Resolución 00901-2012

Con base en los hechos que expuso y disposiciones

legales que citó, el actor estableció proceso de conocimiento, para que en

sentencia se declare: "1- Que la conducta del Instituto Nacional de Seguros ha sido

disconforme con el ordenamiento jurídico administrativo.

Que se anulen

totalmente todas aquellas conductas administrativas del INS, que no vayan

dirigidas al reconocimiento de la resolución DSG-06449-2007 que declaró con

lugar el reclamo de la póliza, y en consecuencia se anulen todas aquellas

conductas y resoluciones posteriores a ésta última que declaró con lugar el

Recurso de Apelación en favor del reclamo del administrado, por ser este una (sic)

acto administrativo, válido eficaz y absolutamente firme.

Se condene al INS

a pagar el monto total de la póliza al asegurado amparado a la Póliza Suscrita,

el cual estimo en la suma de 28 MILLONES DOSCIENTOS MIL COLONES.

Que se

condene al INS al pago de los daños y perjuicios que se dirán.

Que se

condene al INS al pago de ambas costas. (...) solicito que en sentencia

condenatoria se condene al INS al pago de los daños y perjuicios ocasionados en

abstracto, los cuales detallo preliminarmente para que en la ejecución de la

misma sea un profesional en esa materia el que los establezca. Se condene al

INS a pagar el monto total de la póliza como

indemnización por el daño patrimonial sufrido y amparado a la Póliza Suscrita,

más los intereses normales y moratorios, con los gastos originados por el

atraso en el pago de la póliza suscrita. Se Condene al INS a pagar el lucro

cesante desde la fecha del siniestro hasta el efectivo pago de la indemnización

que se reclama en este proceso, período en cual el barco no trabajo, por cuanto

ello originó que la embarcación no se puedo (sic) reponer con otra que

la sustituyera, pido que se condene en abstracto, este rubro. Se condene al INS

al pago de los intereses normales y moratorios, como las

costas legales de los créditos que por su incumplimiento se han generado hasta

el efectivo pago de este reclamo, pido se condenen en abstracto. Se

condene al INS al pago al Daño Moral, subjetivo y objetivo ocasionado por su

incumplimiento a la empresa P. S.A., por los actos injustos del INS que han

afectado su honor mercantil y su buen nombre al atribuirles acciones

delictivas, o al margen de la ley en la responsabilidad de este siniestro, que

ha repercutido en la probidad o giro comercial, su posicionamiento y

cumplimiento a sus acreedores, su relación con otras empresas, su crédito

mercantil, en su clientela "que desapareció", daño que estimamos

prudencialmente en la suma de 12 millones de colones. Se condene al INS

solidariamente al pago del daño moral subjetivo y objetivo, ocasionado por su

incumplimiento a los personeros de esta sociedad en forma directa, por cuanto,

también se han visto afectados en su honor ante la aseveración (sic) temerarias

y calumniosas de haber cometido delitos, respecto de su buen nombre, y que en razón

de ser personeros de esta empresa y al encontrarse ésta morosa ante el sistema

bancario nacional, de igual forma sus representantes no son sujetos de crédito

alguno. Suma que solicito a su autoridad como perito de peritos fijar (sic).

Se condene al INS por su incumplimiento al pago de los intereses legales y

moratorios desde la fecha de interposición del reclamo administrativo y hasta

su total y efectiva cancelación, de todas las sumas condenadas en sentencia. Se condene al INS al pago de ambas costas personales y

procesales."

La representación del Instituto Nacional

de Seguros contestó negativamente la demanda y opuso las excepciones de

incompetencia (resuelta interlocutoriamente) y falta de derecho.

3.-

Al ser

las 9 horas del 26 de agosto de 2010, se efectuó la audiencia preliminar,

oportunidad en que hicieron uso de la palabra los representantes de ambas

partes. En una segunda audiencia preliminar efectuada a las 9 horas del 24 de noviembre del 2010, el Juez Tramitador

dictó la resolución número 4390-2010 y rechazó la excepción de defectos

formales que impiden verter pronunciamiento en cuanto al fondo interpuesta por

el INS. Además, en esta misma audiencia, se declaró este proceso de puro

derecho.

El Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Sexta,

integrada por Otto González Vílchez, Christian Hess Araya y Roberto

Garita Navarro, en sentencia no. 25 -2011-VI de las 13 horas 45 minutos del 31 de enero de 2011,

resolvió: “Se declara con lugar la excepción de falta de derecho. En

consecuencia, se declara sin lugar en todos sus extremos la demanda presentada

por P. S.A .

contra el Instituto Nacional de Seguros (INS) .

Se condena a la parte actora al pago de las costas procesales y personales

de este proceso”.

El representante del actor formula recurso de

casación indicando las razones en que se apoya para  refutar la tesis del

Tribunal.

En los procedimientos ante esta Sala se

han observado las prescripciones de ley.

Redacta la magistrada León Feoli

La actora P. S.A. (la

Compañía, la asegurada o P. en futuras referencias), alegó en la demanda origen

de este proceso, que mediante póliza no. 0110EMB000257-01 de 18 de agosto de

2005, suscrita con el Instituto Nacional de Seguros (en lo sucesivo el INS o el

Instituto) aseguró la embarcación denominada “J. de matrícula de Capitanía

de Puntarenas número […]”, con una cobertura de ¢5.000.000,00 por

responsabilidad civil y ¢28.200.000,00 por “daño directo avería particular”.

Argumentó, las partes aceptaron que la póliza descrita fuera utilizada como garantía de pago a favor del acreedor prendario

en primer grado, Banco Nacional de Costa Rica, por un monto de ¢15.000.000.00,

y por el acreedor prendario en segundo grado, Banco Popular y de Desarrollo

Comunal, por la suma de ¢10.000.000.00. El 26 de abril de 2007, indicó, la

embarcación encalló en Playa […], debido a un problema

en el sistema mecánico y a las condiciones climáticas. Adujo, durante la

investigación del accidente, las declaraciones brindadas por el capitán de esa

nave M. (el 3 de mayo del 2007) en las instalaciones de la sucursal del INS en

Puntarenas y en declaración jurada (escritura pública número 328 de 21 de junio

del 2007), se realizaron mediante un interrogatorio “draconiano” y bajo

coacción por parte de los funcionarios del INS. Debido a lo anterior, en su

criterio, esas manifestaciones no debieron ser tomadas en consideración a

efectos de fundamentar la declinación del reclamo. Desde el momento del

accidente, resaltó, se ordenaron las acciones necesarias a fin de rescatar la

nave desde la playa, sin embargo, fue imposible debido al mal tiempo. El 26 de

abril de 2007, aseveró, presentaron aviso de accidente en la sucursal del

INS en Puntarenas, quedando el caso registrado en el expediente administrativo

no. EMB-2007-011P. Criticó, el informe preliminar del

INS, de 4 de mayo de 2007, realizado por el Inspector de la Sucursal de

Puntarenas J. y por el Ajustador Naval G., se basó en los interrogatorios

ilegales realizados al capitán de la nave. Sin embargo, protestó, esas

declaraciones fueron valoradas casi como una confesión y se utilizaron

de forma subjetiva, arbitraria e ilegal con tal de no cancelar la obligación y

denegar el reclamo. Ese informe, recriminó, llegó a conclusiones absurdas, sin

sustento técnico profesional, legal o racional, sin tomar en cuenta aspectos

navales y oceanográficos, por lo que no podía utilizarse como fundamento para

rechazar el reclamo. El informe técnico de investigación elaborado por el

Departamento de Investigaciones del INS, no. ITI-0142-2007 del 5

de julio de 2007, arguyó, también llegó a conclusiones

subjetivas, y por este motivo, recomendó declinar el reclamo. El 13 de julio

del 2007, manifestó, la Jefe de la Sucursal del INS en Puntarenas, le informó

que la gestión había sido denegada con base en las condiciones generales del

contrato de póliza y debido a los resultados obtenidos en el proceso de

investigación (oficio SPUN-1890-2007). El 3 de setiembre de

2007, dijo, presentó recurso de revocatoria y de apelación subsidiaria. El primero, afirmó, fue rechazado mediante determinación

