Resolución 00010-2012

1.

Con

base en los hechos que expuso y disposiciones legales que citó, el actor

estableció demanda, cuya cuantía se fijó en la suma de treinta y seis millones

de colones, a fin de que en sentencia se declare: "(...) nula la

Información Posesoria inexistente presentado por el señor Alberto Valverde

Camacho y su abogado y notario Lic. Felix Angel Ramírez Murillo.- Que las cosas

vuelven a su estado anterior a esta presentación de inscripción fraudulenta de

Información Posesoria.- Que por la acción reivindicatoria se declare mi

titularidad única, tanto registral como legal de este inmueble. Que se le

ordene al señor Alberto Valverde Camacho de desocupar el inmueble que no le

corresponde. Que cualquier traspaso o cesión de derecho de alguna parte del

terreno, basadas en esta información posesoria se declaren nula.- Que se

condene al aquí demandado a pago de ambas costas del juicio.- Que se condene al

aquí demandado a los pagos de daños y perjuicios que me ha causado con esta

maniobra ilegal.- Que se me entregue mi parte que me corresponde como propietario

de esta finca.”  (Sic).- A folios del 181 al 182, el actor amplía

su petitoria de la siguiente manera: " (...) nula la

información posesoria inexistente presentada por el señor ALBERTO VALVERDE

CAMACHO.- Que se declaren nulas las donaciones hechas del señor Alberto

Valverde Camacho de terreno ajeno hacia sus hijas Marlene, Marcela y Ana Lineth

todas Valverde Duran.- Que las cosas vuelven a su estado anterior a este

presentación de inscripción fraudulenta de información posesoria.- Que por la

acción reivindicatoria aquí presentada se declare la titularidad única, tanto

registral como legal del inmueble de EUGENIO SALAZAR ROMERO.- Que se ordene

tanto al señor ALBERTO VALVERDE CAMACHO como a sus hijas Marlene, Marcela, y

Lineth todos de apellido Valverde Duran, que devuelven y desocupen las tierras

ocupadas ilegalmente por su padre Alberto Valverde Camacho y por ellas y que

reconocen los daños y perjuicios causados al aquí demandante.- Que se declare

en sentencia que se le debe pagar al señor Eugenio Salazar Romero los intereses

de los daños y perjuicios causados desde la inscripción fraudulenta de la finca

nueva sobre la finca vieja.- Que se declare nulo cualquier traspaso o cesión de

derecho por donación o venta de alguna parte de terreno, basada en la supuesta

titularidad del señor ALBERTO VALVERDE CAMACHO obtenido a base de una

titulación por medio de información posesoria fraudulenta.- Que se condene a

Alberto Valverde Camacho asi como a Marlene, Marcela y Lineth todos de apellido

Valverde Duran, solidariamente con el señor Valverde Camacho para que paguen

los daños y prejuicios más los intereses de los mismos desde que se causaron.-

Que se condene a ellas solidariamente con el señor Alberto Valverde Camacho de

pagar las costas, tantos personales como procesales."

2.

El

apoderado del demandado opuso las defensas previas de litis consorcio pasivo

necesario e incompetencia por razón de la materia, que se resolvieron

interlocutoriamente; contestó la demanda conforme a sus escritos de folios 126

al 133 y 242 al 250 oponiendo las excepciones prescripción, falta de

legitimación y de derecho.

El señor Valverde

Camacho contrademandó para que en sentencia se declare: “(...) con lugar la

presente contradenda, obliguese al actor reconvenido al pago de: A- la suma de

DIEZ MILLONES DE COLONES POR DAÑO MORAL.- B- la suma de UN MILLON DE COLONES

POR DAÑO MATERIAL.- C- LA SUMA DE CINCO MILLONES POR LOS PERJUICIOS

OCACIONADOS.- D- La suma de veinte millones por concepto de mejoras a la

propiedad.- E- ASI COMO EL PAGO DE INTERESES SOBRE LA SUMA CONCEDIDA EN

SENTENCIA, HASTA LA CANCELACION TOTAL.-

SE CONDENE AL PAGO DE AMBAS COSTAS

DE ESTA ACCION.”

