Resolución 01570-2012

Con base en los hechos que expuso y

disposiciones legales que citó, el actor estableció proceso de conocimiento,

para que en sentencia se declare: "…la nulidad del acto declinatorio del reclamo, acto administrativo

dictado el 18 de diciembre del año 2007, mediante el oficio N°66388-2007, en el

cual se le declina el reclamo a Jobreva J.S.A. S.A., sobre el reconocimiento

del precio del vehículo, por catorce millones ochocientos mil colones exactos

(14.800.000,00) solicitados por concepto de daños (valor  por el que se

suscribió el seguro adquirido). Como perjuicios se solicita la suma de

doscientos mil colones exactos (200.000,00) por mes, hasta el 25 de noviembre

del año dos mil ocho, por 14 meses, para un total del dos millones ochocientos

mil colones (2.800.000,00) mas (sic) los intereses que se generen y las costas del proceso.”

La apoderada del instituto demandado

contestó negativamente y opusieron las excepciones de incompetencia en razón de

la materia (resuelta interlocutoriamente) y falta de derecho.

Al

ser las 14 horas del 16 de junio de 2010, se efectuó la audiencia preliminar,

oportunidad en que hicieron uso de la palabra los representantes de ambas

partes.

El Tribunal Contencioso Administrativo,

Sección Quinta, integrada por las Juezas Laura García Carballo, Ileana Sánchez

Navarro y el Juez Alner Palacios García, en sentencia no. 5-2011 de las 9 horas

del 24 de enero de 2011, resolvió: “1) Se rechaza la defensa de falta de

derecho opuesta por el ente accionado y se rechaza la nulidad del acto alegado

por ser este proceso de naturaleza civil de hacienda.

Se declara

parcialmente con lugar la demanda establecida por JOBREVA S.A. contra el

Instituto Nacional de Seguros y se le condena al pago de los daños que

corresponden a la suma de ₵1.095.137 por concepto de mano de obra, mas (sic) el costo correspondiente a las piezas

sustituidas las cuales se pagaran (sic) contra factura, según el

procedimiento que establece la póliza rubro que se deberá demostrar en la fase

de ejecución de sentencia. Se excluye de dichos rubros el porcentaje

correspondiente al deducible. Se aprueban los intereses al tipo legal sobre las

sumas concedidas las cuales empezaran (sic) a correr (sic) partir

de la firmeza de esta sentencia y hasta su efectivo pago. Se rechaza el extremo

reclamado por concepto de perjuicios por no haberse demostrado su existencia.

Se condena al INS al pago de ambas costas de este proceso.”

5.-

El actor formula recurso

de casación indicando las razones en que se apoya para refutar la tesis del

Tribunal.

En

los procedimientos ante esta Sala se han observado las prescripciones de ley.

Redacta el magistrado González Camacho

La empresa Jobreva

San José J.S.A Sociedad Anónima  (en lo sucesivo la empresa o Jobreva)

demandó al Instituto Nacional de Seguros (en adelante el INS o el Instituto)

por incumplimiento al contrato de seguros de automóviles, póliza no.