INSPN-02488-2007 de fecha 7 de setiembre de 2007. A través de

resolución DSG-06449-2007 de la Dirección de Seguros Generales del INS,

articuló, se acogió el recurso de apelación presentado, por lo cual se dejó sin

efecto el criterio emitido en el oficio SPUN-1890-2007 anteriormente

mencionado. Señaló, a pesar de la nueva decisión, el Instituto pretendió

endosarle la responsabilidad debido a la morosidad que presentaba con los

bancos acreedores. Esa situación, expresó, fue aclarada mediante el oficio

DJUR-01212-2008 de fecha 16 de abril de 2008, el cual ratificó el pago de la

indemnización en la forma que el cliente lo había solicitado. No obstante, aludió,

mediante oficio INSPN-02197-2007 del 3 de julio de

2008, extendido por la Jefatura de Puntarenas, se revocó la orden de atender el

reclamo del

superior. Lo anterior, con base en el oficio DJUR-02037-2008 del 19 de junio de

2008 de la Dirección Jurídica del INS y en cumplimiento de una orden del señor

G. V., de la División Técnico Comercial. Esta última actuación, esgrimió, tiene

un efecto retroactivo sobre una situación jurídica

consolidada, afectada mediante un procedimiento no regulado ni autorizado

legalmente. Por estas razones solicitó al Tribunal en sentencia declare:

1.

Que la conducta del

INS ha sido disconforme con el ordenamiento jurídico administrativo.

2.

Se anulen totalmente las actuaciones administrativas del Instituto que no vayan

dirigidas al reconocimiento de la resolución DSG-06449-2007 que declaró con

lugar, en apelación, el reclamo de la póliza; y en consecuencia, se anulen

todas las resoluciones posteriores, ya que aquella constituye un acto

administrativo, válido, eficaz y absolutamente firme.

Se condene al

demandado a pagar el monto total de la póliza y al pago de la indemnización

total establecidas en las condiciones del contrato.

Se condene

al INS al pago de los daños y perjuicios valorados en abstracto, para ser

liquidados en ejecución de sentencia (pretensión subsanada mediante escrito de

corrección de demanda visible a folios 36 al 40 del expediente

judicial).

Se condene al INS al pago de ambas costas. El Instituto contestó negativamente y opuso las defensas de incompetencia

en razón de la materia, de defectos formales en el escrito de demanda que

impiden verter pronunciamiento en cuanto al fondo y la excepción de falta de

derecho. El Juez Tramitador mediante resolución 998-09 dictada el 27 de

mayo de 2009, rechazó la excepción de incompetencia, la cual fue confirmada por

esta Sala. En la audiencia preliminar se rechazó la defensa

de defectos formales de la demanda. Conociendo el fondo del

asunto, el Tribunal acogió la excepción de falta de derecho. En consecuencia,

declaró sin lugar la demanda en todos sus extremos; y condenó a la parte actora

al pago de ambas costas del proceso. Disconforme con lo

decidido, P. presentó recurso de casación por vulneración de normas

procesales y sustantivas.

Recurso de casación por violación a normas procesales

II.-

En el

único agravio de esta naturaleza, el casacionista endilga, se le causó

indefensión según lo preceptuado en el canon 137 inciso b) del Código Procesal Contencioso

Administrativo (CPCA). Advierte, la prueba no fue analizada de conformidad con

las reglas de la sana

crítica y fue incorporada de forma ilegal y arbitraria por el Tribunal al

proceso. Se refiere a la prueba testimonial y opiniones jurídicas emitidas por

funcionarios del INS.

La forma cómo se incorporó la prueba en esta sede y en la sentencia, arguye,

genera indefensión y causa la nulidad del

fallo, ya que esa probanza no fue “evacuada” en el proceso. Expresa, de

conformidad con lo acontecido en sede administrativa, existe un

incumplimiento contractual manifiesto, ya que se resolvió de forma ilegal en

contra de lo pactado por las partes. Recrimina, las declaraciones e

investigaciones internas realizadas por funcionarios del Instituto resultan del

ejercicio de potestades de imperio que fueron ejecutadas a ultranza y contrario

a derecho, pues se convirtieron en policías, partes y jueces sin el debido

proceso legal. En este sentido, reprocha que se le

haya otorgado valor probatorio a declaraciones juradas hechas por un notario del INS, prueba que en

todo caso debió ser recibida en sede jurisdiccional. El Tribunal, alega, debió

“evacuar” las declaraciones y los informes de la propia Institución, a fin de

no dejar a la compañía actora en estado de indefensión.

III.-

De

previo a conocer el reparo, es importante advertir que en el planteamiento se

desarrollan argumentos repetidos, lo que dificulta identificar el agravio

protestado. Nótese como

se mezclan aspectos formales y sustantivos, irrespetando los requerimientos

básicos de este recurso extraordinario. No obstante, esta Sala,  procede a identificarlos y ordenarlos. De esta forma,

aunque la primera parte, en su mayoría corresponde a violación de normas sustantivas, de la lectura del

cargo se infiere, existe una censura de índole procesal por indefensión; ya que

en su criterio, se lesionó su derecho de defensa y del debido proceso, puesto que la prueba fue

indebidamente incorporada al proceso y no fue practicada. Reprocha se le haya

otorgado valor probatorio a las declaraciones juradas extendidas por un notario del INS, y a las

entrevistas e informes que dieron sustento al rechazo del reclamo, si anteriormente esa probanza

no fue conocida en el proceso. En estos términos por

consiguiente, debe ser analizado el motivo de indefensión identificado.

Como ya lo ha señalado

esta Sala, el artículo 39 de la Constitución Política garantiza en todos los

procesos jurisdiccionales, el derecho de defensa que es, básicamente, el núcleo

del debido proceso, y como tal, concentra todas las garantías que de él se

derivan. El Tribunal Constitucional lo ha desarrollado en múltiples ocasiones,

sobre todo en materia penal, con sus corolarios de los derechos de audiencia y

defensa. Por su contenido general, que en criterio de esta Cámara, resulta

aplicable al caso, ha dispuesto que “… El derecho de defensa en sí: También

se desprende del artículo 39 de la Ley Fundamental, y muy especialmente de los

incisos a), c), d), e), f) y g) del párrafo 2°, y de los párrafos 3° y 5° del

artículo 8° de la Convención Americana, de todo lo cual resulta toda una serie

de consecuencias, en resumen… el acceso irrestricto a las pruebas de cargo y la

posibilidad de combatirlas, particularmente repreguntando y tachando o

recusando a testigos y peritos, lo cual comporta, además, que los testimonios y

dictámenes deben presentarse en presencia del imputado y su defensor, por lo

menos salvo una absoluta imposibilidad material -como la muerte del testigo-;

el derecho a un proceso público… Cabe advertir, asimismo, que el derecho de

defensa debe ser no sólo formal, sino también material, es decir, ejercido de

hecho, plena y eficazmente, lo cual implica además, como aspecto de singular

importancia, el derecho a hacer uso de todos los recursos legales o razonables

de defensa, sin exponerse a sanción ni censura algunas por ese ejercicio…”

(resolución no. 1739-92 de las 11 horas 45 minutos del 1° de julio de 1992

reiterada en voto no. 2009-18335 de las 14 horas 8 minutos del 2 de diciembre

de 2009). Esa misma orientación, puede derivarse del cardinal 137, inciso 1), acápite b) del

