta el Código, dado que por regla, sean ordinarios o extraordinarios, se

presentan directamente ante el superior encargado de conocerlos. En otro orden

de ideas, en el mismo acápite normativo, se establece el plazo para su

interposición: 15 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de

notificadas todas las partes. Si se hubiere interpuesto adición o aclaración,

el plazo indicado empezará a correr a partir del día hábil siguiente de

notificadas todas las partes de lo resuelto sobre ello. Superado el tiempo y

lugar de presentación se enumeran, en el apartado 2), una serie de requisitos

de “información” e “identificación” del recurrente y del proceso que, por su

naturaleza (“datos”, “información de trámite”), pueden ser subsanados en el

plazo de tres días, a tenor de lo dispuesto en el numeral 141 del mismo cuerpo

normativo. Así, deberá indicarse: a) el tipo de proceso; b) el nombre completo

de las partes; c) la firma del recurrente o recurrentes autenticada por

abogado; d) hora y fecha de la resolución recurrida; e) número de expediente en

el cual fue dictada y f) medio para recibir notificaciones. Con ello se

completa el listado simple de exigencias instrumentales o adjetivas del

recurso. Sólo en el evento de que se incumpla la prevención dictada al efecto,

se dispondrá el rechazo de plano y, por ende, el archivo del asunto, pero en

ese caso, no sólo por la omisión misma, sino por la desatención a lo prevenido

judicialmente.

A los anteriores

requisitos se añade un último requerimiento material (artículo 139.3 ibídem),

en tanto necesario para la admisibilidad y para la posterior valoración del

recurso por el fondo. Se trata de la motivación del recurso, que por las

características de la casación ha de ser clara y precisa. En este sentido debe

contener, tal como lo dispone el precepto de comentario, la fundamentación

fáctica y jurídica del caso. Fáctica, en la medida en que se muestre inconforme

con los hechos que se han tenido por demostrados o por indemostrados (lo cual

lleva a la ponderación de las probanzas) o con los las circunstancias acaecidas

en la violación de normas procesales; y jurídica, cuando se trata de un

problema que se expone acerca de la aplicación, omisión o indebida

interpretación de cualquier norma que integre el bloque de juricidad,

incluidos, por supuesto, los principios de rango constitucional o aquella que

también opera por efecto reflejo o indirecto, después de que se modifican los

hechos de la sentencia impugnada.  Tanto en la infracción procesal, como

en la probatoria, puede concurrir, junto con las razones jurídicas (siempre

necesarias), las de carácter fáctico, y en ese sentido, los fundamentos de

referencia deberán ser dirigidos en ambas vertientes, so pena de

inadmisibilidad. Por su parte, es necesario aclarar que de la fundamentación

jurídica se exonera, por expreso mandato legal, la indicación de aquellos

cánones relativos al valor del elemento o elementos probatorios mal apreciados.

De igual forma, resulta innecesario citar las normas que equivocadamente

utilizó y mencionó el órgano jurisdiccional de instancia para emitir y razonar

su decisión; porque constan en el mismo pronunciamiento recurrido. Y desde

luego, no es indispensable citar los preceptos que establecen los requisitos,

plazos y reglas básicas para la admisión del recurso. Antes que la cita de

estas últimas, lo imprescindible es que se cumplan, que se pongan en práctica

al momento de elaborar e interponer la casación. Así las cosas, la

fundamentación dispuesta por ley puede entenderse, grosso modo, como aquella

argumentación técnico-jurídica en la que se mencionan una serie de artículos, o

reglas jurídicas entrelazadas o concatenadas entre sí y vinculadas

razonablemente en una doble perspectiva: con los argumentos del recurso y con

la sentencia que se ataca. En la medida en que se cite un conjunto de normas

jurídicas (o si es del caso, una sola de ellas) atinente y vinculada de manera

clara con la sentencia combatida (ya sea en el sustento de hecho o derecho) y

los argumentos del recurso, hay fundamentación jurídica. Los agregados

jurisprudenciales o las eventuales citas doctrinales, reforzarán en ocasiones

las alegaciones efectuadas pero, por lo general, no hacen a su esencia. Como lo

ha dispuesto ya esta Sala, interpretando el artículo 139 de referencia, “se

requiere que el recurso cuente con una fundamentación jurídica mínima [...]

