Resolución 01258-2011

1.-

Con

base en la sentencia firme de la Sala Constitucional no. 2006-009532 de las 15

horas 35 minutos del 5 de julio de 2006, el representante de la actora presenta

la respectiva liquidación en cuanto condenó a la demandada al pago de las

costas, daños y perjuicios, los cuales liquida en de la siguiente manera: daño

económico en la suma de ¢13.387.125,00, daño a la imagen por ¢15.000.000,00;

solicita el pago de intereses sobre las sumas mencionadas, así como las costas

generadas por este proceso.

La representante estatal contestó negativamente y

no opuso excepciones.

La licenciada Arguedas, en su expresado

carácter, expresa la negativa estatal por conciliar, por lo que se prescinde de

dicho trámite.

4.-

El Juez Iván Tiffer Vargas, en sentencia no. 850-2010 de las 8 horas

del 8 de marzo de 2010, resolvió: “…Se declara declara (sic) sin

lugar la presente ejecución de sentencia interpuesta por la Asociación

Costarricense de Investigación sobre Curriculo en

Educación contra el Estado. Son las costas de esta

ejecución a cargo de la Asociación Costarricense de Investigación sobre

Curriculo en Educación.”

El apoderado estatal

formula recurso de casación indicando las razones en que se apoya para refutar

la tesis del Tribunal.

En los procedimientos ante esta Sala se

han observado las prescripciones de ley.

Redacta el Magistrado González Camacho

La Sala Constitucional, en sentencia no.

2006-009532 de las 15 horas 35 minutos del 5 de julio de 2006, declaró con

lugar el recurso de amparo interpuesto por la Asociación Costarricense

de Investigación sobre Currículo en Educación. Ordenó al Director de la División de Control de

Calidad y Macroevaluación del Sistema Educativo del Ministerio de Educación Pública aplicar las pruebas

nacionales que correspondan a los estudiantes con horario diferenciado del Centro de Innovación

Educativa (CIE), institución perteneciente a la citada asociación. Y condenó al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios

causados.  Lo anterior, al considerar que se violentó el principio

de interdicción de la arbitrariedad y el derecho a la educación, porque la

decisión de tener por no aprobado el horario diferenciado del centro

educativo indicado no estaba debidamente fundamentada, por lo tanto era

arbitraria.  Aunado a ello, no se demostró la existencia de un procedimiento especial que debiera ser aprobado para

impartir lecciones y presentar bachillerato en la modalidad de horario

estadounidense o diferenciado.  La Asociación mencionada planteó ejecución, solicitó

el pago de ¢28.387.125,00 por los daños y perjuicios,

los cuales desglosó así: ¢13.387.125,00 de lucro cesante y ¢15.000.000,00 de

daño a la imagen.  La representación estatal contestó negativamente y

pidió que se condenara a la ejecutante al pago de ambas costas.  El Juzgado declaró sin lugar la ejecución e impuso ambas costas a la Asociación Costarricense

de Investigación sobre Currículo en Educación.  La representación

estatal solicitó adición para que expresamente se condenara a la parte actora

al pago de los intereses sobre las costas, que se generen desde la firmeza de

la sentencia y hasta su efectivo pago.  El Juzgado rechazó esa gestión,

externó que solo cabía respecto de la parte dispositiva del fallo, por

ende, en este caso al no haberse emitido ningún pronunciamiento al respecto en

la parte considerativa, era imposible hacerlo en el por tanto.

Inconforme, el representante del Estado interpone

recurso de casación por razones procesales.

En lo esencial señala, el Juzgado incurrió en

incongruencia, falta de motivación y se violentó el derecho de defensa a su

representado, al no conceder, ni pronunciarse sobre el extremo de intereses

sobre las costas solicitado debidamente por el Estado al contestar.  Ese olvido, manifiesta, se da en la sentencia combatida y en

el auto que resolvió la adición y aclaración.  En apoyo a su dicho,

transcribe un extracto de una sentencia de esta Sala

donde se define la incongruencia.  El Juzgado, en su criterio, irrespetó

lo dispuesto en los artículos 119 inciso 1) del Código Procesal Contencioso Administrativo,

que establece la obligatoriedad de resolver en sentencia todas las pretensiones

formuladas por las partes y 155 inciso 4) del Código Procesal Civil, que dispone los

requisitos formales mínimos de ese tipo de “actuaciones jurisdiccionales”.

Insiste, el Estado formuló una petición: condenar al pago de intereses sobre

las costas y el Juzgador no la resolvió, cuando tenía la obligación de hacerlo,

razonando su procedencia o rechazo.  Tal proceder,

estima, genera falta de motivación de la sentencia y le produce indefensión al

Estado, ya que no se explican o fundamentan los motivos por los cuales no son

procedentes los intereses sobre las costas, violentando de esa manera el debido

proceso y el derecho de defensa.

III.-

En la

censura planteada, el recurrente alude a la falta de motivación, indefensión e

incongruencia, sin embargo su reparo se enfoca en la falta de pronunciamiento

acerca de la petición de condenar a la ejecutante al pago de los intereses

sobre las costas, por esa razón el análisis se centra en ese punto.

