Resolución 00394-2012

Con base en los hechos que expuso y disposiciones legales

que citó, la parte actora estableció demanda ordinaria, cuya cuantía se fijó en

la suma de treinta millones de colones, a fin de que en sentencia se declare: “1.-

Con lugar la presente acción.

Se declare la nulidad del contrato celebrado

en la escritura pública Número Treinta, otorgada ante los Notarios Norma

Argüello Pérez y José Hubert Fernández Aguilar, a las 15:00 horas del 3 de mayo

del 2000, por existir una nulidad absoluta, debido a la inexistencia del objeto

del negocio, así como la obligación garantizada con hipoteca sobre el mismo

bien, que se constituyó para garantizar el pago del saldo del precio, sea

$6.000 más intereses así como los demás actos que dieron lugar a estos

instrumentos públicos.

Que soy adquirente de buena

fe.

Que siendo adquirente de buena fe del citado bien, al haber sido despojado del mismo. a) no estoy obligado a pagarle a los vendedores el saldo

adeudado del

precio, interés alguno, ni ningún tipo de perjuicio. c) Que los vendedores

están obligados a pagarme el valor real al momento de la evicción que

representa el monto cancelado a la Mutual Alajuela, sea la suma de dieciséis

millones cuatrocientos diecisiete mil doscientos ochenta colones más los

intereses pactados hasta su respectivo pago del préstamo a la Mutual quien me financió la

compra del bien del que fui despojado. c) Además de los gastos de traspaso y

constitución de hipoteca, los intereses pagados a la fecha sobre la deuda

hipotecaria a favor del vendedor, impuestos

municipales sobre bienes inmuebles, que serán liquidados en ejecución de

sentencia.

Se condene a los demandados al pago de

las costas personales y procesales de esta acción.”  En resolución de

las 16 horas 35 minutos del 29 de mayo de 2008, se tiene por aclarado el punto

dos de la siguiente manera: “lo que se busca es la nulidad de la compraventa

y constitución de la hipoteca otorgada en la escritura número treinta,

pretensión que ya se había formulado anteriormente y es conocida por el

demandado. No se acepta como aclaración que se decrete la

nulidad de contrato de cesión de derechos hipotecarios, pues ello no fue pedido

oportunamente y la prevención era para aclarar pretensiones, no para que se

formulara una nueva.”

Los codemandados

contestaron negativamente. Los señores J y S opusieron las defensas previas de

prescripción y caducidad; así como, las excepciones de falta de

derecho, falta de interés actual y falta de legitimación ad-causam activa y

pasiva. Asimismo, la codemandada M formuló las defensas previas de prescripción

y litis pendencia, ésta última resuelta mediante resolución n° 27-07 de las 14

horas del 19 de junio de 2007, la que fue declarada sin lugar. Además interpuso las excepciones de falta de derecho y falta de

interés actual.

Para la audiencia de

conciliación, se señalaron las 8 horas 30 minutos del 11 de julio de 2005, no

obstante, las partes no se hicieron presentes.

El Juez Minor

Chavarría Vargas, en sentencia n° 74-08 de las 8 horas del 17 de octubre de 2008, resolvió: “Conforme

con lo expuesto y explicado, se acoge la excepción de falta de derecho e

interés y se rechaza la de caducidad, prescripción y falta de legitimación

activa y pasiva interpuestas por los demandados. Por todo lo expuesto se

declara sin lugar en todos sus extremos la demanda presentada por MF, en su

condición de apoderada generalísima sin límite de suma del señor J, en

contra de J, S y contra M. Se resuelve la presente sin especial

condena en costas.”

El apoderado

especial judicial de la codemandada M solicitó adición y aclaración y el

Juzgado en resolución de las 10 horas del 5 de noviembre de 2008, resolvió: “Se

rechaza por improcedente, toda vez que la misma solo procede contra la parte

dispositiva de la sentencia y esta es totalmente clara. Sin embargo

efectivamente debe indicarse que la demandada M si contestó la demanda, por lo

que ese pequeño error material no altera el fondo del asunto.”