01-11-AUT14680. En fecha 3 de setiembre de 2007, adujo, el señor German

Santamaría Horna conducía el vehículo placa CL-205023, propiedad de Jobreva,

siendo que en el kilómetro 43 de la carretera Interamericana Sur sufrió un

accidente de tránsito, colisionando de costado con una valla y posteriormente

contra un paredón. Conforme a derecho, agregó, el conductor llamó al oficial de

tránsito, al inspector de accidentes del Instituto (quien levantó el informe y

fotografió la escena) y a la grúa. Mediante reclamo de seguro voluntario de

automóviles no. 170307-02620, solicitó al INS la ejecución de la póliza de

seguros. Basándose en el informe del Departamento de Investigaciones

ITI-2007-328 del 13 de diciembre de 2007 y con fundamento en la cláusula 15 de

las condiciones generales del contrato de seguro suscrito, referente a la

exclusión de la cobertura ante reclamaciones que resulten fraudulentas,

inexactas o que se apoyen en declaraciones falsas, la Subjefe del INS, por

oficio INSCR-6638-2007 del 18 de diciembre de 2007, declinó el caso, dado que

los daños que presentaba el vehiculo no guardaban relación con la dinámica de

lo ocurrido. Contra tal determinación, apuntó, el 12 de febrero de 2003 formuló

recurso de revocatoria con apelación en subsidio, no obstante, ambos fueron

rechazados. La empresa Jobreva, al estimar que de acuerdo a lo pactado se actuó

de buena fe, interpone la demanda origen de este proceso y solicita en

sentencia (pretensión ajustada en audiencia preliminar): la nulidad del acto

declinatorio del reclamo no. 66388 del 18 diciembre de 2007. A titulo de daños,

el reconocimiento del precio del vehiculo por el monto de ¢14.800.000,00 (valor

por el que se suscribió el seguro) y por concepto de perjuicios, la suma total

de ¢2.800.000,00. Asimismo, requirió el pago de intereses más las costas del

proceso. El INS contestó de forma negativa, opuso las excepciones de

incompetencia por razón de la materia (rechazada en lo interlocutorio) y falta

de derecho. El Tribunal, rechazó ésta última. Declaró parcialmente con lugar la

demanda, en los siguientes términos. Condenó al demandado al pago de los daños

ocasionados en la suma de ¢1.095.137,00 a título de mano de obra, más el costo

de las piezas sustituidas pagaderas contra factura, según el procedimiento que

dispone la póliza, rubro que deberá demostrarse en ejecución de sentencia.

Concedió intereses legales sobre las sumas otorgadas, calculados desde la

firmeza de la sentencia y hasta su efectivo pago.  Impuso ambas costas al

vencido. Inconforme la parte demandada establece recurso de casación, que fue

admitido por esta Sala.

El recurrente

acusa dos agravios de naturaleza sustantiva, empero, esta Sala, de su análisis

y contenido, estima que ambas censuras giran en torno a una misma

disconformidad, de manera que se conocerán de forma conjunta. Como único

motivo, reprocha, el Tribunal aplicó de forma errónea el contrato de seguros,

en concreto la cláusula o  artículo 15 que refiere a eventos y pérdidas no

amparadas por la póliza, con la consecuente violación de los preceptos 1022 y

1023 del Código Civil (CC), así como el canon 411 del Código de Comercio,

normas según las cuales estos contratos son ley entre las partes. Para los

juzgadores, expresa, la cláusula 15 no resulta de aplicación en la especie, por

cuanto no se demostró que la actora hubiera incurrido en declaraciones falsas,

fraudulentas o inexactas. Sin embargo, esgrime, con tal determinación se deja

de lado que el mandato de comentario también excluye del pago de la cobertura,

las reclamaciones de daños o lesiones que resulten fraudulentas e inexactas. En

el caso de estudio, asevera, los jueces tuvieron por acreditado que el vehiculo

asegurado presentaba golpes que no guardan relación con el accidente ocurrido

el 3 de setiembre de 2007. Además, sostiene, de las pretensiones de la demanda

se observa que la actora peticionaba el cobro por la pérdida total del

vehículo, incluyendo daños que no coinciden con el evento citado, lo que se

confirma con el recurso de apelación interpuesto. Por lo tanto, arguye,

pretender cobrar por golpes que no surgen como consecuencia del hecho que

originó el reclamo, constituye un acto fraudulento en perjuicio del INS, una

violación a la cláusula en disputa, un incumplimiento contractual y una

infracción al principio de buena fe consagrado en el mandado 1023 del CC.