El licenciado Edwin

Chacón Bolaños contestó la reconvención con escrito de folios 280 al 284 oponiendo

las excepciones de falta de derecho y de legitimación; además de la expresión

genérica de “sine accione agit.”

El juez Christian López

Mora, en sentencia no. 78-2008, de las 10 horas 45 minutos del 30 de octubre de

2008, resolvió: "De conformidad con lo expuesto y citas de ley

invocadas, se

El actor

Eugenio Salazar Romero, interpuso este proceso contra Alberto Valverde Camacho,

Marlene, Carmen Marcela, Ana Linnete las últimas de apellidos Valverde Durán, a

fin de que en sentencia se declare la nulidad de la información posesoria que

culminó con la inscripción a nombre del señor Valverde Camacho de la finca

partido de San José matrícula 404928-000, así como los traspasos posteriores.

Solicita se le declare como único titular tanto registral como legal de la

finca indicada, se ordene a los demandados desocupar el inmueble, también, se

les condene al pago de las costas y los daños y perjuicios. La parte accionada,

opuso las excepciones de prescripción así como la de falta de derecho y

legitimación. Contrademandó a Eugenio Salazar Romero solicitando se le obligue

al pago de daños y perjuicios y en caso de vencer en el litigio, solicitaron la

cancelación de las mejoras realizadas a la propiedad. El reconvenido contestó

en forma negativa la contrademanda y opuso las defensas de falta de

legitimación, de derecho y de interés actual. El Juzgado en relación a la

demanda, rechazó excepción de prescripción y acogió las de falta de derecho y

legitimación. La declaró sin lugar y condenó al pago de las costas del proceso

a la parte actora. Respecto de la contrademanda, rechazó la excepción de falta

de legitimación y acogió las de falta de derecho e interés actual. Declaró sin

lugar la reconvención. Ante la apelación de la actora, el Tribunal revocó la

sentencia en cuanto acogió la falta de derecho y de legitimación y declaró sin

lugar la demanda en todos sus extremos. En su lugar rechazó las defensas en

relación a las pretensiones acogidas, en consecuencia declaró parcialmente con

lugar la demanda. Decretó la nulidad de la información posesoria, de la

inscripción del inmueble folio real nº 404928-000 y de los posteriores

traspasos efectuados a raíz de la inscripción anterior y resolvió sin especial

condenaria en costas. La apoderada especial judicial de la parte actora, acude

ante esta Sala.

Casación por violación de normas

procesales

Acusa incongruencia, la

cual fundamenta en los artículos 153.3, 591.1, 593.1 y 594.3 del Código

Procesal Civil (en adelante CPC). Arguye, el Tribunal tuvo por acreditado que

el actor es propietario de la finca partido de San Jose, matrícula 124800-000

con una medida de 80.061,36 m² y que además, “con la inscripción de la

información posesoria se afecta la integridad de ese inmueble”, decreta

también la nulidad de la inscripción de la propiedad nº 404928-000 por tener

sustento en una información posesoria fraudulenta. No obstante ello, no

resuelve nada respecto de la afectación que sufrió la finca nº 124800-000.

Afirma dentro de sus pretensiones estaba que se ordenara a los coaccionados

desocupar el inmueble, así como a pagar los daños, perjuicios e intereses,

sobre lo que no se dice nada. En razón de lo anterior, alega, se incurre en el

vicio de incongruencia al no cumplir con el deber de resolver todos y cada uno

de los puntos objeto del debate, en quebranto de los numerales 99, 153 y 155

del CPC.

Sobre la

incongruencia, esta Sala se ha referido diciendo: “ tal y como se desprende

del artículo 594, inciso 3, ibídem, la incongruencia consiste en la desarmonía

entre las pretensiones oportunamente deducidas por las partes y lo resuelto.