La apoderada

generalísima sin límite de suma del actor apeló; y el Tribunal de Juicio del

Tercer Circuito de Alajuela, Sede San Ramón, integrado por los jueces Olman

Alberto Ulate Calderón, Max Baltodano Chamorro y Ulfrán Corrales Jiménez, en

sentencia n° 060-2010 de las 11 horas 52 minutos del 20 de mayo del 2010,

dispuso: “Conforme lo expuesto y razones dadas, SE ACOGE PARCIALMENTE CON

LUGAR la excepción de falta de derecho, entendida así en los extremos que no se

conceden expresamente. Se rechazan las excepciones de falta

de interés actual, caducidad, prescripción y falta de legitimación activa y

pasiva interpuestas por los demandados. SE REVOCA EL FALLO APELADO,

en consecuencia, se DECLARA PARCIALMENTE CON LUGAR LA DEMANDA incoada por MF,

en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma del señor J,

en contra de J, S Y M. Se decreta la ineficacia de la cesión de crédito

otorgada en escritura número trescientos cincuenta y siete-cuarenta y cuatro

ante el Notario Alexander Montero Ramírez, en la cual J, en su carácter de

acreedor del crédito hipotecario inscrito en el Registro Público por la suma de

$6.000.00 y garantizado con hipoteca de primer grado sobre la finca inscrita en

el Partido de Alajuela bajo el Sistema de Folio Real matrícula número […] cede

dicho crédito hipotecario a la señora M. Con ocasión de la estimatoria parcial

de la demanda SE ACOGEN las pretensiones que se dirán: 1) la

nulidad del contrato celebrado en la escritura número [...] de las 15:00 horas

del 3 de mayo del 2000 ante los Notarios Norma Argüello Pérez y José Fernández

Aguilar, tanto la compraventa de la finca inscrita en el Registro Público al

Folio Real de Alajuela, Matrícula Número […], así como el contrato de hipoteca

en donde dicha finca quedó en garantía por la suma de SEIS MIL DÓLARES

AMERICANOS que es el precio total de la venta. En virtud de haberse

determinado pericialmente que el plano catastrado […] identifica y se refiere a

la finca inscrita en el Registro Público al Folio Real de Alajuela, Matrícula

Número […], por seguridad jurídica para terceros, se ordena a la Oficina de Catastro

Nacional proceda a la inmediata anulación de la inscripción de dicho plano, y

por conexidad, se ordena al Registro Público de la Propiedad la anulación

de la inscripción registral de la finca inscrita al Folio Real de Alajuela,

Matricula Número […], en virtud de su comprobada inexistencia material.

2)

Que por la anulación del contrato de compraventa y de garantía hipotecaria

decretado, conforme lo dispone el artículo 844 del Código Civil, se declara que

las partes son restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese

existido el contrato nulo, en virtud de ello, el actor no está obligado pagar a

los demandados J Y S el precio de la venta acordado ($6.000) ni los

intereses que dicha obligación hubiese generado, como tampoco indemnización por

perjuicio alguno.

Se condena a los demandados al pago de las costas

procesales y personales de esta acción generó, salvo contra la accionada M

que se resuelve sin especial condenatoria en costas. Las pretensiones no

acogidas deben entenderse rechazadas.”

El licenciado Acuña

Jara, en su expresado carácter, formula recurso de casación indicando las

razones en que se apoya para refutar la tesis del Tribunal de instancia.

En los procedimientos ante esta Sala se han observado las

prescripciones de ley.

Redacta el Magistrado Rivas Loáiciga

En garantía de un

préstamo por ¢4.000.000,00, el 23 de diciembre de 1998, el señor F, otorgó a

favor de J y S,  hipoteca de primer grado sobre la finca inscrita en el

Registro Público de la

Propiedad (Registro en adelante), provincia de Alajuela,

folio real número […]. El deudor cayó en mora, ante lo cual los acreedores interpusieron

proceso ejecutivo hipotecario (expediente n° 99-100148-295-CI del Juzgado Civil y

de Trabajo de Grecia). El bien se remató el 11 de agostó de 1999,

adjudicándoselo los acreedores, quienes fueron puestos en posesión el 17 de

diciembre de 1999. El señor J y la señora S, por medio de su

apoderada M, vendieron el referido bien, mediante escritura pública no. […]

