Resolución 01361-2012

Con base en los hechos

que expusieron y disposiciones legales que citaron, los actores establecieron

demanda ordinaria, a fin de que en sentencia se declare: “a) Que la Compraventa de un

inmueble que celebraron mis mandantes con la demandada G, en una doble versión

en Inglés-Español, con fecha 24 de junio del 2001 y en virtud del cual, ellos

le pagaron a la demandada un precio de $28.000.00, moneda de los Estados Unidos

de América, es válido (sic) y eficaz. B) Que asimismo, mantiene su

validez y eficacia la escritura pública otorgada ante la Notario Hanna Netzy

Lacayo Arguedas, otorgada en Santa Elena el día 23 de junio del 2001 y que

suscribieron las mismas partes, por referirse al mismo inmueble. Este

corresponde al plano

catastrado P- […], que es parte de la finca inscrita en el Registro Público,

Partido de Puntarenas, a nombre del Instituto

de Desarrollo Agrario, pero donde figura como

poseedora G, matrícula [...]. El referido inmueble se describe así;

terreno para construir con una casa, sita en el distrito noveno Monteverde, del

cantón primero, Puntarenas, de la provincia de Puntarenas.- Mide 448.28 metros cuadrados.

Linda: […].- c) Que es absolutamente nula por haber existido una manifestación

conciente de lo no querido por parte de mis mandantes, la escritura que

suscribieron las partes ante los oficios de la Notaria Hanna Neltzy

Lacayo Arguedas, de las 8 horas del 9 de mayo del 2002, en donde se indicó que

las partes rescindían la escritura siendo lo cierto que lo que querían mis

mandantes era revocar el poder especial que le habían otorgado a G para que

inscribieran (sic) a nombre de mis mandantes el inmueble.- d) Que G y A (sic)

están obligados a resarcirle los daños y perjuicios que le han irrogado a mis

mandantes; en especial en el orden moral ante la incertidumbre que con su

proceder le han irrogado a mis mandantes, en cuanto al dominio pleno del

inmueble adquirido. Estimamos prudencialmente este

daño moral en la suma de ¢2.000.000.00. En todo caso, su

fijación definitiva quedará reservada a la ejecución de sentencia. e).- (sic) Que son ambas costas de esta demanda a cargo

de los accionados G y A (sic).”

2.

Los

codemandados contestaron negativamente y opusieron las excepciones de

prescripción, falta de derecho y de legitimación en su doble modalidad.

3.

El

Juez Antonio Víctor Tobal, en sentencia 29-2008 de las 7 horas 30 minutos del

12 de noviembre de 2008, resolvió: “Se ordena acumular a este proceso, el

legajo de medidas cautelares tramitado en este juzgado, en sede civil, bajo el

número 04-100070-0417-CI. Respecto de la acción establecida

contra A, se rechaza la excepción de prescripción y se acogen las excepciones

de falta de derecho y la de falta de legitimación activa y pasiva. Con

relación a la acción establecida contra la (sic) G, se rechaza la

excepción de prescripción y la de falta de legitimación activa y pasiva, y

parcialmente se acoge la excepción de falta de derecho. Asimismo, se declara

SIN LUGAR en todos los extremos la demanda ordinaria establecida por R Y C contra

A y se declara PARCIALMENTE CON LUGAR en cuanto a la señora G, únicamente en

cuanto se declara válida el contrato de compraventa que se hizo constar en el

documento privado de fecha veinticuatro de junio del dos mil uno, mediante el

cual G, por el precio de veintiocho mil dólares, moneda de los Estados Unidos

de América, les vendió a los demandantes R y C el inmueble que se encuentra

representado mediante el plano catastrado número P-seiscientos catorce mil

ochenta y tres- dos mil y una parte de los terrenos representados en el plano

catastrado número P- [...] , con la especificación de que sería el área

comprendida al noreste de la línea AB, ubicándose el punto A a cinco metros al

sureste del vértice uno (entre vértices uno y dos) y el punto B a cuatro metros

al norte del vértice cuatro (entre los vértices cuatro y cinco). Se reserva

para la etapa de ejecución de sentencia lo relacionado a la determinación de

cual es el plano

que se ajusta a la medida acordada en el apuntado pacto. Se entiende

rechazada la demanda en cuanto a los restantes extremos. Este asunto se resuelve sin especial condenatoria en costas.”

