Resolución 01462-2013

I.-

De conformidad con lo dispuesto por los numerales 591, 594 y 596 del Código

Procesal Civil, únicamente resultan admisibles los cargos de fondo. El agravio

por razones procesales se rechaza de plano por los motivos que se dirán.

I

En materia de impugnaciones rige el principio dispositivo. Es por

iniciativa del interesado y a través de su ruego específico, que el juez que

dictó una resolución o su superior, según sea el tipo de recurso de que se

trate, debe analizarla, a los efectos de determinar si se encuentra o no

ajustada a derecho. Para llevar a cabo esa función contralora, es menester la

exposición de motivos concretos de agravio, los cuales delimitarán el examen de

lo resuelto, no pudiendo el juzgador abarcar aspectos diversos de los

reclamados ni decidir en perjuicio del único recurrente. El recurso de casación

participa de estas características, y, además, impone el riguroso cumplimiento

de ciertos requisitos de admisibilidad. Se restringe al estudio de los cargos

sometidos a la Sala, la cual, por disposición del artículo 608 del Código

Procesal Civil, solo podrá conocer de los puntos objeto del recurso, no

pudiendo verificar un examen oficioso de lo decidido por los jueces de

instancia. Requiere, entonces, que el casacionista formule, de manera diáfana y

manifiesta, las objeciones que tiene contra la resolución impugnada. De otro

modo, es imposible establecer si se han cometido defectos formales, capaces de

calificar como causales de índole procesal, o bien, quebrantos normativos,

propios de la casación por razones de fondo. Desde esta orientación, el

legislador ha dispuesto, en los artículos 596 y 597 ibídem, el deber del

recurrente de explicar, clara y precisamente, en qué radican los yerros

cometidos por el Ad quem, debiendo el recurso, en orden a esas exigencias,

bastarse a sí mismo, en cuanto a su cabal entendimiento, para evitar que la

Sala tenga que verse obligada a interpretarlo, a fin de desentrañar todo

aquello que el casacionista debió decir de modo explícito y comprensible. Por

lo expuesto, la falta de precisión y claridad conducen a su rechazo de plano.

Relacionado con lo anterior y en lo que al caso interesa, esta Sala ha indicado

que, al amparo de los cánones mencionados del Código de rito civil, la

violación de ley puede acontecer,  de manera indirecta, por errores de

hecho o de derecho en la apreciación de la prueba. En ambos supuestos, debe

precisarse la prueba mal valorada y las normas sustantivas que se habrían

infringido con ese proceder. En el último de los yerros, además, deben

invocarse las disposiciones atinentes al valor del elemento probatorio cuya

ponderación desacertada se reclama. En segundo lugar, la infracción de ley

puede ser directa ya sea por errónea interpretación, aplicación indebida o

falta de aplicación. Esto no resulta necesario que la norma de manera expresa

lo indique, pues es labor del intérprete colegir tal aspecto. Salvo para el

primer supuesto –errónea interpretación- siempre existirán dos normas

conculcadas. De esta forma, si se alegare violación de ley por aplicación

indebida, existirá otra norma quebrantada por falta de aplicación y viceversa.

En un único

agravio por razones procesales, acusa transgredidos los artículos 99, 153

inciso 3), 155, 593 y 594 inciso 3) todos del Código Procesal Civil. Alega

violentado el principio de congruencia, al estimar que en el fallo existen

disposiciones contradictorias, falta de análisis de las pretensiones deducidas

en tiempo y quebranto de los numerales 365, 702, 1023 y 1143 del Código Civil. Según expone, no se dio un