de las 15 horas del  3 de mayo de 2000 (otorgada ante los Notarios Norma

Argüello Pérez y José Hubert Fernández Aguilar), a J, por medio de su apoderada

MF. En el documento notarial se indicó que la finca vendida (n° […]) se

ajustaba en un todo al plano catastrado número […].  El precio

de venta fue de $6.000,00, monto por el cual el señor J

se constituyó en deudor de J, garantizando la obligación con hipoteca de primer

grado sobre el inmueble objeto del

negocio jurídico. El Consorcio Cooperativo de Vivienda Fedecrédito R.L., le

había otorgado también un préstamo al señor B por ¢8.075.000,00

(el 20 de octubre de 1997). Este, para garantizar la deuda, impuso

hipoteca de primer grado  sobre su finca inscrita

en el Registro, provincia de Alajuela, folio real número […]. El señor B

dejó de pagar la deuda, razón por la cual la Mutual Alajuela de

Ahorro y Préstamo (Mutual, en lo que resta), en su condición de administradora

de los créditos otorgados por la mencionada cooperativa, envió a cobro judicial

la operación  (expediente 02-000194-0638-CI del Juzgado Civil de

Alajuela). El bien dado en garantía se remató el 12 de julio

de 2002, adjudicándoselo la

Mutual. Dentro de este proceso hipotecario, se apersonó la

señora MF en su condición de apoderada del señor J, alegando que la finca

rematada, en la cual se pretendía poner en posesión a la Mutual, le había sido

vendida por el señor J y la señora S mediante escritura pública el 3 de mayo de

2000 (finca no. […]), por lo cual solicitó se suspendiera el

desalojo y puesta en posesión ordenadas (escrito a folio 157). La

gestión fue rechazada, sin embargo, de oficio, el Juzgado ordenó un peritaje con el fin de aclarar la situación. El perito nombrado, Ing. John Cascante Lizano determinó que

la finca adjudicada a la Mutual

(n° […]) se localiza en el terreno ocupado por el señor JP y que la de este último se encuentra localizada en otro lugar. Con base

en ese informe, el Juzgado ordenó su desalojo. Con el

fin de evitar la ejecución de ese mandato, el señor JP le compró a la Mutual la finca que se

había adjudicado en la subasta pública (n° […]), por la suma de ¢13.000.000,00, monto por el cual constituyó hipoteca de primer grado a

favor de la Mutual

sobre el mismo bien (escritura n° 44 otorgada a las 10 horas del 29 de

setiembre de 2003). El señor J cedió a la señora M, el crédito hipotecario que

había constituido JP a su favor sobre la finca no. […]. La

cesionaria-acreedora, ante el incumplimiento en los pagos por parte de su

deudor (J), presentó proceso ejecutivo hipotecario contra este,

adjudicándose en el respectivo remate el bien. El señor JP interpuso esta

demanda ordinaria contra J y S. Posteriormente, la amplió a M, en los mismos

términos que para los otros co-demandados  (hechos y pretensión). Pretende

se declare en sentencia: la nulidad absoluta del contrato celebrado en la

escritura pública número […], otorgada a las 15  horas del 3 de mayo de

2000 ante los notarios Norma Argüello Pérez y José Hubert Fernández Aguilar,

por la inexistencia del objeto del negocio; así como la nulidad de la

obligación garantizada con hipoteca sobre el bien objeto de ese contrato; que

es adquirente de buena fe y que por ello no está obligado a pagarle a los

vendedores el saldo adeudado del precio ($6.000,00) ni tampoco intereses o

perjuicio alguno; que los vendedores están obligados a reintegrarle el monto

que adeuda a la Mutual

(capital más intereses), así como los gastos en que incurrió para adquirir de la Mutual la finca no. […] (gastos de traspaso, constitución de hipoteca, intereses

pagados, impuestos sobre bienes inmuebles y municipales), además, de las costas

personales y procesales. Los codemandados J y S contestaron en forma negativa y

opusieron las excepciones de falta de: derecho, legitimación activa y pasiva,

interés actual, prescripción y caducidad. La codemandada M también respondió de

forma negativa  y opuso las defensas de: falta de

derecho e interés actual, prescripción y caducidad. El

Juzgado acogió la falta de derecho e interés alegada y rechazó las restantes

defensas. Declaró sin lugar la demanda en todos sus

extremos, resolviendo sin especial condenatoria en costas. El Tribunal,

revocó lo resuelto por el A quo; declaró parcialmente  con lugar la

excepción de falta de derecho y de igual forma la demanda y dispuso: “Se

decreta la ineficacia de la cesión de crédito otorgada en

escritura número trescientos cincuenta y siete-cuarenta y cuatro ante el

Notario Alexander Montero Ramírez, en la cual J, en su carácter de acreedor del

crédito hipotecario inscrito en el Registro Público por la suma de $6.000.00 y

garantizado con hipoteca de primer grado sobre la finca inscrita en el Partido

de Alajuela bajo el Sistema de Folio Real matrícula número […] cede

dicho crédito hipotecario a la señora M. Con ocasión de la estimatoria parcial

de la demanda SE ACOGEN las pretensiones que se dirán: 1) la

nulidad del contrato celebrado en la escritura número […] de las 15:00 horas

del 3 de mayo de 2000 ante los Notarios Norma Argüello Pérez y José Fernández

Aguilar, tanto la compraventa de la finca inscrita en el Registro Público al

Folio Real de Alajuela, Matrícula Número […], así como el contrato de hipoteca

en donde dicha finca quedó en garantía por la suma de SEIS MIL DÓLARES

AMERICANOS que es el precio total de venta. En virtud de haberse

determinado pericialmente que el plano catastrado […] identifica y se refiere a

la finca inscrita en el Registro Público al Foliio real de Alajuela, Matrícula

Número  […], por seguridad jurídica para terceros, se ordena a la Oficina de Catastro

