Resolución 08646-2023

SOBRE EL CASO CONCRETO. En el sub examine, la tutelada, persona de nacionalidad cubana, expone que en diciembre de 2018 fue enviada como parte de una misión médica de su país a Venezuela, donde se vio sometida a tratos contrarios a la dignidad humana. Verbigracia, solo tenía permitido ir al trabajo, de las 6 a las 18 horas no podía salir, en lugar de salario recibía un estipendio para cubrir gastos menores (pues de lo que el gobierno de Venezuela se comprometía a pagarle, el 70% se lo dejaba el gobierno de Cuba y el resto se le pagaría cuando retornara a Cuba al término de la misión). Agrega que al arribar a Venezuela le retuvieron el pasaporte y no se lo iban a devolver sino hasta que regresara a Cuba; esto ha sido denunciado por organismos de derecho internacional como una práctica equiparable a la trata de personas con fines de explotación laboral. Manifiesta que durante la misión se quejó de que la obligaran a aplicarle materiales vencidos a los pacientes; incluso, le exigían redactar cartas extendiendo la vigencia de los materiales sin fundamento técnico ni médico alguno. A consecuencia de tal reclamo, le informaron que le habían conseguido un reemplazo y que debía volver a Cuba. Afirma que, por temor a ser sancionada en su país y a que le imposibilitaran ejercer la profesión, desertó de la misión y huyó. Asegura que, al desertar, automáticamente cometió traición de la patria, por lo que tiene prohibido entrar a Cuba en los próximos ocho años, por cuanto, de hacerlo, se expondría a ser encarcelada. Narra que, en un inicio, su idea fue dirigirse a Estados Unidos; empero, durante el trayecto se dio cuenta de que ese país había cerrado las puertas a los migrantes, por lo que decidió quedarse en Costa Rica. Agrega que llegó a Costa Rica el 11 de noviembre de 2022; tras haber atravesado el Darién, no tenía recursos para cubrir sus necesidades básicas. De esta forma, estuvo en condición de calle por varias semanas, hasta que en diciembre pasado se pudo trasladar a San José. De este modo, el 21 de diciembre de 2022 acudió a la Unidad de Refugio con el propósito de formalizar su solicitud de refugio; sin embargo, su trámite fue declarado inadmisible por no haber planteado la gestión dentro del mes posterior a su ingreso. Estima ese acto violatorio de sus derechos fundamentales, dado que el no haber formulado la gestión en el tiempo estipulado se debió a su condición de vulnerabilidad, que por un tiempo le imposibilitó trasladarse a la capital luego de su tránsito por tierra desde Venezuela hasta Costa Rica, amén de haber estado en condición de calle.Al respecto, del estudio de los autos se desprende que la tutelada es de nacionalidad cubana y es médica. Además, se verifica que, el 11 de noviembre de 2022, ella ingresó a Costa Rica y que el 21 de diciembre de 2022 formuló una solicitud de refugio ante la DGME. Asimismo, se comprueba que, por resolución nro. 135-1034228-ADMINISTRATIVA de las 9:45 horas del 21 de diciembre de 2022, la Unidad de Refugio declaró inadmisible tal gestión “por haber solicitado refugio después de haber transcurrido un mes de su ingreso a Costa Rica conforme al artículo 14 del Reglamento de Personas Refugiadas, reformado por el artículo 1 del Decreto N° 43810 MGP. Se ordena el archivo del expediente”.Con la finalidad de resolver los agravios de inconstitucionalidad expuesto, primeramente, este Tribunal subraya lo resuelto en la sentencia nro. 2023003439 de las 9:20 horas del 14 de febrero de 2023:“III.- Sobre la condición de Refugiado. De conformidad con el artículo 1°, sección A, párrafo 2°, de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, incorporada a nuestro Ordenamiento Jurídico mediante la Ley N° 6079 del 28 de agosto de 1977, el término refugiado se aplica a toda persona que “como resultado de acontecimientos ocurridos antes del 1.º de enero de 1951 y debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él”. Criterio que fue retomado por la legislación nacional en el artículo 1° del Decreto Ejecutivo N° 32195 del 22 de setiembre de 2004, según el cual, se “Considera refugiado a toda persona que debido a fundados temores de ser perseguida, se encuentra fuera del país de su nacionalidad, y no pueda o no quiera acogerse a la protección de ese país.”. Por su parte, la Declaración de Cartagena sobre Refugiados del 22 de noviembre de 1984 (reconocida y reafirmada en la Declaración de San José, Costa Rica, sobre los Refugiados y personas desplazadas del 7 de diciembre de 1994), que recoge la mejor tradición latinoamericana en la materia, extiende la condición que nos ocupa a “las personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violencia masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público” (parte III, Tercera). Tomando en especial consideración la delicada situación de los ciudadanos colombianos, este Tribunal Constitucional mediante sentencia N° 2005- 013212 de las 14:30 hrs. del 28 de setiembre del 2005 … estimó lo siguiente:“No cabe la menor duda que (sic) los colombianos que abandonan el territorio de Colombia, albergan un fundado temor de ver seriamente amenazada su vida e integridad física en caso de retornar o ser obligados a hacerlo y que en ese país los ciudadanos se ven, cotidianamente, expuestos a una violencia masiva e intensa de los derechos humanos de todo orden.”En razón que (sic) la Convención suscrita por Costa Rica no establece procedimiento administrativo alguno para la obtención de condición de refugiado, cada Estado contratante puede establecer el trámite que estime más apropiado, por lo que todo refugiado tiene, respecto del país donde se encuentra, deberes que, en especial, entrañan la obligación de acatar sus leyes y reglamentos, así como las medidas adoptadas en aras de asegurar su máxima protección. Precisamente, con el objetivo de resguardar la seguridad y la integridad de aquellas personas amparadas por un estatus de refugiado, el artículo 33 de la Convención sobre el Estatuto de Refugiados establece el principio de no devolución (non refoulment) que constituye la piedra angular del sistema internacional de protección al refugiado, el cual, significa la protección del refugiado contra la expulsión o cualquier forma de devolución a las fronteras de territorios donde su vida o su libertad estarían en peligro y este principio beneficia no solo a aquellas personas que tienen un miedo fundado de persecución en el sentido de la Convención de 1951 sobre Refugiados, sino también a las cubiertas por la definición regional de refugiado contenida en la Declaración de Cartagena. Asimismo, cabe destacar que la referida Declaración de Cartagena recalca este principio en la Conclusión Duodécima, al señalar lo siguiente:“Reiterar el carácter voluntario e individual de la repatriación de los refugiados y la necesidad de que ésta se produzca en condiciones de completa seguridad, preferentemente, al lugar de residencia del refugiado en su país de origen.” (Lo resaltado no es del original).Es en virtud de los referidos principios, que los Estados nacionales asumen un inquebrantable compromiso de velar por la seguridad e integridad de las personas amparadas por la protección especial derivada de su condición de refugiadas, lo cual, se ha reflejado en el Ordenamiento Jurídico interno, toda vez, que el artículo 111 de la Ley de Migración y Extranjería ordena lo siguiente:“Artículo 111. Salvo lo dispuesto en el artículo siguiente, no podrá ser deportada, expulsada ni devuelta al territorio del país donde su vida o su libertad peligren por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social o de sus opiniones políticas, ninguna persona refugiada ni asilada. Tampoco podrá deportarse ni expulsarse a ninguna persona que solicite refugio o asilo cuya gestión aún esté pendiente de resolución firme.”Así como también en el artículo 18 del Decreto Ejecutivo N° 32195, que ordena lo siguiente:“Artículo

