Resolución 01445-2011

1.

Con base en los hechos que expuso y disposiciones legales que citó, la

ejecutante estableció proceso de ejecución de acto firme y favorable, a fin de

que en sentencia se declare: "1.- Con lugar el presente Proceso (sic) de Ejecución (sic)

de Sentencia (sic).

Que se obligue a los accionados ejecutar la

Resolución (sic) Administrativa (sic) Número (sic) 1551-2008

de las 8:10 Horas (sic) del 8 de Diciembre (sic) del

(sic) 2008, dictada por el Poder Ejecutivo en sentido

estricto Presidente de la República, Oscar (sic) Arias Sánchez y

Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Morales Hernández, debidamente

notificada al suscrito en fecha 25 de Febrero (sic) del (sic)

2009, debiéndose en consecuencia obligar a los demandados pagar a mi

favor por diferencias de pensión por revalorización de marzo de 1997

y de enero a diciembre de 1999 la suma de Doscientos (sic) Setenta

(sic) y Seis (sic) Mil (sic) Novecientos

(sic) Cincuenta (sic) y Ocho (sic) Colones

(sic) Con  (sic) Setenta (sic) y

Seis (sic) Céntimos (sic) (¢276.958,76) y

por concepto de Aguinaldo (sic) Proporcional (sic) correspondiente

a los periodos reconocidos, la suma de Veintiséis (sic) Mil (sic)

Ochocientos (sic) Treinta (sic) y Siete (sic)

Colones (sic) con Nueve (sic) Céntimos (sic)

(¢26.837,09).

Se condene a los accionados al pago de

las costas personales de la presente Ejecución de Sentencia, debiéndose fijar

las personales en un setenta y cinco por ciento del veinte por ciento del total

de los montos aquí reclamados, según lo establece el artículo 18 inciso 1 y 20

del Decreto Ejecutivo 32493 del 9 de Marzo (sic) del (sic)

2005, por lo que dicho rubro ascenderá, según la estimación de

este asunto a la suma de: Quince Mil Ciento Noventa Colones (¢15.190)."

La

representación estatal a folio 12 se apersonó al proceso.

La Jueza Lorena Ma.

Montes de Oca Monge, en sentencia  n°. 2359-2010 de las 8 horas 40 minutos

del 22 de junio de 2010, resolvió: "Se otorga el plazo de 12 días al

Estado para que proceda de depositar el dinero adeudado en la cuenta

electrónica del Banco de Costa Rica No. (sic) 10014091027-0. Por

concepto de costas personales se fija la suma de ¢50.000. Cumplido el plazo sin

haberse cancelado, dicha sumara generará intereses legales hasta su efectivo

pago.”

El Estado formula recurso de

casación indicando expresamente las razones en que se apoya para refutar la

tesis Tribunal.

5.

En los procedimientos ante esta Sala se han observado las prescripciones de

ley. Interviene en la decisión de este asunto la magistrada suplente Silvia

Consuelo Fernández Brenes.

Redacta la Magistrada Fernández Brenes

El 18 de mayo de 2010,

la señora María Rosario Valerio León, inició procedimiento de ejecución de

sentencia contra el Estado. En lo medular adujo que mediante resolución número

1151-2008 del 8 de diciembre de 2008, dictada por el Presidente de la República

y el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, se le reconoció una diferencia por

revalorización de la pensión desde marzo de 1997 y hasta enero de 1999, por un

total de ¢276.958,76; y por aguinaldo proporcional ¢26.837,09. El 16 de marzo

de 2010, dijo, la directora financiera de ese Ministerio, le expresó que la

factura 1151-2008, no registraba ningún pago. Señaló, en este caso se está en

presencia de un acto firme y favorable, que no se ha ejecutado. Basada en esta

relación de hechos, en lo trascendental, pidió se le obligue a la

Administración a cancelarle los montos adeudados, así como al pago de las

costas del proceso que ascienden a ¢15.190,00. El ejecutado manifestó que ya

había hecho las diligencias respectivas para que se le cancelen las sumas

debidas. No interpone excepciones. El Tribunal le otorga el plazo de 12 días

hábiles al Estado para que haga el depósito; y las costas su cargo por un monto

de ¢50.000,00. En caso de que no cumpliere, dispone las sumas generarán

intereses.

