Resolución 01201-2013

Que mediante el

acuerdo de Compra y Venta Revisado y Replanteado, celebrado el 15 de noviembre

de 2010, cuyo objeto era: “… compra y venta de una residencia en la

propiedad conocida como Tamarindo Preserve, según lo definido en este

acuerdo.”

Con fundamento en los hechos en que mostraron acuerdo

y desacuerdo, respectivamente, acude la parte actora ante el Tribunal Arbitral,

a fin de que en laudo se declare: “1- Se declarará a Tamarindo Preserve

incumplidora grave del “Acuerdo de Compra Venta Revisado y Replanteado”, por no

cumplir con sus obligaciones adquiridas.

Se declarará a Anchor Trust

incumplidora grave del “Acuerdo de Fideicomiso Replanteado y Revisado”.

Se ordenará la ejecución forzosa de los contratos, tanto del Acuerdo de

Compra Venta Revisado y Replanteado” como del “Acuerdo de Fideicomiso

Replanteado y Revisado”.

Se ordenará a Anchor Trust transferir el

título de propiedad o derecho de propiedad proporcional correspondiente a la

propiedad matrícula 5-120311-000, cancelando los gastos y honorarios

correspondientes a dicho traspaso.

Se ordenará a Anchor Trust

reintegrar a los actores la suma de $281.032.49 que a la fecha se encuentra en

el fideicomiso, más los intereses sobre dicha suma, desde la fecha de su

depósito el 2 de febrero de 2011. Así también, se ordenará entregar todos los

permisos, planos y diseños relativos a la ejecución del mismo, que formen parte

de los activos y que fueron efectivamente pagados por el actor.

Se

condenará a Tamarindo Preserve al pago de daños y perjuicios. En que

consisten: La pérdida de alquileres, alza en el costo de construcción,

sufrimiento y angustia Que los motiva: El incumplimiento del contrato en

el tiempo, la no construcción de la casa de habitación, y la privación de mi

representado al uso y disfrute de la misma. Estimación: Estimamos todo

en $50.000.00.

Se condenará a las demandadas al pago de ambas costas

procesales y personales.

Se indexará la condena.”

El apoderado especial judicial de Tamarindo

Preserve Corporation S.R.L., contestó oponiendo las excepciones de falta de

derecho y de legitimación tanto activa como pasiva.

La representación de Anchor Trust contestó la

demanda y opuso las excepciones de falta legitimación pasiva y falta de

derecho.

El Tribunal Arbitral integrado por los señores

Olman Arguedas Salazar, quien preside, Alberto Pauly Sáenz y Rodrigo Montenegro

Trejos, en laudo dictado a las 13 horas del 23 de octubre de 2012, dispuso: “Con

fundamento en las consideraciones de hecho y de derecho expuestas y en lo que

disponen los artículos 411 y 425 del Código de Comercio y 2, 32, 33, 34 y 37

del Reglamento de Arbitraje de este Centro, se declara sin lugar la demanda en

todos sus extremos, acogiendo la defensa de falta de derecho opuesta por ambas

demandadas. Se desestima la defensa de falta de legitimación opuesta por la

codemandada Anchor Trust. Se condena a la parte actora al pago de las costas

procesales y personales del proceso. Deberá el Centro de Conciliación y

Arbitraje girar a los árbitros individualmente los honorarios ya fijados en la suma

de tres mil trescientos treinta y tres dólares con treinta y tres centavos

(US$3,333.33) para cada árbitro.”

El apoderado especial judicial del actor

interpone recurso de nulidad, indicando expresamente las razones en que se

apoya para refutar la tesis del Tribunal Arbitral.

En los procedimientos

ante esta Sala se han observado las prescripciones de ley.

Redacta el magistrado Solís Zelaya

En la demanda origen de este proceso arbitral, el

señor Donald Wakeham adujo, el 13 de diciembre de 2007, suscribió con Tamarindo

Preserve Corporation S.R.L. (en adelante Tamarindo Preserve), un contrato de

compra venta de un lote y construcción de una residencia en un proyecto

inmobiliario denominado precisamente “Tamarindo Preserve”, a

desarrollarse en el lote P43 que formaba parte de la finca de Guanacaste

matrícula no. F-55106-000. Dijo, como parte de las obligaciones contraídas,

desde el 14 de diciembre de 2007, ha desembolsado la suma de $800.000,00.