También existe el vicio, si el fallo omite hacer declaraciones sobre alguna de

las pretensiones, hechas a tiempo en el proceso, otorgare más de lo pedido o

contuviere disposiciones contradictorias, cuyo caso se daría, por ejemplo,

cuando la parte dispositiva contempla extremos contrarios entre sí, que

imposibilitan una sentencia efectiva. No existe incongruencia si ello ocurre en

los diferentes considerandos, sea, entre los hechos probados o no probados y

los pronunciamientos o apreciaciones de fondo, es decir, entre las consideraciones

de la sentencia y lo resuelto en su parte dispositiva. Esta situación podría

redundar en un problema en la motivación del fallo, cuyo análisis es propio del

recurso por el fondo, concretamente, como motivo de violación indirecta de la

ley, cometida por errores de hecho o de derecho en la valoración de la prueba.

Sentencia no. 619 de las 14 horas 47 minutos del 14 de agosto de 2002, retomada

en el fallo no. 809 de las 14 horas 20 minutos del 20 de octubre de 2006.

En este

caso, la parte actora pretendió lo siguiente: 1) la nulidad de información

posesoria, 2) que las cosas vuelvan al estado anterior a la inscripción

fraudulenta de la información posesoria, 3) por acción reivindicatoria se

declare su titularidad tanto registral como legal del inmueble, 4) se ordene a

los demandados desocupar el bien, 5) se anule cualquier traspaso, cesión de

derecho o donación de alguna parte del terreno basado en la información

posesoria, 6) la condena a la parte demandada al pago de las costas, daños,

perjuicios e intereses 7) se le entregue la parte que le corresponde como

propietario. El Juez de primera instancia, declaró la demanda sin lugar en

todos sus extremos. El Tribunal, conociendo en apelación, revocó la sentencia

de primera instancia en cuanto acogió las excepciones de falta de derecho y de

legitimación respecto de las pretensiones que en segunda instancia se aprobaron

y en cuanto declaró sin lugar en todos sus extremos la demanda. En su defecto,

rechazó la falta de derecho y de legitimación opuestas por la parte demandada

en relación con las pretensiones acogidas. Declaró parcialmente con lugar la

demanda, en consecuencia anuló la información posesoria, la inscripción del

inmueble y los posteriores traspasos efectuados a las señoras Carmen Marcela,

Marlene y Ana Lineth todas Valverde Durán. En lo medular y para lo de interés

de este agravio, fundamenta la sentencia en que el motivo para la declaratoria

de nulidad de la información posesoria y con ello la inscripción del inmueble

404928-000, así como los posteriores traspasos basados en dicha inscripción, es

que la resolución judicial que corresponde al expediente nº 113-93 del Juzgado

Civil de Desamparados que le dio sustento, no es de información posesoria a

nombre del señor Alberto Valverde Camacho, sino que se trata de una

localización de derechos a favor de Ana Eduviges López Calderón. Es decir, el

señor Valverde Camacho, presentó para la inscripción de la finca, un expediente

en el que no se ventiló una información posesoria a su nombre, sino una

localización de derechos indivisos a favor de otra persona. Comprobado lo

anterior, el Ad quem estimó que la información posesoria es nula, por basarse

la inscripción en datos fraudulentos. Ahora bien, en lo que respecta a la acción

reivindicatoria en el considerando XIV de la sentencia recurrida, los

juzgadores refieren que la finca 404928-000 corresponde a la finca adquirida

por Eterley Valverde Camacho quien a su vez vende a Alberto Valverde Camacho

consistente en tres lotes segregados de la finca 124800-000, no obstante para

efectos de la reivindicación es relevante demostrar que ese sector de la finca

124800-000 invade los derechos del actor, lo cual solo podía ser acreditado a

través de prueba pericial, por tratarse de materia técnica propia de

agrimensura, que no puede ser evaluada con una simple comparación de planos.