deben explicarse las razones en las cuales sustenta su gestión, combatiendo

los argumentos de derecho de la sentencia recurrida y consignando, al menos,

alguna referencia normativa que le dé sustento” (Resolución n.° 318-A-2008,

de las 14 horas 25 minutos del 8 de mayo de 2008). La fundamentación es, por

tanto, ajena al despliegue confuso de normas y alegatos; a la mezcla de

argumentos ininteligibles o a la simple exposición de opiniones sobre la

procedencia o justicia del caso; o bien, al recuento de los desaciertos que se

consideran cometidos en la sentencia recurrida sin respaldo en normas o

criterios jurídicos. De allí que, si el recurso omite por completo esa relación

técnico-normativa a la que se ha hecho referencia o la que realiza resulta

impertinente o desvinculada al caso de manera manifiesta y evidente, habrá que

entender que carece de “total fundamentación jurídica”, y por tanto, incumple

el necesario requisito establecido en el numeral 139.3, que se sanciona con el

rechazo de plano, a tenor de lo dispuesto en el artículo 140 inciso c), ambos

del mismo Código de referencia.

En el caso en estudio, la

parte actora presenta su recurso por razones procesales y sustantivas. En

el único cargo por vulneración de normas procesales, alega incongruencia

del fallo. Dice, en atención a sus pretensiones, el Tribunal consideró que el

recibo o factura telefónica era correspondencia “LC”, pero que como tal, no es

servicio público, porque no es carta. No obstante, advierte, a pesar de que el

fallo declara que los recibos son correspondencia “LC”, pero no servicio

público, y que por ende no están sometidos al canon 10 de la Ley de Correos, sí

incurre en una incongruencia, por cuanto no hace el pronunciamiento respectivo

en la parte dispositiva de la sentencia impugnada. El resto de planteamientos

los define como violación de normas sustantivas. En el primero de

los argumentos, endilga preterición de prueba. Explica, el recurso se interpone

con la finalidad de que se case parcialmente la sentencia, en cuanto acogió de

oficio la “falta de interés actual” respecto de la pretensión de anular

la cláusula 32 del Cartel de la Licitación Pública no. 2007LN-000021-PROV del

ICE, la cual obliga a Diretel, a obtener una concesión para prestar el servicio

de distribución de la factura telefónica de dicha institución. En torno a este

primer agravio, afirma, es falso que no impugnaron la determinación del ICE, de

declarar insubsistente la mencionada licitación. Sobre este particular, señala,

el Tribunal omitió considerar probanzas fundamentales que obran en autos. Lo

anterior por cuanto Diretel ejerció recurso de revocatoria contra aquella

declaratoria. En todo caso, asegura, también impugnaron las decisiones del

Instituto, que amenazaban su derecho. Concretamente, se interpuso recurso de

apelación o reposición contra el artículo 11 de la sesión 176 del 31 de agosto

de 2010, que rechazó la revocatoria interpuesta contra la declaración de

insubsistencia (folios 127 al 131). Pero este recurso, protesta, también fue

ignorado por los jueces. De este modo, endilga, se negó con error, el interés

actual sobre la anulación de la cláusula 32 solicitada por la parte actora.

