Resolución 00008-2012

La empresa Investments

Costa Rica S.A. demanda en la vía arbitral a John Ted Patrick  y a Lake

Hill E y A S.A. en virtud del supuesto incumplimiento del contrato denominado “Non-Circumvention,

Non- Disclosure” (No engañar, No Divulgar). El incumplimiento, según la

actora, sanciona de acuerdo a lo estipulado en las cláusulas 6 y 7 al pago de

un millón de dólares. El convenio consistió, dijo en la demanda, en que las

partes no contactarán directamente ni indirectamente a ninguna fuente

presentada por la otra parte,  con el propósito de hacer arreglos o

completar transacciones empresariales discutidas por cualquiera de las

contratantes y que cada una mantendrá a la otra plenamente informada de manera

oportuna, con respecto a los contactos y acciones realizadas para promover la

empresa y siendo que se realizó la venta de una finca a espaldas de la

accionante, se burla el pago de las comisiones que a ésta le correspondían. Las

codemandas contestaron negativamente. La empresa Lake Hill E y A S. A.,

interpuso la excepción de falta de competencia por razón del territorio. Adujo,

la cláusula octava del contrato base de este proceso, establece de forma

expresa que la controversia entre las partes estará sujeta a arbitraje

vinculante por parte de la Asociación Americana de Juicios Arbitrales, según el

título IX del Código de los Estados Unidos. Asevera, si bien es cierto, también

se hace alusión a la posibilidad de que el arbitraje o proceso jurisdiccional

se lleve a cabo en Estados Unidos o Costa Rica, hace énfasis en que la

normativa aplicable es el “Código de los Estados Unidos”. En su criterio

“nuestra ley y el mismo reglamento del CICA, han sido excluidos de toda

posibilidad territorial de conocimiento de este asunto, razón por la cual habrá

de declararse la inadmisibilidad de esta demanda al acogerse esta como

excepción previa.”. En igual sentido, John Ted Patrick cuestiona la

competencia del Tribunal Arbitral. Refiere, la cláusula octava del acuerdo

establece la ley mediante la cual deberá tramitarse este asunto, así como los

posibles lugares donde se lleven, dependiendo de donde vivan las partes o ejerzan

su actividad. Asegura, en este caso el “Arbitraje en Costa Rica no tiene la

potestad de aplicar las leyes acordadas por las partes y por ende el Arbitraje

debe llevarse a cabo en los Estados Unidos.” Manifiesta además, tanto su

persona como el presidente de Investmets Costa Rica S. A., viven y trabajan en

Estados Unidos, no en Costa Rica, por lo cual, advierte, este centro de

conciliación y arbitraje no tiene competencia para conocer de este asunto. El

Tribunal arbitral declaró la incompetencia subjetiva de Lake Hill E y A S. A.,

así como la inexistencia del acuerdo arbitral contenido en el contrato de

folios 126 a 128 y por consiguiente, la incompetencia de ese órgano decisor

para conocer de esta controversia. La parte actora presentó recurso de apelación,

planteando tres reclamos, en dos de ellos, se opone a la referida incompetencia

subjetiva y a la supuesta falta de acuerdo arbitral y en la tercera propugna,

que la defensa de incompetencia por el territorio, debió resolverse, indicando

cual era el Tribunal competente para conocer el asunto. Esta Sala, mediante la

resolución nº 1416-C-S1-2010 de las 14 horas 20 minutos del 16 de noviembre de

2010, establece, en lo de interés, que el Órgano Arbitral se declara

incompetente por razones no alegadas por los demandados. Reconoce, si bien el

Tribunal puede de oficio declarar su incompetencia, bien debió resolver la

defensa planteada en los términos expuestos por la recurrente. Razona, al

omitirse analizar el punto debatido por las partes, lo resuelto, resulta

sorpresivo y causa indefensión, por lo que se resuelve invalidar lo actuado y

remite al Órgano Arbitral el expediente para que conozca de la excepción

interpuesta. El Tribunal Arbitral, en resolución de las 10 horas del 13 de mayo

de 2010, acude a lo ordenado por la Sala y vuelve sobre la incompetencia

alegada por las demandadas. En definitiva, reitera los criterios esbozados

referentes a la incompetencia subjetiva de Lake Hill E y A S.A. por cuanto no

existe vínculo de ésta al acuerdo arbitral, aunado a que estima el pacto

arbitral no es inequívoco y claro respecto de la decisión de solucionar los

conflictos por esa vía, no es contundente en renunciar a la vía judicial

ordinaria, por lo que estima es inexistente el acuerdo arbitral y por tanto

incompetente para conocer de la controversia. Resolución contra la cual la

parte actora, interpone recurso de apelación que ahora se

conoce.