Esa insuficiencia probatoria, indican los jueces, hicieron imposible acoger esa

pretensión, enfatizando que la existencia de traspasos efectuados por el actor,

de partes del inmueble 124800-000 que han legitimado la adquisición del

demandando, y la falta de prueba, mediante la cual se demuestre que el terreno

ocupado por la parte accionada abarca parte del terreno del actor, hacen

imposible la acción reivindicatoria. De acuerdo a lo anterior no observa este

órgano colegiado, que resulte una falta de concordancia entre lo rogado en el

petitium y lo que se dispone el por tanto del fallo, porque en forma palmaria

se infiere que de los extremos reclamados por el actor se otorgan los referidos

a la nulidad de la información posesoria, sobre la inscripción del inmueble

404928-000, y posteriores traspasos, siendo que del resto de pretensiones se

confirmó la sentencia de primera instancia, que las rechaza. Es decir, no hay

desarmonía entre lo pretendido y el dispositivo del fallo, pues este se

pronunció sobre  todos los extremos de la demanda. En razón de lo

indicado, no se aprecia el vicio de incongruencia alegado.

Casación por violación de normas sustantivas

El recurrente plantea

vicios materiales los cuales divide en cuatro apartados.

acusa

error de derecho en la apreciación de la prueba, fundamenta el reparo en los

cánones 153.3, 591.2 y 595.3 del CPC. En su criterio, se hace caso omiso de una

prueba documental consistente en una copia del protocolo del notario Fernando

Carvajal, concretamente de la escritura nº 227 visible a folios 92 vuelto a 93

vuelto, correspondiente al supuesto traspaso de un lote 10.500 m² que el actor

hizo a Sarita Córdoba Corea de la finca 124.800-000. De dicha prueba, dice, se

rescata que la escritura no fue firmada por el actor, incurriéndose en un

evidente error en la apreciación del valor que la ley le otorga a dicha prueba.

Apunta, si el Tribunal la hubiera tomado en cuenta, hubiese tenido como hecho

probado la inexistencia de la venta del lote en cuestión, el cual nunca salió

del patrimonio del actor. Acusa, los jueces argumentan, que las afirmaciones

sobre la falta de firma no fueron objeto de debate, no se alegó esa circunstancia

para efectos de decidir sobre la pretensión en los momentos procesales

oportunos. Esa consideración, refiere, no puede aceptarse, toda vez que si bien

en este proceso no se discute la invalidez de ese traspaso, esto no constituye

obstáculo para que el Tribunal, por iniciativa propia, proceda a analizar en su

conjunto el material probatorio, y determine la nulidad de la venta por la

ausencia de la firma del vendedor. Lo anterior, expresa, favorece al demandado

Valverde Camacho, quien obtiene ese lote, luego de sucesivos traspasos. Queda

muy claro, dice, la invasión de al menos 10.500 m², al inmueble 124.800-000.

Agrega, ciertamente dicho elemento, fue ofrecido como prueba para mejor

proveer, cuya admisibilidad es facultativa, pero posee un carácter complementario,

tendiente a disipar el estado dubitativo del juez. De modo que en ejercicio de

las facultades instructoras y ordenatorias, el Tribunal, en su criterio, debió

aceptar dicha probanza. En virtud de lo anterior, concluye, se incurrió en

error de hecho y de derecho en la apreciación de dicha probanza, con quebranto

de los preceptos 331, 370 y 379 del Código Procesal Civil (en adelante CPC), en

consecuencia se trasgredió también los artículos 316, 320 y 333 en relación con

la acción reinvindicatoria, así como las disposiciones 844, 1007, 1008, 1049 y

siguientes del Código Civil (en lo sucesivo CC).

arguye, la

sentencia impugnada incurre en error de hecho y de derecho en la apreciación

del acervo probatorio, para determinar la medida real del inmueble nº

404928-000 y para la comprobación de la invasión de la finca nº 124800-000.

Explica, “…A la finca que Alberto Valverde Camacho alega como suya, que es

la número 404.928-000, según el plano número 115.210-93 con una medida de

49.450 metros cuadrados, deben restársele 2.157 metros cuadrados, ya que el

señor Eterley Valverde Camacho, únicamente vendió a Alberto 47.293 metros

cuadrados. Así se tiene por probado en el considerando XI de la sentencia

recurrida. Además de ello, también debe restársele el área de 10.500 metros

cuadrados, y no como erróneamente se está dejando en el fallo (…) Establecida

esa superficie de la finca 404.928-000, tenemos demostrada la existencia de una

usurpación o invasión por parte del codemandado Valverde Camacho y sus tres hijas

