Resolución 01256-2011

Con base

en los hechos que expuso y disposiciones legales que citó, el actor estableció

proceso de conocimiento, cuya pretensión fue adicionada en audiencia

preliminar, a fin de que en sentencia se declare: “A.- Que se declare la

nulidad absoluta de los siguientes acuerdos administrativos:

Resolución N.°

2795 de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, adoptada

en sesión ordinaria N.° 47-2007 de las 10:30 horas del 25 de abril del 2007,

así como todos sus actor conexos y derivados.

Resolución DNP-MT-M-147-2007

de la Dirección Nacional de Pensiones del Ministerio de Trabajo, de las 9:50

horas del 23 de octubre de 2007, así como todos sus actos conexos y derivados.

Que se condene al demandado a reintegrar al Estado los montos indebidamente

girados por concepto de pensión, más los intereses que dichas sumas generen,

desde el momento en que le fueron girados, sus frutos por intereses corrientes

y moratorios, y se indexen todas las partidas según el Índice de Precios al

Consumidor.

Que son a cargo del demandado las costas personales y

procesales del litigio, más los intereses que de ellas se generen.”

2.-

El demandado contestó negativamente e interpuso la defensa de prescripción

(la que fue conocida en audiencia preliminar), así como las excepciones de

falta de Derecho y la expresión genérica de “sine actione agit”.

La apoderada estatal

expresó su negativa a conciliar por lo que se prescindió de dicha etapa

judicial.

La

audiencia preliminar se realizó al ser las 9 horas del 22 de abril de 2010,

oportunidad en que hicieron uso de la palabra los representantes de ambas

partes. En esta se ajustó la pretensión.

5.-

El Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Sexta,

integrado por las Juezas Cynthia Abarca Gómez, Marianella Álvarez Molina y el

Juez Jorge Leiva Poveda, en sentencia número 1962-2010 de las 15 horas del 24

de mayo de 2010, resolvió: “Se rechazan las excepciones de falta de Derecho

y la genérica de sine actione agit, en consecuencia, se acoge la acción en los

siguientes términos:

Se anula la resolución N.°2795 de la Junta de

Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, adoptada en sesión ordinaria

N.° 47-2007 de las 10:30 horas del 25 de abril del 2007 y la resolución

DNP-MT-M-147-2007 de la Dirección Nacional de Pensiones del Ministerio de

Trabajo, de las 9.50 horas  del 23 de octubre de 2007.

Se

condena al demandado a reintegrar al Estado los montos indebidamente girados

por concepto de pensión, más los intereses de ley, mismos que se otorgan

respecto de cada una de las sumas mensualmente recibidas por concepto de

pensión, desde el momento de su recepción por parte del accionado, hasta su

efectivo reintegro a la administración. La tasa de interés que deberá pagarse

es la establecida en el artículo 1163 del Código Civil, que corresponde a la

tasa que paga el Banco Nacional de Costa Rica, por depósitos a seis meses plazo

en colones, y

Son ambas costas a cargo de la parte actora.”

6.-

El demandado formula recurso de casación indicando las razones en que se apoya

para  refutar la tesis del Tribunal.

7.-

En los procedimientos ante esta Sala se han observado las prescripciones de

ley.

Redacta el Magistrado González Camacho

El Estado formula este

proceso de lesividad por considerar que la pensión otorgada al señor Ramírez

Mendoza por la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional

(sesión 47-2007 de las 10 horas 30 minutos del 25 de abril de 2007) y aprobada

por la Dirección Nacional de Pensiones del Ministerio de Trabajo y Seguridad

Social (oficio DNP-MT-M-147-2007 de las 9 horas 50 minutos del 23 de octubre de

2007) presenta vicios de nulidad absoluta. La declaratoria de lesividad fue

realizada por el Ministro de Trabajo mediante la resolución DMT-1193-2008,

debido a que el señor Ramírez Mendoza se trasladó en 1995 al régimen

administrado por la Caja Costarricense del Seguro Social. Con base en lo

anterior, solicita se declare la nulidad de las resoluciones mencionadas, se

condene al demandado a reintegrar al Estado los montos girados por concepto de

pensión, los intereses corrientes y moratorios, que se indexen todas las

partidas según el índice de precios al consumidor y que se impongan las costas

personales y procesales. En la audiencia preliminar, se ajustó la pretensión

para requerir la supresión de todos los actos conexos y derivados. En la

contestación, se admitieron los hechos comprendidos entre el uno y el nueve, se

rechazó los restantes por inexactos y se opuso la excepción de falta de derecho

así como la expresión genérica “sine actione agit”. El Tribunal acogió la

acción, luego de aclarar que la indexación se encuentra incluida en el

otorgamiento de intereses. Acude en casación la representación legal del demandado.

