Resolución 01227-2011

De conformidad con lo

dispuesto en el artículo 139 del Código Procesal Contencioso Administrativo y

por las razones que se dirán, el recurso de la Junta demandada resulta de

rechazo en cuanto a la tercera censura esgrimida, respecto a que se valoró

indebidamente la prueba documental, así como la sexta, relacionada a la

violación del artículo 29 del Código de Trabajo, en lo demás se admite.

Asimismo, resulta admisible el recurso planteado por la parte actora. Acorde a

lo señalado en el canon 142 del cuerpo procesal de cita, se pone en

conocimiento de la admisión de dichos recursos a los representantes de la parte

actora y de los co-demandados por el plazo de 10 días hábiles, a partir de la

fecha cuando se les notifiquen esta resolución. Se declara que el dictado

de la sentencia final posee una excepcional complejidad, por lo se realizará

dentro de los siguientes 10 días hábiles contados a partir del

vencimiento del traslado del recurso a la partes.

Se califica la

casación como una instancia de carácter extraordinario, básicamente por

dos razones. En primer término, porque no toda resolución judicial es pasible

de tal recurso, sino sólo las contempladas en la ley. Y en segundo lugar,

porque las causales de impugnación en esa etapa revisora no son abiertas, sino

preestablecidas de igual modo, por el ordenamiento jurídico. En lo relativo al

primer aspecto, cabe señalar, como regla general, que son susceptibles del

recurso de casación las sentencias y los autos con carácter de sentencia

capaces de producir cosa juzgada material. Así mismo, lo son aquellos

pronunciamientos finales y de fondo emitidos en las ejecuciones de sentencia de

fallos firmes y precedentes recaídos en procesos de conocimiento. Frente a esta

fórmula genérica, el propio Código Procesal Contencioso Administrativo,

puntualiza algunas resoluciones particulares a las cuales se les concede esta

fase recursiva. A manera de ejemplo, se encuentran en esta posibilidad las

siguientes: a-) la que declara la inadmisibilidad de la demanda (art. 62.3);

b-) la que declara con lugar las defensas previas indicadas en el apartado 6)

del cánon 92 del Código de cita, y c-) la que resuelve en forma final, el

“proceso de ejecución” de sentencia en habeas corpus y amparos de la Sala

Constitucional declarados con lugar, contra o a favor de una Administración

Pública (art. 183.3 ibidem). Por ende, los autos comunes y las resoluciones que

no definan el fondo del asunto o no pongan término al proceso, tienen vedado el

paso a la etapa casacional.  En lo que atañe a las causales, cabe agregar

que opera la dualidad entre las procesales y las sustantivas. Así se plasma en

los preceptos 137 y 138 de la legislación codificada vigente. Para las

primeras, se efectúa un listado en términos amplios, de gran cobertura, y en

los presupuestos que procede, ajustados a las reglas de la oralidad. Respecto

de las sustantivas, se prevé la posible infracción de los elementos probatorios

(por desapego o contradicción con ellos, o bien, preterición o indebida

valoración), denominada comúnmente “violación indirecta”. Por otro lado,

como parte de este último grupo, se encuentra la infracción estrictamente

normativa, que ocurre en el supuesto de una aplicación indebida, una incorrecta

interpretación o una desaplicación reprochable de la norma, conocida en la

tradición jurídica costarricense como “violación directa”.

Una vez hecha la

mención de las resoluciones sobre las que cabe recurso de casación y sus

causales, se hace imprescindible enfocar los requisitos necesarios para su

admisibilidad. En este sentido, bueno es recordar que la vocación

antiformalista con que irrumpe el Código Procesal Contencioso Administrativo en

el ordenamiento jurídico costarricense, permea todos y cada uno de sus propios

institutos. De esta manera, el recurso de casación se libera también de

excesivos requisitos de admisibilidad, con el fin de que el órgano casacional

(como vértice del sistema) pueda ingresar, las más de las veces, al análisis de

los quebrantos alegados, sean procesales o sustantivos, en cumplimiento del fin

esencial de esta instancia jurisdiccional y de quienes a ella acuden. Es así

como se ha establecido una casación menos rigurosa en lo relativo a los

aspectos de admisibilidad, sin abandonar por ello el tecnicismo que le es

propio, ni su naturaleza y esencia, pues, al fin y al cabo, se mantiene

incólume su rol y su finalidad dentro del régimen procesal moderno.