aquí también demandadas, al inmueble del suscrito, en un área de 12.657 metros

cuadrados…”. Enumera una mala valoración de los siguientes elementos de

prueba: a) plano catastrado nº SJ-433313-81 y el testimonio de la

escritura 108 otorgada ante el notario Victor Manuel Moreno Abarca, a las 11

horas del 27 de mayo de 1981, en donde consta, que la medida del terreno es de

47.293,38m²; heredad que posteriormente fue vendida por Eterley Valverde

Camacho al accionado. b) plano nº SJ-115210-93 levantado por el

demandado, el cual indica que el terreno comprado a Eterley Valverde Camacho

mide 49.450,20 m² es decir 2.156,82 m² más de los recibidos conforme al plano

catastrado SJ-433313-81. Acusa la infracción de los artículos 330 y 370 del

CPC, así como de los numerales 316, 320 y 333, también los cánones 318, 1007,

1008 que regulan la venta, 450 sobre la inscripción de títulos en el Registro

Público, 627 respecto de la validez de las obligaciones y 835 en relación a la

nulidad absoluta de los contratos todos del CC.

argumenta la

violación de los preceptos 264, 266, 267, 268 y 450 del Código Civil, relativos

a los derechos que comprende el dominio absoluto de la cosa. Refiere, la

sentencia del Tribunal tiene por acreditado que el actor es propietario de la

finca 124800-000, sin embargo, al no ordenar el desalojo de los demandados se

limita el libre goce de sus derechos de propiedad. Arguye, al decretarse la

nulidad de la información posesoria, así como la inscripción del inmueble nº

404928-000 y los posteriores traspasos, el Tribunal debió restituir al actor al

estado anterior a la inscripción fraudulenta, ordenando la desocupación de la

finca. También, acusa, faltó pronunciamiento sobre los daños y perjuicios

irrogados, incurriéndose en violación del artículo 324 del Código Civil, de ahí

que denuncia el quebranto de los artículos 99, 153 y 155 de CPC en relación con

el vicio de incongruencia de los fallos, y los cánones 59, 324, 325, 326, 329,

1045, 1048 del Código Civil, referente a la indemnización y pago de daños.

Cuarto:

sobre las costas, refiere, yerra el Tribunal en cuanto estimó que se dio

vencimiento recíproco resolviendo sin especial condenatoria en costas.

Considera, las principales pretensiones fueron declaradas con lugar, en

consecuencia el demandado fue vencido. Además, dice, el accionado litigó con

evidente mala fe, al realizar actuaciones fraudulentas que constituyen

actuaciones contrarias a derecho. Con ello, dice, se descarta el supuesto de

vencimiento recíproco que establece el artículo 222 del CPC, de modo que debió

aplicarse la regla general de condena al vencido contenida en el artículo 221

ibídem.

En el primero de los

reparos sustantivos, el recurrente acusa, no se declaró la nulidad del traspaso

del lote de 10.500 m2 perteneciente a la finca no. 124.800-000 por dos razones

fundamentales: 1) no era objeto del proceso y 2) no se admitió la prueba para

mejor proveer ante el Tribunal. Propiedad que luego de una serie de traspasos,

terminó en manos Alberto Valverde Camacho. Alega que si se hubiera valorado

correctamente ese documento se tendría certeza de que el terreno nunca salió

del haber del actor y que al menos en esa porción de tierra, hay una invasión

de la parte demandada sobre su propiedad. Sobre la admisión de esta prueba, el

Tribunal resolvió: “… Los alegatos de falta de firma de una escritura de

traspaso, no son de recibo. Nótese que el hecho segundo de la demanda la misma

impugnante acepta que su representando vendió un lote a la señora Sarita

Gerardina Córdoba Corea, dice que tiene la presentación al diario tomo 327,

asiento 10208, esto en el hecho segundo de la demanda (folio 87). Ese documento

corresponde al traspaso de diez mil quinientos metros cuadrados, de parte del

señor Salazar Romero a Córdoba Corea, realizado el dieciocho de julio de mil

novecientos ochenta (folios 19-21). Así mismo al contestar la reconvención, no

se opone al hecho tercero, que literalmente dice: “Luego la señora Sarita

Gerardina Córdoba Corea había adquirido un lote del actor reconvenido, sobre la

finca número 124800 sea sobre la misma finca el cual media (sic) 2 hectáreas

4.497 metros cuadrados y también adquirió otro lote del actor reconvenido sobre

la misma finca esta vez, el lote adquirido media 10.500 metros cuadrados”