IV.-

Sobre

la incongruencia, esta Sala de manera reiterada ha dispuesto: “[…] se

produce cuando existe una evidente contradicción entre las pretensiones de los

litigantes y lo resuelto en la parte dispositiva de la sentencia; no entre las

consideraciones del

fallo y lo resuelto. Con la nueva legislación procesal contenciosa

administrativa, tal premisa ha sido relativizada. Ello

por cuanto, en virtud de los poderes otorgados al juzgador, las pretensiones

aducidas en la demanda pueden sufrir variaciones tanto en la audiencia

preliminar, cuanto en la de juicio (artículos 90 inciso 1 b) y 95 ibídem);

además, de conformidad con el canon 122 ejúsdem, se dan una serie de

pronunciamientos de carácter oficioso” (resolución no. 819-A-2008 de las 10

horas 5 minutos del 4 de diciembre de 2008).

Es decir, con el Código Procesal Contencioso

Administrativo, el examen entre lo peticionado y lo concedido a efecto de

determinar una incongruencia, requiere examinar las pretensiones y excepciones

esgrimidas tanto en la demanda y en la contestación, como en las audiencias

orales que se efectúen, y considerar además los pronunciamientos oficiosos que

el cuerpo legal mencionado impone al juez.

En este asunto, la

representación estatal al dársele audiencia para referirse a la liquidación de

costas, daños y perjuicios presentada por la ejecutante, solicitó se denegaran

esos extremos por falta de prueba e inexistencia del nexo causal, además pidió

“[…] la condenatoria en ambas costas de esta acción a cargo de la parte

actora, y sus respectivos intereses hasta su efectivo pago” (folio

62).  El Juzgado impuso las costas a la Asociación Costarricense

de Investigación sobre Currículo en Educación, pero no se refirió a los

intereses sobre ese extremo. Ante esa circunstancia,

la representante del Estado pidió que se adicionara la

sentencia, para que se condenara expresamente al pago de los citados intereses

(folio 70), solicitud que fue rechazada, al estimar la juzgadora que en la

parte considerativa del fallo no se emitió

pronunciamiento sobre ese punto, por lo que era imposible hacerlo en la parte

dispositiva del

fallo.

VI.-

La Sala no comparte la

decisión del Juzgado por lo siguiente. De conformidad con la remisión general que

efectúa el artículo 220 del

Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA), y por no encontrarse la

rectificación de resoluciones contemplada expresamente en este cuerpo

normativo, resulta aplicable las disposiciones del Código Procesal Civil. Este último texto, en el canon 158, establece la procedencia de la

adición y aclaración, de oficio o a gestión de parte, en dos supuestos.

El primero, cuando exista algún concepto oscuro; el segundo, ante omisiones

relativas a lo discutido en el litigio. Su propósito

es por tanto esclarecer aspectos confusos y suplir desatenciones del

fallo sobre los puntos debatidos en el proceso. Por ende, aún

cuando procede solo respecto a la parte dispositiva, lo cierto es que se da en

función de lo pedido por las partes y en consecuencia, de lo que sobre esos

pedimentos profiera el juzgador. Así, este

instituto de rectificación de resoluciones, y en concreto, la adición tiene por

límite precisamente las pretensiones, de suerte que procede únicamente cuando

se omite pronunciamiento sobre ellas. En otras palabras

tendrá cabida, cuando el juzgador no resuelva uno de los aspectos peticionados

por las partes. Resulta incompatible con la variación total o parcial de

lo dispuesto. Una disconformidad con la desaplicación e interpretación de normas sustantivas que conlleve modificar la parte

dispositiva, constituye un vicio distinto, un agravio por el fondo. Por otra

parte, los eventuales yerros por concesiones distintas, o bien por otorgar más

allá de lo pretendido (ultrapetita y extrapetita), corresponde alegarlos a los

litigantes directamente por el remedio procesal previsto, que tratándose de

procesos regidos por el CPCA, ha de efectuarse a través del recurso de

casación por motivos procesales. La incongruencia por infrapetita, o lo que es

igual, por falta de pronunciamiento en cuanto a los extremos esgrimidos, además

de invocarse como vicio por la forma en ese mismo medio impugnaticio

extraordinario, es objeto –como se dijo- de una gestión de adición, que a su

vez –cabe agregar- se erige como criterio para entrar al análisis del cargo en

fase casacional, según dispone el artículo 137.2 del CPCA. La parte dispositiva

es una síntesis de las pretensiones y excepciones, que junto con los hechos y

las pruebas fueron analizadas en la parte considerativa del fallo. Si como

fundamento de la decisión, es decir, en la parte considerativa, no se refleja

ese examen, es procedente la adición, para así subsanar la falencia. Dicho de

otro modo, la omisión de la parte dispositiva respecto de un

pedimento concreto y expreso de cualquiera de las partes, haya sido o no

considerado, hace viable (y exigible si se quiere) la adición requerida.

En el sub lite, se

verifica que la solicitud de condenatoria a intereses sobre las costas fue

oportunamente pedido por la parte demandada. Sin embargo, el Juzgado no

determinó en sentencia si ese pedimento era de recibo

o procedía denegarlo. Tal omisión se produjo en la parte dispositiva como reflejo del ausente examen en su apartado

considerativo. De allí, precisamente la procedencia de la

gestión de la parte. El Juzgado rechazó la solicitud del

Estado cuyo fin era que se adicionara el fallo en lo relativo a ese aspecto. De esta manera, se observa que el vicio endilgado se mantuvo, pese

a que el demandado gestionó se rectificara.

VIII.-

En

virtud de lo anterior, al encontrarse la causal de incongruencia se acogerá el

recurso. Se ordenará el reenvío al Juzgado Contencioso

Administrativo y Civil de Hacienda, a fin de que se pronuncie sobre el extremo

omitido.