Aseguró, el contrato fue enmendado en dos ocasiones, debido a la imposibilidad

de Tamarindo Preserve de cumplir lo pactado. No obstante, el 17 de setiembre de

2010, aseveró, ante la falta de cumplimiento de los negocios descritos,

suscribieron un nuevo acuerdo, denominado “ACUERDO DE COMPRA VENTA REVISADO

Y REPLANTEADO”, a través del cual, Tamarindo Preserve de comprometió a

vender un lote distinto al originalmente planteado, correspondiendo al terreno

adyacente al condominio “Point de Tamarindo Preserve”, lote 62A, que forma parte

de la finca no. 5-120311-000, con la promesa accesoria de construir una casa de

habitación. Explicó, como parte del nuevo acuerdo, en el anexo B, se encuentra

el “Acuerdo de Fideicomiso Revisado y Replanteado”, según el cual,

Anchor Trust Company S.A. (Anchor Trust en adelante) figura como fiduciario del

“Fideicomiso Wakeham lote 62A Casa Selva”. Este último negocio, enunció,

fue creado con el propósito de que Anchor Trust administrara los activos del

fideicomiso. El precio total del contrato de compraventa, describió, era de $1.750.000,00,

de los cuales ya había cancelado los $800.000,00 indicados previamente.

Conforme a lo establecido en la sección b) de la cláusula tercera del convenio,

expresó, el 2 de febrero de 2011, giró el segundo pago por la suma de

$300.000,00. Agregó, de conformidad con el segundo apartado del contrato,

Tamarindo Preserve debía cumplir con sus obligaciones, 11 meses después de su

firma (17 de setiembre de 2010), plazo que podía ser prorrogado automáticamente

por 90 días más. Habiéndose constatado el incumplimiento por parte de la

vendedora, expuso, debía Anchor Trust transferir el título de propiedad, el

avance de la residencia hasta la fecha, así como los fondos del fideicomiso al

actor, esto según la cláusula siete, sección b) del negocio de compra venta. De

igual forma, articuló, el fiduciario debe transferir todos aquellos permisos,

autorizaciones, planos, diseños objeto del contrato principal los cuales,

aseguró, fueron cancelados por el comprador y deducidos del fideicomiso.

Argumentó, los permisos municipales fueron obtenidos fuera del plazo del

contrato, cuando ya debían estar constituidas y construidas las filiales que

eran parte del condominio. A la fecha, acotó, Tamarindo Preserve no ha cumplido

con lo pactado, ya que ni siquiera ha iniciado el proceso constructivo.

Censuró, las empresas están recibiendo doble ganancia por los mismos permisos,

ya que los han tramitado como una sola solicitud, al igual que los trámites

para construir las filiales 62A y 62B, pero cobraron como si trataran de

unidades separadas, tanto al actor como a los señores Hill Yakymyshyn y Beverly

Prefontaine, inversionistas también afectados por la vendedora y Anchor Trust.

El fiduciario, repitió, se ha negado a traspasar la  propiedad o acción

proporcional al señor Wakeham y a devolver el dinero que forma parte del

fideicomiso. Por este motivo, en torno a Anchor Trust, acusó, falta de:

objetividad; diligencia; ejercicio de los derechos y acciones para la defensa

del fideicomiso y sus activos; y, de cuidado del bien como buen padre de

familia. Debido a lo expuesto, presentó demanda arbitral contra Tamarindo

Preserve y Anchor Trust para que en el laudo se declare lo siguiente: a)