adecuado y legal manejo de la prueba, lo que obligó a los jueces a dictar

fallos injustos y absolutamente nulos. Reclama, en el Considerando II, el Ad

quem, acepta el elenco de hechos probados de la decisión de primera instancia

(del 1 al 22), pero, reforma el hecho 7 al agregar la palabra “gratuito” después

de “acuerdo”. Esa reforma y la ratificación de los hechos mencionados,

obliga a que se analice la resolución del A quo, para probar la violación al

derecho de defensa de la actora. Asegura, los hechos probados 5 y 7 que

transcribe, carecen de prueba, son inexistentes y sin embargo son determinantes

en los fallos de ambas instancias, por eso estima, deben ser anulados. Censura,

sin prueba alguna en el expediente, el Tribunal le dio valor a lo afirmado por

los señores Guillermo y Julieta en cuanto manifestaron que siempre tuvieron la

posesión de los inmuebles y por ende la totalidad del dominio. En ese sentido,

detalla, lo menos que esperaba era que indicara cual hecho específico de la

demanda contenía esa afirmación. Sin embargo, apunta, el A quo solo menciona

que está a folio 479. En ese folio, agrega, se observa el respaldo del hecho

10, pero, asegura, no encuentra el fundamento que se indica para tenerlo como

probado. Revela, a folio 512 expresamente contestó “no es cierto”. A

folio 554 don Guillermo y doña Julieta reiteran el citado extremo, al contestar

la contrademanda, sin que ello constituya una aceptación. Asegura, con el hecho

probado 5, que no es real, se logró una sentencia injusta. Según su tesis, la

Juzgadora llegó a una conclusión contradictoria, toda vez que, en el

Considerando VI, al analizar la demanda de los señores Guillermo y Julieta,

lejos de resolver la excepción de falta de derecho opuesta en la contestación

de la demandas, adoptó lo dicho como fundamento para enmendar la falta de

prueba de los demandantes Miranda y Delgado. No obstante, aclara, refiere a la

excepción de falta de derecho rechazada en las pretensiones concedidas a los

señores Guillermo y Julieta, no a las que no otorgó. De seguido alude a lo

dispuesto en el Considerado VI y transcribe lo que es de su interés. De ahí que

la Jueza aprecia que el demandante Guillermo “(de la segunda demanda)”,

pese a que había efectuado algunos actos de titularidad como: tener una marca

de ganado, firmar algunos escritos en carácter de propietario registral y someterse

al régimen de refugio, no logró demostrar que era dueño de las fincas. Esos

hechos, opina, obedecían también a circunstancias propias de la simulación

alegada en la demanda. Por eso, sostiene, la juzgadora se vio sorprendida por

su propio error en la construcción del hecho probado 5, pues ante la diferencia

de tesituras esbozadas en la demanda, se percató que no había evidencia de

posesión. Esa falta, relata, solo podría declarar la ausencia de posesión del

bien por parte de dichos señores y para ello debió aplicar la pretensión

descrita en la contestación de la segunda demanda y declararla sin lugar, para

lo cual presentó en tiempo la excepción. Enfatiza, ante el yerro de tener por

acreditada la aparente aceptación del hecho de las construcciones, llegó a

conclusiones equivocadas y contradictorias, entre ellas destaca que la tesis de

los accionados no podía ser lógica. Por eso, agrega, optó por suponer que la

existencia de un contrato de préstamo era la única alternativa, enmarcando en

él, la relación de los demandantes y Estación Biológica en las fincas objeto

del proceso, no como propietaria real esperando que se levanten las

limitaciones del IDA para que le fueran traspasadas, sino como contratantes de

un contrato de “préstamo”, prescindiendo de las otras pruebas del

expediente. Detalla, al aceptar el hecho la parte contraria, no quedaba más que

declarar con lugar la demanda segunda, traduciendo un quebranto sin

precedentes, ya que la sentencia pasó de injusta a contradictoria, incongruente

y nula. Reitera, el elenco probatorio y sus conclusiones fueron confirmadas y

aprobadas en segunda instancia. Según manifiesta, el hecho probado 7, tampoco

fue aceptado, es solo una manifestación de parte. Consta a folios 482 y 483 la

petitoria numerada del 1 al 10 y lo indicado por el señor Miranda Quesada es

una pretensión, mediante la cual solicita se declare que “este acuerdo, esta

construcción, nace solo del dicho de los actores de la segunda demanda”,

a la que, asevera, se opuso y formuló la defensa de falta de derecho. Según

estima, importa para lo analizado en este motivo las pretensiones 4, 5 y 6 que

transcribe. Como puede observase, argumenta, no son hechos de la demanda, sino

pretensiones que no pueden fundamentar un hecho y mucho menos uno tenido como probado

para efectos de resolver en sentencia. A su juicio, la pretensión 4 es

fundamental para la tesis de los actores, ya que para obtener el grado de

ejercicio pleno de dominio, requiere tener la posesión de los inmuebles para

poder autorizar un contrato de préstamo. Afirma, esa posesión debió ser

efectiva, sin ella no podía autorizar que la actora la ejerciera por ellos.