La representación

estatal interpone recurso de casación por razones de fondo. Alega los

siguientes dos motivos.

dice, reclama que se le haya

dado un plazo de 12 días contados a partir de la fecha de la sentencia, sin

esperar su firmeza. De esta manera, expresa, se conculca el artículo 155 inciso

del Código Procesal Contencioso Administrativo (en adelante CPCA). Es por lo

anterior, indica, que no es posible que el plazo empiece a correr de manera

inmediata, sin que se tenga la posibilidad de presentar el recurso que el

ordenamiento jurídico le otorga.

apunta, en el caso de estudio,

la jueza otorgó un monto superior al solicitado por el extremo de costas; le

provocó así un estado de indefensión. Además, la sentencia, dice, carece de

motivación y se incurrió en ultra petita. En su escrito de demanda, menciona,

la ejecutante solicitó por ese rubro ¢15.190,00; no obstante lo anterior, sin

readecuar la pretensión ni otorgar audiencia previa, se le dio la cantidad de

¢50.000,00, por considerarse una cantidad “justa”.

Respecto del primer

agravio, es importante aclarar que a folio 24 del expediente, consta una nota

de la representante estatal, en donde indica y demuestra que al día siguiente

de la emisión de la sentencia, le fueron depositados a la señora Valerio León,

los montos otorgados como debidos por revalorización de pensiones y reajuste de

aguinaldo. Ello evidencia que el Estado ya satisfizo la pretensión principal.

En virtud de ello, respecto de este reproche, para esta Sala no hay casación

útil; y entrar a conocer el punto en cuestión, conduciría a una discusión

estéril. De tal manera, que deberá ser denegado.

Relativo al segundo

reparo, aún y cuando los argumentos del casacionista se refieren a supuestos

quebrantos constitucionales, así como indefensión y falta de motivación,

realmente el meollo de lo discutido se encamina a afirmar que el fallo es

incongruente. Sobre el particular, este Órgano ha dispuesto: “La

incongruencia, conforme lo ha reiterado esta Sala, se produce cuando existe una

evidente contradicción entre las pretensiones de los litigantes y lo resuelto

en la parte dispositiva de la sentencia; no entre las consideraciones de la

sentencia y lo resuelto en la parte dispositiva. Con la nueva legislación

procesal contenciosa administrativa, tal premisa ha sido relativizada.

Ello por cuanto, en virtud de los poderes otorgados al juzgador, las

pretensiones aducidas en la demanda pueden sufrir variaciones tanto en la

audiencia preliminar, cuanto en la de juicio (artículos 90 inciso 1 b) y 95

ibídem); además, de conformidad con el canon 122 ejúsdem, se dan una serie de

pronunciamientos de carácter oficioso.  En consecuencia, al analizarse

dicho yerro, debe tenerse presente lo indicado.  (no. 000819-A-2008, de

las 10 horas 45 minutos del 4 de diciembre de 2008). La incongruencia

como causal de casación, entonces, ocurre cuando el juzgador al proveer, decide

sobre cuestiones no pedidas (extra petita), o sobre más de lo pedido (ultra

petita), u omite la decisión en todo o en parte, acerca de las pretensiones o

de las excepciones. Para determinar la existencia de este vicio como causal de

casación ha de confrontarse, necesariamente, la parte resolutiva de la

sentencia con las pretensiones aducidas en la demanda y en las demás

oportunidades que la ley contempla, o las excepciones propuestas por el

demandado, a fin de determinar si en realidad existe entre estos dos extremos

evidente desajuste de aquella frente a estas”. ( Voto no. 288 de las 10

horas 20 minutos del 20 de marzo de 2009).

Lo impugnado dice de

una falta de congruencia entre lo pedido y lo otorgado en sentencia, más que de

una falta de motivación. En consecuencia, es indispensable confrontar lo pedido

con lo dispuesto por la Jueza Ejecutora. Se observa, que la ejecutante

solicitó: “[…] Se condene a los accionados al pago de las costas personales

de la presente Ejecución de Sentencia, debiéndose fijar las personales en

setenta y cinco por ciento del veinte por ciento del total de los montos aquí

reclamados, según lo establece el artículo 18 inciso 1 y 20 del Decreto

Ejecutivo 32493 del 3 de Marzo del 2005, por lo que dicho rubro

ascenderá, según la estimación de este asunto a la suma de: Quince Mil

Ciento Noventa Colones (¢15.190).”. La jueza ejecutora, por su parte,

confirió: “las costas personales resultan para imponer en la cantidad de

¢50.000,00. Aquí, esto en virtud de que, hay una pretensión ciertamente, hay un

monto que pide el actor, pero que permite revisar el Estado a partir del

cuestionamiento que hace y de las solicitudes que permite, aunado a los

elementos que deben analizarse y considerarse para determinar este extremo”.