CPCA, al disponer que el recurso de casación, procede si se ha causado

indefensión “…que no le sea imputable, cuando se le afecten los derechos de

defensa y del

debido proceso.” Ahora bien, el ordinal 98.2 del CPCA establece que si

antes de finalizar la audiencia preliminar, el juez tramitador verifica que no

existe prueba por recibir, a saber declaraciones de partes, testigos o peritos,

deberá declarar el asunto de puro derecho y en consecuencia otorgará a los

litigantes, oportunidad para que formulen las conclusiones, de previo a remitir

el expediente al Tribunal para que dicte sentencia. De esta forma, durante la audiencia preliminar, los documentos ofrecidos

por las partes pueden ser admitidos como

elementos de convicción. En este sentido, en forma oral,

el Juez debe resolver sobre la admisión de elementos probatorios ofrecidos,

debiendo rechazar los que sean evidentemente impertinentes o inconducentes

(canon 90 inciso 3 del

CPCA).  Cabe indicar que la prueba contenida en informes, oficios y

resoluciones, no necesita ser practicada en otra audiencia o diligenciamiento

especial al efecto, como

sí sucede con las probanzas  testimonial,

pericial o declaración de partes. Así pues, al Juez Tramitador le corresponde,

entre otras cosas, sanear el proceso, definir y delimitar su objeto con las

posibilidades que el ordenamiento jurídico le otorga (artículos 90 y 95 CPCA),

establecer el cuadro fáctico controvertido y no controvertido (de manera

general y resumida, o bien, por hecho individualizado, según sea el caso), y

con fundamento en ello, pronunciarse sobre la admisibilidad de la prueba,

alguna de la cual viene preconstituida o preformada (como corresponde a la

documental), mientras que otra requerirá de la formación debida frente al juez

de juicio o decisor (testimonial y confesional por excelencia). En virtud del

principio de comunidad de la prueba, los documentos que fueron ofrecidos y

aportados por las partes, y después admitidos por el Juez Tramitador, quedan

incorporados al proceso de pleno derecho para la valoración posterior del

Tribunal decisor, todo ello, sin perjuicio de la utilización o explotación que

de ellos quiera hacer la parte en su beneficio durante el debate. En este

sentido, esta Sala ha indicado, en ocasión de lo dispuesto en el numeral 90 del

CPCA que: “La prueba admitida en la preliminar, queda incorporada al

proceso, de manera firme e incondicionada, queda lista para la valoración de

fondo posterior por el Tribunal de juicio” (voto 290-F-S1-2009 de las 10

horas 30 minutos del 20 de marzo de 2009). En el caso de la prueba documental,

que se basta a sí misma, -es decir, no requiere ser recibida como sería el

supuesto de la declaración testimonial o de parte- la admisión decretada hace

que esta se encuentre incorporada, se insiste, de pleno derecho, dentro del

elenco probatorio, sin que se requiera su lectura en un debate oral. Esto no

impide, claro está, que las partes la utilicen en dicho momento, pero ello es

optativo según la formulación del caso que se planté. De esta manera, los juzgadores se encuentran en la ineludible

obligación de considerar la prueba documental admitida y que constante en el

expediente, máxime en asuntos de puro derecho, donde la probanza documental es

la única existente. En el sub exámine, en la audiencia preliminar celebrada

el día 24 de noviembre de 2010, tanto el informe del Ajustador Naval

G. y del Inspector de la Sucursal, J.; la declaración jurada brindada por el

señor C.; el informe no. ITI-0142-2007 de fecha 5 de julio

de 2007 del Departamento de Investigaciones del INS; y el primer rechazo del reclamo realizado

mediante oficio no. SPUN-1890-2007 de 13 de julio de

2007 remitido por la jefatura de la Sucursal del Instituto en Puntarenas

(folios 397 al 407, 414 al 417, 418 al 435, 439 al 441 del expediente administrativo

respectivamente), fueron elementos probatorios debidamente admitidos por el

Juez de Trámite. Es prueba que consta en el expediente administrativo y en su

mayoría fue oportunamente ofrecida por la parte demandada durante

la audiencia referida (soporte de la audiencia a partir de las 10 horas 8

minutos). Sin perjuicio de lo indicado sobre el valor de la prueba documental

en los procesos contenciosos, resulta de importancia resaltar que cuando el

Juez de Trámite admitió esos documentos públicos, el actor tuvo oportunidad de

realizar las argumentaciones que estimara convenientes sobre el particular,

concretamente durante la etapa de conclusiones, por lo cual, tampoco es cierto

que no tuvo instancia al respecto. Por lo dicho, la incorporación y posterior

valoración de dichos documentos no supone, como aduce el

recurrente, medios probatorios ilegítimos o introducidos ilegalmente al

proceso. Aunado a lo anterior, es menester precisar con apoyo en lo expuesto,

que en el caso particular, tampoco se ha producido una indefensión por este hecho. Así, lo procedente es rechazar

el reparo.

Recurso de casación por violación de normas sustantivas

Los restantes agravios

expuestos por el recurrente son por violación directa de normas según lo

estipulado en el numeral 138 inciso c) del CPCA. En el primero,

aduce, si bien es cierto mediante oficio SPUN-1890-2007 del 13 de julio de

2007, la Sucursal del INS en Puntarenas declinó el reclamo presentado; el 18 de

diciembre de ese mismo año, el superior en grado, sea la Dirección de Seguros

Generales, concluyó que no debía rechazarse. Lo anterior, asevera, le otorgó un

derecho subjetivo y en consecuencia, lo que corresponde es su pago como bien se

acordó “mutuo propio” o mediante la vía de ejecución de sentencia de

conformidad con el artículo 228 de la Ley General de la Administración Pública

(LGAP). No obstante, dice, esa resolución no fue tomada en consideración por

los jueces, ya que únicamente se esforzaron por establecer conjeturas, sin

conocimiento de causa, de lo que debió hacer el

capitán cuando el barco se estaba hundiendo. Las aseveraciones del Tribunal en

el considerando IV, aduce, no están ajustadas al mérito de los autos, pues por

un lado, estima que el Instituto no le imputó a la empresa que su reclamo fuera

fraudulento, o haya ocultado información, y por otro lado afirma que los

alegatos de la actora carecen de sentido, lo cual, en su criterio, es

incongruente con lo habido en el expediente. Mediante informe INSPN02197-2007

de 3 de julio de 2008, expone, el Subdirector M. P., le comunicó que se

mantenía el criterio negativo externado en el oficio SPUN-1890-2007 del 13 de

julio de 2007, fundamentado en las cláusulas 134-A inciso 7 y 15 v) de las

Condiciones Generales del Seguro de Embarcaciones. Esta última actuación y

resolución, articula, es de un funcionario que carece

de competencia para este efecto, es una conducta, de hecho, antijurídica y

dolosa en contra de los intereses morales y económicos de la demandante cuando

ya había un acto administrativo firme y favorable. Para el funcionario de

aquella sede y sin competencia material, censura, bastó simplemente con

solicitar dos criterios, y resolver en contra de lo ya resuelto por la

Dirección General de Seguros a través de una conducta no conforme a derecho,

pues no cumple con lo dispuesto en los artículos 155 y 173 de la LGAP, ya que

no revocó y menos lo anuló, simplemente dijo que no iba a pagar lo ya acordado

por el ente. Esa conducta, dice, no puede ser ejecutada en perjuicio de

derechos subjetivos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114, 144,

145, 155, 175 ibídem y 11 Constitucional. El punto, enfatiza, es que no existe un rechazo válido y eficaz dictado por órgano competente, y

no comparte lo dispuesto por el Tribunal en torno a que se demostró la

negligencia del

capitán y la tripulación, cuando tal aseveración es absolutamente falsa según

las resoluciones administrativas que eximen de responsabilidad al capitán y su

tripulación.

