Resolución 01168-2012

De conformidad con lo

dispuesto por el artículo 139 del

Código Procesal Contencioso Administrativo, el recurso resulta admisible en

cuanto a los reparos primero y cuarto, en lo demás se deberá

rechazar de plano

por las razones que se dirán. Acorde a lo señalado en el canon 142 del

cuerpo procesal de cita, se pone en conocimiento de la admisión de este recurso

a las codemandadas por el plazo de 10 días hábiles.

Se califica el recurso

de casación como

una instancia de carácter extraordinaria, básicamente por dos razones.

En primer término, porque no toda resolución judicial es pasible de tal recurso, sólo las contempladas en la ley. Y en segundo lugar, porque las causales de impugnación en esa etapa

revisora no son abiertas, sino preestablecidas de igual modo, por el

ordenamiento jurídico. En lo relativo al primer aspecto, cabe señalar, como regla general, que son

susceptibles del

recurso de casación las sentencias y los autos con carácter de sentencia

capaces de producir cosa juzgada material. Así mismo, lo son

aquellos pronunciamientos finales y de fondo emitidos en las ejecuciones de

sentencia de fallos firmes y precedentes recaídos en procesos de conocimiento.

Frente a esta fórmula genérica, el propio Código

Procesal Contencioso Administrativo, puntualiza algunas resoluciones

particulares a las cuales se les concede esta opción. A manera de ejemplo, se encuentran

en esta posibilidad las siguientes: a-) la que declara la inadmisibilidad de la

demanda (art. 62.3); b-) la que declara con lugar las defensas previas

indicadas en el apartado 6) del cánon 92 del Código de cita, y c-) la que

resuelve en forma final, el “proceso de ejecución” de sentencia en habeas

corpus y amparos de la Sala Constitucional declarados con lugar, contra o a

favor de una Administración Pública (art. 183.3 ibidem). Por ende, los autos

comunes y las resoluciones que no definan el fondo del asunto o no pongan término al proceso,

tienen vedado el paso

recursivo a la etapa casacional.  En lo que atañe a las

causales, cabe agregar que opera la dualidad entre las procesales y las

sustantivas. Así se plasma en los preceptos 137 y 138

de la nueva legislación codificada. Para

los primeros, se efectúa un listado en términos

amplios, de gran cobertura, y en los presupuestos que procede, ajustados a las

reglas de la oralidad. Respecto de los sustantivos, se prevé

la posible infracción de los elementos probatorios (por desapego o

contradicción con ellos, o bien, preterición o indebida valoración), denominada

comúnmente “violación indirecta”. Por otro lado, formando parte

de este último grupo, se encuentra la infracción

estrictamente normativa, que ocurre en el supuesto de una aplicación indebida,

una incorrecta interpretación o una desaplicación reprochable de la norma,

conocida en la tradición jurídica costarricense como “violación directa”.

Hecha la mención de las

resoluciones sobre las cuales cabe recurso de casación y sus causales, se hace

imprescindible enfocar los requisitos necesarios para su admisibilidad. En este sentido, bueno es recordar que la vocación

antiformalista con que irrumpe el Código Procesal Contencioso Administrativo en

el ordenamiento jurídico costarricense, permea todos y cada uno de sus propios

institutos. De esta manera, el recurso de casación se libera también de

excesivos requisitos de admisibilidad, con el fin de que el órgano casacional

(como vértice del sistema) pueda ingresar, las más de las veces, al análisis de

los quebrantos alegados, sean procesales o sustantivos, en cumplimiento del fin

esencial de esta instancia jurisdiccional y de quien a ella acude. Es así como

se ha establecido una casación menos rigurosa en lo relativo a los aspectos de

admisibilidad, sin abandonar por ello el tecnicismo que le es propio, ni su

naturaleza y esencia, pues, al fin y al cabo, se mantiene incólume su rol y su

finalidad dentro del régimen procesal moderno.

Ahora bien, pese a la

informalidad que propugna la legislación procesal vigente para formular el

recurso de casación, se articulan, como es lógico, una serie de requisitos

mínimos y necesarios relativos al tiempo, lugar y forma. Se crean mediante ley,

en tanto imprescindibles para este particular recurso extraordinario, ya que

sin ellos, no habría orden ni equilibrio procesal; empero, han de interpretarse

de manera flexible y razonable, pues precisa recordar que los señalados en el

artículo 139 del Código de referencia, son los únicos requisitos y formalidades

previstos para el recurso de casación, según lo señala el inciso 5) de ese

mismo numeral. De esta manera, en el apartado 1) de la norma

recién citada, se establece que el recurso en mención deberá presentarse directamente

ante la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Con ello, se modifica en

forma leve para el contencioso administrativo, el sistema vigente en la

legislación procesal civil, dado que, ahora, la Sala se pronuncia sobre la

admisibilidad y acorde al canon 142.1 del Código de la materia, lo pone en

conocimiento de la parte contraria por el plazo de 10 días (notificándole por

el medio que haya establecido, o en el lugar señalado dentro del Primer

Circuito Judicial, de acuerdo con la comunicación que le fue girada de previo

por el órgano jurisdiccional de instancia). Se busca con esto, la

estandarización del

régimen recursivo que presenta el Código, dado que por regla, sean ordinarios o

extraordinarios, se presentan directamente ante el superior encargado de

conocerlos. En otro orden de ideas, en el mismo acápite normativo, se establece

el plazo para su interposición: 15 días hábiles contados a partir del

día hábil siguiente de notificadas todas las partes. Si se hubiere interpuesto

adición o aclaración, el plazo indicado empezará a correr a partir del

día hábil siguiente de notificadas todas las partes de lo resuelto sobre ello.