De previo a

resolver las acusaciones del casacionista, resulta necesario hacer un recuento,

en lo que interesa, de aquellos aspectos más importantes que obran en autos. El

3 de setiembre de 2007, el señor German Santamaría Horna sufrió un accidente de

tránsito mientras conducía el vehículo placa CL-205023, propiedad de la

sociedad actora. Según declaración del conductor brindada al inspector del INS,

aviso de accidente no. 0474616, el carro derrapó al tratar de esquivar otro

automotor que invadió el carril contrario, a raíz de lo cual se salió de la

vía, colisionó con una valla por el costado derecho y posteriormente contra un

paredón. Al evaluar el vehículo, el perito William Zamora Gómez determinó que

existían inconsistencias entre la dinámica de lo ocurrido y los daños

observados, por lo que recomendó verificar las circunstancias en que sucedió el

accidente. Dentro de las conclusiones vertidas por el funcionario, se indica la

existencia de golpes que no resultan concordantes con el evento en lo que

respecta a forma y magnitud, los que este funcionario excluyó al realizar la

estimación respectiva. Cuantificó los daños imputables al percanse en la suma

de ¢1.095.137,00. A partir del peritaje anterior, el Departamento de

Investigaciones del Instituto realizó un estudio de lo ocurrido, como

conclusión se emitió el informe ITI-2007-0328, en el  cual recomienda

declinar el caso, debido a que los golpes que presenta el vehículo no guardan

relación con lo narrado por el conductor. En lo medular, se fundamenta en que,

al revisar el lugar del evento los elementos encontrados contradicen lo

declarado, por cuanto no existen rastros físicos, principalmente en la supuesta

baranda colisionada, que demuestren que el accidente sucedió en el lugar que

dice el perjudicado. Con base en lo sugerido por ese Departamento, mediante

oficio INSCR-6638-2007 del 18 de diciembre de 2007, el INS denegó la ejecución

de la póliza por todas las coberturas pactadas, argumentado una violación de la

cláusula 15 de las condiciones generales del contrato pactado, norma que

consagra las perdidas no amparadas por el Instituto, dentro de los que se

encuentran: “Las reclamaciones de daños y/o lesiones presentadas por el

asegurado que en cualquier sentido resulten fraudulentas, inexactas o que se

apoyen en declaraciones falsas del asegurado o de un tercero a favor de éste,

concerniente a hechos o circunstancias que determinen la exclusión o

restricciones de las coberturas afectadas (….)”.(Trascripción del archivo

de audio y video de la sentencia).  Contrario al criterio del

Instituto, estimó el Tribunal que en el sub examine: “(…) no se observa por

parte la sociedad actora un incumplimiento del contrato que haga nugatoria su

posibilidad de reclamar el pago de los daños que presenta el vehiculo y que son

consecuencia del accidente y que más bien lo que se suscitó en la especie fue

una incorrecta interpretación y aplicación del artículo 15, inciso 15 de la

condiciones generales de la póliza, que motivaron al INS a declinar de forma

total el reclamo (…)”. Asimismo, para los juzgadores la aplicación del

referido artículo o cláusula: “(…) debe ir antecedida de una adecuada

comprobación por parte del ente asegurador de que, la declaración vertida por

el asegurado es fraudulenta, fundada en hechos falsos, inexacta o se apoya en

declaraciones falsas del asegurado, lo que no sucedió en la especie.”

(Trascripción del archivo de audio y video de la sentencia). Motivan tal

posición en varias circunstancias: 1) coincidencia ante las diferentes

instancias administrativas y jurisdiccionales de las declaraciones del

conductor en relación a lo ocurrido; 2) el asegurado no ha reclamado daños

concretos como consecuencia de lo sucedido, pues fue el INS quien los determinó

por medio de sus peritos; 3) existencia del accidente y de la atención médica

brindada al conductor por lo ocurrido; 4) la labor de investigación y

verificación de daños efectuada por el Instituto, permitió discriminar conforme

a lo narrado cuáles eran los golpes que tenían una relación directa o de

causalidad con el accidente denunciado y cuáles no; 5) el perito William Zamora

Gómez confirmó que hay daños atribuibles al evento del 3 de setiembre de 2007 y

en el juicio oral el perito Jose Fernando Arce aclaró que la declinación se

recomendó, no en cuanto a la totalidad de los golpes del automotor, sino solo

respecto a los del lado derecho.