Véase el vídeo 8:54:50. Del cotejo de la parte resolutiva del fallo impugnado

con la pretensión, se tiene que en efecto existe entre estos dos extremos una

disonancia, pues la jueza ejecutora proveyó más de lo pedido, ya que lo

solicitado por doña María del Rosario fue de ¢15.190,00 y lo otorgado por la

Jueza fue de ¢50.000,00; existiendo una diferencia de ¢34.810,00. Por lo

anterior, según lo expuesto por el Estado, cabe acoger el quebranto al

principio de congruencia. En la especie, es clara, su infracción, ya que se

resolvió más allá de lo pedido. En esta circunstancia no puede sostenerse que

los aspectos así fallados, lo hayan sido con fundamento en el artículo 122 del

CPCA, porque aunque se otorgaron las costas, se sobrepasó en cuanto al monto

reclamado por la ejecutante. De conformidad con el cardinal dicho,  se

produjo un “exceso de pronunciamiento”, ya que esta norma dispone que, en el

caso de prosperar la pretensión, podrán hacerse algunos de los pronunciamientos

que enlista, pero no pueden serlo contra lo expresamente peticionado.

No obstante, la

mayoría de esta Sala ha reconsiderado el criterio que ha esbozado en cuanto a

los efectos de la declaratoria de incongruencia, cuando el Tribunal otorga una

suma mayor a la que la parte solicita en ejecuciones de sentencia, por cuanto,

en dicho supuesto, es evidente que la anomalía radica solo en el exceso de lo

concedido, mas no en aquella parte que el Tribunal otorgue con ajuste a las

pretensiones de la accionante. Cuando los extremos otorgados exceden el ruego

de la parte (sin perjuicio de los pronunciamientos oficiosos con que el

ordenamiento jurídico habilita al juez), basta en esta instancia con anular lo

otorgado en forma indebida. En estos casos, remitir nuevamente el proceso al

despacho de origen carece de todo interés. Un correcto entendimiento de la

actividad procesal defectuosa implica privilegiar el saneamiento del proceso

sobre la anulación, ya que este último efecto se debe reservar para aquellas

hipótesis en que se colocó a alguna de las partes en un estado de indefensión.

De esta forma, siendo que la incongruencia por ultra petita implica una

extralimitación en la parte dispositiva de la sentencia respecto de lo

requerido por los intervinientes, en la medida en que su supresión en nada

afecte los restantes extremos concedidos o denegados, lo procedente es su

corrección, valga decir, la eliminación de la parte viciada, directamente en

esta instancia. En el caso concreto, resulta innegable que se ha dado una

incongruencia, por ultra petita. Empero, se considera innecesario el reenvío

del asunto para que se vuelva a dictar sentencia, por cuanto es factible, no

solo anular, en forma parcial, la parte dispositiva del fallo impugnado, sino

también determinar en esta sede el monto que corresponda. Debe observarse que

con este proceder, no se estaría ingresando a resolver por el fondo el presente

asunto, lo cual sería impropio con ocasión de un motivo de índole procesal,

sino que únicamente se modifica el fallo, en cuanto al extremo concedido de

más. En este sentido merece valorarse que el vicio específico que se analiza

consiste en que el monto otorgado por costas, excede lo solicitado por la

ejecutante. Encontrándose el vicio en el excedente y no en la totalidad del

fallo, considera esta Cámara, procede modificar la sentencia, únicamente en

cuanto al monto conferido en exceso, manteniendo en lo demás incólume la

resolución dictada. Conforme a lo anterior, se modifica el monto dispuesto en

sentencia, se le ordena  cancelar por costas personales ¢15.190,00 y no en

lo que se otorgó, manteniéndose en lo demás incólume la resolución emitida.