Resolución 01359-2011

De conformidad con lo

dispuesto por el numeral 139 del Código Procesal Contencioso Administrativo y

por las razones que se dirán, las tres primeras cesuras deben rechazarse. En lo

demás, resulta admisible. Acorde con lo señalado en el ordinal 142 del cuerpo

procesal de cita, se pone en conocimiento del Estado la admisión de este

recurso por el plazo de diez días hábiles.

Se califica la

casación como una instancia de carácter extraordinario, básicamente por

dos razones. En primer término, porque no toda resolución judicial es pasible

de tal recurso, sino tan sólo las contempladas en la ley. Y en segundo lugar,

porque las causales de impugnación en esa etapa revisora no son abiertas, sino

preestablecidas de igual modo, por el ordenamiento jurídico. En lo relativo al

primer aspecto, cabe señalar, como regla general, que son susceptibles del

recurso de casación las sentencias y los autos con carácter de sentencia

capaces de producir cosa juzgada material. Así mismo, lo son aquellos

pronunciamientos finales y de fondo emitidos en las ejecuciones de sentencia de

fallos firmes y precedentes recaídos en procesos de conocimiento. Frente a esta

fórmula genérica, el propio Código Procesal Contencioso Administrativo,

puntualiza algunas resoluciones particulares a las cuales se les concede esta

opción. A manera de ejemplo, se encuentran en esta posibilidad las siguientes:

a-) la que declara la inadmisibilidad de la demanda (art. 62.3); b-) la que

declara con lugar las defensas previas indicadas en el apartado 6) del cánon 92

del Código de cita, y c-) la que resuelve en forma final, el “proceso de

ejecución” de sentencia en habeas corpus y amparos de la Sala Constitucional

declarados con lugar, contra o a favor de una Administración Pública (art.

183.3 ibidem). Por ende, los autos comunes y las resoluciones que no definan el

fondo del asunto o no pongan término al proceso, tienen vedado el paso a la

etapa casacional.  En lo que atañe a las causales, cabe agregar que opera

la dualidad entre las procesales y las sustantivas. Así se plasma en los

preceptos 137 y 138 de la nueva legislación codificada. Para los primeros, se

efectúa un listado en términos amplios, de gran cobertura, y en los

presupuestos que procede, ajustados a las reglas de la oralidad. Respecto de

los sustantivos, se prevé la posible infracción de los elementos probatorios

(por desapego o contradicción con ellos, o bien, preterición o indebida

valoración), denominada comúnmente “violación indirecta”. Por otro lado,

formando parte de este último grupo, se encuentra la infracción estrictamente

normativa, que ocurre en el supuesto de una aplicación indebida, una incorrecta

interpretación o una desaplicación reprochable de la norma, conocida en la

tradición jurídica costarricense como “violación directa”.

Una vez hecha la

mención de las resoluciones sobre las que cabe recurso de casación y sus

causales, se hace imprescindible enfocar los requisitos necesarios para su

admisibilidad. En este sentido, bueno es recordar que la vocación

antiformalista con que irrumpe el Código Procesal Contencioso Administrativo en

el ordenamiento jurídico costarricense, permea todos y cada uno de sus propios

institutos. De esta manera, el recurso de casación se libera también de

excesivos requisitos de admisibilidad, con el fin de que el órgano casacional

(como vértice del sistema) pueda ingresar, las más de las veces, al análisis de

los quebrantos alegados, sean procesales o sustantivos, en cumplimiento del fin

esencial de esta instancia jurisdiccional y de quien a ella acude. Es así como

se ha establecido una casación menos rigurosa en lo relativo a los aspectos de

admisibilidad, sin abandonar por ello el tecnicismo que le es propio, ni su

naturaleza y esencia, pues, al fin y al cabo, se mantiene incólume su rol y su

finalidad dentro del régimen procesal moderno.