4.

Ambas

partes apelaron y el Tribunal Agrario del Segundo Circuito Judicial de San

José, integrado por las jueces Antonio Darcia Carranza, Enrique Ulate Chacón y

Carlos Picado Vargas, en el voto 0621-F-11 de las 10 horas 30 minutos del 23 de

junio de 2011, dispuso: “En lo apelado se revoca parcialmente la sentencia

dictada en cuanto resuelve sin especial condenatoria en costas respecto de la

demanda interpuesta contra A. En su lugar se condena a los actores al pago de

ambas costas generadas en este proceso respecto del codemandado A. En lo demás

se confirma el fallo dictado.“

El apoderado especial

judicial de los actores formula recurso de casación.

En los procedimientos

ante esta Sala se han observado las prescripciones de

ley.

Redacta la magistrada León Feoli

I.-

Los señores R y C alegan en la demandan, en lo fundamental, que celebraron con

la señora G un contrato de compraventa, en virtud del cual esta les transmitió un

inmueble sin inscribir, comprometiéndose a obtener el título supletorio,

mediante información posesoria, para registrar el bien a nombre de ellos, según

poder que le dieron para ese efecto. Además, indican, le compraron parte de

otro lote, acordando el esposo de ella, señor A, asumir el manejo de la

construcción de un agregado y contratando mano de obra y materiales, todo ello

a cambio de una comisión; mientras que doña G se comprometió a registrarlo lo

más pronto posible. Señalan, esos terrenos formaban parte de un

fundo inscrito a nombre del

Instituto de Desarrollo Agrario, cuya poseedora es la señora G. Aducen haber

honrado su deuda al pagar según lo pactado; sin embargo, la contraparte

incumplió. Por eso los demandan, a fin de que en sentencia se declare: la compraventa,

en la que afirman haber cancelado el precio, es válida

y eficaz. También lo es la escritura suscrita el 23 de julio de 2001 ante la

notaria  Hanna Netzy Lacayo Arguedas, atinente a ese traspaso. Es nula la

escritura del 9 de mayo de 2002 que se otorgó ante la misma funcionaria, donde

se indicó que las partes rescindían la indicada enajenación, pues lo que en

realidad se quiso era revocar el poder especial conferido a la señora G. Los

codemandados deben resarcir los daños y perjuicios; asimismo, pagar ambas

costas del

proceso. Estos opusieron las excepciones de prescripción,

falta de derecho y de legitimación en su doble modalidad. El Juzgado denegó la de prescripción. Aceptó las de falta de

derecho y de legitimación respecto a A y desestimó la

demanda en lo que a él respecta. Acogió la de falta de

derecho en cuanto a G, en lo que no fue expresamente concedido. Las

denegó en tanto declaró válido el contrato de compraventa que se hizo constar en

el documento privado del 24 de junio de 2001, mediante el cual ella vendió a

los coactores, por $28.000,00, la finca representada en el plano catastrado P-[…]

y una porción de los terrenos establecidos en el plano catastrado P-[…]. Reservó

para ejecución lo relacionado con la determinación de cuál es el plano

que se ajusta a la medida acordada en el pacto. Resolvió sin

especial condenatoria en costas. Ambas partes

apelaron. El Tribunal modificó el fallo del A quo. En su

lugar, impuso a los codemandantes el pago de las costas personales y procesales

relativas a A.

El apoderado de los coactores recurre ante

esta Sala. Según aduce, en el

de la sentencia

cuestionada, se indica que los codemandados fueron los únicos, quienes

interpusieron recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia.

No obstante, aclara, sus representados también lo hicieron. En

principio, indica, consideró que se trataba de una simple omisión. Sin

embargo, el razonamiento del

Superior, quien

no se refiere para nada a los motivos de inconformidad de sus mandantes, hace

evidente que no conoció de su impugnación. Explica, si bien el canon 532 del

Código de Trabajo, aplicable en la especie, dispone que la Sala omitirá los reclamos sobre

cuestiones procesales, en este proceso no se trata de un asunto de esa índole.

