Resolución 00037-2004

1°.-

Con base en los hechos que expuso y disposiciones legales que citó la parte

actora planteó demanda especial tributaria, cuya cuantía se fijó  como inestimable, a fin de que en sentencia

se declare: “1. Con lugar las presentes diligencias y consecuentemente los

montos cobrados en esta vía conforme con los montos desglosados y de acuerdo

con la información disponible, dada la negativa del ente demandado a

suministrar información alguna.

Que

se declare la improcedencia de las justificaciones presentadas en sede

administrativa por el ICE con base en las cuales se ampara para no pagar el

impuesto de patente que adeuda a la Municipalidad de Tilarán, justificaciones

que se plasman en los oficios GG-0517-98 de 25 de mayo de 1998, GG-0664-98 de 9

de julio de 1998, ambos suscritos por la Gerencia General del ICE.

Que obligue al ICE a depositar los montos

aquí cobrados, sin perjuicio del cobro que recaiga sobre los períodos no

prescritos y que no se han incluidos (sic) en este cobro.

Que declare la obligación del ICE de

continuar con el pago del impuesto de patente de forma igualitaria a los

restantes generadores de energía hidroeléctrica ubicados en el Cantón de

Tilarán.

Que se declare la

obligación del ICE de cancelar las multas por no presentación ni pago del

impuesto de patente en tiempo.

Que

se obligue al ICE al pago de daños y perjuicios generados por su actuación

incumpliente de la ley.

Que sea a

cargo del ICE el pago de ambas costas de este proceso.”.

2°.-

La representante del Instituto Costarricense de Electricidad, contestó

negativamente las pretensiones de la actora e interpuso las excepciones de

defectos formales de la demanda, prescripción, falta de derecho, falta de

interés actual, falta de legitimación ad causan activa y pasiva y la genérica

sine actione agit.

3°.-  El Tribunal Contencioso Administrativo,

Sección Primera, integrado por los Jueces Horacio González Quiroga, Cristina

Víquez Cerdas y Hubert Fernández Argüello, en sentencia N° 364-2002 de las

16:28 horas del 11 de octubre de 2002, dispusó: “Se rechazan las

excepciones de defectos formales de la demanda, falta de legitimación ad causam

activa y pasiva, y falta de interés actual. Se declara con lugar la defensa de

falta de derecho e improcedente la demanda en todos sus extremos. Por

innecesario, se omite pronunciamiento en cuanto a la excepción de prescripción.

Se resuelve sin especial condenatoria al pago de las costas procesales y

personales.”.

4°.- El Lic. Rojas

Franco, en su expresado carácter, formuló recurso de casación ante esta Sala

por el fondo.  Alega violación  de los numerales 1 y 3 de la Ley 7283; 31

del Código de Normas y Procedimientos Tributarios; 129 párrafo infine de la

Constitución Política; 8 del Código Civil; 20 del Decreto- Ley 449 del 8 de

abril de 1949.

5°.-

Para efectuar la vista se señalaron las 9:00 horas del 23 de abril del 2003.

Asistieron los representantes de la actora, Dr. Enrique Rojas Franco y el Lic.

Alonso Núñez Quesada, quien hizo uso de la palabra.

6°.-

En los procedimientos se han observado las prescripciones legales.

Redacta Magistrado Solís Zelaya; y,

Ronny

López Vindas, en su condición de Alcalde de la Municipalidad de Tilarán,

planteó proceso especial tributario contra el Instituto Costarricense de

Electricidad (en lo sucesivo designado por su acrónimo), alegando falta de pago

del impuesto de patente que debía cubrirse como consecuencia de la actividad

lucrativa ejercida en ese cantón a través de las plantas hidroeléctricas de

Arenal, Corobicí y Sandillal. Acusó haber iniciado el reclamo administrativo el

21 de abril de 1998, el cual fue denegado el 25 de mayo de ese año, por la

Gerente General en el oficio 517-98 E-3857. Aduce que planteó recurso de

revisión el 29 de junio de 1998, sin embargo, continúa, fue rechazado el 9 de

julio en nota GG-664/98 E-3869. Pide la nulidad de lo decidido y se ordene

cancelar los montos correspondientes al impuesto de patente, generados a partir

de la operación de las plantas hidroeléctricas, que no se encuentren

prescritos. La entidad demandada contestó en forma negativa, e interpuso la

defensa previa de defectos formales de la demanda. Alegó la prescripción y las

excepciones perentorias de falta de derecho, falta de interés actual y falta de

legitimación ad causam activa y pasiva. El Tribunal, de oficio, advirtió una

posible inadmisibilidad de la acción por caducidad de los plazos para la

interposición, por lo cual concedió audiencia a las partes, y en el voto N°

478-99 de las 11 horas 30 minutos del 6 de diciembre de 1999, declaró

inadmisible la acción. Ante recurso de casación, esta Sala anuló el pronunciamiento

para declarar admisible la demanda. Al resolver el fondo del asunto, el

Tribunal acogió la defensa de falta de derecho, para declarar improcedentes los

pedimentos. Rechazó las excepciones de defectos formales de la demanda, falta

de legitimación ad causam activa, pasiva, y falta de interés actual. Por

estimarlo innecesario, omitió pronunciamiento sobre la excepción de

prescripción. El actor, inconforme con lo resuelto, interpone recurso de

casación.