(folio 137 vuelto). Sus afirmaciones sobre la falta de firma de la escritura en

la cual se traspasó los diez mil quinientos metros cuadrados, a que se refiere

en segunda instancia, no fueron objeto de debate, no se alegó esa

circunstancia, para efectos de decidir sobre la pretensión, en los momentos

procesales oportunos. Por ello, tampoco puede admitirse prueba alguna, ni

siquiera para mejor resolver, sobre ese tema. (…) La prueba para mejor

resolver, es una facultad discrecional concedida al Juzgador para admitir

material probatorio, que no se ofreció en las oportunidades prefijadas. No

obstante aunque el Juzgador ejerciera esa facultad, la prueba debe tener

relación con los hechos objeto del debate. Al ser una facultad jurisdiccional

ejercida a discreción no hay obligación de admitirla ni evacuarla, su falta de

consideración, no implica violación alguna del derecho de defensa o al debido

proceso, dado que la parte tuvo oportunidad de presentar la prueba en apoyo de

sus tesis…” De acuerdo a lo anterior, la prueba de marras no fue admitida

por el Tribunal, porque se refería a un hecho ajeno al debate, lo que el propio

recurrente admite al detallar de que se ofreció con el carácter de mejor

resolver, lo cual es resorte exclusivo de los juzgadores. En  ese sentido

no se da el vicio de preterición que ocurre cuando no se atiende una prueba que

fue legalmente admitida. Se ha dicho en múltiples ocasiones que la prueba para

mejor proveer es facultativa y discrecional para el juez, quien puede ordenarla

de oficio o recibirla por sugerencia de las partes, sólo cuando la considere

importante. Si la estima intrascendente o improcedente, puede prescindirla sin

resolución expresa, sin dejar indefenso a quien la ofreció, quien tuvo la

oportunidad de proponerla en el momento procesal idóneo y no lo hizo, dejando

que este precluyera. Considerando que dicha prueba no fue admitida, como se

dijo de previo, no puede alegarse un vicio de omisión de su estudio, pues no

forma parte del material probatorio. Por las razones esbozadas, no se aprecia

el reparo reclamado.