Nacional, se proceda a la inmediata anulación de la inscripción de dicho plano,

y por conexidad, se ordena al Registro Público de la Propiedad la anulación

de la inscripción registral de la finca inscrita al Folio Real de Alajuela,

Matrícula Número […], en virtud de su comprobada inexistencia material.

Que

por la anulación del contrato de compraventa y de garantía hipotecaria

decretado, conforme lo dispone el artículo 844 del Código Civil, se declara que

las partes  son restituidas al mismo estado en que se hallarían si no

hubiese existido el contrato nulo, en virtud de ello, el actor no está obligado

a pagar a los demandados J Y S el precio de la venta acordado ($6000) ni

los intereses que dicha obligación hubiese generado, como tampoco indemnización

por perjuicio alguno.

Se condena a los demandados al pago de las

costas procesales y personales que esta acción generó, salvo contra la

accionada M que se resuelve sin especial condenatoria en costas. Las

pretensiones no acogidas deben entenderse rechazadas”. El

apoderado especial judicial de la co-demandada M formula recurso de casación

por razones procesales y de fondo. Por las primeras son dos los

agravios, sin embargo, en resolución n° 001362-A-S1-2010, de las 10 horas 52

minutos del 11 de noviembre de 2010, esta Sala únicamente admitió el primer

cargo.

Recurso de casación por razones procesales

El Tribunal, dice,

resolvió más allá de lo pedido, pues declaró ineficaz la cesión de derechos

hipotecarios de J a favor de M, sin que así se hubiese solicitado en la

demanda. En este asunto, alega, lo que se pidió es que se declarara nulo el

contrato celebrado en la escritura pública número [...] otorgada ante los

notarios Norma Argüello Pérez y José Hubert Fernández Aguilar, a las 15 horas

del 3 de mayo de 2000. No obstante, agrega, el Ad quem, teniendo como hecho no

probado que la cesionaria M cumplió con notificar al deudor JP, revocó el fallo

del A quo, pues estimó que al resolver el fondo del asunto se equivocó en la

apreciación de lo que consideró es el punto medular de este asunto, cual es la

cesión del crédito hipotecario a favor de la demandada M. Erradamente,

considera, el Ad quem estimó que su inferior debió cerciorarse al resolver, si

dicha cesión tuvo la virtud de desencadenar los efectos jurídicos dispuestos

por el ordenamiento jurídico. La sentencia de segunda instancia, repite,

declaró “ineficaz” la cesión sin que tal extremo se

hubiese solicitado en las pretensiones, ni siquiera cuando se integró la litis

en contra de su poderdante. El Tribunal, aduce, incurrió en ultrapetita, pues

le otorgó a la parte algo que nunca fue pedido (ineficacia de la cesión),

vulnerando el debido proceso y el derecho de defensa, principios fundamentales

y de rango constitucional (artículos 39 y 41 de la Constitución Política).

Por si fuera poco, agrega, también ordenó anular un plano y la inscripción de la finca no.[…], lo cual tampoco fue pedido en la demanda.

III.-

Según

se observa del

agravio, el casacionista imputa al fallo  recurrido el vicio de

incongruencia por cuanto, en su criterio, en la petitoria de la demanda, la

parte actora no solicitó la ineficacia de la cesión de crédito otorgada en la

escritura no. […]  ante el notario Alexander Montero Ramírez, en la cual J,

en su carácter de acreedor del crédito hipotecario inscrito en el Registro por

la suma de $6.000.00 y garantizado con hipoteca de primer grado sobre la finca

folio real no. […], cede dicha acreencia a la señora M. A

juicio de esta Sala efectivamente el recurrente lleva razón y, por

consiguiente, el agravio merece ser estimado.  Reiteradamente la

jurisprudencia de esta Cámara ha estimado: “VI.- (…) que el artículo

594, inciso 3),  del Código Procesal Civil, al disciplinar el vicio de

incongruencia lo hace en relación con el “fallo” y “las pretensiones oportunamente