II.-

El recurrente reputa conculcado el primer numeral de

la Ley de Tarifas e Impuestos Municipales del Cantón de Tilarán N° 7283, del 15

de enero de 1992,  promulgada con

posterioridad a la Ley de Creación del ICE, y que obliga al pago de impuestos a

cualquier persona física o jurídica que

realice actividades lucrativas. En su posición,  la demandada no se constriñe a brindar un

servicio público, pues paga impuesto sobre la renta, emite y compra bonos de

inversión y tiene un superávit de miles de millones de colones. El espíritu de

la exención contenida en su ley de creación, asegura, fue permitir el

desarrollo de esa institución, lo cual ya se cumplió. Expresa violentados los

artículos 31 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, y el ordinal 3

de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos N°7593, norma

que regula el concepto de servicio al costo, y al cual se ampara el ICE para no

pagar el tributo, pues según esa regla las utilidades se destinan a mejorar la

prestación del servicio público, no a pagar impuesto sobre la renta, por lo que

si la demandada tiene ganancias y paga renta, no puede invocarse el principio

de servicio al costo. Asegura derogatoria tácita del canon 20 de la Ley 449 de

1941 por el artículo 1 de la Ley 7283 de 1992, y sobre el tópico cita doctrina

y jurisprudencia de carácter general y no sobre el conflicto legal que pretende

evidenciar. Finalmente reputa antinomia porque una norma exige el pago del

tributo y la otra lo exonera, por lo que hay derogatoria tácita . En vista de

configurarse el hecho generador del tributo establecido en el artículo 1 de la

Ley 7283, asegura, resultan transgredidos los numerales 129 in fine de la

Constitución Política y 8 del Código Civil. En libelo presentado el 14 de marzo

del presente año, el casacionista amplía sus motivos de disconformidad.

III.-

La ampliación del recurso de casación, integrando lo dispuesto en los artículos

70 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y 604 del

Código Procesal Civil, procede dentro del plazo de cinco días a partir de la

notificación del auto que lo admite. En el litigio que nos ocupa, la admisión

fue puesta en conocimiento el 24 de enero de este año, empero, la ampliación

fue presentada hasta el 14 de marzo, es decir fuera del plazo de cinco días,

por lo cual los cargos formulados en ella no son atendibles, y así se dispone

en esta oportunidad por razones de economía procesal.

El punto medular del libelo del recurrente, estriba

en que la exención prevista en el ordinal 20 de la Ley de Creación del Instituto

Costarricense de Electricidad N° 449 del 8 de abril de 1949 fue derogada

tácitamente por la Ley 7283. El artículo en cuestión detalla: “El Instituto

Costarricense de Electricidad está exento del pago de impuestos nacionales  y municipales y goza de franquicia postal y

telegráfica.”. Esta norma ha sido objeto de múltiples reformas. Fue

adicionada por el primer ordinal de la Ley N° 764 del 25 de octubre de 1949.