Sostiene, la declaratoria de insubsistencia no ha quedado firme, por ende,

Diretel no ha perdido interés actual, ya que los efectos de tal declaratoria

fueron suspendidos por las medidas cautelares aprobadas por el Tribunal. Por

otro lado, aduce, el Tribunal omitió señalar que Correos de Costa Rica cesó de

ser titular de la contratación directa (no licitación pública, como se menciona

en la sentencia) no. 2010CD-002952-PROV, desde el mes de abril del 2011 (prueba

folio 862). Lo anterior, arguye, llevó al Tribunal a considerar, contrario a la

prueba que obra en autos, que Correos de Costa Rica todavía está ejecutando la

distribución de recibos en sustitución de Diretel. En este tanto, resalta, la

distribución de los recibos telefónicos del ICE fue devuelta a la empresa

actora, al quedar firme la medida cautelar que ordenó suspender tanto los

efectos de la “declaración de insubsistencia” como los del oficio

9042-121-2010 (el Instituto cesaba las contrataciones directas con Diretel). En

consecuencia, recrimina, el Tribunal dejó de apreciar no solamente que la

demandante fue restituida en la distribución de los recibos telefónicos por

orden judicial, sino que, al día de hoy, aún permanece distribuyéndolos, motivo

por el cual, argumenta, la “falta de interés actual” declarada de oficio

por los jueces, fue hecha en plena disconformidad con el ordenamiento jurídico.

Aunado a lo anterior, comenta, tampoco se tomó en cuenta, que tanto el cartel

como el acto de adjudicación de la contratación directa no. 2010CD-002952-

PROV, fueron condicionados a los resultados de la medida precautoria y de este

juicio. Con ello, manifiesta, al quedar firmes las sentencias de incumplimiento

y de las medidas cautelares, el ICE, para no incurrir en desobediencia,

simplemente preavisó a Correos con 60 días de anticipación, como allí se

establecía y dio por concluida la relación que mantenía con dicho ente;  a

su vez, apunta, llamó nuevamente a Diretel para continuar con la prestación del

servicio de distribución.

Relacionado con el planteamiento

anterior, reclama, los hechos probados 14 y 16 no reflejan la realidad, porque

así como fue expuesto, significa que el acto de declaratoria de insubsistencia

adquirió firmeza y Diretel perdió interés actual en el juicio. Pero en autos,

acusa, consta lo contrario, ya que la actora interpuso recurso de apelación o

reposición contra el artículo 11 de la sesión 176 del 31 de agosto de 2010 de

la Junta de Adquisiciones Corporativa, que rechazó la revocatoria contra la

declaratoria de insubsistencia; con lo cual, reitera, Diretel mantuvo el

interés actual en este proceso. Tanto el hecho 14 como el 16, acusa, se encuentran

en contradicción con las probanzas que obran en autos, pues los efectos de la

declaratoria de insubsistencia del ICE fueron suspendidos por la sentencia

dictada por el Tribunal de Apelaciones Contencioso Administrativo y Civil de

Hacienda, no. 482-2010 de las 16 horas 15 minutos del 23 de setiembre de 2010,

la cual fue confirmada tanto por la resolución 4669-2010 emitida por el

Tribunal Contencioso y 110-2011 del Tribunal de Apelaciones. Por lo que, a su

entender, el error de hecho se presenta al valorar indebidamente las tres

sentencias citadas. Asimismo, menciona, el hecho probado 17 se encuentra

sustentado en contradicción con esas resoluciones, ya que el ICE no podía dar

por terminada la relación contractual con Diretel y en consecuencia, el oficio de

esa misma institución no. 9042-145-2010 del 3 de noviembre de 2010, destinado a

poner fin a la relación contractual con la actora, carecía de fundamento y fue

desautorizado por el Tribunal Contencioso, conservando Diretel el interés

actual en el juicio. Lo mismo sostiene respecto del hecho 18, pues Correos no

conservó la ejecución del contrato, porque al quedar firmes las resoluciones de

las medidas cautelares, el ICE por orden judicial, restituyó la distribución de

recibos y el contrato a Diretel. Insiste, la adjudicación a Correos, se

condicionó al destino de la medida cautelar y del juicio. Por su parte Correos

de Costa Rica interpone recurso de casación por violación de normas

directas. En este tanto, aduce tres agravios. En el segundo, acusa

indebida valoración de la prueba testimonial ofrecida, sea de los dos expertos

internacionales, señores Mauricio Rojas Cartín y Néstor Calderón Goyenaga.

