Resolución 00892-2012

Se

califica la casación como una instancia de carácter

extraordinario, básicamente por dos razones. En primer término, porque no toda

resolución judicial es pasible de tal recurso, sino

tan sólo las contempladas en la ley. Y, en segundo lugar,

porque las causales de impugnación en esa etapa revisora no son abiertas, sino

preestablecidas, de igual modo, por el ordenamiento jurídico. En lo

relativo al primer aspecto, cabe señalar, como regla general, que son susceptibles del recurso de casación

las sentencias y los autos con carácter de sentencia capaces de producir cosa

juzgada material. Así mismo, lo son aquellos pronunciamientos

finales y de fondo emitidos en las ejecuciones de sentencia de fallos firmes y

precedentes recaídos en procesos de conocimiento. Frente a esta fórmula genérica, el propio Código Procesal

Contencioso Administrativo (CPCA), puntualiza algunas resoluciones particulares

a las cuales se les concede esta opción. A manera de ejemplo, se encuentran en

esta posibilidad las siguientes: a) la que declara la inadmisibilidad de la

demanda (art. 62.3); b) la que declara con lugar las defensas previas indicadas

en el apartado 6) del canon 92 del Código de cita, y c) la que resuelve en

forma final el “proceso de ejecución” de sentencia en habeas corpus y amparos

de la Sala Constitucional (art. 183.3 ibidem). Por ende, los autos comunes y

las resoluciones que no definan el fondo del asunto o no pongan término al

proceso, tienen vedado el paso a la etapa casacional. En lo

que atañe a las causales, cabe agregar que opera la dualidad entre las

procesales y las sustantivas. Así se plasma en los

preceptos 137 y 138 íbid. Para las

primeras se efectúa un listado en términos amplios, de

gran cobertura, y en los presupuestos que procede, ajustados a las reglas de la

oralidad. Respecto de los sustantivos, se prevé la posible

infracción de los elementos probatorios (por desapego o contradicción con

ellos, o bien, preterición o indebida valoración), denominada comúnmente “violación

indirecta”. Por otro lado, formando parte de este

último grupo, se encuentra la infracción estrictamente normativa, que ocurre en

el supuesto de una aplicación indebida, una incorrecta interpretación o una

desaplicación reprochable de la norma, conocida en la tradición jurídica

costarricense como

“violación directa”.

Una vez hecha la mención de las

resoluciones sobre las que cabe recurso de casación y sus causales, se hace

imprescindible enfocar los requisitos necesarios para su admisibilidad. En este sentido, bueno es recordar que la vocación

antiformalista con que irrumpe el CPCA en el ordenamiento jurídico

costarricense permea todos y cada uno de sus propios institutos. De esta

manera, el recurso de casación se libera también de excesivos requisitos de

admisibilidad, con el fin de que el órgano casacional (como vértice del

sistema) pueda ingresar, las más de las veces, al análisis de los quebrantos

alegados, sean procesales o sustantivos, en cumplimiento del fin esencial de

esta instancia jurisdiccional y de quien a ella acude. Es así como se ha establecido una casación menos

rigurosa en lo relativo a los aspectos de admisibilidad, sin abandonar el

tecnicismo que le es propio ni su naturaleza y esencia, pues al fin y al cabo

se mantiene incólume su rol y finalidad dentro del régimen procesal moderno.

Ahora

bien, pese a la informalidad que propugna la nueva legislación procesal para

formular el recurso de casación, se articulan, como es lógico, una serie de

requisitos mínimos e imprescindibles relativos al tiempo, lugar y forma. Se

crean mediante ley, en tanto imprescindibles para este particular recurso

extraordinario, ya que sin ellos no habría orden ni equilibrio procesal;

empero, han de interpretarse de manera flexible y razonable, pues precisa

recordar que los señalados en el artículo 139 del Código de referencia, son los

únicos requisitos y formalidades previstos para el recurso de casación, según

lo señala el inciso 5) de ese mismo precepto. De esta manera, en el apartado 1) de la norma recién citada, se establece que el