De previo a conocer el

reparo, se debe señalar que los jueces resolvieron al respecto: “…El oficio

DSG-06449-2007 que aceptó el reclamo de la parte actora, no es un acto que le

haya otorgado derechos subjetivos a la demandante, no debe ser anulado por la

vía de un proceso de lesividad y corresponde a una actuación de interpretación

contractual que no corresponde a un acto final sino de mero trámite… este

oficio en ningún momento se puede considerar que otorgara un derecho subjetivo

representado supuestamente en el pago de la póliza de seguro sobre la embarcación

siniestrada, ya que en lo único que se pronunció fue en aceptar el recurso de

apelación presentado por la demandante en contra de lo resuelto por la Sucursal

de Puntarenas y remitir el caso a la instancia técnica del INS para que

procediera a realizar el pago, la cual como se verá, perfectamente podía volver

a cuestionar lo resuelto… fue un acto que interpretó las cláusulas

contractuales y que posteriormente tuvo que ser nuevamente analizado a efectos

de determinar si procedía o no el reclamo… Este proceder de la institución

demandada en criterio de este órgano jurisdiccional, no es ilegítimo, ya que

como empresa de seguros que es el INS, puede antes de efectuar un pago por una

póliza de seguros, consultar a su departamento legal si esa aceptación del reclamo

se encuentra amparada por las disposiciones contractuales, que fue lo que

efectivamente sucedió en este asunto… Es claro que según toda la prueba

recabada en este caso y según los dos informes

confeccionados por funcionarios del INS, lo indicado por la Dirección Jurídica

corresponde con la realidad de los acontecimientos…” (folios

178 al 180 del

expediente judicial). Para esta Cámara, es

evidente que entre la empresa demandante y el INS, existe una vinculación

originada por un contrato de seguros cuyo objeto es la

cobertura por responsabilidad civil y daños materiales de la embarcación

denominada “J. de matrícula de Capitanía de Puntarenas número […]”. El

Instituto Nacional de Seguros, es una institución autónoma propiedad del

Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, autorizada para

desarrollar la actividad aseguradora y reaseguradota (artículo 1º Ley del Instituto Nacional

de Seguros). Los entes autónomos, según lo dispuesto en el

artículo 188 de la Constitución Política, tienen independencia y libertad

administrativa. En este caso, el INS, a pesar de ser una empresa

pública, debe resaltarse, actúa en su capacidad de derecho privado según lo

disponen los artículos 1 y 2 de la LGAP, razón por la cual las normas

aplicables a la relación contractual son las del Código Civil y del Código de

Comercio, a fin de valorar no solo los temas de incumplimiento contractual,

sino también lo relativo al trámite interno seguido para la formación de los

contratos y para atender los reclamos de los asegurados. A modo de referencia,

cabe resaltar que con la reforma introducida mediante la Ley no. 8653,

Reguladora del Mercado de Seguros, publicada en La Gaceta no. 152 del 7 de

agosto 2008, incluyendo la reforma integral a la Ley no. 12 del 30 de octubre de

1924, Ley del Instituto Nacional de Seguros (la cual se aclara, no estaba

vigente a la fecha de la suscripción del contrato que data de 2005), se

establece que en dichas actividades, el INS se encuentra sujeto a la

regulación, supervisión y al régimen sancionatorio dispuesto para todas las

entidades aseguradoras, en un marco de igualdad y libre competencia entre las

entidades participantes. Para ello, se modernizó y fortaleció al Instituto, a fin de que pudiera

competir libremente en el mercado. De esta forma, debe concebirse el convenio de

póliza de seguro, pese a la naturaleza pública de la entidad, como de carácter

privado, en virtud de que tal actividad se rige por el Derecho Mercantil, al

constituirse como un ejercicio de su giro ordinario empresarial, en el ámbito

de su capacidad de derecho privado. En otras resoluciones,

también esta Sala ha señalado que la actividad de seguros se rige por el

derecho privado, concretamente por el Derecho Comercial. Al respecto,

pueden consultarse las sentencias no. 903 de las 9 horas 25 minutos del 21 de

octubre del 2004, 153 de las 10 horas 30 minutos del 17 de marzo del 2005 y

527-F-S1-2008 de las 14 horas 10 minutos del 1º de agosto de 2008. Ahora bien,

lo dicho se confirma con la promulgación de la Ley 8653 anteriormente citada,

al reformar la Ley no 12 (actual Ley del Instituto Nacional de Seguros) y

disponer sobre el particular lo siguiente: “Aplicación del Derecho privado.

Los actos que se generen a partir del desarrollo de su actividad comercial de

seguros, actuando como empresa mercantil común, serán regulados por el Derecho

privado, por lo que en el ejercicio de la actividad aseguradora, el Instituto

quedará sometido a la competencia de los tribunales comunes”.

Al amparo de lo

expuesto en el considerando anterior, esta Sala considera que la resolución

DSG-06449-2007 de fecha 18 de diciembre de 2007, emitida por la Dirección de

Seguros Generales (folios 470 al 473 del expediente administrativo), constituye

un acto de puro trámite, realizado por la entidad demandada dentro del giro

comercial comentado. Es un acto propio de su negocio e

indispensable para otorgar un debido proceso al asegurado en su gestión. Esa

resolución fue emitida con la finalidad de resolver el recurso de apelación que

el asegurado había presentado y en términos generales determinó que “…no

debe existir declinación alguna… ya que no existe documentación o información

fehaciente en la que el INS pueda basar un argumento

de no pago del

presente reclamo. Por todo lo expuesto y del análisis correspondiente de los

hechos, es criterio de esta Dirección que se debe amparar la reclamación

presentada por el asegurado.” (folios 470 al 473 del expediente

administrativo). En efecto, la Dirección de Seguros Generales decidió reenviar

nuevamente el asunto a la Oficina del INS ubicada en Puntarenas para

que, contrario a lo resuelto en el oficio SPUN-1890-2007 de esa Sede de fecha

13 de julio de 2007, procediera a tramitar e investigar el reclamo, ya que a

primera vista no era procedente el rechazo. Sin embargo, la resolución

analizada no es clara al respecto y tampoco emite una

orden específica, solo plantea otro criterio en torno al reclamo del asegurado. En ese

sentido, lleva razón el Tribunal al considerar que la sede del INS de

Puntarenas, tenía la facultad de consultar al Superior Técnico (Dirección

Técnico Comercial) y a la Dirección Jurídica de previo a tramitar el pago de la

póliza, máxime que de por medio existían dos criterios claramente encontrados

sobre la procedencia del reclamo, así como beneficiarios de la póliza en virtud

de créditos prendarios sobre el bien siniestrado. Al respecto, la Dirección

Técnica Comercial, en carácter de Superior Jerárquico Administrativo tanto de

la Sede en Puntarenas así como de la Dirección de Seguros Generales, conoció el

reclamo, y debido a la existencia de dos criterios contrapuestos, prefirió

remitir el asunto a la Dirección Jurídica para que se pronunciara al respecto.