Va más allá, justifica, pues consiste en un caso de evidente indefensión y, en

consecuencia, de nulidad absoluta  al tenor del artículo 197 del Código

Procesal Civil (CPC), la que en esa virtud debe declararse. Adjunta copia del

escrito de apelación que dice haber presentado, en tiempo y forma, en el que

aparece el sello original del Juzgado. Expone otros cargos que, por la forma en

que se analiza este asunto, resulta innecesario

resolverlos.

III.-

Consta en autos que el representante de la parte demandada apeló del fallo de

primera instancia, según escrito que presentó ante el Juzgado el 20 de

noviembre de 2011 (folio 257). Pero también lo hizo el de los coactores, en

documento remitido por fax en esa misma fecha (folio 263), cuyo original aportó

al día siguiente (folio 269). El A quo, en resolución de las 13 horas del 25 de

noviembre de 2008 (folio 273), dispuso: “Vistos los memoriales presentados

por los apoderados de ambas parte (sic) dentro de este asunto: En

efectos suspensivo y PARA ante el TRIBUNAL AGRARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO

JUDICIAL DE SAN JOSÉ, se admite el Recurso de APELACIÓN, que (sic)

interpuesto en contra de la sentencia dictada a las siete horas treinta

minutos del doce de noviembre del dos mil ocho…”. El Superior, en la

sentencia de segunda instancia, consignó en el Resultando 4: “El apoderado

especial judicial de los demandados, formuló recurso de apelación con

indicación expresa de las razones por las cuales refuta la tesis del Juzgado de instancia, (folios 259 a 264)”. En el Considerando II resumió los agravios de esa impugnación.

Los Considerandos III, IV y V, giran en torno a esa

apelación. Incluso, en el VI acogió uno de esos reparos y, en ese sentido, modificó el fallo de primera instancia y

condenó a los coactores a pagar ambas costas respecto al señor A. Por lo demás,

en los Resultandos no manifestó que los demandantes también apelaron. No

resumió los cargos de ese recurso. Este abarca

aspectos atinentes a los extremos petitorios denegados, la existencia del daño

moral sufrido, la decisión del A quo de reservar para ejecución de sentencia la

determinación de la cabida del inmueble, contradicciones en punto a la

rescisión contractual, el propósito de revocar solo el poder especial otorgado

a la vendedora, la absolutoria en costas a favor de la codemandada G. Estos

puntos no fueron materia de pronunciamiento, en los términos que expuso el

apoderado de los coactores, como motivos de

inconformidad contra el fallo del

A quo. Como es evidente, el Tribunal solo atendió una de las impugnaciones y

omitió toda referencia a la otra. Con ese

proceder trastocó el curso normal del

procedimiento, dejó indefensos a los accionantes, produjo un desequilibrio

procesal que afecta el principio de igualdad y quebrantó el debido proceso. En

esta virtud, ciertamente, como

lo indica el casacionista, se ha producido la situación contemplada en el canon

197 del CPC, cuando estipula: “Cuando se trate

de nulidades absolutas por existir un vicio esencial para la ritualidad o

marcha del

procedimiento, el juez ordenará, aún de oficio, que se practiquen las

diligencias necesarias para que aquél siga su curso normal. La nulidad sólo se

decretará cuando sea absolutamente indispensable su pronunciamiento para evitar

indefensión o para orientar el curso normal del procedimiento.

Tampoco deberá prosperar si es posible reponer el trámite o corregir la

actuación, sin perjuicio de los demás actos procesales”.  Esta norma es aplicable a materia agraria por disposición del precepto 6 de la Ley de la Jurisdicción Agraria.