En el

segundo agravio de fondo, acusa indebida valoración de dos planos catastrados,

para determinar la medida real de inmueble nº 404928-000 y la invasión a la

propiedad del actor de al menos 12.657 m². Explica, a la finca que el señor

Alberto Valverde Camacho alega como suya, que es la nº 404928-000 cuyo plano es

el nº SJ-115210-93 y que tiene una medida de 49.450 m², en su criterio, a ésta

deben restársele 2.156,82 m² ya que el señor Eterley Valverde Camacho, vendió

al accionado únicamente 47.293,38 m². Aunado a la invasión de 10.500 m²

correspondientes a la propiedad que nunca vendió a la señora Sarita Córdoba

Corea, dando como resultado, un total de 12.657 m² de más sobre el derecho de

los demandados. Previo a la procedencia o no del este agravio, conviene hacer

un análisis en lo de interés, de la secuencia de traspasos que sufrió la

propiedad del actor. La finca nº 124800-000 tuvo una medida original de

80.061,36 m² y pertenecía a Amador Sociedad Anónima, quien vendió 20.997 m² a

Jose Antonio Córdoba y 59.064,36 m² al actor en dos oportunidades distintas,

primero 6.990 m² y luego 52.074,36 m². Posteriormente el accionante, realizó

varias ventas, dejando en su haber un total de 17.068,36 m². Dentro de esas

ventas están las realizadas a Sarita Córdoba Corea, a quien en dos momentos

distintos vendió 24.497 m² y 10.500 m². Acto seguido Josefina Calderón Campos

compró los 24.497 m² y 10.500 m² adquiridos por la señora Sarita Córdoba y los

20.997 m² de Jose Antonio Córdoba. En total la señora Calderón Campos reunió

55.994 m², procediendo a confeccionar el plano SJ-433313-81, en el cual se

estableció una medida de 47.293,38 m². Mas adelante, Josefina Calderón Campos,

vendió su propiedad a Eterley Valverde Camacho, quien a su vez vendió al

demandado Alberto Valverde Camacho, el cual se encargó de levantar el plano

SJ-115210-93, con una medida de 49.450,20 m². Respecto de la primera parte del

agravio, consistente en el aumento de 2.156,82 m², de la propiedad que el señor

Eterley Valverde Camacho recibió de Josefina Calderón Campos y que vendió al

demandado, se observa, dicho argumento no fue objeto de debate en el proceso de

conocimiento, por lo que hacer alusión en esta etapa extraordinaria, resulta

improcedente. Lo anterior por cuanto, de acuerdo a lo establecido en el

artículo 608 del Código Procesal Civil (CPC), para que esta Cámara pueda entrar

a analizar un reparo, es necesario que haya sido discutido en las etapas

previas. Ello no se produjo en este caso, según se desprende del recurso

presentado ante el Tribunal y de lo acontecido a lo largo del proceso.

Obsérvese que lo que discitió en el recurso de apelación, (visible a folio 547

vuelto del expediente judicial) fue la supuesta inexistencia de la venta que

realizara Eterley Valverde Camacho al demandado. Argumento rechazado por el

Tribunal, por cuanto para los jueces quedó demostrado que Eterley era

propietario del inmueble, de acuerdo al instrumento público que así lo

acreditaba y a la vez, afirmó la venta del inmueble al demandado, por lo que la

compraventa se perfeccionó. Ahora mediante recurso extraordinario, el actor

redirecciona su impugnación ya no a la falsedad de la venta, que reconoce

implícitamente, sino a que ésta fue en una proporción menor, lo que nunca fue

objeto de análisis. En consecuencia, de acuerdo a lo establecido en el canon

608 del CPC, no procede conocer en esta etapa casacional, el supuesto aumento

en la cabida del lote adquirido por el demandado. En lo que se refiere a la

segunda parte del reparo, consistente en los 10.500 m² de la propiedad que

acusa nunca vendió a la señora Sarita Córdoba Corea, previamente esta Sala se

pronunció a este líneas argumento, por lo que debe atenerse a lo que se

fundamentó atrás. En razón de lo anterior, el agravio debe rechazarse.

En el

tercer vicio, acusa el casacionista, que al tenerse por acreditado

que la finca nº124800-000 es de su propiedad, así como que se anuló la

información posesoria, la inscripción del inmueble nº 404928-000 y los

posteriores traspasos nacidos a la vida jurídica producto de dicha inscripción,

el Tribunal debió restituirle al estado anterior a la inscripción fraudulenta,

ordenando a los demandados la desocupación de la finca, lo que no sucedió, con

lo cual se violentó su derecho al goce pleno de su bien. Al respecto, el

Tribunal consideró que el actor estaba legitimado en forma activa, para pedir

la nulidad de la información posesoria, por ser el propietario registral del

inmueble nº124800-000. Decretaron nula la información posesoria por las razones

esbozadas previamente y por ello también nula la inscripción del inmueble

404928-000 que se produjo de aquella, así como los posteriores traspasos. Sin

embargo, estimaron los juzgadores, que dada la existencia de traspasos

efectuados por el actor, de partes del inmueble matrícula nº 124800-000, los

cuales han legitimado la adquisición del señor Alberto Valverde Camacho, no

procede la acción reivindicatoria, pues no se ha demostrado que el terreno

ocupado por éste abarque el sector a que pueda tener derecho el señor Salazar

Romero. Respecto de lo anterior, esta Sala es del criterio, que si bien es

cierto, se anuló la información posesoria, así como su inscripción en el

Registro y los posteriores traspasos del demandando Valverde Camacho a sus

hijas, es también cierto que la parte accionante no logró acreditar

fehacientemente si la parte accionada, ocupó ilegítimamente partes de su

propiedad. Los traspasos del inmueble, llevaron al Tribunal a considerar,

criterio que comparte esta Sala, que no hay claridad en el bien o área a

reivindicar lo que tampoco se extrae del recurso. En cuanto a la acusada falta

de pronunciamiento de los daños y perjuicios, en relación al vicio de

incongruencia, debe remitirse a lo dicho en el cargo procesal.