Tamarindo Preserve es incumpliente grave del acuerdo de compra venta por no

honrar sus obligaciones. b) Anchor Trust es incumplidora grave del acuerdo de

fideicomiso. c) Se declare la ejecución forzosa de ambos contratos. d) Se le

ordene al fiduciario transferir el título de propiedad o derecho de propiedad

proporcional correspondiente a la finca 5-120311-000, cancelando los gastos y

honorarios del traspaso. e) Anchor Trust debe reintegrar al actor, la suma de

$281.032,49 que actualmente se encuentra en el fideicomiso, más los intereses

sobre dicha suma desde la fecha de su depósito el 2 de febrero de 2011; así

como todos los permisos, planos y diseños relativos a su ejecución. f) El pago

de los daños y perjuicios a cargo de Tamarindo Preserve, consistente en la

pérdida de alquileres, alza en el costo de la construcción, sufrimiento y

angustia, los cuales estima en $50.000,00. g) Se condene a los demandados al

pago de ambas costas del proceso. h) Las cifras concedidas sean indexadas. Las

demandadas contestaron negativamente. Tamarindo Preserve opuso las defensas de

falta de: legitimación en sus dos modalidades y derecho. Por su parte, Anchor

Trust alegó las defensas de falta de: legitimación pasiva y derecho. Mediante

el laudo de las 13 horas del 23 de octubre de 2012, el Tribunal Arbitral

rechazó las defensas de falta de legitimación y acogió la de falta de derecho

opuesta por las co-demandadas, por lo que declaró sin lugar la demanda en todos

sus extremos, condenando al actor al pago de ambas costas del proceso.

El actor formula recurso de nulidad. En su único

reparo, acusa, falta de motivación y fundamentación del laudo, lo cual vulneró

el debido proceso. Explica, el proceso pretendía la ejecución forzosa de un

acuerdo de compra venta y un contrato de fideicomiso. El convenio origen de la

disputa, declara, establecía que al cumplirse el plazo de 11 meses a partir del

17 de setiembre del 2010 (fecha que textualmente indica el documento suscrito),

el desarrollador debía entregar al comprador una finca filial con una

residencia construida según los planos aprobados. Desde el 2007 al 2008,

asevera, canceló al desarrollador demandado, la suma de $800.000.00 por una

vivienda dentro del proyecto inmobiliario conocido como Tamarindo Preserve. Sin

embargo, arguye, al 18 de agosto de 2011, ni siquiera se habían alcanzado los

permisos de construcción, que la resolución impugnada tiene por obtenidos hasta

el 3 de noviembre de 2011. Expresa, la vivienda no se había empezado a

construir ni cuando se acusó el incumplimiento (agosto de 2010), ni cuatro

meses después (al iniciar el arbitraje). En este apartado, endilga, el laudo

suprime la declaración confesional y tres testimoniales, no la menciona directa

ni indirectamente. Tal desprecio por el acervo probatorio y la teoría del caso

planteada por una de las partes, alude, no implica otra cosa más que

indefensión y violación al debido proceso. Esa probanza, en su criterio, debía

citarse a fin de analizar el incumplimiento. El debate, afirma, exige

pronunciamiento sobre lo “evacuado”. Agrega, tampoco existe mención o

pronunciamiento respecto de los correos electrónicos y correspondencia cruzada.

Insiste, la prueba en ningún momento fue objeto de consideración en el laudo

arbitral vulnerando lo ordenado en el artículo 58 inciso f) de la Ley sobre

Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social (en lo sucesivo

Ley RAC o Ley 7727), RAC y del inciso e) del artículo 155 del Código Procesal

Civil. En lo concerniente a la causal contenida en el inciso e) del articulo 67

de la Ley RAC, el laudo impugnado, apunta, carece del necesario examen en

cuanto a las argumentaciones y pruebas sobre las cuales hace descansar el señor

Wakeham su acción, adolece, inexorablemente, de vulneración al principio del

debido proceso. El laudo recurrido, alega, entroniza supuestos factores que

modifican el contrato, en contra de la prueba evacuada, vedando el

contradictorio y sumiendo a la actora en un absoluto estado de indefensión. De

seguido, expone, la resolución ignoró la confesional de Pedro Miguel Muñoz

Fonseca y Bruce Main, las declaraciones de Hill Yakymyshyn, Grabriel Cháves y

de Paul Oporta. Por otro lado, dice, se incurrió en la causal del inciso b) del

canon 67 de la Ley RAC en torno al tema del incumplimiento que demostró con el

respaldo de las probanzas. Concluye, el laudo ni siquiera cita, menciona, mucho

menos argumenta alrededor de la acusada situación de conflicto de interés.