Así, mediante oficio DIVTC-00576-2008, el señor G. V. de la División Técnico

Comercial, le solicitó al señor G. R. Jefe de la Dirección Jurídica, lo

siguiente: “En virtud de que se trata de dos interpretaciones no tanto

técnicas sino de los hechos frente a las exclusiones contractuales; que hemos

sido enterados de tal discrepancia entre dos niveles técnicos que podrían dar

lugar a que el pago de la indemnización no procediera con la consiguiente

responsabilidad por parte de quienes conocemos dicha posición; y por estar

frente a una interpretación básicamente jurídica de las normas contractuales, le

solicito su valioso criterio…” (folio 565 del expediente

administrativo). Por esta razón, a través del oficio DJUR-02037-2008, del 19 de

junio de 2008, la División Jurídica le respondió a la División Técnico

Comercial la consulta realizada, en los siguientes términos: “debemos

concluir, que efectivamente existen razones suficientes y valederas para

afirmar que en la especie, se dieron una serie de inconsistencias en la

conducta del Capitán y su tripulación, al momento de ocurrir el siniestro,

infringiéndose con ello las cláusulas 13.A inciso 17 y 15 inciso v de las

Condiciones Generales del Seguro de Embarcaciones” (folios 572 al 577 del

expediente administrativo). Consecuencia de lo anterior, la Subgerencia Técnica

Comercial en ejercicio de sus facultades jerárquicas, le ordenó a la Sede en

Puntarenas resolver definitivamente según lo dispuesto por la División

Técnico Jurídica (oficio DIVTC-00885-2008 visible a folios 568 y 569 del

expediente administrativo). En este tanto, resulta de importancia dejar claro,

que el cardinal 1 de la Ley del Instituto, le permite a esa entidad, realizar

todas las acciones técnicas, comerciales y financieras requeridas, de

conformidad con las mejores prácticas del negocio para solventar sus tareas,

incluida la posibilidad de rechazar aseguramientos cuando se justifique técnica

o comercialmente. De conformidad con lo anterior, la entidad,

actuando en su esfera privada y comercial, podía realizar cualquier gestión

necesaria para resolver con prontitud los reclamos de los interesados (aspecto

que actualmente es reafirmado en los preceptos 4 y 5 de la Ley Reguladora del

Mercado de Seguros), incluida la revisión de los criterios de sus

departamentos. Nótese que inclusive el ordinal 9 del Reglamento no. 8824

del Instituto, publicado en La Gaceta 161 del jueves 23 de agosto de 2007

referente a las “Disposiciones para la Atención de Recursos de Revocatoria,

Apelación y de Solicitudes de Agotamiento de la Vía Administrativa en

Operaciones de Seguros” (revisado y obtenido en el Sistema Costarricense de

Información Jurídica – SCIJ, aplicable al momento de acontecidos los hechos), dispone que toda solicitud de agotamiento debía

contar con el criterio jurídico previo a su resolución. De hecho, establece la

norma: “Para esos efectos, resueltos los recursos previos cuando el

agotamiento sea requerido de forma subsidiaria, o luego de planteada la

solicitud de agotamiento de vía en forma principal, la Dirección Técnica

remitirá a la Dirección Jurídica en el plazo de dos días, los antecedentes del caso,

el criterio técnico, su fundamentación y el expediente completo incluyendo la

póliza objeto del reclamo. La Dirección Jurídica contará con un plazo de 10

días para realizar el análisis correspondiente y remitir su criterio a la

Dirección Técnica, contados a partir del

día siguiente en que se recibió toda la documentación de parte de la Dirección

Técnica”. De la lectura del caso, se infiere que este fue el procedimiento

seguido por el INS, con lo cual esta Sala considera que mediante la resolución

DSG-06449-2007, no se le otorgó a P. el derecho de indemnización en los

términos que dispone el cardinal 228 de la LGAP, ya que ese acto era un trámite

previo y necesario que debía seguirse a lo interno de la Institución para

asegurar una pronta respuesta al asegurado, máxime que así lo establecían los

procedimientos dictados y publicados por la demandada, actuando en su esfera

comercial.

VIII.-

En

adición a lo anteriormente dicho, es criterio de esta Sala, que el INS tampoco

debía aplicar para el caso concreto, el procedimiento regulado en los numerales

173, 183 de la LGAP y 34 del CPCA (de lesividad) dispuesto para anular actos

declarativos de derechos, puesto que no se observa se trate de un acto que haya

otorgado derechos al administrado y que resulte  antijurídico para el

ente; a los efectos de proceder a su impugnación en sede contencioso

administrativa. No se trata de un acto firme y

declarativo de derechos subjetivos. Esto es, que tiene carácter definitivo, le

pone término al procedimiento, ya que el INS aún no había emitido una

resolución definitiva al efecto, o sea no se estaba en presencia de una

manifestación final de voluntad de la entidad que decidiera sobre los montos a indemnizar. Por el contrario, esta Cámara comparte la

tesis del Tribunal de que se trata de actos de trámite, puesto que la

resolución DSG-06449-2007 tuvo lugar antes de que se dictara la resolución

final del asunto y que la División Técnico Comercial realizara la consulta a la

Dirección Jurídica en los términos establecidos a lo interno de la entidad. El

acto cuestionado, sirvió como

presupuesto de la decisión final del INS,

debido a que fue el punto de partida para que se dieran los trámites

siguientes, los cuales desembocaron en el rechazo definitivo del reclamo. En el caso en examen, es

posible observar que si bien el asunto llegó hasta la Dirección de Seguros

Generales (superior jerárquico de la sede de Puntarenas), fue para resolver el

recurso de apelación presentado por el asegurado, pero ahí no hubo un acto

definitivo, creador de derechos, pues lo único que realizó esa oficina, fue una

remisión del caso a la Sede en Puntarenas para que se investigara mejor el

asunto, ya que de la prueba existente no procedía el rechazo. Nunca otorgó un derecho subjetivo al asegurado. Note el recurrente que el

trámite todavía no había finalizado y era necesario que el ente asegurador con

sede en Puntarenas aprobara la indemnización. Empero, al darse serias dudas por

parte de la División Técnico Comercial, superior administrativo de la Sede en

Puntarenas, lo correcto fue realizar la consulta ante la Dirección Jurídica como

lo establecía el trámite interno. Ello dice, no era necesaria la declaratoria

de lesividad a los intereses de la Institución, ya que carece del presupuesto de

hecho esencial, que en todo caso es de carácter excepcional. Siendo así, no

existe un acto definitivo, que incida en la esfera

jurídica del

asegurado, y que defina en forma ejecutiva y ejecutoria su situación

individualizada, es decir, no hay una resolución de contenido decisorio.

Finalmente, cabe

mencionar que la última determinación del INS, oficio INSPN-02197-2007,

realizada por el Sub Director Ejecutivo de esa oficina en Puntarenas, la cual

decidió “no atender favorablemente la gestión“ (folios 578 y 579 del

expediente administrativo), contrario a lo que indica el casacionista, sí fue

dictada por un funcionario competente (Marco Pérez Rojas) ya que actuó en su

condición de Sub Director Ejecutivo de dicha sede con facultades suficientes

para tramitar los reclamos administrativos que se presenten. En

mérito de lo expuesto, el primer reparo debe ser desestimado.

En el segundo agravio,

señala, en el caso concreto por tratarse de un ente de derecho público, si

su intención era justificar el no pago, al menos hubiese utilizado el

procedimiento ordinario establecido en la Ley General de la Administración

Pública y no decisiones antojadizas que dejaron en total y absoluta indefensión

a los representantes de la actora. Acusa, si el Instituto quería realizar una

investigación, y traer a cuentas a la sociedad y sus tripulantes, estaba

obligado a someterse al bloque de legalidad, de conformidad con los artículos

5, 11, 13, 14, 15, 16, 18 y concordantes de la LGAP este caso al debido

proceso, seguridad y certeza jurídica, aplicando un procedimiento

administrativo según los cardinales 214 y siguientes del cuerpo normativo

mencionado. No obstante, a pesar no darse un debido

proceso, reclama, los jueces avalaron la investigación “espúrea”

realizada por el ente demandado.

Como se indicó

previamente, el INS posee la libertad de disponer a lo interno los medios

oportunos y necesarios para atender los reclamos y gestiones de los asegurados.

En este entendido, el Instituto no estaba obligado a seguir el procedimiento

regulado en los artículos 308 y siguientes de la LGAP, ya que en el fondo se

trataba de la ejecución de un contrato de seguros, acto generado en el

desarrollo de su actividad comercial de seguros y actuando en su rol de empresa

mercantil común en los términos establecidos en el cardinal 2 de la Ley no. 12;

por lo cual, disponían de autonomía suficiente para regular sus trámites o

procedimientos. Lo anterior también se deduce de la relación de los cardinales

2 de la Ley del INS mencionada y 367 inciso 2. apartado

c) de la LGAP el cual establece, que se exceptúa la aplicación de la Ley, en lo

relativo a procedimiento administrativo, a los contratos de la Administración

que lo tengan establecidos por ley. En este mismo sentido se decantó

posteriormente la Ley 8653 en su numeral 5 inciso e) al establecer que la

resolución de controversias sobre contratos de seguros deberá observar, en su

orden, la legislación especial vigente, lo dispuesto en el Código de Comercio,

el Código Civil y el resto del ordenamiento. Debe agregarse que tampoco el INS

estaba afectando alguna situación jurídica preexistente de la compañía

asegurada, solamente estaba ejecutando la póliza dentro de su posición

contractual, no se trataba de alguna circunstancia preexistente o situación

jurídica afectada o lesionada por la Administración, que obligara a tramitar el

procedimiento formal. Lo que sí debía garantizar el INS, era un

trámite que respetara los derechos de los asegurados. Eso sí, respetando al

menos el derecho de los asegurados a la protección de sus intereses económicos,

a recibir un trato equitativo, así como obtener información adecuada y veraz,

antes y durante el transcurso de cualquier contratación. De

esta forma, lo importante es que el asegurado reciba respuesta e información

sobre su reclamo, mediante trámites o procedimientos ágiles y oportunos.

