Resolución 00806-2012

El

recurso formulado por la señora Procuradora, de conformidad con lo dispuesto en

los artículos 134 y 139, resulta admisible.

En cuanto

al interpuesto por el apoderado especial judicial del Conavi, debe indicarse lo

siguiente.  El numeral 139 inciso 3 del Código Procesal Contencioso

Administrativo (CPCA), prevé un requerimiento de orden material, necesario

tanto para la admisibilidad del recurso, cuanto para su posterior valoración

por el fondo.  Se trata de la motivación del recurso que, por las características de la

casación, ha de ser clara y precisa.  En este sentido, debe contener, tal

como lo dispone el precepto de comentario, la fundamentación fáctica y jurídica

del caso.  Fáctica, en la medida en que se muestre inconforme con los

hechos que se han tenido por demostrados, o por indemostrados (lo cual lleva a

la ponderación de las probanzas), o con las circunstancias acaecidas en la

violación de normas procesales.  Jurídica, cuando se trata de un problema

que se expone acerca de la aplicación, omisión o indebida interpretación de

cualquier norma que integre el bloque de juricidad, incluidos, por supuesto,

los principios de rango constitucional, o aquella que también opera por efecto

reflejo o indirecto, después de que se modifican los hechos de la sentencia

impugnada.  Tanto en la infracción procesal, como en la probatoria, pueden

concurrir, junto con las razones jurídicas (siempre necesarias), las de

carácter fáctico y, en ese sentido, los fundamentos de referencia deberán ser

dirigidos en ambas vertientes, so pena de inadmisibilidad. Por su parte, es

necesario aclarar que de la fundamentación jurídica se exonera, por expreso

mandato legal, la indicación de aquellos cánones relativos al valor del

elemento o elementos probatorios mal apreciados. De igual forma, resulta

innecesario citar las normas que equivocadamente utilizó y mencionó el órgano

jurisdiccional de instancia para emitir y razonar su decisión, porque constan

en el mismo pronunciamiento recurrido. Y desde luego, no es para nada

indispensable, citar los preceptos que establecen los requisitos, plazos y

reglas básicas para la admisión del recurso.  Antes que la cita de estas

últimas, lo imprescindible es que se cumplan, y se pongan en práctica al

momento de elaborar e interponer la casación.  Así las cosas, la

fundamentación dispuesta por ley, puede entenderse, grosso modo, como

aquella argumentación técnico-jurídica en la que se mencionan una serie de

artículos, o reglas jurídicas entrelazadas o concatenadas entre sí y vinculadas

razonablemente en una doble perspectiva: con los argumentos del recurso y con

la sentencia que se ataca.  En la medida en que se cite un conjunto de

normas jurídicas (o si es del caso, una sola de ellas), atinente y vinculada de

manera clara con la sentencia combatida (ya sea en el sustento de hecho o

derecho) y los argumentos del recurso, hay fundamentación jurídica.  Los

agregados jurisprudenciales o las eventuales citas doctrinales, reforzarán en

ocasiones las alegaciones efectuadas, pero, por lo general, no hacen a su

esencia. Como lo ha dicho ya esta Sala, interpretando el artículo 139 de

referencia, “se requiere que el recurso cuente con una fundamentación

jurídica mínima ... deben explicarse las razones en las cuales sustenta su

gestión, combatiendo los argumentos de derecho de la sentencia recurrida y

consignando, al menos, alguna referencia normativa que le dé sustento”

(Resolución n.° 318-A-2008, de las 14 horas 25

minutos del 8 de mayo de 2008).  La fundamentación es por tanto,

ajena al despliegue confuso de normas y alegatos; a la mezcla de argumentos

ininteligibles o a la simple exposición de opiniones sobre la procedencia o

justicia del caso, o bien, al recuento de los desaciertos que se consideran

cometidos en la sentencia recurrida, sin respaldo en normas o criterios

jurídicos. De allí que, si el recurso omite por completo esa relación

técnico-normativa a la que se ha hecho referencia, o la que realiza resulta

impertinente o desvinculada al caso de manera manifiesta y evidente, habrá que

entender que carece de “total fundamentación jurídica”, y por tanto, incumple

el necesario requisito establecido en el numeral 139.3, que se sanciona con el

rechazo de plano, a tenor de lo dispuesto en el artículo 140 inciso c) del

mismo Código de rito.