Los cargos, en criterio de esta Sala, no disponen

del orden mínimo que se espera en este tipo de impugnaciones, a fin de

identificar con certeza los agravios. El recurrente mezcla sus alegatos con

diferentes causales del ordinal 67 de la Ley 7727, puesto que por un lado,

aduce falta de fundamentación debido a que no se tomaron en consideración las

confesiones y declaraciones que se practicaron en el proceso y que eran fundamentales

para demostrar el incumplimiento; pero por el otro, aduce violación del debido

proceso y falta de pronunciamiento de asuntos sometidos al arbitraje. Empero,

debe aclararse que para esta Cámara, en el fondo, lo que viene alegando de

forma indirecta la parte actora, es la preterición de varias probanzas con base

en conceptos que ocultan el verdadero motivo. Se alega la causal de violación

al debido proceso, pero en realidad, lejos de poner de manifiesto el quebranto

de ese principio constitucional, aduce motivos de disconformidad relacionados

con la decisión arribada, cuestiones de fondo respecto de los cuales le está

vedado a esta Sala entrar a conocer. Sobre la violación al debido proceso

objeto del reparo, en otras ocasiones, esta Sala ha indicado que la doctrina

nacional ha entendido toda aquella infracción producida a normas esenciales e

irrenunciables del procedimiento y a fases relevantes acordadas por las partes.

Para tales efectos, resulta elemental que la afectación haya provocado un perjuicio

al reclamante, ergo, pueden darse violaciones menores al debido proceso que

bien podrían subsanarse o superarse en el devenir del arbitraje, o que no

causen indefensión (sentencia no. 000495-F-S1-2008 de las 15 horas 30 minutos

del 24 de julio de 2008). Para efectos de la nulidad del laudo, como derivado

del inciso e) del numeral 67 de la Ley no. 7727, la indefensión debe haberse

producido por la omisión de alguna o algunas etapas del trámite arbitral,

dejando a la parte perjudicada sin la posibilidad de defensa (igualmente se

puede consultar el precedente no. 47 de las 9 horas 47 minutos del 31 de enero

del 2003). En este entendido, debe resaltarse que en el caso concreto, se han

cumplido las etapas esenciales para el normal desenvolvimiento del proceso, sin

que se aprecien omisiones o faltas que lesionen este postulado, las cuales, en

todo caso, no son debidamente desarrolladas o aclaradas por el recurrente. Lo

anterior, por cuanto el cargo formulado por el señor Wakeham, lejos de

encausarse a una falta del debido proceso, se encasilla en preterición de

probanzas, lo cual esta Sala como se indicará tiene vedado su análisis.

Precisamente, el actor acusa falta de apreciación de los elementos probatorios

que constan en autos, principalmente las pruebas confesionales de Pedro Miguel

Muñoz Fonseca y Bruce Main, así como las declaraciones de Hill Yakymyshyn,

Grabriel Cháves y de Paul Oporta; consecuentemente, estima vulnerado el debido

proceso por no fundamentarse el fallo con base en esas probanzas. Este Órgano

Colegiado, también ha procurado delimitar el concepto del debido proceso en

función de los principios rectores de la Ley no. 7727, que buscan una mínima

injerencia de los órganos jurisdiccionales. De tal manera, no procede que a

través del control que brinda este instituto, incursione esta Sala en temas de

fondo, irrespetando la voluntad de las partes, quienes convinieron sustraerse

de la justicia ordinaria, para dirimir su controversia por la vía del

arbitraje. La motivación sugerida, como parte del debido proceso, no autoriza a

que por medio del recurso de nulidad formulado contra el laudo, se haga una

ponderación minuciosa del acierto o no de las razones dadas por los árbitros.