En suma, en materia de contratos de seguros, las aseguradoras deben garantizar

a los asegurados como mínimo,  una serie de derechos que se encuentran

consagrados en los cardinales 46 Constitucional, 32 y siguientes de la Ley de

Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley 7472. Estos han sido fortalecidos con la promulgación de las leyes

recientes, como

la Ley 8653 (artículos 4, 5 y 6); y la Ley Reguladora

del Contrato de Seguros, Ley 8956 (artículo 2). Entre otros, de

importancia para este asunto se encuentran los siguientes: 1. acatamiento pleno

de la normativa aplicable y las estipulaciones de los contratos; 2. los

reclamos, las solicitudes y las peticiones deben ser atendidos en forma ágil,

mediante resolución motivada y por escrito, debidamente comunicada al

asegurado; 3. que la resolución de controversias sobre el tema observe, en su

orden, la legislación especial vigente, lo dispuesto en el Código de Comercio,

el Código Civil y el resto del ordenamiento y la jurisprudencia nacional

aplicable, así como los principios técnicos, los usos, las costumbres y la

jurisprudencia internacional compatibles con el ordenamiento (privarán las

disposiciones especiales sobre las generales); y 4. garantizar

el derecho de los interesados a obtener la información completa, técnica y

veraz en materia de seguros. Este trámite, claro está, deberá cumplir además

con una serie de requisitos preestablecidos, que pueden ser valorados

discrecionalmente por el Instituto. En todo caso, del análisis del expediente

administrativo se infiere que no es cierto que el Instituto realizó una

investigación “espúrea” e ilegal, ya que en todo momento realizó un

procedimiento de investigación y resolución interno para tramitar el reclamo,

el cual cumplió con el derecho del asegurado: de ser oído; con la oportunidad

para presentar sus argumentos y la prueba que considera conveniente (aviso del

siniestro folios 171 y 406 al 407 del expediente administrativo); en todo momento

tuvo acceso a la información y al expediente administrativo vinculados al

trámite; oportunidad de hacerse representar por abogado el cual autenticó y lo

asesoró en las impugnaciones presentadas; fue notificado de las decisiones que

tomó el ente asegurador así como de los motivos del rechazo; y por último,

también tuvo derecho de recurrir esas decisiones.

Tampoco es cierto que

el Instituto tomó decisiones antojadizas y sin criterios técnicos o legales. Este

punto fue debidamente resuelto por el Tribunal y así se infiere del expediente

administrativo llevado al efecto, puesto que el informe preliminar presentado

por el INS el 4 de mayo de 2007 (folios 397 a 407 del expediente administrativo), no

solo tomó en consideración las manifestaciones del capitán, sino también

criterios técnicos como las condiciones de la marea en la fecha del accidente,

así como el calado y el peso de la nave. Informe que el

demandante nunca supo desacreditar y tampoco contradecir mediante prueba

adecuada al efecto. Por ese motivo, llevan

razón los juzgadores cuando dispusieron que “Ese alegato de la demandante,

nunca lo demostró. No existe ningún elemento probatorio aportado por la actora

o que conste en el expediente judicial y administrativo, que compruebe tales

aseveraciones, por lo que este Tribunal estima que

esos alegatos de la accionante deben ser rechazados… Estas declaraciones son claras para este Tribunal, que desde un inicio el capitán

libremente indicó aspectos como los citados que

comprueban la existencia de negligencia que efectivamente es un motivo para no

amparar el reclamo del

pago de la póliza…” (folio 175 del expediente judicial). Tampoco demostró

en el proceso, que la entrevista realizada al capitán M. se efectuó de forma

ilegal, por medio de un interrogatorio “draconiano” o

bajo coacción. El brindó sus manifestaciones de forma libre y

conciente. Al menos no existe prueba en autos de lo

contrario. Por su lado, las declaraciones juradas que brindaron tanto el

representante legal de P. S.A. como

el capitán del barco, a través de un notario

externo del INS, también fueron realizadas “en

forma totalmente voluntaria y a Solicitud del Departamento de Investigaciones del Instituto Nacional

de Seguros… bajo la fe de juramento…” (folios 414

al 417 del

expediente administrativo), con lo cual queda acreditado que nunca se dieron

bajo presiones o amenazas. De lo dicho se observa que no se han

vulnerado los cardinales 11, 308 y siguientes de la LGAP, ya que en estos

supuestos no es necesario que el INS tramite las ejecuciones de sus contratos

de seguros mediante el procedimiento administrativo formal establecido en la

LGAP. Menos aún, se puede sostener que el INS irrespetó el principio

constitucional recogido en el precepto 39 de la Carta Magna sobre el debido

proceso; 11, 13, 15 y 16 de la LGAP, máxime que las decisiones adoptadas en el

marco contractual analizado, tomaron en consideración aspectos técnicos,

legales y atendiendo a los principios de la lógica o conveniencia. En virtud de lo anterior, el agravio no es de recibo.

En el tercer

planteamiento, asevera, como se trata de materia contractual civil o comercial,

la venta de seguros se rige en realidad por los principios básicos del contrato

con independencia del sujeto, si es privado o de derecho público. Critica la forma cómo el Tribunal interpretó y resolvió en contra

de la ley y de los intereses de la actora. Acusa, existió incumplimiento

del contrato suscrito

por parte del Instituto, concretamente de la obligación del ente demandado de dar, deber que hasta

la fecha ha sido omitido. En este sentido, arguye, lo

que corresponde es la ejecución forzosa o la resolución contractual con el pago

de daños y perjuicios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 692 y

concordantes del Código Civil así como los

preceptos 425, 426, 463 y concordantes del

Código de Comercio. Argumenta, pese a la investigación interna realizada por

funcionarios del

INS, la cual compele y restringe derechos legales y constitucionales, es cierto

también, que en su fase final se da un acto administrativo válido y eficaz,

puesto que el Instituto acoge pagar lo pactado por las partes en relación con

el monto asegurado. Sin embargo, exclama, los jueces, contrario a lo que consta

en el expediente administrativo, sin “evacuar” una sola prueba, más que la

decisión unilateral, contraria a derecho por parte del Subjefe de la sucursal

del INS en Puntarenas y un criterio de los abogados de ese Institución,

justifican la falta de pago, aún en contra de la resolución final

DSG-06449-2007 de la Dirección de Seguros Generales que acordó el pago. El INS,

asegura, nunca se preocupó por demostrar las razones del incumplimiento y por qué la jefatura del ente ubicada en

Puntarenas, se negó a cancelar el monto asegurado. De esta forma, manifiesta,

se ha interpretado erróneamente la normativa legal atinente al caso concreto,

pues no existen motivos contractuales o legales para no honrar el pago, solo el

ejercicio de las potestades de imperio a ultranza por los funcionarios del INS.

Resalta, se trataba de un estado de emergencia y necesidad, donde la vida

estaba de primero como derecho fundamental.

Sobre el contrato de

seguros, es importante decir, que es aquel convenio por medio del cual una

parte llamada asegurador, se obliga a cambio de una suma de dinero (prima), a

indemnizar a otra (asegurado) o a un tercero designado (beneficiario), del daño

o perjuicio derivado de un suceso incierto y futuro, o bien cierto pero que no

se sabe cuándo va a acontecer. Su noción viene a ser desarrollada con la

entrada en vigencia tanto de la Ley Reguladora del

Contrato de Seguros como de la Ley Reguladora del Mercado de Seguros.