En

el primer reparo, alega el casacionista quebranto de normas sustantivas

por la indebida aplicación de los principios constitucionales de razonabilidad,

proporcionalidad, seguridad jurídica e igualdad, en torno a la  impartida

por el Tribunal de construir un puente peatonal.  Señala que es importante

poner en conocimiento de esta Sala que, entre las pretensiones de la parte

actora, no se contemplaba ninguna tendiente a que se le ordenara a los

demandados la construcción de esa estructura.  Empero, anota, las

juzgadoras y el juzgador, en virtud de las potestades conferidas por el CPCA en

el artículo 122, ordenó su construcción frente al Mall Plaza Monte General,

para lo cual concedió el plazo de 18 meses, cual comprende los estudios

técnicos, el proceso licitatorio y su edificación.  Debido a lo anterior,

afirma, no pudo, en ninguna etapa procesal, hacer manifestación al respecto,

pues no era objeto de la controversia.  No discute, asevera, las

potestades de un Juez al momento de dictar la sentencia.  No obstante, el

Tribunal desconoce las implicaciones técnicas de su decisión.  Transcribe,

en lo de su interés, el acuerdo tomado por el Consejo de Administración del

Conavi, en el artículo IV de la sesión n.° 828-11 del 24 de mayo de 2011; así

como lo consignado en el denominado “Informe Técnico-Plan Integral de Seguridad

Vial en carretera Interamericana Sur San Isidro-Palmares”.  Agrega que

reconoce la intención de las juzgadoras y el juzgador, desde su punto de vista,

de tratar de solucionar el problema de seguridad vial que afecta esa

carretera.  Sin embargo, arguye, desde el punto de vista técnico, de

autoridades reconocidas en el tema de carreteras y componentes de seguridad

vial, como lo son la Dirección de Ingeniería de Tránsito del MOPT (DGIT) y el

Lanamme-UCR, la solución propuesta por el órgano jurisdiccional no es

contemplada como una opción, dentro del plan integral que elabora su

representado, el cual pretende ejecutar.  Los recursos presupuestaros para

realizar esa obra, estima, en las condiciones señalas en la sentencia

impugnada, afectaría las obras que se pretenden ejecutar como solución

integral.  La construcción de esa obra, asevera, costaría cerca de

¢350.000.000,00.  De igual manea, apunta, la orden emitida por el Tribunal

no es conforme a ningún criterio técnico que indique que esa es la solución más

conveniente al problema de seguridad vial que enfrenta la ruta Interamericana

Sur.  Se le negó al MOPT y al Conavi, acota, como órganos técnicos, la

oportunidad de poner en práctica la ejecución de una solución integral de mayor

eficiencia que la planteada.  De igual manera, indica, lo más oportuno

hubiera sido que los juzgadores giraran la instrucción a esas dependencias técnicas

para concretar esas medias integrales.

En

el caso en estudio, el recurrente olvida que esta instancia procesal no

corresponde a un recurso ordinario (como es la apelación).  Tampoco es

suficiente manifestar una serie de disconformidades generales y meramente

argumentativas.  Es menester, según se apuntó, el contraste de lo decidido

con la infracción que, en su criterio, tuvo lugar.  El casacionista no combate, de manera sistemática y específica, los

fundamentos de la resolución impugnada.  En este sentido, no se entiende

si lo afirmado en torno a la imposibilidad de referirse, en alguna etapa

procesal, sobre las soluciones al problema de seguridad vial en la carretera

Interamericana Sur, es un reproche a la sentencia combatida o un mero comentario.

Debe insistirse que el artículo 139 inciso 3) del CPCA, obliga al casacionista

a señalar “[…] de manera clara y precisa, los motivos del recurso […]”.

En segundo término, solo enuncia como conculcados los principios

constitucionales de razonabilidad, proporcionalidad, seguridad jurídica e

igualdad.  No explica, con el rigor debido, la forma como los juzgadores,

con la decisión tomada, los quebrantaron.   Existe un divorcio total

entre su argumentación, los indicados principios y la sentencia recurrida.

En consecuencia, a la luz de lo señalado en el

considerando II, lo expuesto no resulta de recibo, imponiéndose, por ende, su

rechazo de plano (numeral 140 inciso c) del CPCA).

En

lo que respecta al segundo agravio interpuesto por la representación del Conavi

por quebranto a normas sustantivas, en virtud del  monto concedido por

concepto de daño moral subjetivo, de conformidad con lo dispuesto en los

artículos 134 y 139, resulta admisible.

En

consecuencia, según lo dispone el ordinal 142 íbid, se le ponen en conocimiento

dichos recursos a la partes intervinientes por el plazo de 10 días

hábiles.  Debido a la especialidad de las pretensiones discutidas en el

proceso, esta Sala estima que la redacción de la sentencia posee una excepcional

complejidad, y así deberá declararse conforme al numeral 149 inciso 4

ejúsdem.  Por ello, su dictado podrá realizarse en un plazo máximo de 10

días hábiles contados a partir del vencimiento del traslado del recurso a la

parte demandada.

Los

recurrentes aportan prueba ante esta instancia.  El Conavi, fotocopias

de:  1) el expediente de la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes; 2)

del oficio n.° DIE-09-11-1385 del 27 de abril de 2011 de la Dirección Ejecutiva

del Conavi; 3) de los oficios de la Secretaría de actas  del Conavi, n.°

ACA 01-11-0272 y ACA 01-11-0273, ambos, del 25 de mayo de 2011; 4) del informe

denominado “Informe Técnico – Plan Integral de Seguridad Vial en carretera

Interamericana Sur ´San Isidro-Palmares´”, con sus anexos.  También, acompaña

certificaciones de la personería y cédula jurídicas del Conavi, de su

representante y domicilio; así como de la cédula de identidad del ingeniero

Carlos Acosta Monge.  Por su parte, la representante del Estado aporta

copia del “Informe Técnico – Plan Integral de Seguridad Vial en carretera

Interamericana Sur ´San Isidro-Palmares´”. De conformidad con el numeral 145

ibídem, se concede audiencia de esos documento a los demandantes por el plazo

de tres días, aclarando que su admisión o rechazo se resolverá en el fallo

final.  En virtud de los principios de economía procesal y celeridad, no

se le confiere audiencia a la señora Procuradora de los documentos presentados

por el Conavi, porque, aparte de presentar uno de los aportados por dicho

órgano, a folio 714 se muestra sabedora del resto.  De igual manera,

tampoco se le concede audiencia al Conavi del aportado por el Estado, ya que,

dentro de los que presentó se encuentra ese.