Superado el tiempo y lugar de presentación, se enumeran en el apartado 2), una

serie de requisitos de “información” e “identificación” del

recurrente y del proceso, que, por su naturaleza (“datos”, “información de

trámite”), pueden ser subsanados en el plazo de tres días, a tenor de lo

dispuesto en el precepto 141 del mismo cuerpo normativo. Así, deberá indicarse:

a) el tipo de proceso; b) el nombre completo de las

partes; c) la firma del recurrente o recurrentes autenticada por

abogado; d) hora y fecha de la resolución recurrida; e)

número de expediente en la cual fue dictada y f) lugar dentro del

perímetro para recibir notificaciones, cuando el que se hubiere dispuesto no

corresponda a la misma sede, salvo, claro está, que se haya señalado algún medio,

excluido de cualquier circunscripción territorial (v.gr. fax o correo

electrónico). Con ello se completa el listado simple de exigencias

instrumentales o adjetivas del recurso. Sólo en el evento de

que se incumpla la prevención dictada al efecto, se dispondrá el rechazo de

plano, y por ende, el archivo del asunto, pero en ese caso, no sólo por la

omisión misma, sino por la desatención a lo prevenido judicialmente.

A los anteriores

requisitos se añade un último requerimiento (artículo

139.3), en este caso, material, en tanto necesario para la admisibilidad y para

la posterior valoración del

recurso por el fondo. Se trata, de la motivación del recurso,

que por las características de la casación, ha de ser clara y precisa. En este sentido, debe contener, tal como

lo dispone el precepto de comentario, la fundamentación fáctica y jurídica

del caso. Fáctica,

en la medida en que se muestre inconforme con los hechos que se han tenido por

demostrados, o por indemostrados (lo cual lleva a la ponderación de las

probanzas), o con los las circunstancias acaecidas en la violación de normas

procesales, y jurídica, cuando se trata de un problema que se expone

acerca de la aplicación, omisión o indebida interpretación de cualquier norma

que integre el bloque de juricidad, incluidos, por supuesto, los principios de

rango constitucional, o aquella que también opera por efecto reflejo o

indirecto, después de que se modifican los hechos de la sentencia

impugnada.  Tanto en la infracción procesal, como en la probatoria, puede

concurrir, junto con las razones jurídicas (siempre necesarias), las de

carácter fáctico, y en ese sentido, los fundamentos de referencia deberán ser

dirigidos en ambas vertientes, so pena de inadmisibilidad. Por su parte, es

necesario aclarar que de la fundamentación jurídica se exonera, por expreso

mandato legal, la indicación de aquellos cánones relativos al valor del

elemento o elementos probatorios mal apreciados. De igual forma, resulta

innecesario citar las normas que equivocadamente

utilizó y mencionó el órgano jurisdiccional de instancia para emitir y razonar

su decisión; porque constan en el mismo pronunciamiento recurrido. Y desde

luego, no es para nada indispensable, citar los preceptos que establecen los

requisitos, plazos y reglas básicas para la admisión del recurso. Antes que la cita de estas últimas, lo imprescindible es que se

cumplan, que se pongan en práctica al momento de elaborar e interponer la

casación. Así las cosas, la fundamentación dispuesta por ley, puede

entenderse, grosso modo, como

aquella argumentación técnico-jurídica en la que se mencionan una serie

de artículos, o reglas jurídicas entrelazadas o concatenadas entre sí y

vinculadas razonablemente en una doble perspectiva: con los argumentos del recurso y con la

sentencia que se ataca. En la medida en que se cite un

conjunto de normas jurídicas (o si es del

caso, una sola de ellas), atinente y vinculada de manera clara con la sentencia

combatida (ya sea en el sustento de hecho o derecho) y los argumentos del recurso, hay