Ahora bien, pese a la

informalidad que propugna la nueva legislación procesal para formular el

recurso de casación, se articulan, como es lógico, una serie de requisitos

mínimos e imprescindibles relativos al tiempo, lugar y forma. Se crean mediante

ley, en tanto imprescindibles para este particular recurso extraordinario, ya

que sin ellos, no habría orden ni equilibrio procesal; empero, han de

interpretarse de manera flexible y razonable, pues precisa recordar que los

señalados en el artículo 139 del Código de referencia, son los únicos

requisitos y formalidades previstos para el recurso de casación, según lo

señala el inciso 5) de ese mismo numeral. De esta manera, en el apartado 1) de

la norma recién citada, se establece que el recurso en mención deberá

presentarse directamente ante la Sala Primera de la Corte Suprema de

Justicia. Con ello, se modifica en forma leve para el contencioso

administrativo, el sistema hasta ahora vigente en la legislación procesal civil,

dado que, ahora, la Sala se pronuncia sobre la admisibilidad y de conformidad

con el canon 142.1 del Código de la materia, lo pone en conocimiento de la

parte contraria por el plazo de diez días (notificándole por el medio que haya

establecido, o en el lugar señalado dentro del Primer Circuito Judicial, de

acuerdo con la comunicación que le fue girada de previo por el órgano

jurisdiccional de instancia). Se busca con esto, la estandarización del régimen

recursivo que presenta el Código, dado que por regla, sean ordinarios o

extraordinarios, se presentan directamente ante el superior encargado de

conocerlos. En otro orden de ideas, en el mismo acápite normativo, se establece

el plazo para su interposición: 15 días hábiles contados a partir del

día hábil siguiente de notificadas todas las partes. Si se hubiere interpuesto

adición o aclaración, el plazo indicado empezará a correr a partir del día

hábil siguiente de notificadas todas las partes de lo resuelto sobre ello.

Superado el tiempo y lugar de presentación, se enumeran en el apartado 2), una

serie de requisitos de “información” e “identificación” del

recurrente y del proceso, que, por su naturaleza (“datos”, “información de

trámite”), pueden ser subsanados en el plazo de 3 días, a tenor de lo

dispuesto en el numeral 141 del mismo cuerpo normativo. Así, deberá indicarse: a)

el tipo de proceso; b) el nombre completo de las partes; c)

la firma del recurrente o recurrentes autenticada por abogado; d)

hora y fecha de la resolución recurrida; e) número de expediente

en la cual fue dictada y f) lugar dentro del perímetro para

recibir notificaciones, cuando el que se hubiere dispuesto no corresponda a la

misma sede, salvo, claro está, que se haya señalado algún medio,

excluido de cualquier circunscripción territorial (v.gr. fax o correo

electrónico). Con ello se completa el listado simple de exigencias

instrumentales o adjetivas del recurso. Sólo en el evento de que se incumpla la

prevención dictada al efecto, se dispondrá el rechazo de plano, y por ende, el

archivo del asunto, pero en ese caso, no sólo por la omisión misma, sino por la

desatención a lo prevenido judicialmente.

A los anteriores

requisitos se añade un último requerimiento (artículo 139.3), en este caso,

material, en tanto necesario para la admisibilidad y para la posterior

valoración del recurso por el fondo. Se trata, de la motivación del recurso,

que por las características de la casación, ha de ser clara y precisa. En este

sentido, debe contener, tal como lo dispone el precepto de comentario, la fundamentación

fáctica y jurídica del caso. Fáctica, en la medida en que se muestre

inconforme con los hechos que se han tenido por demostrados, o por

indemostrados (lo cual lleva a la ponderación de las probanzas), o con los las

circunstancias acaecidas en la violación de normas procesales, y jurídica,

cuando se trata de un problema que se expone acerca de la aplicación, omisión o

indebida interpretación de cualquier norma que integre el bloque de juricidad,

incluidos, por supuesto, los principios de rango constitucional, o aquella que

también opera por efecto reflejo o indirecto, después de que se modifican los

hechos de la sentencia impugnada.  Tanto en la infracción procesal, como

en la probatoria, puede concurrir, junto con las razones jurídicas (siempre

necesarias), las de carácter fáctico, y en ese sentido, los fundamentos de

referencia deberán ser dirigidos en ambas vertientes, so pena de

inadmisibilidad. Por su parte, es necesario aclarar que de la fundamentación

jurídica se exonera, por expreso mandato legal, la indicación de aquellos

cánones relativos al valor del elemento o elementos probatorios mal apreciados.