Casación por motivos procesales

En su único

motivo de esta índole, aduce una falta de motivación. Esto se da, según expone,

debido a que el fallo impugnado se limita a realizar la transcripción de los

argumentos de las partes y cita una serie de votos de la Sala Constitucional

sin realizar un análisis de las pruebas que constan en el expediente, así como

una valoración de los argumentos expuestos, todo a la luz de la sana crítica

racional. Afirma, esa omisión evita que se ponderen las actuaciones del

interesado durante el procedimiento para la obtención de la pensión, así como

la conducta de la Administración. Se le ha causado un grave perjuicio, dice, al

adoptarse una decisión con una simple aplicación mecánica de la jurisprudencia

constitucional. Acota, si bien se trata de una discusión de mero derecho, ello

no implica que el juzgador se pueda apartar de su deber de fundamentar la

sentencia. Debe existir, agrega, un análisis cognoscitivo, en particular, por

tratarse de la supresión de su derecho de pensión.

La fundamentación,

como elemento integrante del derecho al debido proceso, implica que los

juzgadores plasmen en la sentencia, sea esta oral o escrita, el análisis que

realizaron de las cuestiones fácticas y jurídicas que fueron objeto del debate,

y con base en este, cuál es la razón por la que adoptaron una solución en

detrimento de otra. Dicho de otra forma, consiste en exponer los motivos que

permitan comprender la parte dispositiva o decisión del fallo; de ahí que daba

existir coherencia entre ambas –la parte considerativa y el por tanto-. Este

elemento formal de las resoluciones judiciales sirve un doble propósito. Por un

lado, es una herramienta tendiente a potenciar la interdicción de la

arbitrariedad, en la medida en que habilita un control de la imparcialidad de

quien administra justicia. Es importante recordar, tal y como ya lo ha señalado

esta Sala: “cuando se acogen las pretensiones de una u otra parte, y

trascendiendo de la disputa en sí misma, se satisface un fin público, cual es,

coadyuvar en el mantenimiento del orden social al permitir la resolución

pacífica de los conflictos. Dentro de este marco, la motivación se erige como

un punto clave, en la medida en que garantiza a las partes intervinientes, al

margen de si resultaron gananciosos o perdidosos en el asunto específico,

conocer los elementos con base en los cuales se adoptó la decisión. De esta

forma, no sólo se da cumplimiento a la tutela judicial efectiva, sino además,

se dota de legitimidad el ejercicio de la función jurisdiccional, al constituir

un elemento de control de la labor del juez” (voto 137-F-S1-2010 de las 9

horas 31 minutos del 28 de enero de 2010). Por el otro lado, hace efectivo el

derecho de defensa, ya que le permite a las partes impugnar aquellos argumentos

contenidos en el fallo que consideren infundados o erróneos. Con base en lo

anterior, la falta de motivación de la sentencia se produce cuando las razones

por las cuales el juzgado adoptó su decisión no se encuentran plasmadas en el

fallo, o bien, si su desarrollo resulta en extremo confuso o contradictorio, de

forma tal que se impida tener claridad en cuanto a los razonamientos que

derivaron en la parte dispositiva de la sentencia. En este sentido, pueden

verse, entre muchos otros, los votos de esta Sala no. 126-F-S1-2009 de las 15

horas 45 minutos del 5 de febrero de 2009 y 1516-F-S1-2010 de las 8 horas 50

minutos del 16 de diciembre de 2010. Finalmente, conviene aclarar que, por

tratarse de un vicio que afecta un elemento formal del fallo, el análisis que

sobre este aspecto se realiza, se hace sin que se pondere el fondo del asunto.

Resulta impropio en este tipo de agravio, valorar la aplicación de las normas

jurídicas al caso concreto, ya que para este efecto se prevén las causales

contenidas en el artículo 138 del Código Procesal Contencioso Administrativo.