Reitera, en el relato del Considerando VI, se acredita sin evidencia de

posesión que el actor de la segunda demanda autorizó un contrato de préstamo

para la construcción de un hotel restringido a un área determinada.

Critica, igual razonamiento hizo la juzgadora de primera instancia en ese

Considerando referido para el hecho probado 5, que construyó con evidente

error, pues de manera contradictoria por ser una aceptación le otorga un valor

que no permite otro análisis, dejándolo mutilado al prescindir de otras

probanzas para contrarrestarlo. Sin embargo, apunta, mantiene la duda de si el

señor Guillermo tenía o no la posesión y la posibilidad de otorgar un préstamo

de lo que no tiene. Es así, acota, que influyen los hechos probados 5 y 7 en

forma absoluta en el análisis de la segunda demanda que se declaró parcialmente

con lugar y prohijó el Tribunal en alzada para otorgar el resto de las pretensiones,

la cual, asevera, debió ser rechazada, porque en el expediente no había

evidencia sobre la posesión de las fincas. A su juicio, no existe aceptación de

los extremos 5 y 7 del elenco de hechos probados, esa equivocación obligó a la

Juzgadora a tener por acreditado que hubo un préstamo que no necesitaba ser

dimensionado. Por otra parte, reprocha, ni lo afirmado en el hecho 7, ni la

declaración de Gene Woodard que consta a folio 832 y siguientes, lleva a tales

conclusiones, porque lo único que comentó es que fue contratado y pagado por

Sergio Miranda para hacer unos senderos que cubrieran la totalidad de la finca.

Y tampoco, el reconocimiento que tuvo el Juez por probado, donde se establece

el estado de las edificaciones en el lugar, respeto al hotel, sin nombrar

construcciones antiguas ni señalar quienes las construyeron. En suma, afirma,

ese hecho probado 7 es inexistente y no puede servir para fundamentar la

sentencia, la que resulta nula. En su apoyo refiere a lo argumentado en el

Considerando VIII del fallo impugnado, que dice sirvió como pilar para culminar

indicando que las manifestaciones que estudiaba respecto a la empresa Estación

Biológica Marenco S. A. y sus relaciones con el señor Guillermo Miranda

Quesada, necesariamente consistían en un acuerdo mediante el cual permitía a la

sociedad ejercer la administración de la finca. Según expone, ese hecho probado

7, es fundamental y propicia el Considerando IX en que se declara con lugar la

demanda del señor Miranda, sin que exista prueba que acredite la autorización,

préstamo, gratuidad, área, siendo la decisión contradictoria. Considera, hay

motivo por el fondo y también quebranto por la forma. Imputa transgredidos los

numerales 153, 155 y 99 del Código Procesal Civil, que transcribe. Insiste, hay

contradicción respecto al hecho probado 5 y 7, por cuanto establece sin

evidencia una posesión y conclusión equivocada al relacionar a la sociedad con

un préstamo para desarrollo turístico. Reclama, el Tribunal acredita un

contrato que no es acorde con lo demandado, ni con lo indicado en la prueba

testimonial y documental aportada. Esos elementos, acota, tienden a determinar

que Estación Biológica S. A., manejó esas propiedades en carácter de dueña de

las tierras compradas por el padre de las señoras Quesada Bolaños y Miranda

Quesada y ante su muerte, en virtud de un acuerdo entre los hermanos y su

madre, para que la empresa se hiciera cargo de toda la administración,

desarrollo y explotación de las fincas y de la zona marítima terrestre, todas

las inversiones fueron pagadas por la sociedad, continuando las ya realizadas

previo al fallecimiento y constitución de Estación Biológica Marenco S. A..