fundamentación jurídica. Los agregados jurisprudenciales o

las eventuales citas doctrinales, reforzarán en ocasiones las alegaciones

efectuadas, pero, por lo general, no hacen a su esencia. Como lo ha

dispuesto ya esta Sala interpretando el artículo 139 de referencia, “se

requiere que el recurso cuente con una fundamentación jurídica mínima...deben

explicarse las razones en las cuales sustenta su gestión, combatiendo los

argumentos de derecho de la sentencia recurrida y consignando, al menos, alguna

referencia normativa que le dé sustento” (Resolución n° 318-A-2008, de las

14 horas 25 minutos del 8 de mayo de 2008). La fundamentación es por tanto,

ajena al despliegue confuso de normas y alegatos; a la mezcla de argumentos

ininteligibles o a la simple exposición de opiniones sobre la procedencia o

justicia del caso, o bien, al recuento de los desaciertos que se consideran

cometidos en la sentencia recurrida, sin respaldo en normas o criterios

jurídicos. De allí que, si el recurso omite por completo esa relación

técnico-normativa a la que se ha hecho referencia, o la que realiza, resulta

impertinente o desvinculada al caso de manera manifiesta y evidente, habrá que

entender que carece de “total fundamentación jurídica”, y por tanto,

incumple el necesario requisito establecido en el numeral 139.3), que se

sanciona con el rechazo de plano, a tenor de lo dispuesto en el artículo 140

inciso c) del mismo Código de rito.

En el caso en estudio,

el actor plantea su recurso por violación a normas procesales y sustantivas,

dividido en cinco agravios, de los cuales, en el segundo,

endilga, acusa indebida motivación, por cuanto la sentencia impugnada no

reconoce que en materia del derecho de información opera la inversión de la

prueba. En el tercero, recrimina, indebida motivación toda vez que en el

considerando VI del fallo combatido, se hace relación al derecho constitucional

a la protección de los intereses económicos, reforzando a su vez el derecho del

consumidor a la información veraz y oportuna, sin que el Tribunal reconozca el

derecho a la indemnización por daño moral que existe para el consumidor, al

hacerle firmar una cláusula que nunca entendió. En el quinto agravio,

sostiene, los jueces no reconocen en su sentencia que Don L. se sintió

decepcionado del Banco por haberlo hecho incurrir en

error, al cambiarle una deuda en dólares a una de Unidades de Desarrollo, en

perjuicio de su salud y de sus intereses económicos.

Analizado con detalle

el cargo señalado, estima esta Sala, no se sigue una correcta praxis

casacional, pues la parte recurrente olvida que esta instancia procesal, no

corresponde a un recurso ordinario (como es el de la apelación), ni resulta

suficiente manifestar una serie de disconformidades generales y meramente

argumentativas,  en tanto es menester, según se

ha dicho, el contraste de lo decidido con la infracción general que, en su

criterio, tuvo lugar. Puede apreciarse con meridiana claridad que el reclamo

descansa  en el alegato de que, no se reconoce

que en materia del

derecho de información opera la inversión de la prueba. Además, que el fallo se

contradice  al tener como hechos no demostrados,

que el Banco tuviera una política de información adecuada y que el señor L. o

algún otro representante de la compañía, no hubiesen recibido información clara

y oportuna sobre los alcances del crédito mientras que acredita, que al momento

de suscribir la escritura pública, ni el notario, ni los funcionarios del BCAC

explicaron los alcances de los créditos en Unidades de Desarrollo. Añade

referencias en cuanto a que, en el considerando VI del fallo combatido, se hace

relación al derecho constitucional a la protección de los intereses económicos,

el cual sustenta el derecho del consumidor a la información veraz y oportuna,

con la consecuente obligación del proveedor del servicio, de indemnizarle

cuando de su quebranto se le cause un perjuicio. Agrega, el

Tribunal no reconoció el derecho a la indemnización por daño moral que existe

para el consumidor, al hacerle firmar una cláusula que nunca entendió, con el

consecuente menoscabo económico. Sin  embargo,

se omite por completo la fundamentación jurídica requerida para su

conocimiento. Si bien refiere, la sentencia no reconoce que Don L. se sintió

decepcionado del Banco por haberlo hecho incurrir en error, al cambiarle una

deuda en dólares a una de Unidades de Desarrollo, en perjuicio de sus intereses

económicos, no se menciona, el irrespeto de ninguna norma de fondo, requisito

insoslayable cuando se acusa este tipo de infracción, ni la forma cómo esta ha

sido quebrantada. No explica los alcances de sus afirmaciones, ni refiere las circunstancias en las cuales el Tribunal

habría violentado la normativa aplicable al caso concreto. Más bien, en sus

motivos, el recurrente se inclina por exponer una serie de argumentos, no

relacionados de manera precisa con el punto medular del agravio. En

otras palabras, desarrolla simples discrepancias de criterio que no muestran

ninguna base jurídica que le de soporte, a efecto de

poder ingresar al estudio extraordinario pretendido. En consecuencia, dichos

reclamos resultan informales, por lo que deberán rechazarse de plano.

Dada la especialidad de las pretensiones que se discuten en el proceso, estima

esta Sala que la redacción de la sentencia posee una excepcional complejidad,

por lo que, conforme al numeral 149 inciso 4 del Código Procesal Contencioso

Administrativo, su dictado podrá realizarse en un plazo máximo de 10 días

hábiles, contados a partir del vencimiento del traslado del recurso a la parte

recurrida.