recurso en mención deberá presentarse directamente ante la Sala Primera de la

Corte Suprema de Justicia. Se modifica, en forma leve para el contencioso

administrativo, el sistema hasta ahora vigente en la legislación procesal

civil, dado que ahora la Sala no solo se pronuncia sobre la admisibilidad; de

conformidad con el canon 142.1 del Código de la materia, lo pone en

conocimiento de la parte contraria por el plazo de 10 días (notificándole por

el medio que haya establecido, de acuerdo con la comunicación que le fue girada

de previo por el órgano jurisdiccional de instancia). Se busca con esto la

estandarización del

régimen recursivo que presenta el Código, dado que por regla, sean ordinarios o

extraordinarios, se presentan directamente ante el superior encargado de

conocerlos. En otro orden de ideas, en el mismo acápite normativo, se establece

el plazo para su interposición: 15 días hábiles contados a partir del

día hábil siguiente de notificadas todas las partes. Si se hubiere interpuesto

adición o aclaración, el plazo indicado empezará a correr a partir del

día hábil siguiente de notificadas todas las partes de lo resuelto sobre ello.

Superado el tiempo y lugar de presentación se enumeran, en el apartado 2), una

serie de requisitos de “información” e “identificación” del recurrente y del

proceso que, por su naturaleza (“datos”, “información de trámite”), pueden ser

subsanados en el plazo de tres días, a tenor de lo dispuesto en el numeral 141

del mismo cuerpo normativo. Así, deberá indicarse: a) el tipo de proceso; b) el

nombre completo de las partes; c) la firma del recurrente o recurrentes

autenticada por abogado; d) hora y fecha de la resolución recurrida; e) número

de expediente en el cual fue dictada y f) medio para recibir notificaciones.

Con ello se completa el listado simple de exigencias instrumentales o adjetivas

del

recurso. Sólo en el evento de que se incumpla la prevención dictada al efecto,

se dispondrá el rechazo de plano

y, por ende, el archivo del

asunto, pero en ese caso, no sólo por la omisión misma, sino por la desatención

a lo prevenido judicialmente.

A los anteriores requisitos se añade un

último requerimiento material (artículo 139.3 ibídem), en tanto necesario para

la admisibilidad y para la posterior valoración del recurso por el fondo. Se trata de la

motivación del

recurso, que por las características de la casación ha de ser clara y precisa.

En este sentido debe contener, tal como

lo dispone el precepto de comentario, la fundamentación fáctica y jurídica del caso. Fáctica, en la

medida en que se muestre inconforme con los hechos que se han tenido por

demostrados o por indemostrados (lo cual lleva a la ponderación de las

probanzas) o con los las circunstancias acaecidas en la violación de normas

procesales; y jurídica, cuando se trata de un problema que se expone acerca de

la aplicación, omisión o indebida interpretación de cualquier norma que integre

el bloque de juricidad, incluidos, por supuesto, los principios de rango

constitucional o aquella que también opera por efecto reflejo o indirecto,

después de que se modifican los hechos de la sentencia impugnada.  Tanto

en la infracción procesal, como en la probatoria, puede concurrir, junto con

las razones jurídicas (siempre necesarias), las de carácter fáctico, y en ese

sentido, los fundamentos de referencia deberán ser dirigidos en ambas

vertientes, so pena de inadmisibilidad. Por su parte, es necesario aclarar que

de la fundamentación jurídica se exonera, por expreso mandato legal, la

indicación de aquellos cánones relativos al valor del elemento o elementos

probatorios mal apreciados. De igual forma, resulta innecesario citar las normas que equivocadamente utilizó y mencionó el órgano

jurisdiccional de instancia para emitir y razonar su decisión; porque constan

en el mismo pronunciamiento recurrido. Y desde luego, no es indispensable citar

los preceptos que establecen los requisitos, plazos y reglas básicas para la

admisión del

recurso. Antes que la cita de estas últimas, lo

imprescindible es que se cumplan, que se pongan en práctica al momento de

elaborar e interponer la casación. Así las cosas, la fundamentación

dispuesta por ley puede entenderse, grosso modo, como aquella argumentación técnico-jurídica en