En virtud del artículo 31 de la Constitución Política de Costa Rica, ningún refugiado será devuelto, al país donde su vida o su libertad corran peligro por motivo de persecución, salvo lo dispuesto en el artículo anterior.”IV.- Antecedente de interés sobre personas solicitantes de refugio.Esta Sala mediante sentencia Nº 2022027448 de las nueve horas veinte minutos del dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, indicó en lo que interesa:“IV.- Sobre el caso concreto. Del informe rendido por la Coordinadora de la Unidad de Refugio de la Dirección General de Migración y Extranjería, que se tiene por dado bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción y la prueba aportada para la resolución del asunto, ha sido debidamente acreditado que, el 25 de octubre de 2022, el amparado Nombre47814, un ciudadano nicaragüense, llamó al número Telf2831 para sacar la cita con el fin de solicitar refugio por primera vez. Se comprueba que se le otorgó para el 04 de mayo de 2023. Adicionalmente se extrae de los autos que ante la notificación de la resolución de este expediente, la autoridad recurrida de oficio procedió a comunicarse con el amparado y se le citó para el 31 de octubre. Se constata que en esa fecha formalizó el procedimiento de solicitud de refugio y se le entregó el carnet respectivo. Adicionalmente informa la representante de la Dirección General de Migración y Extranjería que desde el momento en que a las personas se les otorga la cita para la solicitud de refugio, su estatus migratorio se regulariza, de manera que, si son detenidos por autoridades migratorias, no correrían el riesgo de ser deportadas. Además, se indica que una vez iniciado el