Así, el canon 3 de la Ley Reguladora del Contrato

de Seguros lo precisa como “aquel en que el asegurador se obliga,

contra el pago de una prima y en el caso de que se produzca un evento cuyo

riesgo es objeto de cobertura, a indemnizar el daño producido a la persona

asegurada, o a satisfacer un capital, una renta u otras prestaciones, dentro de

los límites y las condiciones convenidos…”. Por su parte, el numeral 2 de

la Ley Reguladora del Mercado de Seguros define la actividad aseguradora de la

siguiente forma:“…consiste en aceptar, a cambio de una prima, la

transferencia de riesgos asegurables a los que estén expuestas terceras

personas, con el fin de dispersar en un colectivo la carga económica que pueda

generar su ocurrencia. La entidad aseguradora que acepte esta transferencia se

obliga contractualmente, ante el acaecimiento del riesgo, a indemnizar al beneficiario

de la cobertura por las pérdidas económicas sufridas o a compensar un capital,

una renta u otras prestaciones convenidas”. Es un

negocio comercial, sujeto a solemnidades ya que es necesario que el asegurador

suscriba la póliza e informe al asegurado sobre las condiciones generales y

particulares del

seguro; bilateral, oneroso, aleatorio ante la eventualidad de que se produzca

el siniestro, de ejecución continuada, y de adhesión. En estos contratos,

existe un pilar de confianza entre las partes, puesto que el asegurado vivirá

con la expectativa de que la empresa aseguradora cumpla con lo pactado en caso

de que surja el supuesto de hecho que origina el deber de indemnizar; y la

compañía de seguros por su parte, confía en la diligencia del segundo de cuidar

y proteger el bien asegurado, evitando actos dolosos, negligentes o

imprudentes, que lesionen el bien o el negocio en sí. Es necesario que la

entidad aseguradora cuente con la respectiva autorización administrativa

emitida por la Superintendencia General de Seguros (artículos 2 y 7 de la Ley

8653). Sobre el particular, esta Sala ha estimado lo siguiente: “Este

convenio, pese a la naturaleza pública de esa entidad, es de carácter privado,

en virtud de que tal actividad se rige por el Derecho

Mercantil, al constituirse como

un ejercicio de su giro ordinario empresarial, en el ámbito de su capacidad de

derecho privado. En este sentido, puede consultarse la sentencia de esta Sala

no. 903 de las 9 horas 25 minutos del 21 de octubre del 2004. Sin embargo, cabe

agregar que en este tipo de contratos, al estar de por medio la concentración

de los seguros, se constituye en un convenio típico de adhesión, en el cual, el

asegurado no puede discutir las condiciones del contenido, sino someterse a los

términos que ofrece el asegurador. Lo anterior debido a que por esta

particularidad, están dispuestas de antemano en el documento formal que se

rubrica, cláusulas que con la signatura del acuerdo, vienen a ser, en tesis de

principio, obligatorias para el co-contratista. Cabe señalar que en estas

relaciones, impera un principio de buena fe, pues como bien ha señalado el Ad

quem, se sustenta sobre una base de confianza que en el contexto del acuerdo

provoca que el asegurado espera y confía en la cobertura del asegurador en el

evento de que ocurra el hecho condicionante (imprevisto) pactado, mientras que

éste último tiene la expectativa de que el asegurado no incurrirá en conductas

que lesionen el interés del negocio ni la verdad de lo acontecido. Ahora bien,

conforme lo preceptuado por el artículo 1022 del Código Civil, ese acuerdo

tiene fuerza de ley entre las partes…” (resolución no. 000756-F-2007 de las

9 horas 35 minutos del 19 de octubre de 2007). De esta forma, queda clara la naturaleza del

contrato de seguros, en relación al comentario preliminar del recurrente. Estas aclaraciones además, deben ser tomadas en consideración para comprender

los siguientes razonamientos.

En el caso en examen,

no era procedente la ejecución forzosa del contrato y tampoco la resolución contractual,

puesto que el Instituto demostró suficientemente en el proceso, que la

reclamante había incurrido en negligencia a la hora de enfrentar el accidente y

abandonar la embarcación. Otra actitud ante el evento, hubiera eximido a la

asegurada de cualquier culpa a la hora de solicitar reparación o indemnización

por los daños. En este sentido, toma relevancia el informe preliminar del 4 de

mayo de 2007, realizado por el Inspector de la Sucursal de Puntarenas J. y el

Ajustador Naval G., determinante para el trámite de la gestión, ya que de él se

desprenden varios elementos que demuestran la negligencia y culpa en que

incurrió la Compañía asegurada de cara a las condiciones generales del seguro.

El informe de referencia y la prueba existente en el proceso, contempló una

serie de conductas del

personal encargado de la embarcación, para achacar la responsabilidad a la

asegurada. a) En primer término, la tripulación de la embarcación

encallada, nunca reportó el accidente a la Base Naval de Puntarenas, conducta

que el Tribunal correctamente calificó como prioritaria en cualquier accidente

de esta naturaleza. La llamada de auxilio a la Base Naval, hubiese demostrado

la buena diligencia y proceder de la  tripulación

y su capitán, ya que constituye un medio razonable

y lógico para disminuir las consecuencias del siniestro (incluida la seguridad de la

tripulación), lo cual conlleva subyacentemente una intención de no desatender

la cosa asegurada. Es una conducta básica

y esperada en caso de accidentes navales. En el caso concreto no

es de recibo que la alerta no se haya realizado, puesto que habían transcurrido

2 horas y 45 minutos desde que el percance ocurrió y hasta que realizaron el

abandono; sin sumar el hecho de que otras embarcaciones que acudieron al

auxilio, pudieron realizar la llamada requerida a solicitud del capitán de la

nave siniestrada. Este aviso, junto a otros documentos como el certificado de navegabilidad, de matrícula, la bitácora

de embarcación, de zarpe nacional, la declaración de la tripulación, permisos

de la autoridad competente para la actividad de la nave, constituyen elementos

fundamentales para valorar no solo los daños, sino también el accidente en sí.

El INS como

responsable de pagar la póliza, tiene plena competencia para exigirlos en un

trámite de indemnización. b) En segundo lugar, de la entrevista realizada al

capitán R., se desprende que a pesar de su amplia experiencia, en el caso

concreto no actuó diligentemente, ya que ante las preguntas realizadas durante

la investigación, demostró desconocimiento absoluto no solo de la actividad,

sino también de la embarcación que comandaba, puesto que ignoraba aspectos

sobre el calado de la nave (en relación con la profundidad que alcanzaba en el

agua la parte sumergida del Barco “J.”); tampoco tenía conocimiento de las

coordenadas del sitio del accidente; no existían anotaciones en la bitácora

respectiva; la embarcación era timoneada por un marinero (sin prueba de que

seguía órdenes del capitán) y no se tomaron medidas necesarias como revisar el navegador

y la sonda, máxime que navegaban por una zona de muchos bajos; menos aún

procedieron a rescatar los equipos electrónicos. c) El informe preliminar

también tomó en consideración otros elementos como las condiciones de la marea

en la fecha del accidente, lo que demostraba que “…la zona por la cual se

navegaba en ese momento, tenía muy poca altura sobre todo si la relacionamos

con el calado de la nave sumado al peso de la mercadería” (folio 400 del

expediente administrativo). Esta prueba, se insiste, surge de las

investigaciones realizadas por el INS en su carácter de ente asegurador con el

objetivo de cumplir con su deber contractual. Para ello, visitaron el sitio en

dos ocasiones, citaron y entrevistaron al capitán, preguntaron en la Base Naval

si hubo informe de accidente o solicitud de auxilio, y realizaron el análisis

de la marea y el calado de la nave en la zona del percance. Fueron elementos

probatorios que el Tribunal no podía pasar por alto, y tampoco esta Sala,

debido a que el documento “SEGURO DE EMBARCACIONES / CONDICIONES GENERALES”,

era claro al sancionar estas faltas, en el cardinal 13 inciso a) punto 17

con lo siguiente: “RIESGOS EXCLUIDOS/ El Instituto, no amparará bajo esta

póliza al Asegurado (sic) por pérdidas (inclusive los daños consencuenciales) o

gastos de cualquier índole que se produzcan directa o indirectamente o que sean

agravados por: a) Para todas las coberturas… Cualquier hecho deliberado o acto

intencionado o cometido con negligencia grave o dolo por parte del Asegurado (sic) o de sus empleados o de cualquier

persona actuando en su nombre o que se le haya confiado la custodia de bienes”.