la que se mencionan una serie de artículos, o reglas jurídicas entrelazadas o

concatenadas entre sí y vinculadas razonablemente en una doble perspectiva: con

los argumentos del

recurso y con la sentencia que se ataca. En la medida en que se cite un conjunto de normas jurídicas (o si es del

caso, una sola de ellas) atinente y vinculada de manera clara con la sentencia

combatida (ya sea en el sustento de hecho o derecho) y los argumentos del recurso, hay

fundamentación jurídica. Los agregados jurisprudenciales o

las eventuales citas doctrinales, reforzarán en ocasiones las alegaciones efectuadas

pero, por lo general, no hacen a su esencia. Como lo ha dicho ya esta

Sala, interpretando el artículo 139 de referencia, “se requiere que el

recurso cuente con una fundamentación jurídica mínima [...] deben

explicarse las razones en las cuales sustenta su gestión, combatiendo los

argumentos de derecho de la sentencia recurrida y consignando, al menos, alguna

referencia normativa que le dé sustento” (Resolución n.°

318-A-2008, de las 14 horas 25 minutos del 8 de mayo del 2008). La

fundamentación es, por tanto, ajena al despliegue confuso de normas

y alegatos; a la mezcla de argumentos ininteligibles o a la simple exposición

de opiniones sobre la procedencia o justicia del caso; o bien, al recuento de los

desaciertos que se consideran cometidos en la sentencia recurrida sin respaldo

en normas o criterios jurídicos. De allí que, si el recurso omite por completo

esa relación técnico-normativa a la que se ha hecho referencia o la que realiza

resulta impertinente o desvinculada al caso de manera manifiesta y evidente,

habrá que entender que carece de “total fundamentación jurídica”, y por tanto,

incumple el necesario requisito establecido en el numeral 139.3, que se

sanciona con el rechazo de plano, a tenor de lo dispuesto en el artículo 140

inciso c), ambos del mismo Código de referencia.

En el asunto de análisis, ambas

partes formulan sendos recursos. En el caso del recurso interpuesto por la Caja

Costarricense del Seguro Social, el segundo agravio incumple con los requisitos

mínimos a que se ha hecho referencia en los considerandos anteriores, en la

medida en que, si bien alega una indebida asociación de la prueba, así como el

quebranto de diversos principios como el de defensa y debido proceso, así como

el precepto 872 del Código Procesal Contencioso Administrativo, omite

identificar en que consisten dichos quebrantos, omitiendo su deber de precisar

en qué radica el yerro del Tribunal, y sin una adecuada fundamentación

jurídica. A raíz de lo anterior, el cargo indicado no resulta

admisible.

Los restantes reparos, tanto del recurso de la Caja Costarricense del Seguro Social como del

señor A., resultan admisibles. Acorde con lo dispuesto en el ordinal 142 del cuerpo normativo de cita, se

pone en conocimiento de las partes, por el plazo de diez días, contados a

partir del día hábil siguiente a la

notificación del

presente auto, el recurso interpuesto por la contraparte. En el caso concreto,

dada la especialidad de las pretensiones que se discuten en el proceso, estima

esta Sala que la redacción de la sentencia posee una excepcional complejidad,

por lo que, conforme al numeral 149 inciso 4 del Código Procesal Contencioso

Administrativo, su dictado podrá realizarse en un plazo máximo de 10 días

hábiles contados a partir del vencimiento del traslado del recurso a la parte

recurrida.

La representación legal del

actor solicitó la celebración de la audiencia oral señalada en el ordinal 142 del Código Procesal

Contencioso Administrativo. No obstante lo anterior, en el caso concreto no se

observa que dicho trámite sea pertinente, tomando en consideración que el punto

a dilucidar es eminentemente jurídico, siendo que la parte expuso, en forma

detallada sus argumentos y conclusiones. Así las cosas, siendo que el Código de

rito dispone que el señalamiento para audiencia oral es facultativo del órgano que conoce del recurso de casación,

se rechaza la solicitud planteada.