proceso de refugio se genera el reconocimiento de los principios rectores de la materia de refugio, como el de no devolución, en virtud del carácter declarativo del reconocimiento de la condición de persona refugiada, que implica que la persona se le deba tratar como refugiada mientras no se determine lo contrario. (…)” (el resaltado no es del original).Lo anterior implica que la condición de solicitante genera a favor de la persona migrante, un estatus de regularidad a partir del cual, le resultan aplicables las normas y estándares internacionales de protección humanitaria inherentes y necesarios para su condición.V.- Sobre el caso concreto: En el caso bajo estudio la persona recurrente alega que es una persona nicaragüense, periodista de profesión que tuvo que abandonar su país en junio de 2021 debido acciones represivas en su contra por parte del gobierno de Nicaragua, debido a que se desempeña como director de un medio de comunicación que cubría notas relacionadas a la realidad sociopolíticas del país. Explica que el 15 de junio de 2021 ingresó a Costa Rica y que debido a la aprobación de una serie de leyes represivas por parte del gobierno Nicaragua, entre ellas, la Ley de Agentes Extranjeros, la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo, la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz (Ley de Traición a la Patria) y la Ley de Ciberdelitos, con lo cual se dio una mayor persecución hacia su persona y su desacreditación profesional, el 18 de agosto de 2021 solicitó refugio en Costa Rica y la Unidad de Refugio le entregó el carné provisional nro. [Valor 001], con permiso laboral. Señala que 29 de junio de 2022 le efectuaron la entrevista requerida, razón por la cual, su expediente administrativo estuvo completo desde esa fecha, por lo que su solicitud de persona refugiada se encontraba a la espera de resolución por parte de la Comisión de Visas Restringidas y Refugio. Reclama que, mediante Decreto Ejecutivo N° 4381-MGP, el artículo 59 del Reglamento de Personas Refugiados fue modificado y, a partir del 1° de diciembre de 2022, se impidió a quienes se encuentran en proceso para adquirir el estatus de refugiado, abandonar el país bajo pena de que el expediente administrativo bajo el cual se tramita la solicitud sea archivado sin importar el estado del expediente. Acusa que, por razones académicas, profesionales y académicas debe abandonar el país en las próximas semanas; motivo por el cual el 19 de diciembre de 2022 le solicitó, formalmente, a la Unidad de Refugio de la Dirección General de Migración la autorización de su viaje, dado que el 22 de diciembre de 2022 le contestaron que no están otorgando permisos de salida de acuerdo con el Decreto Ejecutivo nro. 43810-MGP.Ahora bien, del informe rendido por parte de las autoridades recurridas de la Dirección General de Migración y Extranjería, se acredita que el recurrente [Nombre443 001], planteó formal solicitud de refugio el 18 de agosto de 2021, el cual se tramitó mediante el expediente administrativo número 135-603230, que el tutelado, tuvo su entrevista de elegibilidad el día 29 de junio de 2022. Además que, el 1° de diciembre de 2022 se publicó el Alcance N° 160 en el Diario Oficial la Gaceta N° 30, Decreto Ejecutivo N° 4381-MGP, que vino a reformar el artículo 59 del Reglamento de Personas Refugiadas y que, a partir del 1° de diciembre de 2022, se lee de la siguiente manera: “Artículo 59.- (...) No se autorizará bajo ninguna circunstancia el viaje de las personas solicitantes de refugio, fuera del territorio nacional, ya sea a su país de origen o un tercer país, en virtud de que ello implica la inexistencia real de la necesidad de protección internacional por parte del Estado costarricense. El egreso del país de facto implicará el abandono tácito del proceso y el archivo del expediente administrativo correspondiente. Lo anterior será verificado a través del sistema de movimientos migratorios de la Dirección General de Migración y Extranjería". Se tiene por demostrado adicionalmente que, el 04 de enero de 2023, las autoridades de la Dirección General de Migración y Extranjería, fueron notificadas de la resolución de las 13:36 horas del 04 de enero de 2022, y que posterior al conocimiento que se tuvo del presente recurso, la Comisión de Visas Restringidas y Refugio de la Dirección General de Migración y Extranjería decidió aprobar la solicitud de refugio del tutelado mediante resolución N° 135-1035527-ADMINISTRATIVA de las quince horas con tres minutos del cinco de enero de dos mil veintitrés , dado que dicha resolución se le notificó al recurrente el 05 de enero de 2023 .Así las cosas, en primer lugar, se debe destacar que la figura de Refugio en nuestra legislación, se encuentra sujeta a tratados internacionales suscritos por nuestro país, como es el caso de la Convención de Refugiados, la cual desarrolla las obligaciones inherentes de los Estados contratantes, así como los derechos y deberes de quienes ostentan la condición de refugiados dentro de los Estados que integran dicho acuerdo.A mayor abundamiento, del informe rendido por el representante del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), se extrae en lo que interesa:“…