Si bien es cierto, el recurso ante esta Sala, propio

de asuntos agrarios, no se rige en un todo por las disposiciones de la casación

del CPC, pues la Ley

de la

Jurisdicción Agraria remite a la impugnación contemplada a

partir del canon 556 del Código de Trabajo, esta Cámara ha analizado las

situaciones que darían cabida para su análisis. Así, por ejemplo, en la sentencia 583 de

las 11 horas 35 minutos del 14 de julio de 2004 señaló: “V.-

Reiteradamente ha señalado esta Sala […] que una de las características

del recurso de casación en esta materia, es su limitación a conocer,

exclusivamente, aspectos de fondo.  Ello al socaire del artículo 559 del

Código de Trabajo, aplicable a este tipo de procesos, por expresa remisión del

canon 61 de la Ley

de Jurisdicción Agraria.  Empero, ahora, con su nueva integración, este Tribunal se replantea dicha posición, de conformidad

con los siguientes argumentos.  El referido numeral del código laboral dispone: “RECURSO DE

CASACIÓN. RECHAZO DE PLANO.

Recibidos los autos, la Sala

rechazará de plano

el recurso si se ha interpuesto contra lo que disponen los artículos 556 y

557.  Lo mismo hará cuando en el recurso se pida

únicamente la corrección, reposición o práctica de trámites procesales.”(Lo

subrayado no es del

original).   Para el sub-júdice, interesa la segunda parte del

artículo en comentario.  La doctrina procesalista ha indicado que los

motivos de casación por razones de índole procesal, dispuestos en el artículo

594 del Código Procesal Civil, pueden darse en las tres fases del

proceso:

En la constitución misma de la relación jurídico

procesal, verbigracia, lo regulado por el  inciso primero, relativo a la

falta de emplazamiento o notificación defectuosa de éste.

Los

referidos al anormal desenvolvimiento de esa relación.  Tal es el caso del

inciso segundo, sobre la denegación de pruebas admisibles o la falta de

citación para alguna diligencia probatoria durante la

tramitación.  Y,

Los producidos al momento de la decisión del

litigio, es decir, al dictarse la sentencia correspondiente, el ejemplo típico

es la incongruencia, dispuesta en el inciso

La expresión

“reposición o práctica de trámites procesales” según lo dispuesto por la

normativa laboral, no abarca la totalidad de los supuestos en que pueden

presentarse los vicios de forma o “in procedendo”.  La jurisprudencia de

este Tribunal, hasta el momento, ha equiparado los conceptos de “vicios de

forma” con los de “trámite procesal”, a pesar de ser diferentes.  Se está, puede afirmarse, ante una relación de género a especie, en

donde los segundos configuran una especie de los primeros.  Los

yerros por trámites procesales se refieren a incumplimientos originados, de

manera exclusiva, durante el íter procesal, pudiendo

enmarcarse en los puntos 1 y 2 antes señalados.  Por ello, la limitación

para interponer el recurso de casación por razones procesales, contenida en el

artículo de comentario, no es aplicable a todos los supuestos en que

proceda.  No está contemplada para las faltas referidas a la constitución

de los actos procesales que sean pasibles de ese

recurso, a tenor de lo dispuesto por el indicado artículo 594 del Código de

rito civil.  De tal manera, dentro de este nuevo enfoque, sí resulta

revisable en esta vía el fallo dictado en la jurisdicción agraria, cuando lo

alegado es el vicio de incongruencia...”. (En esta

misma línea, consúltense el fallo 608 de las 9 horas 10 minutos del 23 de julio

de 2004 y el 133 de las 10 horas del 10 de marzo de 2005 de este órgano

decisor).

V.-En

el caso concreto, según la situación planteada, la competencia del Ad quem se encontraba establecida y limitada por los

agravios de los apelantes. En esa virtud es que debió

analizar la sentencia de primera instancia. Sin embargo, no lo hizo con

corrección, pues solo examinó lo resuelto a partir de las censuras de una de

las partes, no así respecto a los coactores quienes también apelaron. En esta

inteligencia, fue omiso al no atender esos cargos, lo que implica incongruencia

y un defecto en su pronunciamiento que, además de quebrantar lo preceptuado en

los artículos 99, 153, 155 y 565, aplicables por disposición del canon 6 de la Ley de la Jurisdicción Agraria,

determinan considerar el susodicho artículo 197 del CPC. Ello lleva a la

nulidad de la sentencia de alzada, para que se le

reenvíe el expediente al Superior

a fin de que dicte nuevo fallo, contemplando no solo la impugnación de la parte

demandada, sino también la de los coaccionantes, si fuese procedente.