Asimismo, transcribe parte de una resolución de la Sala Constitucional, la cual

aduce ignorada.

Analizados los

anteriores planteamientos, se observa que los casacionistas no respetaron, en

relación con los planteamientos citados, las reglas que es menester acatar a la

hora de interponer un recurso extraordinario de casación. El cargo de índole

procesal de la actora, lejos de referirse a una supuesta incongruencia, parece

ser un aspecto que debió solicitarse mediante aclaración y adición, pues como

bien establece el recurrente, el Tribunal sí atendió sus pretensiones, solo que

omitió referirse a ellas en la parte dispositiva. Este tipo de omisiones, en

caso de existir, debe ser subsanado mediante solicitud expresa de adición y

aclaración (precepto 158 del Código Procesal Civil aplicable en este caso, por

la remisión general que efectúa el artículo 220 del Código Procesal Contencioso

Administrativo) no mediante un el recurso extraordinario de casación. En todo

caso, tampoco la empresa casacionista explica cómo se presenta la incongruencia

del fallo, entendida esta como la desarmonía  entre  lo  solicitado

por  las  partes  al momento de formular su pretensión y lo que

en definitiva resuelve el órgano jurisdiccional encargado de conocer el asunto

en el dispositivo del fallo. En este tipo de agravio, las consideraciones

realizadas para fundamentar la sentencia pasan a un segundo plano, sin que den

lugar a esta patología. En esencia, se puede presentar cuando se omite

pronunciamiento sobre algún extremo sometido a debate  (mínima petita), se

otorga más de lo rogado (ultra petita), lo resuelto no guarda correspondencia

con lo peticionado (extra petita), o bien, porque contiene disposiciones

contradictorias. El recurrente no encasilla su alegato en ninguna de esas

situaciones, por lo que el agravio resulta incompleto, confuso e informal.

Ahora, en los reparos de índole sustantivo, tanto la actora como Correos de

Costa Rica (segundo motivo), olvidan que en esta etapa procesal, no basta

expresar una serie de yerros, también es necesario indicar, la forma como este

se presentó y las normas atinentes al supuesto reclamado. Ambas partes

se limitan a señalar de forma somera las razones por las cuales la sentencia

yerra. Pero en todo momento omiten relacionar los agravios con la norma o

normas sustantivas lesionadas; en otros términos, no indican los preceptos de

fondo quebrantados; no identifican las normas sustantivas conculcadas, la forma

en que han sido vulneradas, ni el modo cómo se produce su quebranto. Considera

esta Sala, no se sigue una correcta praxis casacional, pues las partes

recurrentes olvidan que esta instancia procesal, no corresponde a un recurso

ordinario (como es el de apelación), ni resulta suficiente manifestar una serie

de disconformidades generales y meramente argumentativas,  en tanto es

menester, según se ha dicho, el contraste de lo decidido con la infracción

general que, en su criterio, tuvo lugar. Puede apreciarse con meridiana

claridad, que los reproches, tienen aspectos relacionados con la valoración del

acervo probatorio, sin embargo, omiten la fundamentación jurídica requerida

para su conocimiento, la cual debe estar estrechamente relacionada con el

reparo y no simplemente citada de forma general. No se mencionan, en esos

apartados, el irrespeto de ninguna norma de fondo, requisito insoslayable

cuando se acusa este tipo de infracción. Desarrollan simples discrepancias de

criterio que no muestran ninguna base jurídica que le de soporte, a efecto de

poder ingresar al estudio extraordinario pretendido. Incluso, Correos de Costa

Rica, ni siquiera explica con detalle cómo la sentencia pretirió la prueba testimonial

apuntada y tampoco identifica con número y fecha, la sentencia constitucional

que alude ignorada. En consecuencia, los reclamos en cuanto a estas censuras

resultan informales, por lo que deberán rechazarse de plano.