La protección contra la devolución que se establece de conformidad con el Articulo 33 ( I ) es aplicable a todos los refugiados en términos de la Convención de Refugiados de l951, es decir, a toda persona que cumpla con los requisitos propios de la definición de refugiado contenida en el Articulo 1 A (2) de la Convención de 1951 y que no se encuentre contemplado dentro del alcance de alguna de sus disposiciones de exclusión. Ya que se considera que una persona es refugiada, de conformidad con el significado de la Convención de 1951, tan pronto como ésta cumple con los criterios contenidos en la definición de refugiado, la determinación del estatuto de refugiado es de naturaleza declaratoria: las personas no se vuelven refugiados a causa de su reconocimiento, sino que su reconocimiento se da a partir del hecho de que es una persona refugiada". Esto implica que el principio de no devolución es aplicable no sólo a los refugiados reconocidos, sino también a aquéllos cuyo estatuto aún no se ha determinado y son solicitantes de la condición de refugiado.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que: "Dado el carácter declarativo de la determinación de la condición de refugiado, la protección brindada por el principio de no devolución aplica a todos los refugiados hayan o no sido reconocidos aún como tales por las autoridades con base en los requerimientos de la definición del artículo 1 de la Convención de 1951 y su Protocolo de 1967 o la legislación nacional. Esto significa necesariamente que no se debe rechazar a los solicitantes de asilo sin la realización de un análisis adecuado e individual de sus solicitudes. …”.Asimismo, respecto al reclamo específico del presente recurso, el ACNUR indicó en lo conducente:“… (G) No autorización de viajes fuera del país por parte de solicitantes de asilo y abandono tácito de la solicitud de asilo.

El artículo 4 del Decreto Ejecutivo establece que:(…)56. En materia de libertad de movimiento, el derecho internacional reconoce, entre otras, las siguientes salvaguardas:

Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a circular libremente por él y a escoger libremente en él su residencia.

Toda persona tendrá derecho a salir libremente de cualquier país. incluso del propio.

Los derechos antes mencionados no podrán ser objeto de restricciones salvo cuando éstas se hallen previstas en la ley. sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de terceros, y sean compatibles con los demás derechos reconocidos en el presente Pacto.

Nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a entrar en su propio país. Artículo 12, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

En efecto, los instrumentos de derechos humanos protegen la libertad de tránsito de las personas que se encuentran legalmente dentro del territorio de un Estado. Una vez que una persona, incluido los refugiados y solicitantes de la condición de refugiado, se encuentra legalmente en el territorio de un Estado, cualquier restricción a su libertad de tránsito, así como cualquier trato diferente del que se da a los nacionales, tiene que ser compatible con las reglas estipuladas en el artículo 12.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y no puede ser discriminatoria. Al respecto, el Comité de Derechos Humanos ha establecido que: "11. El párrafo 3 del artículo 12 prevé circunstancias excepcionales en que los derechos que confieren los párrafos 1 y 2 pueden restringirse. La disposición autoriza al Estado a restringir esos derechos sólo para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas y los derechos y libertades de terceros. Para ser permisibles, las restricciones deben ser previstas por la ley, deben ser necesarias en una sociedad democrática para proteger los fines mencionados y deben ser compatibles con los demás derechos reconocidos en el Pacto (véase el párrafo 18. infra).