Ahora bien, pese a la

informalidad que propugna la  vigente legislación procesal para interponer

el recurso de casación, se articulan, como es lógico, una serie de requisitos

mínimos e imprescindibles relativos al tiempo, lugar y forma. Se crean mediante

ley, en tanto esenciales, para este particular recurso extraordinario, ya que

sin ellos, no habría orden ni equilibrio procesal. Empero, han de interpretarse

de manera flexible y razonable, pues precisa recordar que los señalados en el

precepto 139 del Código de referencia, son los únicos requisitos y formalidades

previstos para el recurso de casación, según lo señala el inciso 5) de ese

mismo mandato. De esta manera, en el apartado 1) de la norma recién citada, se

establece que el recurso en mención deberá presentarse directamente ante

la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Con ello, se modifica en forma

leve para el contencioso administrativo, el sistema hasta ahora vigente en la

legislación procesal civil, dado que, ahora, la Sala se pronuncia sobre la

admisibilidad y de conformidad con el canon 142.1 del Código de la materia, lo

pone en conocimiento de la parte contraria por el plazo de 10 días

(notificándole por el medio que haya establecido, o en el lugar señalado dentro

del Primer Circuito Judicial, de acuerdo con la comunicación que le fue girada

de previo por el órgano jurisdiccional de instancia). Se busca con esto, la

estandarización del régimen recursivo que presenta el Código, dado que por

regla, sean ordinarios o extraordinarios, se presentan directamente ante

el superior encargado de conocerlos. En otro orden de ideas, en el mismo

acápite normativo, se establece el plazo para su interposición: 15 días

hábiles contados a partir del día hábil siguiente de notificadas todas las

partes. Si se hubiere interpuesto adición o aclaración, el plazo indicado

empezará a correr a partir del día hábil siguiente de notificadas todas las

partes de lo resuelto sobre ello. Superado el tiempo y lugar de presentación,

se enumeran en el apartado 2), una serie de requisitos de “información”

e “identificación” del recurrente y del proceso, que, por su naturaleza

(“datos”, “información de trámite”), pueden ser subsanados en el plazo

de tres días, a tenor de lo dispuesto en el cardinal 141 del mismo cuerpo

normativo. Así, deberá indicarse: a) el tipo de proceso; b)

el nombre completo de las partes; c) la firma del recurrente o

recurrentes autenticada por abogado; d) hora y fecha de la

resolución recurrida; e) número de expediente en la cual fue

dictada y f) lugar dentro del perímetro para recibir

notificaciones, cuando el que se hubiere dispuesto no corresponda a la misma

sede, salvo, claro está, que se haya señalado algún medio, excluido de

cualquier circunscripción territorial (v.gr. fax o correo electrónico). Con

ello se completa el listado simple de exigencias instrumentales o adjetivas del

recurso. Sólo en el evento de que se incumpla la prevención dictada al efecto,

se dispondrá el rechazo de plano, y por ende, el archivo del asunto, pero en

ese caso, no sólo por la omisión, sino por la desatención a lo prevenido

judicialmente.

A los anteriores

requisitos se añade un último requerimiento (artículo 139.3), en este caso,

material, en tanto necesario para la admisibilidad y posterior valoración del

recurso por el fondo. Se trata, de la motivación del recurso, que por

las características de la casación, ha de ser clara y precisa. En este sentido,

debe contener, tal como lo dispone el precepto de comentario, la fundamentación

fáctica y jurídica del caso. Fáctica, en la medida en que se muestre

inconforme con los hechos que se han tenido por probados o indemostrados (lo

cual lleva a la ponderación de las probanzas), o con las circunstancias acaecidas

en la violación de normas procesales, y jurídica, cuando se trata de un

problema que se expone acerca de la aplicación, omisión o indebida

interpretación de cualquier norma que integre el bloque de juricidad,

incluidos, por supuesto, los principios de rango constitucional, o aquella que

también opera por efecto reflejo o indirecto, después de que se modifican los

hechos de la sentencia impugnada.  Tanto en la infracción procesal, como

en la probatoria, puede concurrir, junto con las razones jurídicas (siempre

necesarias), las de carácter fáctico, y en ese sentido, los fundamentos de

referencia deberán ser dirigidos en ambas vertientes, so pena de

inadmisibilidad. Por su parte, es necesario aclarar que de la fundamentación

jurídica se exonera, por expreso mandato legal, la indicación de aquellos

cánones relativos al valor del elemento o elementos probatorios mal apreciados.