En  el  sub  júdice,  el  argumento

del  Instituto demandado para denegar la ejecución de la póliza es que la

asegurada incurrió en reclamaciones fraudulentas o inexactas, pues quedó

acreditado con prueba pericial que el vehiculo presenta daños que no guardan

relación con el accidente. En su criterio, pretender el pago por golpes que no

surgen como consecuencia del hecho que originó el reclamo, constituye un acto

fraudulento, una violación a la cláusula en disputa, un incumplimiento

contractual y una infracción al principio de buena fe consagrado en el mandado

1023 del CC.  Analizados los considerandos anteriores, estima esta Sala

que el INS, al denegar en su totalidad el pago del seguro convenido con la

empresa actora, interpreta de forma incorrecta la cláusula 15 de las

condiciones generales del contrato. A efectos de resolver el fondo de la

controversia resulta necesaria su transcripción, establece la cláusula: “SECCIÓN

RIESGOS EXCLUIDOS. ARTÍCULO

EVENTOS Y PÉRDIDAS NO AMPARADOS  POR

ESTE  CONTRATO. A. BAJO TODAS  LA COBERTURAS:  El

instituto   no  amparará  las pérdidas o  los gastos

de cualquier índole que se produzcan directa, indirectamente o sean agravados

por: (…)

Las reclamaciones  de  daños  y/o

lesiones  presentadas por  el  Asegurado  que  en

cualquier sentido resulten fraudulentas, inexactas o que se apoyen en

declaraciones falsas  del Asegurado   o  de  un

Tercero   a  favor de éste, concerniente a hechos o

circunstancias  que  determinen  la  exclusión

o  restricción de  las  coberturas afectadas (…)”. Para este

Órgano Decisor la disposición trascrita es clara, las pérdidas no amparadas por

el Instituto lo son únicamente aquellas que se basen en reclamaciones

fraudulentas, inexactas o que se apoyen en declaraciones falsas, a contrario

sensu, se entiende que todas aquellas que no se enmarquen en esas tres

categorías han de ser indemnizadas conforme a lo pactado. Las cláusulas contractuales,

al igual que las leyes, han de interpretarse de manera integral, tomando en

cuenta no solo el significado literal de su contenido, sino también acorde a su

espíritu y las consecuencias que la aplicación de ellas puedan tener, según se

interprete en un sentido o en otro, de forma que ello conduzca a la

determinación de la finalidad perseguida por las partes en el contexto donde

fueron acordadas. En el presente asunto, la prueba pericial acreditó la

existencia de daños en el vehículo atribuibles al accidente de tránsito, por lo

que dentro de un marco de razonabilidad y lógica, no encuentra esta Sala razón

alguna por la que el INS deba declinar la ejecución de la póliza en su

totalidad. Esta Cámara no deja de lado que la declaración rendida por el conductor

Santamaría Horna, en relación a lo sucedido el día de 3 de setiembre de 2007,

es inexacta, dado que éste expresa haber colisionado el auto de costado derecho

con una valla, siendo que, de la prueba constante en autos se demostró que los

golpes en esa parte del automotor no se produjeron como consecuencia de lo

sucedido. Empero, dicha inexactitud lo es parcialmente, es decir, en relación a

esos daños en concreto, por cuanto también, se reitera, el perito William

Zamora Gómez confirmó la presencia de golpes que sí resultan acordes a la

dinámica de lo narrado y respecto a los cuales, no puede el INS eludir su deber

de indemnización. Contrario a los reproches del casacionista, el hecho de que

la declaración cuestionada sea inexacta de forma parcial, de modo alguno ha de

entenderse como justificante para denegar en su totalidad la ejecución de la

póliza, tal y como acontece en la especie, pues, se insiste, la cláusula 15 de

las condiciones generales del contrato únicamente excluye el pago de las perdidas

basadas en reclamaciones fraudulentas, inexactas o que se apoyen en

declaraciones falsas, manteniendo el asegurado su derecho a ser indemnizado por

daños que efectivamente surgen como producto del evento reportado. Al

entenderlo así el Tribunal, considera esta Sala que no lleva razón el

casacionista en sus acusaciones, por lo que el agravio deberá desestimarse.

En mérito de lo

expuesto, procede declarar sin lugar el recurso, con sus costas a cargo del

promovente, conforme al precepto 150 inciso 3) del Código Procesal Contencioso

Administrativo.