La propia ley tiene que determinar las condiciones en que pueden limitarse esos derechos (…) las restricciones no previstas en la ley o que no se ajusten a los requisitos del párrafo 3 del artículo 12 violarían los derechos garantizados en los párrafos 1 y 2.

Al aprobar leyes que prevean restricciones permitidas en virtud del párrafo 3 del artículo 12, los Estados deben guiarse siempre por el principio de que las restricciones no deben comprometer la esencia del derecho (véase el párrafo I del artículo 5); no se debe invertir la relación entre derecho y restricción, entre norma y excepción. Las leyes que autoricen la aplicación de restricciones deben utilizar criterios precisos y no conferir una discrecionalidad sin trabas a los encargados de su aplicación.

El párrafo 3 del artículo 12 indica claramente que no hasta con que las restricciones se utilicen para conseguir fines posibles: deben ser necesarias también para protegerlos. Las medidas restrictivas deben ajustarse al principio de proporcionalidad, deben ser adecuadas para desempeñar su función protectora: debe ser el instrumento menos perturbador de los que permitan conseguir el resultado deseado, y deben guardar proporción con el interés que debe protegerse.".

En consecuencia, según el Comité de Derechos Humanos, con base en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cualquier restricción a la libertad de tránsito que no esté prevista en una norma con rango de ley, comprometa la esencia del derecho, no resulte necesaria y proporcional al fin o resulte discriminatoria, no sería compatible con las obligaciones internacionales de derechos humanos.

En cuanto a la libertad de salir de cualquier país, el Comité de Derechos Humanos también ha establecido que:"[l]a libertad de salir del territorio de un Estado no puede hacerse depender de ningún fin concreto o del plano que el individuo decida permanecer fuera del país. En consecuencia, dicha libertad incluye el viaje temporal al extranjero y la partida en caso de emigración permanente. Igualmente, el derecho de la persona a determinar el Estado de destino es parte de la garantía jurídica”.

Al mismo tiempo, cabe notar que ciertas conductas de los solicitantes de asilo vinculadas a su salida del país en que busca protección podrían tener un impacto en su elegibilidad para la protección internacional. Por ejemplo, visitas frecuentes al país de nacionalidad, en el cual un solicitante dice tener un fundado temor de persecución, pueden poner en duda la credibilidad de la solicitud o el carácter fundado del temor a la persecución. Sin embargo, estas consideraciones deben ser objeto de un examen individual de las circunstancias del caso concreto por parte de la autoridad competente para la determinación de la condición de refugiado en el contexto de los procedimientos de asilo, observando las salvaguardas del debido proceso.

Por otro lado, el ACNUR hace notar que una solicitud de protección internacional puede ser retirada o considerada abandonada por una variedad de razones que no están necesariamente relacionadas con la falta de necesidades de protección de un solicitante. En consecuencia, la preocupación fundamental del ACNUR es que la legislación y práctica de los Estados deben garantizar que las disposiciones sobre retiro y abandono implícitos no se apliquen a solicitantes que no tengan la intención de retirar o abandonar sus solicitudes. Además, tras el retiro (explícito o implícito) o el abandono de una solicitud, si un solicitante desea reabrir la solicitud y proseguir con el examen, debe tener acceso a un procedimiento de asilo justo y efectivo y la solicitud debe ser objeto de un adecuado y completo examen de sus méritos. Esto es esencial para garantizar el cumplimiento de las obligaciones jurídicas internacionales concernientes al derecho de buscar asilo y garantizar la no devolución. Asimismo, el incumplimiento de requisitos procesales no debe ser tratado como motivo para retiro o abandono implícito, cuando el incumplimiento se deba a circunstancias fuera del control del solicitante. o cuando exista una explicación razonable.

