Resolución 01279-2011

La señora Dilcia

Corella Rojas, planteó proceso disciplinario ante el Juzgado Notarial, en

contra del licenciado OMAR BRENES ARROYO. En lo medular, denuncia al

citado profesional, por cuanto dentro del proceso sucesorio notarial de su

difunto esposo, el cual fue tramitado en la notaría del citado fedatario, éste

omitió la inscripción de dos bienes respecto de los cuales resultó

adjudicataria. Por ello, solicita el resarcimiento de los honorarios cancelados

para la inscripción de los bienes, el pago de daños y perjuicios, así como el

pago de ambas costas de esta acción.  (folios 16 a

20)

II.-

El notario denunciado en su escrito de defensa, interpone excepción de

incompetencia en razón de la materia, al sostener que la actora no está

solicitando la aplicación del régimen disciplinario notarial, sino que su

pretensión es meramente resarcitoria, por lo que la misma es principal y no

accesoria, debiendo conocerse el asunto en la jurisdicción civil. El Juzgado

Notarial, declaró sin lugar la impugnación planteada, con fundamento en lo

prescrito por los numerales 138, 141 y 169 del Código Notarial. (folios 118 a

239)

III.-

El notario denunciado inconforme con lo resuelto por el Juzgado Notarial,

interpone recurso de revocatoria con apelación en subsidio y nulidad

concomitante, por lo que el asunto se remite a conocimiento del superior. El

Tribunal Notarial, determina la existencia de un conflicto de competencia, por

lo que resuelve elevar a la Sala Primera este asunto para su resolución.

La competencia en

materia del régimen disciplinario de los notarios públicos, se encuentra

residenciada de forma exclusiva en la jurisdicción notarial, así lo

establece el Código de rito en sus ordinales 138, 140, y 141. Según lo dispone

esta normativa, a la  Dirección Nacional de Notariado le corresponde la

aplicación del régimen disciplinario a los notarios públicos cuando, estos

incumplan requisitos y condiciones para el ejercicio del notariado, les

sobrevengan los impedimentos contemplados en el artículo 4 ìbidem, infrinjan lo

dispuesto en lineamientos y directrices emitidas por la misma Dirección ó por

otras dependencias, así como cuando omitan la presentación de sus índices

notariales. En todos los demás casos, contemplados en los artículos 143, 144,

145 y 146, la resolución  de los mismos será, de resorte propio de los

órganos jurisdiccionales notariales.

En el caso que nos ocupa, la

parte actora, pretende el resarcimiento de los honorarios que según indica, le

fueron entregados al notario Brenes Arroyo, la cancelación de los daños

y perjuicios y ambas costas de la acción; todo ello, en razón de que existe una

supuesta omisión de la inscripción de dos bienes respecto de los cuales resultó

adjudicataria en el proceso sucesorio de su difunto esposo. Si bien la

pretensión de la actora, se orienta al reconocimiento económico por el supuesto

daño ocasionado, lo cierto es que para determinar la existencia de ese daño

debe analizarse e investigarse en primer término, la supuesta falta que en su

investidura como fedatario público pudiera haber cometido el licenciado Brenes

Arroyo, aspecto que como hemos visto, escapa de la competencia de la

jurisdicción civil, por ser la sede notarial la competente exclusiva para

resolver sobre dicha materia. En el tema del resarcimiento de daños y

perjuicios, debe tenerse presente, que para que se materialice una condenatoria

de esa naturaleza, debe existir necesariamente y como fundamento, la existencia

de un incumplimiento en las funciones del notario denunciado, un daño y un nexo

causal. Con base en lo anterior, es claro que todo el alegato esbozado por la

demandante gira en torno del presumible incumplimiento por parte del referido

fedatario; por ello, lo propio en el presente asunto, es aplicar el principio

de que lo accesorio sigue lo principal, siendo el aspecto principal, la

determinación por parte del órgano competente en este caso el Juzgado Notarial,

de la existencia de una supuesta falta por parte del notario denunciado

(artículos 138, 140 y 144 inciso a). Una vez resuelto este aspecto, quedará la

base para determinar también lo concerniente a la procedencia o improcedencia

de los ruegos planteados por la parte demandante.

De conformidad con lo

anteriormente expuesto y de acuerdo con las pretensiones y lo alegado por la

actora, es claro que previo a determinar la procedencia o no de la cancelación

de los montos solicitados y de la existencia del daño, debe establecerse e

investigarse, si el demandado incumplió con sus obligaciones como fedatario

público; aspectos que, como se indicó antes, resultan de resorte exclusivo de

la jurisdicción notarial.

Consecuentemente, se

declara que el conocimiento del presente proceso corresponde al Juzgado

Notarial y así se declarará.