Está derogada en lo que se oponga a lo normado en la Ley N° 2151 del 13 de

agosto de 1957 que elimina diversas exenciones de derechos de aduana según sus

artículos 3 y

De igual modo, pueden mencionarse las derogatorias tácitas

incluidas por el canon 15 de la Ley Nº 5870 de 11 de diciembre de 1975 (que

suprime todas las franquicias postales), el artículo 9 de la Ley Nº 4513 de 2

de enero de 1970 (donde se derogan todas las franquicias telegráficas y

radiográficas); y el ordinal 16 de la Ley Nº 7088 de 30 de noviembre de 1987

(el cual elimina las exenciones para la importación de vehículos). El recurrente

objeta que esta norma fue derogada tácitamente por la Ley de Tarifas

Municipales del Cantón de Tilarán N° 7283 publicada en la Gaceta N° 27 del 7 de

febrero de 1992, que establece en su primer artículo: “Las personas físicas

o jurídicas que se dediquen al ejercicio de cualquier tipo de actividades

lucrativas en el Cantón de Tilarán, estarán obligadas a pagarle a la

Municipalidad un impuesto de patentes que las faculte a ejercer esas

actividades, de conformidad con lo establecido en la presente ley”. Como

puede inferirse de las diversas reformas sufridas por el artículo 20 de la Ley

de Creación del I.C.E, el legislador se ha ocupado de suprimirle diversos

beneficios tributarios concedidos en 1949, mediante derogatorias expresas, o

bien, abrogaciones tácitas. En este último caso ha acudido a fórmulas tales

como la expresada en la eliminación de la franquicia postal mediante la

fórmula: “Se suprimen todas las franquicias postales” (artículo 15 Ley N°

5870). De igual modo ocurrió con la derogatoria de la franquicia telegráfica y

radiográfica mediante el artículo 9 de la Ley 4513, que establece: “Deróganse

las franquicias telegráficas y radiográficas, otorgadas mediante leyes o

convenios a favor de personas e instituciones...”. Ello tuvo lugar, también, al

eliminar en forma genérica las exenciones para la importación de vehículos

libres de impuestos (artículo 16 de la Ley 7088) mediante la frase: “Deróganse

todas las exenciones para la importación de vehículos libres de impuestos,

previstas en las diferentes leyes, decretos y reformas legales...”. En lo que

atañe a la Ley de Tarifas de Impuestos Municipales del Cantón de Tilarán no se

establece derogatoria expresa de norma alguna. Además, no contiene a lo largo

de sus 22 artículos la fórmula tradicional utilizada por el legislador, según

la cual se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo normado, o

alguna expresión equivalente. Nótese que la única ley abolida se constriñe a la

Ley de Patentes del Cantón de Tilarán N° 7077 del 19 de agosto de 1987. En este

recuento normativo es indispensable analizar la Ley Reguladora de todas las

Exoneraciones Vigentes N° 7293 del 3 de abril de 1992, a fin de determinar si

ésta incidió de alguna manera sobre las exenciones concedidas al ICE. Su primer

artículo expresa: “Se derogan todas las exoneraciones tributarias objetivas

y subjetivas previstas en las diferentes leyes, decretos y normas referentes,

entre otros impuestos, a los arancelarios, a las ventas, a la renta, al

consumo, al territorial, a la propiedad de vehículos, con las excepciones que

indique la presente ley... únicamente quedarán vigentes las exenciones

tributarias que se mencionan en el artículo siguiente.” El inciso l) del

segundo artículo de la Ley 7293, excluye de la derogatoria a las exenciones

otorgadas a las instituciones descentralizadas. Adicionalmente, en su artículo

63 el Código de Normas y Procedimientos Tributarios (reformado por el ordinal

50 de la Ley Nº 7293) señala que no pueden haber reglas que concedan

exoneraciones, de fecha anterior a aquella data en la que se crea el tributo,

ergo, la exoneración no puede ser anterior al impuesto. Esta regla tiene

efectos a partir de su promulgación, esto es,

el 3 de abril de 1992. Bajo este predicado,  instituciones descentralizadas como el ICE, a partir de ese

momento, y hacia futuro, no pueden beneficiarse de exoneraciones tributarias

creadas al amparo de normas anteriores a aquéllas en las que se regula el

tributo y conservan las exoneraciones concedidas por normas anteriores a esa

fecha. No debe perderse de vista que la Ley Reguladora de Exoneraciones

Vigentes, Derogatorias y Excepciones, surge, entre otras cosas, con la

finalidad de organizar la maraña de exenciones existentes a través de una

elevada cantidad de leyes, sin embargo las restricciones a los beneficios que

vinieron ostentando diversas actividades e instituciones, no pueden aplicarse

con efecto retroactivo, por lo cual se mantienen las exoneraciones de impuesto

concedidas antes de la entrada en vigencia de esa ley. En consecuencia la restricción

del canon 63 ibídem sólo puede aplicar respecto de impuestos creados luego de

esa data. Lo contrario entrañaría una repudiable aplicación retroactiva de la

ley. Es justamente por estas razones, que la exoneración concedida a favor del

ICE, no se ve afectada por la Ley N° 7283 de Tarifas e Impuestos Municipales

del Cantón de Tilarán, porque se promulgó en fecha anterior a la Ley Reguladora

de todas las exoneraciones vigentes, y no es sino hasta este momento cuando

mediante norma expresa, se prohíbe otorgar exenciones bajo el amparo de normas

de vieja data. El supuesto de hecho previsto en la Ley 7283 sólo podría

habérsele aplicado a la demandada, si la norma se promulga luego del 3 de abril

de 1992. Así las cosas, por tratarse de un tributo anterior a la ley

derogatoria de exoneraciones, el régimen de exención dispuesto en la ley de

creación del ICE continuaba beneficiándolo en el momento de entrada en vigencia

de la Ley N° 7283. Sostener lo contrario, se reitera,  entrañaría una aplicación retroactiva del artículo 63 del Código

de Normas y Procedimientos Tributarios, lo cual está vedado por disposición

constitucional. Así las cosas, no asistiéndole derecho alguno a la parte actora

en el cobro que realiza, tal y como lo dispuso el Tribunal, el recurso de

casación debe desestimarse, imponiendo sus costas al promovente, según lo

impone el canon 611 del Código Procesal Civil.