Asimismo, el precepto 15 inciso v) dispone: “SOLICITUD DE

INDEMNIZACIÓN / Cuando se produzca un evento que pudiese dar

lugar a una indemnización bajo esta póliza, el Asegurado (sic) deberá:… v. Adoptar las medidas necesarias con el fin de aminorar

la pérdida, la destrucción o el daño. Los gastos en que el Asegurado incurra

para cumplir con este fin, serán cubiertos por el Instituto, pero, en este

caso, la suma total a pagar no excederá el límite de responsabilidad amparado

establecido en esta contrato” (folios 48 al 58

del expediente judicial).  Como se

desprende de esas citas contractuales, y de las anteriores apreciaciones

probatorias, quedó acreditado tanto en el trámite del reclamo como en el presente proceso, que existió

negligencia grave por parte del Capitán, puesto que las acciones tomadas por él

y los tripulantes de la embarcación asegurada no fueron las esperadas en este

tipo de percances. Este fue el principal fundamento de la Dirección Jurídica

(oficio DJUR-02037-2008 del 19 de junio de 2008), a la hora de confrontar las

dos posiciones antagónicas en torno al reclamo, lo cual conllevó a determinar

finalmente, que si bien no habían elementos para determinar que el reclamo era

fraudulento, sí quedaron acreditadas las inconsistencias y contradicciones por

parte de los encargados de custodiar y navegar la embarcación (folios 572 al

577 del expediente administrativo). Este último aspecto fue regulado con

precisión más adelante en la Ley Reguladora del Contrato de Seguros, que si

bien no estaba vigente al momento de los hechos, sí contempló el principio

contenido en las condiciones generales (canon 15 inciso v), al disponer: “La

persona asegurada deberá emplear los medios razonables a su alcance para

disminuir las consecuencias del siniestro, incluyendo la obligación de no

desatender la cosa asegurada. El incumplimiento de esta obligación facultará al

asegurador para reducir su prestación en proporción al daño que se pudo haber evitado. El asegurador quedará liberado de toda

prestación derivada del

siniestro si la persona asegurada incumpliera esta obligación con dolo o culpa

grave”. Por otro lado, debe mencionarse que en este

proceso, la empresa asegurada no demostró que la vida de los navegantes

estuviera en peligro. Sobre ese hecho no hay prueba en

el proceso y es algo que no se puede inferir mediante indicios o suposiciones,

mucho menos cuando los tripulantes estuvieron durante más de dos horas en la

embarcación. Tampoco existe probanza pericial aportada por la actora, que

desacredite el informe realizado por los investigadores del INS y avalado

en su orden, por el Departamento de Investigaciones, la Agencia del INS en

Puntarenas, la División Técnico Comercial y finalmente por la Dirección

Jurídica. Debido a lo expuesto, lleva razón el Tribunal al considerar que: “lo

indicado por la Dirección Jurídica del INS, es lo que corresponde según las

investigaciones efectuadas de manera adecuada por esa institución demandada… se

insiste, la parte accionante no demostró que la conducta del capitán y su

tripulación, al momento de ocurrir el siniestro, no hayan infringido las

cláusulas 13.A. inciso 17 y 15 inciso v de las Condiciones Generales del Seguro

de Embarcaciones. Pero por parte del INS, sí se aportaron suficientes elementos

de prueba que hacen concluir que sí existió negligencia del capitán y la tripulación de la embarcación

siniestrada y por lo tanto existió un incumplimiento del contrato de seguros. Esto conlleva a

rechazar el reclamo de la actora, tal y como la institución

demandada lo hizo de manera correcta en este asunto…” (folio

180 del

expediente judicial). Así las cosas, no es de recibo el argumento de la parte

actora, de que lo procedente en este asunto es la ejecución forzosa o la

resolución contractual con el pago de daños y perjuicios de conformidad con lo

dispuesto en los artículos 692 y concordantes del Código Civil, así como los

artículos 425 y 426 del Código de Comercio, ya que la empresa asegurada

incumplió con su deber de diligencia y cuidado de la embarcación en caso de

siniestro (condiciones generales del seguro de embarcaciones), lo que origina

que por su culpa grave, los daños le sean achacados en los términos del canon

702 del Código Civil y según los parámetros indicados en el considerando

anterior. Como se analizó en el considerando anterior, el INS con base en la

confianza que deposita en el cliente, confía en su diligencia de cuidar y

proteger el bien asegurado, evitando actos dolosos, negligentes o imprudentes,

que lesionen el bien o el negocio en sí. Espera de buena fe y así fue establecido en las Condiciones Generales del

Contrato, que el asegurado proteja diligentemente el bien asegurado, tomando

las medidas y precauciones necesarias, incluso ante el evento de un siniestro,

con la finalidad de aminorar las pérdidas. Al quedar acreditado que la actora

no cumplió su deber de cuidado, no puede exigir el cumplimiento del convenio o pedir que se

resuelva con daños y perjuicios, ya que es la parte incumpliente del contrato. Debido a lo expuesto, el agravio debe ser desestimado.

Como cuarto reparo de fondo, endilga

indebida interpretación y aplicación del canon

193 del CPCA,

a propósito de la condena en costas en su contra. Considera, litigó de buena fe, ya que lo peticionado nació en virtud de la ejecución del contrato de seguros, ante la negativa del ente emisor de

cumplir con lo pactado. Expresa, no existe conducta dolosa o culposa de parte del capitán o su tripulación en

relación con el hundimiento del

barco, por tal motivo, debió aplicarse el ordinal 193 inciso b) del CPCA sobre

la exoneración en el pago de las costas.

Al respecto, en

reiteradas ocasiones la mayoría de los integrantes de esta Sala ha señalado que,

la condena al vencido del

pago de las costas, tiene su origen en una norma imperativa. Según el ordinal

193 citado, en “las sentencias y los autos con carácter de sentencia, se condenará

al vencido al pago de las costas personales y procesales, pronunciamiento que

deberá hacerse de oficio” (el subrayado no es del original).

Continúa el canon, “No obstante lo anterior, la parte vencida podrá

ser exonerada del

pago de las costas, cuando: / a) La sentencia se dicte en virtud de pruebas

cuya existencia verosímilmente no haya conocido la contraria y, por causa de

ello, se haya ajustado la oposición de la parte. / b) Por la naturaleza de las

cuestiones debatidas haya existido, a juicio del

Tribunal, motivo bastante para litigar” (el subrayado es suplido). De esta

forma, la condenatoria en costas al vencido procede por el sólo hecho de serlo,

en tanto que la exoneración, es una facultad del juzgador. En ese sentido, solo cuando hace uso de esta facultad, podría

darse una infracción sustantiva por indebida aplicación, errónea interpretación

o falta de actuación del

precepto. Distinto ocurre cuando el juez las impone al perdidoso por el hecho

de serlo, pues se limita a emplear la regla o mandato

general contemplado en cardinal 193. De esta manera, no puede infringirse la norma si no se aplica la excepción a la regla, es decir, no

puede violentarse si no ejerce la facultad de exonerar las costas. Por este motivo, por mayoría se estima que el reproche resulta

inatendible y deberá desestimarse.

En mérito de lo

expuesto, procede declarar sin lugar el recurso, con sus costas a cargo del promovente, conforme al precepto 150 inciso 3) del Código Procesal

Contencioso Administrativo.