Puntualiza, también hay contradicción en el análisis de las pretensiones hechas

en la contrademanda, ya que, el estudio estaba viciado por las conclusiones de

los hechos probados 5 y

Aduce, las sentencias impugnadas, concluyen

que la tesis de don Guillermo y Julieta son las que deben ser declaradas con

lugar. Por eso, recrimina, las pretensiones de rechazo y la excepción de falta

de derecho no fueron analizadas. La contradicción de las resoluciones se da al

establecer hechos probados que no tienen sustento en el elenco probatorio y

menos aceptación por parte de los recurrentes, lo que configura el vicio de

incongruencia. A su entender, al declarar con lugar la segunda demanda, no

tenía sentido la contrademanda en virtud del supuesto préstamo gratuito. Por

esa razón, asevera no se desarrolló una justa fundamentación en relación a las

pretensiones principales y subsidiarias, tendientes a desarrollar la

explotación por un plazo social como fue solicitado, a su vez a lo interno de

la familia que pactó lo que indujo a todos a tomar iniciativas de programar,

proyectar, explotar, construir y financiar la Estación Biológica que

denominaron Marenco 1, por medio de la sociedad constituida con el mismo

nombre. Sostiene, las pretensiones subsidiarias establecidas, eran para

indemnizar toda la inversión, daños y perjuicios, que asegura no fueron

analizados profundamente, al declararse con lugar la demanda segunda, contra

prueba lógica y legalidad al mediar un razonamiento contaminado por los errores

de prueba con los hechos probados 5 y

7.

De lo

expuesto en el considerando anterior, se colige que el cargo procesal acusado

es informal. Si bien, el recurrente alude a una supuesta incongruencia del

fallo e incluso, acusa infracción de los artículos 99, 153 y 155 del Código

Procesal Civil, el argumento que esgrime no corresponde a ese vicio procesal

que se configura cuando se da una desarmonía entre las pretensiones de la

demanda y su contestación, con el dispositivo del fallo. Por el contrario, pareciera orientarse en una errónea valoración de

la prueba que llevó al Tribunal a confirmar el elenco de hechos probados.

Nótese como se limita a señalar que no se dio un adecuado manejo a la prueba,

lo que obligó a los juzgadores a dictar fallos injustos y absolutamente nulos.

Por un lado, imputa transgredido el derecho de defensa, estima los hechos

probados 5 y 7 no guardan relación con los elementos que constan en el

expediente. Reclama que esos hechos carecen de prueba y son inexistentes, por

eso la sentencia debe anularse, en tanto recrimina se dio valor a una

afirmación que no tiene como probarse. Refiere  la segunda demanda acumulada,

en su criterio, no es como lo señalan los juzgadores, pues no había evidencia

de que los actores ejercieron la posesión de la finca, ni que aceptaron el

hecho de las construcciones, por eso, asevera, debió aplicarse la pretensión

indicada en la contestación de la segunda demanda y declararla sin lugar, para

ello, sostiene presentó en tiempo la excepción de falta de derecho. Por otra

parte, manifiesta, los juzgadores se equivocaron al señalar que los hechos

probados 5 y 7 fueron aceptados en la contestación y establecen sin documentos

una posesión y conclusión equivocada al relacionar a la sociedad demandada con

un contrato de préstamo para desarrollo turístico, además de tener por

acreditado un contrato que no es acorde con lo demandado, ni con lo indicado en

la prueba testimonial, documental y reconocimiento. De darse el quebranto

apuntado, se estaría ante un error de derecho y para su procedencia, estaba en

la ineludible obligación de precisar además de la prueba que estima mal

valorada, las normas atinentes a su valor probatorio y la forma en que las

sustantivas, se habrían irrespetado con ese proceder, cuestión que resulta

insoslayable cuando se aduce una infracción de esa naturaleza. La norma a que

hace referencia al inicio del cargo no es suficiente para solventar la

inobservancia apuntada. La informalidad del reproche es manifiesta, lo que,

obliga sin más, al rechazo de plano.