De igual forma, resulta innecesario citar las normas que equivocadamente

utilizó y mencionó el órgano jurisdiccional de instancia para emitir y razonar

su decisión; porque constan en el mismo pronunciamiento recurrido. Y desde

luego, no es indispensable, citar los preceptos que establecen los requisitos,

plazos y reglas básicas para la admisión del recurso. Antes que la cita de estas

últimas, lo imprescindible es que se cumplan y se pongan en práctica al momento

de elaborar e interponer la casación. Así las cosas, la fundamentación

dispuesta por ley, puede entenderse, grosso modo, como  aquella

argumentación técnico-jurídica en la que se mencionan una serie de artículos, o

reglas jurídicas entrelazadas o concatenadas entre sí y vinculadas

razonablemente en una doble perspectiva: con los argumentos del recurso y con

la sentencia que se ataca. En la medida en que se cite un conjunto de normas

jurídicas (o si es del caso, una sola de ellas), atinente y vinculada de manera

clara con la sentencia combatida (ya sea en el sustento de hecho o derecho) y

los argumentos del recurso, hay fundamentación jurídica. Los agregados

jurisprudenciales o las eventuales citas doctrinales, reforzarán en ocasiones

las alegaciones efectuadas, pero, por lo general, no hacen a su esencia. Como

lo ha estimado esta Sala, interpretando el artículo 139 de referencia, “se

requiere que el recurso cuente con una fundamentación jurídica mínima...deben

explicarse las razones en las cuales sustenta su gestión, combatiendo los

argumentos de derecho de la sentencia recurrida y consignando, al menos, alguna

referencia normativa que le dé sustento” (Resolución n° 318-A-2008, de las

14 horas 25 minutos del 8 de mayo de 2008). La fundamentación es por tanto,

ajena al despliegue confuso de normas y alegatos; a la mezcla de argumentos

ininteligibles o a la simple exposición de opiniones sobre la procedencia o

justicia del caso, o bien, al recuento de los desaciertos que se consideran

cometidos en la sentencia recurrida, sin respaldo en normas o criterios

jurídicos. De allí que, si el recurso omite por completo esa relación

técnico-normativa a la que se ha hecho referencia, o la vinculación que llegue

a realizar, resulte impertinente o desvinculada al caso de manera manifiesta y

evidente, habrá que entender que carece de “total fundamentación jurídica”,

y por tanto, incumple el necesario requisito establecido en el canon 139.3),

que se sanciona con el rechazo de plano, a tenor de lo dispuesto en el artículo

140 inciso c) del mismo Código de referencia.

En el caso en estudio,

la Junta de Protección Social de San José plantea su recurso por violación a

normas sustantivas. Como parte de sus

agravios por el fondo, acusa en el tercer motivo, que se valoró

indebidamente la prueba documental, cita en su respaldo el acta de la Junta

tomada en sesión 14-2008 del 29 de abril de 2008, en la cual se solicitó a la

Asociación Solidarista el reintegro de la diferencia del aporte patronal,

correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2008. Acuerdo,

agrega, que no anula ningún acto administrativo sino que pretende la devolución

de lo pagado por error, así como tampoco otorga ningún derecho subjetivo a

dicha Asociación, debido a que el dinero de tal aporte es de los trabajadores.

En el sexto, arguye, violación del artículo 29 del Código de Trabajo.

Este texto, expresa, fue reformado por la Ley de Protección al Trabajador, n.°

7983 del 24 de septiembre de 1998, a partir de dicha reforma un 3% del salario

anual del trabajador pasó a formar parte del ahorro obligatorio y fondo

complementario de pensiones, establecido por esa Ley, y quedó un 5.33% en poder

del patrono como reserva para el pago de cesantía. Aspecto, destaca, que tiene

incidencia en la especie, ya que la discusión de fondo en la demanda es si la

Asociación tiene derecho a reclamar más del 5.33% que le trasladó la Junta de

enero a abril de 2008. En su criterio, al acoger la petitoria de la demanda

relativa a este punto, el fallo viola, por indebida aplicación de dicha norma,

el aporte patronal a la Asociación.

Analizados los

reproches expuestos, considera esta Sala, que no se sigue una correcta praxis

casacional. En cuanto al tercer agravio invocado, la parte recurrente olvida

que esta instancia procesal, no corresponde a un recurso ordinario (como es la

apelación), ni resulta suficiente manifestar una serie de disconformidades

generales y meramente argumentativas,  en tanto es menester, según se ha

dicho, el contraste de lo decidido con la infracción general que, en su

criterio, tuvo lugar. Puede apreciarse con meridiana claridad, que los

reproches descansan en la valoración del acervo probatorio; sin embargo, se

omite la fundamentación jurídica requerida para su conocimiento. No se

menciona, el irrespeto de ninguna norma de fondo, requisito insoslayable cuando

se acusa este tipo de infracción. Aunado a lo anterior, pese a que se señala la

indebida valoración probatoria, no combate, cómo en su correcta apreciación,

hubiera variado el fallo en su favor. Más bien, la parte recurrente se inclina

por exponer una serie de argumentos, no relacionados de manera precisa con el

punto medular del recurso. Dicho de otro modo, desarrolla simples discrepancias

de criterio que no muestran ninguna base jurídica que le den soporte, a efecto

de poder ingresar al estudio extraordinario pretendido. En consecuencia, dicho

reclamo resulta informal. Por otra parte, respecto a la sexta censura esgrimida,

si bien se reprocha violación del artículo 29 del Código de Trabajo, el

recurrente no expone de modo preciso la forma cómo el Tribunal erróneamente

aplica, en su criterio, dicha disposición. De los argumentos dados, no se

colige de manera clara, cuál fue el yerro en que incurrieron los juzgadores en

relación a tal canon, debido a que el agravio se centra en otorgar simplemente

una breve reseña de la reforma sufrida por el precepto aludido a partir de

1998. Por los motivos expuestos, los reproches acusados deberán rechazarse de

plano.