deducidas por las partes”. Derívase entonces que el vicio de actividad en

cuestión, como motivo examinable en casación, se

configura cuando hay disonancia o falta de relación entre la totalidad de las

pretensiones materiales acumuladas por las partes en el proceso y lo que se

resuelve en sentencia. Esa falta de conformidad entre lo pedido y lo

resuelto, puede revestir tres formas: ora porque la sentencia provee sobre más

de lo pedido (ultra petita); ora porque decide sobre pretensiones no formuladas

por el demandante (extra petita); o, ya porque omite decidir sobre alguna de

las peticiones o de las excepciones invocadas (mínima petita). No debe

confundirse con la mínima petita al fallo infra petita que es aquel que

resuelve una pretensión en donde el actor alega un derecho de extensión mucho

mayor que el que realmente resultó probado y en donde el Juez lo concede en

éste y lo niega en lo demás, de lo cual este último fenómeno pertenece a la

plus petitio y por ende de haber incorrección en el fallo no sería un vicio in

procedendo, propio de incongruencia, sino in iudicando analizable en sede

casacional como violación a la ley sustancial” (no. 000872-F-04, de las 15

horas 35 minutos del 6 de octubre de 2004). En trascripción textual, las

pretensiones de la demanda dicen: “Con base en los hechos expuestos y citas

de derecho indicadas, solicito a su autoridad que en sentencia se declare y se

condene:

Con lugar la presente acción.

Se declare la nulidad del contrato

celebrado en la escritura pública número Treinta, otorgada ante los Notarios

Norma Argüello Pérez y José Hubert Fernández Aguilar, a las 15:00 horas del 3

de mayo de 2000, por existir una nulidad absoluta, debido a la inexistencia del

objeto del negocio, así como a la obligación garantizada con hipoteca sobre el

mismo bien, que se constituyó para garantizar el pago del saldo del precio, sea

$6.000,oo más los intereses así como los demás actos que dieron lugar a

estos instrumentos públicos.

Que soy adquirente de buena fe.-

Que siendo adquirente de buena fe del

citado bien, al haber sido despojado del

mismo, a) Que no estoy obligado a pagarle a los vendedores el saldo adeudado del precio, interés

alguno, ni ningún tipo de perjuicio. b) Que lo (sic) vendedores están obligados

a pagarme el valor real al momento de la evicción que representa el monto

cancelado a la Mutual,

sea la suma de DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS

OCHENTA COLONES, más los intereses pactados hasta su respectivo pago del

préstamo a la Mutual

quie me financió la compra del bien del que fui despojado; c) Además de los

gastos de traspaso y de constitución de hipoteca, los intereses pagados a la

fecha sobre la deuda hipotecaria a favor del vendedor, impuestos municipales

sobre bienes inmuebles, que serán liquidados en ejecución de sentencia.

Se condene a los demandados al pago de las costas

personales y procesales de esta acción”    (la negrita es

suplida).  El Juzgado, en resolución de las 8 horas del 18 de abril de

2008 resolvió: “Previo al dictado de la sentencia se le previene al actor

aclarar la segunda pretensión de la demanda (folio 32), pues en ella pide la

nulidad del contrato del tres de mayo, la obligación garantizada con hipoteca y

los demás actos que dieron lugar a estos instrumentos públicos, pero en cuanto

a esta última pretensión no especifica cuales son esos actos, si es que existe

alguno anulable, por lo que se le previene aclarar cuales son esos actos”. El

apoderado de los demandados presentó revocatoria con apelación en subsidio contra

lo resuelto, pues estimaron, entre otras cosas,  que “Al solicitarle la

ampliación de la pretensión al actor, en este momento procesal, se está

incurriendo en una clara violación al artículo 113 del Código Procesal Civil,

así mismo a los principios del debido proceso, el derecho de defensa, lealtad,

igualdad y probidad procesal, dejándose en evidente desventaja a mis

representados, al otorgársele al actor la oportunidad de amplia o aclarar su

pretensión, la cual realizó en forma incompleta…”. La apoderada del actor, conforme se le

previno, aclaró la pretensión dos, agregando un punto: “3- Se declare

igualmente, la nulidad del

contrato de cesión de derechos hipotecarios- constituida en el contrato

anterior- de J a favor de M”. El Juzgado, por resolución de las 16 horas 35

minutos del 29 de mayo del 2008, dispuso: “Visto el escrito presentado por

el actor a folio 763, se