La representante de la

parte actora plantea recurso de apelación alegando en primera instancia que no

se corrigió el vicio apuntado por la Sala, respecto de la falta de resolución

de la incompetencia en razón del territorio. Además reitera los tres motivos

expuestos en la primera apelación, que expresan lo siguiente.  En el primero,

argumenta, la incompetencia del Tribunal Arbitral y se fundamenta en que del

pacto arbitral, no se evidencia un “pacto inequívoco y claro respecto de la

decisión de solucionar los diferentes conflictos que se puedan generar en el

curso de la ejecución contractual”.  Señala, en el cuarto considerando

de la resolución se dice: “el requerido señor Patrick es suscriptor del

acuerdo arbitral de manera que no hay duda de la voluntad manifestada en el

contrato aportado de folios 126 a 128, claro está, sin hacer una valoración

sobre el contenido del acuerdo arbitral.”  Seguidamente, copia un

extracto de su interés del contrato en cuestión y la cláusula octava, que

literalmente dice: “cualquier controversia o reclamo que surja de, o tenga

relación con este acuerdo, o incumplimiento de este, que no pueda

ser resuelta (sic) por las partes del mismo, estará sujeta (sic) a arbitraje

vinculante por parte de la Asociación Americana de Juicios Arbitrales,

según el Título IX del Código de los Estados Unidos” (lo destacado no es del

original)”.  Entonces, a su juicio, no ve cómo puede sostenerse que “no

existe una intención clara y definida en someter la controversia a la decisión

de árbitros.”  Dice, este asunto es tan claro, que fueron los

demandados quienes interpusieron la excepción de incompetencia en el Juzgado

Civil del Segundo Circuito Judicial de San José, porque la controversia debía

ser resuelta por un Tribunal Arbitral, asunto con el que dice haber estado de

acuerdo.  Incluso se condenó a su representada en costas, aspecto que,

afirma, está pendiente de resolver ante la Sala Primera.  El segundo

motivo, se tituló como: de la incompetencia por razón del territorio.

Arguye, las excepciones incoadas por los accionados se refieren a la falta de

competencia por razón del territorio, no por la falta de voluntad de someter la

controversia a arbitraje, tal y como lo sostiene el Tribunal.  Aduce, si

el problema es por razón del territorio, así debe expresarse, indicando cuál es

el Tribunal Arbitral que debe conocer el asunto.  A su juicio, el CICA sí

tiene competencia para resolver este caso, por tener carácter Triple A.

La tercera inconformidad la titula: de la vinculación del arbitraje de

Lake Hill E y A S. A.  Al respecto, copia las cláusulas 11 y 12 del

contrato.  Explica, en autos existe la copia certificada de la escritura

no. 95-18, otorgada ante el Notario Juan Carlos Esquivel Favareto, donde John

Ted Patrick como Presidente de Lake Hill E y A S. A. firmó la escritura de

venta de la finca no. 138226-000, con la que incumplió el acuerdo de “NO

ENGAÑAR NO DIVULGAR”.  De esta manera, argumenta, no puede sostenerse como

lo hace la resolución cuestionada que “no hay prueba idónea que permita su

vinculación al acuerdo”.  Según su criterio, resolver lo contrario,

violenta la Constitución al impedir el acceso a la justicia, porque en el

juicio ordinario sobre la violación discutida, la jurisdicción ordinaria se

declara incompetente y la arbitral pactada también.

Conviene aclarar, que

la jurisdicción de los árbitros viene conferida por el artículo 43 de la

Constitución Política, en virtud del cual se establece que: “Toda persona

tiene derecho a terminar sus diferencias patrimoniales por medio de árbitros,

aun habiendo litigio pendiente”. Ahora bien, la competencia asignada a un

Tribunal Arbitral, a efectos de que conozca de algún conflicto en particular,

dependerá del convenio expreso de las partes que conformen la relación

jurídica. Así lo expresa el canon 18 de la Ley sobre Resolución Alterna de

Conflictos y Promoción de la Paz Social (Ley nº 7727 o Ley Rac), al estipular:

“Cuando las partes hayan convenido por escrito que las controversias

relacionadas con su contrato o relación jurídica se sometan a arbitraje, tales

controversias se resolverán de conformidad con la presente ley, sin perjuicio

de lo que las partes acuerden por escrito, siempre y cuando no se oponga a las

disposiciones prohibitivas o imperativas de esta ley…”. Por su parte el

ordinal 38 de la Ley Rac, atribuye a esta Sala la competencia de decidir en

apelación, sin trámite adicional alguno y sin ulterior recurso, sobre la

competencia del Tribunal Arbitral, sin perjuicio de que el tema pueda también

ser examinado como causal de nulidad del laudo, cuando debido a la naturaleza

de la discusión u otra circunstancia no fuere posible resolver el conflicto

interlocutoriamente. Además, el canon 23 ibídem, dispone que el acuerdo

arbitral no tendrá formalidad alguna, salvo la de ser escrito. A su vez, el

párrafo final del citado precepto, establece que el convenio podrá ser

complementado, modificado o revocado en cualquier momento por acuerdo entre las

partes. Adicionalmente, esta Sala, en virtud de la trascendencia de renunciar a

la vía judicial, ha dispuesto que dicha expresión escrita debe contener, de

manera inequívoca, la voluntad de someterse al proceso arbitral. En tal sentido

se indicó: “Valga una vez más recordar que el efecto negativo de una

cláusula arbitral es la renuncia a la jurisdicción común, renuncia que no puede

ser simplemente implícita, sino expresa, aunque no sea formal” (Sentencia

no. 357-03 de las 11 horas 10 minutos del 25 de junio del 2003). Por lo tanto,

se colige que ante la existencia de acuerdo para un arbitraje, tendrá

competencia el Tribunal para conocer de la controversia, cuando se compruebe

que las partes lo estipularon con la plena intención de someterse a esa vía

alterna para resolver sus conflictos y quedó constancia escrita de ello.

En este caso, el “Contrato

de no engañar, no divulgar”, en el cual comparecieron, Dr. John Ted Patrick

quien se representa a si mismo y a la empresa Kwan Cho and Lee Internacional,

Inc., y Investments Costa Rica S.A., representada por Scout Steele en la

cláusula octava se dispuso: “Cualquier controversia o reclamo que surja de,

o tenga relación con este Acuerdo, o incumplimiento de este, que no pueda ser

resuelta (sic) por las Partes del mismo, estará sujeta (sic) a arbitraje

vinculante por parte de la Asociación Americana de Juicios Arbitrales, según el

Título IX del Código de los Estados Unidos o en Costa Rica, en el lugar en que

el Empresario conduce su empresa principal, o ambos, de modo que se satisfaga

cualquier incumplimiento, o si se desea, en un Tribunal de Justicia en los

Estados Unidos o en Costa Rica, o ambos...” (folio 12). De acuerdo a lo

trascrito, la cláusula es amplia en el sentido de que se puede acudir tanto al

vía arbitral en Estados Unidos como en Costa Rica, también se establece la

opción de acudir a la vía jurisdiccional de cualquiera de los dos países.

Conforme a lo expuesto en el considerando anterior, esta Cámara ha indicado en

forma reiterada, que el efecto de acudir a la vía arbitral en Costa Rica, es la

renuncia expresa a la jurisdicción común, amén de que la expresión escrita debe

ser inequívoca en someterse al proceso arbitral. Desde este punto de vista, la

ambigüedad de la cláusula y la falta del requisito de exigibilidad de acudir a

esta vía, hace de la inexistencia del acuerdo arbitral, tal y como lo

resolvieron los miembros del Tribunal, lo que conlleva a confirmar la

incompetencia del éste para el conocimiento de la disputa. A más de lo

anterior, y sin perjuicio de lo dicho,  esta Sala estima

ciertamente, como bien lo señala el Órgano Arbitral, no hay disposición

inequívoca alguna mediante la cual  Lake Hill E y A S.A. se haya obligado.

No  hay manifestación empresa, clara y concluyente de que ésta, se haya

obligado en cláusula arbitral alguna, pues la existentente concibe tres partes

bien singularizadas, a saber, el señor John Ted Patrick, la empresa Kwan Cho

and Lee Internacional Inc., y a la sociedad Investments Costa Rica S.A. ninguna

de las cuales es Lake Hill E y A S.A. Asumir que dicha sociedad tuvo

participación en el contrato,  es ir a un tema desorbitante de lo

convenido en la cláusula y por lo mismo ajeno a la competencia del Tribunal

Arbitral.  Siendo así, la conducta y las manifestaciones provenientes Lake

Hill E y A S.A., a juicio de esta Sala, de ningún modo permiten concluir que

esta persona, fuera de toda duda, haya querido perjudicar en los términos del

contrato a la parte actora, y mucho menos consentir, frente a una

diferencia,  la sumisión a un arbitraje. Valga una vez más recordar que el

efecto negativo de una cláusula arbitral es la renuncia a la jurisdicción

común, renuncia que no puede ser simplemente implícita, sino expresa, aunque no

sea formal. Aquí la renuncia, en esos términos, por parte del Lake Hill E y A

S.A. no se ha dado, lo que obliga a confirmar el pronunciamiento del Tribunal

Arbitral. Para concluir, en lo tocante a la reiterada falta de pronunciamiento

respecto de la competencia territorial del Órgano Arbitral, estima esta Cámara,

finalmente su determinación se vuelve innecesaria, ya que la sola falta del

acuerdo arbitral, hace incompetente al Tribunal.

En mérito de lo

expuesto, debe confirmarse la resolución combatida.