En el sub examine, el

recurrente recrimina que los juzgadores de instancia, “como planteamiento

para resolver por el fondo” se limitaron a transcribir varios antecedentes

de la Sala Constitucional, sin referirse a la valoración de las pruebas. En

atención a lo anterior, es preciso analizar la estructura argumentativa

utilizada por el Tribunal, para determinar si cumple con los requisitos mínimos

que debe reunir cualquier sentencia debidamente fundamentada. Así, se observa

que los argumentos de fondo relacionados con el caso concreto se encuentran en

el considerando VI de la resolución impugnada, en donde luego de realizar una

síntesis de los alegatos de las partes, reitera lo indicado en el artículo 2 de

la Ley 2248 en el sentido de que aquellos servidores que al 18 de mayo de 1993

tuvieran 20 años de servicio podían pensionarse con base en las normas de la

Ley 2248, mientras que quienes cumplieron con ese umbral de servicio -20 años-

al 13 de enero de 1997 podían hacerlo al amparo de la Ley 7268. En relación con

esta disposición, el Tribunal agrega: “en otras palabras, existe un “derecho

de opción” que como regla general, establece la posibilidad de los cotizantes

de ese régimen de trasladarse de éste al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

de la Caja Costarricense del Seguro Social, empero, una vez se ha abandonado el

Régimen del magisterio no es posible regresar a él.” Luego reproduce un

voto de la Sala Constitucional sobre este derecho en el que se indica que

quienes solicitaron el cambio no podían optar por su reincorporación al régimen

del Magisterio Nacional. Luego señala que “la regulación legal del así

denominado “derecho de opción”, debe ser vista a la luz de la modificación

operada mediante la ley 8536, la cual estableció, vía excepción, la posibilidad

de que ciertos cotizantes puedan regresar al régimen del Magisterio” y

transcribe el precepto que así lo dispone. Acto seguido, incluye un antecedente

de la Sala Segunda en donde se explica con cuál régimen podían pensionarse

quienes tuvieren un derecho de pertenencia en el del Magisterio Nacional de

acuerdo a la fecha en que cumplían los 20 años de servicio. Finalizada esta

última cita, se señala: “En el presente caso lleva razón la representación

del Estado en cuanto a que siendo que el actor ejerció su derecho de opción en

agosto de 1995, éste no cumplió con el requisito de haber cotizado al menos

durante 20 años para el régimen del Magisterio Nacional, ello nunca se

perfeccionó el derecho alegado por el demandado” y concluye con una nueva

reproducción de un voto de la Sala Constitucional sobre la aplicación

retroactiva a derechos adquiridos en materia de pensiones. Desde este plano, se

observa que los juzgadores de instancia utilizaron antecedentes de distintos

órganos para exponer cuál es el marco normativo aplicable, en sustitución de un

desarrollo propio. Esta estructura argumentativa no implica, per se, un

vicio que invalide la sentencia, siempre y cuando se logre extraer en forma

diáfana las razones de hecho y de derecho que incidieron en la solución

adoptada. En la especie, se logra colegir que el Tribunal acogió la pretensión

de lesividad debido a que el señor Ramírez Mendoza se trasladó al régimen

administrado por la Caja Costarricense del Seguro Social, sin haber cotizado

durante 20 años en el Magisterio Nacional, con la consecuente imposibilidad de

regresar a este último. Empero, la parte considerativa es omisa en cuanto a la

vinculación entre el cuadro fáctico establecido en el elenco de hechos y el

marco normativo que se desprende de los antecedentes citados. Aún y cuando la

mayoría de los hechos planteados en la demanda no hayan sido controvertidos,

ello no implica que no exista obligación de establecer, como parte de la

motivación de la sentencia, en qué forma el cuadro fáctico incide en la

aplicación de las normas jurídicas aplicables. Aunado a lo anterior, debe

considerarse que el fallo no se refiere a los argumentos que fueron objeto de

debate, en particular, en cuanto a la existencia de un derecho adquirido a

favor del demandado que se deriva de la fecha a partir de la cual ingresó a

laborar para las instituciones que admitían cotizaciones ante el Magisterio

Nacional. Lo expuesto lleva a que tenga que ser acogida la inconformidad

planteada, motivo por el cual se omite pronunciamiento respecto del agravio de

fondo restante.

De conformidad con lo

expuesto en los considerandos anteriores, lo procedente es anular la

resolución cuestionada y remitir el expediente al Tribunal de origen a fin de

que lo emita conforme a derecho.