De igual forma, resulta innecesario citar las normas que equivocadamente

utilizó y mencionó el órgano jurisdiccional de instancia para emitir y razonar

su decisión; porque constan en el mismo pronunciamiento recurrido. Y desde

luego, no es para nada indispensable, citar los preceptos que establecen los

requisitos, plazos y reglas básicas para la admisión del recurso. Antes que la

cita de estas últimas, lo imprescindible es que se cumplan, que se pongan en

práctica al momento de elaborar e interponer la casación. Así las cosas, la

fundamentación dispuesta por ley, puede entenderse, grosso modo, como

aquella argumentación técnico-jurídica en la que se mencionan una serie de

artículos, o reglas jurídicas entrelazadas o concatenadas entre sí y vinculadas

razonablemente en una doble perspectiva: con los argumentos del recurso y con

la sentencia que se ataca. En la medida en que se cite un conjunto de normas

jurídicas (o si es del caso, una sola de ellas), atinente y vinculada de manera

clara con la sentencia combatida (ya sea en el sustento de hecho o derecho) y

los argumentos del recurso, hay fundamentación jurídica. Los agregados jurisprudenciales

o las eventuales citas doctrinales, reforzarán en ocasiones las alegaciones

efectuadas, pero, por lo general, no hacen a su esencia. Como lo ha dicho ya la

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, interpretando el artículo 139 de

referencia, “se requiere que el recurso cuente con una fundamentación

jurídica mínima...deben explicarse las razones en las cuales sustenta su

gestión, combatiendo los argumentos de derecho de la sentencia recurrida y

consignando, al menos, alguna referencia normativa que le dé sustento”

(Resolución n° 318-A-2008, de las 14 horas 25 minutos del 8 de mayo del 2008).

La fundamentación es por tanto, ajena al despliegue confuso de normas y

alegatos; a la mezcla de argumentos ininteligibles o a la simple exposición de

opiniones sobre la procedencia o justicia del caso, o bien, al recuento de los

desaciertos que se consideran cometidos en la sentencia recurrida, sin respaldo

en normas o criterios jurídicos. De allí que, si el recurso omite por completo

esa relación técnico-normativa a la que se ha hecho referencia, o la que

realiza, resulta impertinente o desvinculada al caso de manera manifiesta y

evidente, habrá que entender que carece de “total fundamentación jurídica”,

y por tanto, incumple el necesario requisito establecido en el numeral 139.3),

que se sanciona con el rechazo de plano, a tenor de lo dispuesto en el artículo

140 inciso c) del mismo Código de rito.

En el caso en estudio,

el actor plantea su recurso por violación de normas procesales y sustantivas,

dividido en siete agravios. En el primero, acusa, es necesario enmendar

una serie de errores que contiene la sentencia, en los cuales se confunde el

daño material con el moral, así como los montos solicitados por cada rubro.

Asimismo arguye, en el considerando de excepciones, erróneamente indica que la

prescripción fue alegada por la parte actora cuando en realidad quien la

planteó fue la parte demandada. En el segundo agravio, endilga falta de

determinación clara y precisa de los hechos acreditados por el Tribunal, ya

que, en su criterio, cita parcialmente aquellos en que se fundamenta la

demanda, pero omite enumerar los admitidos y probados en las audiencias

preliminares. Sostiene, el Tribunal parte de premisas incompletas, llega a

conclusiones inconclusas. De seguido enlista lo que, a su entender, debían ser

una serie de hechos probados, sin establecer o brindar mayor detalle sobre la

razón por la cual considera debieron ser incorporados en este elenco. En el tercer