Como cuarto

y último reparo sustantivo, alega la casacionista violación de los artículos

221 y 222 del CPC. Argumenta, en las pretensiones principales de la demanda,

resultó vencedora, por lo que no se da el vencimiento recíproco que fundamenta

el Tribunal para resolver sin especial condenatoria en costas. Analizadas las

pretensiones esgrimidas por el accionante, esta Sala llega a la conclusión que

yerra en sus conclusiones. Si bien es cierto es ganadora en cuanto a la

petición de nulidad de la información posesoria, la inscripción de la propiedad

404.928-000 y los posteriores traspasos, también es cierto, que se rechaza la

petitoria referente a la acción reinvindicatoria, y la cancelación de los daños

y perjuicios supeditados a aquella. Motivo por el cual, concuerda esta Cámara

con que en la litis se configuró un vencimiento recíproco que permite a los

juzgadores eximir al vencido del pago de las costas conforme lo establece el

artículo 222 del CPC, es decir la condena es facultativa para estos casos.

Ahora, en relación al alegato de que el accionado litigó de mala fe, es preciso

definir el concepto. En relación al tema en el fallo nº 73 de las 14 horas 50 minutos del 5 de

julio de 1995, esta Sala sostuvo que para "...efectos de la exoneración

del pago de costas a la parte vencida, la buena fe como sinónimo de honradez o

rectitud, y en lenguaje forense como convicción de que se tiene un derecho

legítimo, solo puede determinarse en un litigio, atendiendo a la naturaleza

misma del pleito y a la forma en que el litigante haya actuado dentro del

proceso, es decir, por presunciones derivadas de los hechos en que la conducta

se exterioriza..." (Sent. No. l7 de 1981). La complejidad del asunto se ha

estimado, además, un dato importante para admitir la buena fe.  (Ver en este

respecto la Sentencia N ° 111 de 1982).  Para determinar cuando hay buena

fe procesal de parte del litigante derrotado, lo primero que cabe considerar es

la veracidad en la exposición de los hechos.  Si la relación fáctica

trascendente para la decisión del negocio es veraz, esto es ya un indicador

importante sobre la sana convicción que motivó la conducta procesal del

vencido. En segundo término, para el mismo propósito ha de atenderse al

comportamiento dentro del proceso. Si el litigante ha actuado con corrección,

sin apelar a recursos proclives a dilatar, entorpecer o complicar el proceso,

esto también da la medida de un comportamiento de buena fe.  Obvio es que

no bastaría el convencimiento que tenga la parte en su tesis para ser

beneficiada con la exención. Si el punto jurídico adverso a ella es claro,

su error, aún de buena fe, no excusa la condena.  De aquí que un dato más

para la calificación de buena fe, se relaciona con la naturaleza de las

cuestiones debatidas y su interpretación legal.  Si el tema a decidir es

controversial en la doctrina o en la jurisprudencia, en principio el vencido

tendría razón para accionar o para oponerse a la acción, según fuere el caso…”.

Entendido los parámetros dentro de los cuales puede analizarse la actuación de

buena fe, precisa a efecto de valorar dicho enunciado, que quien alegue mala

fe, al menos indique razones del porque la acusa. En los autos, el recurrente

solamente hace una mención de que el demandado actuó con evidente mala fe, y

que ha realizado actos fraudulentos. En criterio de esta Sala, la parte

casacionista no explicó suficientemente en qué consiste esa mala fe, aunado a

que concuerda esta Sala con el vencimiento recíproco, lo que conlleva al rechazo del agravio.

Por las

razones señaladas, el recurso debe desestimarse. En aplicación del precepto 611 del CPC, las costas del recurso corren por cuenta de la

recurrente.