Hacerse de esa forma, implicaría una revisión de las probanzas y su valoración

respecto del análisis de fondo. La falta de motivación en esta materia, está

referida a la carencia absoluta de fundamentación y razonamiento de la decisión

final, más no a la falta de exhaustiva valoración de los elementos de

convicción traídos a los autos. En la especie, en todo caso, no se estaría

frente a una ausencia total de motivación del laudo, sino frente a una eventual

insuficiente fundamentación, según el propio dicho del recurrente, la cual, por

sí, no permite su anulación en esta vía (sobre el tema se puede consultar el

voto 000545-F-S1-2011 de las 8 horas 50 minutos del 5 de mayo de 2011). Las

argumentaciones no hacen otra cosa que combatir la apreciación del Tribunal

Arbitral sobre la interpretación que se hizo de los contratos suscritos, al

estimar la parte actora, que las co-demandadas incumplieron lo pactado. De

darse tal desafuero, como lo ha resuelto este Órgano Jurisdiccional en

innumerables fallos, se configuraría un quebranto sobre el valor probatorio, el

cual según fue expuesto, no resulta revisable en esta vía. Al respecto, pueden

consultarse las sentencias de este órgano decisor números 268 de las 16 horas

10 minutos del 3 de abril de 2002 y 248 de las 11 horas 10 minutos del 14 de

abril de 2004, donde, de manera expresa, se indicó que el cuestionamiento de la

apreciación probatoria efectuada por los árbitros es un aspecto ajeno a la

labor contralora de esta Sala. Y es que una de las singularidades del recurso

de nulidad de los laudos arbitrales, radica en que el órgano jurisdiccional no

revisa las cuestiones de fondo que contenga el fallo, sino que, se limita a una

revisión formal de las causales establecidas en la ley. Se otorga para combatir

los fundamentos, motivos o argumentos sustentados por los laudos en cuanto

resulten desfavorables al recurrente, pero por haber infringido alguna de las

causales específicamente establecidas por la ley.  La Sala juzga los

laudos y no los casos. Cuando encuentra el yerro endilgado lo declara y dispone

su nulidad, o lo reenvía en algunas ocasiones por decisión de la mayoría de sus

integrantes, cuando encuentra su nulidad parcial, dejando incólume el

resto. El de nulidad, como recurso extraordinario tramitado ante Casación,

se ha concebido para garantizar la correcta tramitación del proceso arbitral, y

no para lograr la correcta interpretación del derecho, salvo el caso de

normas de orden público. El recurso de nulidad pretende cumplir el fin de

garantizar el debido proceso y además la seguridad jurídica a través de la

recta aplicación del proceso arbitral, procurando la mínima intervención

jurisdiccional en el asunto sometido a ese medio alterno de solución de

conflictos. El recurso de nulidad solo procede por errores in procedendo

y en ningún caso por errores in iudicando. Ello conlleva el mismo

principio de poderse rechazar si solo se alega violación a las normas de fondo o

preterición de probanzas como en el presente caso, aún cuando ellas se

encuentren disfrazadas en una causal de forma (como violación del debido

proceso por falta de fundamentación) o bajo la denominación de normas de orden

público. Las causales no se encuentran constituidas por cualquier infracción a

las normas del procedimiento, sino, solo y exclusivamente, a las

debidamente  contempladas en la Ley RAC (sobre este último tema, se puede

consultar el fallo no. 000806-F-01 de las 16 horas 35 minutos del 10 de octubre

de 2001). Por lo demás, aunque el cargo por lesión del inciso b) del artículo

67 de la Ley RAC carezca de claridad por ser exiguo, cabe indicar que de la

lectura del laudo, se aprecia que los árbitros sí se pronunciaron de forma

ordenada y suficiente, sobre cada una de las pretensiones de la demanda, así

como las razones por las cuales se rechazaban, dando con ello solución al caso

concreto. En términos generales, llegaron a su conclusión cuando estimaron que

el comprador de forma anticipada alegó el incumplimiento contractual cuando el

plazo pactado y renegociado todavía no había vencido. En virtud de lo anterior,

el agravio debe ser desestimado.

Con fundamento en lo expuesto, el recurso de

nulidad deberá ser rechazado.