agravio, reprocha violación de normas sustantivas, al tener por indemostrado un

extremo fundamental para la resolución justa y equitativa del proceso, en

contradicción con la prueba que consta en el expediente.  Afirma, la

sentencia tiene como único hecho no demostrado: “que en la tramitación del

proceso planteado por el actor ante el Juzgado Civil de Turrialba, hubiera

existido un funcionamiento anormal del Poder Judicial”. Manifiesta, se

trata de un argumento falso del Tribunal, por cuanto se opone a los hechos que

anteriormente había enumerado en el apartado segundo del recurso, y prueba

documental admitida en las audiencias preliminares. Reprocha, su derecho

constitucional de acceso a la justicia y al debido proceso fueron denegados

arbitraria e ilegalmente al dejarlo por fuera de la administración por

intervención judicial, a pesar de que durante casi dos años se le tuvo como

parte dentro del proceso. Resalta, lo anterior queda demostrado, mediante

libelo que presentó al Juzgado Civil de Turrialba en agosto de 1995, en el cual

solicitó certificación del escrito inicial y demás piezas relacionadas a efecto

de que se procediera a dar curso a la administración por intervención judicial,

gestión que fue rechazada por el Despacho; así como por lo expresado por el

Tribunal de instancia en el considerando II de la sentencia. Censura, no

entiende por qué el Juzgado Civil de Turrialba concluyó que no existía

comunidad de bienes con los de las otras empresas intervinientes, los cuales,

en su juicio, ameritaban la tramitación bajo un único proceso. Asimismo,

protesta, no concibe las razones por las que el Juzgado Civil de Mayor Cuantía,

a pesar de las circunstancias expuestas, homologó el acuerdo conciliatorio.

Estos hechos, asegura, constituyen un error judicial o un funcionamiento

anormal de la Administración de Justicia.

Analizados los

anteriores planteamientos, se observa que el casacionista no respetó las reglas

que es menester acatar a la hora de interponer un recurso extraordinario de

casación. En el primero, olvida que no es una vía dispuesta para subsanar

errores materiales, para ello, el  ordenamiento procesal dispone de una

serie de instrumentos para gestionarlo directamente ante el mismo órgano que

dictó la resolución. Tampoco basta en esta etapa procesal, expresar una serie

de yerros, también es necesario indicar, la forma en que aquellos afectan la

decisión a la cual ha llegado el Tribunal. El recurrente incluye una lista de

omisiones en las que dice, incurre el Tribunal, sin embargo, omite establecer

como afectan o lesionan el fallo impugnado. En la segunda censura, no indica

porqué los hechos acreditados carecen de claridad o como se contraponen a otros

de la misma especie. En síntesis, no alcanza a explicar en que consiste la

falta de determinación clara y precisa endilgada en el agravio. Finalmente, el

tercer reproche, tampoco se ajusta a la técnica debida. Nótese cómo se limita a

señalar de forma somera las razones por las cuales la sentencia yerra. En este

tanto, apunta violación de una norma sustantiva, empero, omite establecer los

preceptos de fondo quebrantados; no identifica las normas sustantivas

lesionadas, la forma en que han sido conculcadas, ni el modo en que ello se

produce. Considera esta Sala, no se sigue una correcta praxis casacional, dado

que en esta sede, no resulta suficiente manifestar una serie de

disconformidades generales y meramente argumentativas,  en tanto es

menester, según se ha dicho, el contraste de lo decidido con la infracción

general que, en su criterio, tuvo lugar. Puede apreciarse con meridiana claridad

que el reproche descansa en la valoración del acervo probatorio, sin embargo,

se omite por completo la fundamentación jurídica requerida para su

conocimiento. No se menciona, el irrespeto de ninguna norma de fondo, requisito

insoslayable cuando se acusa este tipo de infracción. Si bien menciona la

indebida valoración de algunas pruebas, no combate, cómo en su correcta

apreciación, hubiera variado el fallo en su favor. Desarrolla simples

discrepancias de criterio que no muestran ninguna base jurídica que le den

soporte, a efecto de poder ingresar al estudio extraordinario pretendido. En

consecuencia, dichos reclamos resultan informales, por lo que deberán

rechazarse de plano.

El casacionista

solicita la celebración de la audiencia oral señalada en el ordinal 142 del

Código Procesal Contencioso Administrativo. Sin embargo, en el caso concreto no

se aprecia que dicho trámite sea necesario, tomando en consideración las

pruebas que constan en autos, los temas en discusión y cuyo fundamento fue

expresado al momento en que se interpuso el recurso. Así las cosas, siendo que

el Código de rito dispone que ese acto es facultativo para el órgano que conoce

del recurso de casación, se rechaza la solicitud planteada.