En consideración de las potenciales implicaciones para el derecho humano de buscar asilo y el acceso al procedimiento para la determinación de la condición de refugiado, el ACNUR estima que las causales para el abandono de las solicitudes de la condición de refugiado requieren estar previstas en normas con rango de ley. Asimismo, en opinión del ACNUR cualquier consecuencia mecánica o automática que la salida del país del solicitante de asilo pueda tener sobre los méritos de la solicitud o la continuidad del procedimiento para el reconocimiento de la condición de refugiado resultaría incompatible con los estándares internacionales sobre el derecho de buscar asilo y las garantías del debido proceso. Lo anterior debido a la ausencia de un análisis adecuado e individualizado de las circunstancias específicas de cada caso y por las limitaciones a las personas solicitantes para ejercer su derecho de defensa, a ser escuchadas efectivamente y a interponer recursos de ley ante una decisión que termina su procedimiento de asilo, todas ellas garantías previstas por el derecho internacional …”. (el subrayado y realce no es del original). De acuerdo con el criterio emitido por ACNUR, así como atendiendo los compromisos internacionales adquiridos por el Estado costarricense en materia de personas refugiadas y a luz de la sentencia mencionada supra, se estima que la restricción de tránsito impuesta por la autoridad recurrida -vía reglamentaria- a las personas solicitantes de refugio es contraria a los derechos humanos de las personas migrantes, pues impone limitaciones  a su libertad ambulatoria, mediante un instrumento jurídico que no es idóneo ni legítimo para esos efectos. Véase que dicha regulación se impone mediante decreto ejecutivo, dado que por la relevancia del estatus migratorio en cuestión, de conformidad con lo indicado en el informe de ACNUR, dicha limitación puede ser impuesta únicamente mediante ley. Incluso una legislación en ese sentido estaría sujeta al control de constitucionalidad para ponderar su legitimidad en cuanto a las restricciones que pueda imponer.En ese sentido, cabe destacar que la Convención de Refugiados no distingue entre persona refugiada y solicitante de la condición de refugiado, pues la determinación del estatuto de refugiado es de naturaleza declaratoria, es decir que no es necesario que exista un acto que reconozca a la persona como refugiada, sino que basta con la interposición de la gestión de solicitud de refugio, para que le sean reconocidos los derechos que le garanticen la protección de los instrumentos internacionales de los Derechos Humanos.Obsérvese que en el fallo transcrito de esta Sala, se tuvo por demostrado, según lo informado por la Dirección General de Migración y Extranjería, una vez que una persona inicia el proceso de refugio se genera el reconocimiento de los principios rectores de la materia de refugio, como el de no devolución, en virtud del carácter declarativo del reconocimiento de la condición de persona refugiada, que implica que la persona se le deba tratar como refugiada mientras no se determine lo contrario; es decir, que existe un aceptación por parte de la autoridad recurrida de que la persona solicitante se le debe tratar en igualdad de condiciones, como si su estatus de refugiado ya hubiese sido otorgado. En ese sentido, al momento de que la autoridad recurrida admite para estudio la solicitud de refugio de una persona, se define de manera temporal su condición migratoria y en consecuencia su permanencia en el país se legaliza, por lo que le resultan aplicables las mismas condiciones de la persona a la que se concedió el estatus de refugiado. Es decir, además de no configurarse como un mecanismo legítimo para imponer esas limitaciones, la norma administrativa cuestionada, establece un trato específico al solicitante, en detrimento del marco internacional de protección al migrante que confiere igualdad de trato al refugiado y al gestionante.Por otra parte, la reforma reglamentaria conlleva una consecuencia inmediata consistente en el archivo de la solicitud de refugio, sin que exista la emisión de un acto motivado que analice la situación particular de la persona y que le permite ejercer su derecho de defensa ante tal sanción. Por el contrario, se les obliga a iniciar una nueva solicitud de refugio con las consecuencias que eso implica. El archivo de la solicitud, producto de una modalidad de renuncia tácita del petente, desconoce y atenta contra la normativa internacional, constituyendo un mandato invasivo y sancionador, que priva al migrante regular de sus derechos ambulatorios, bajo la aplicación de una presunción ilegítima de abuso del derecho. Como se ha indicado, la utilización de fórmulas abusivas es un aspecto que debe ser encaminado en cada caso concreto, por lo que, la generalización que concreta el numeral 59 del decreto 4381-MGP, es una lesión irrazonable a los derechos alegados. Bajo tales consideraciones, esta Cámara estima que la imposibilidad de salida del país por el simple hecho de ser una persona solicitante de refugio, es contrario a lo dispuesto en el artículo 31 de la Constitución Política.VI.- Respecto al caso particular del tutelado, se observa que existió una limitación arbitraria a su derecho de tránsito por parte de la autoridad recurrida, toda vez que se le denegó la posibilidad de salida de país por su condición de solicitante de refugio, por lo que este Tribunal considera que la aplicación del artículo 59 del Reglamento de Personas Refugiadas vulneró los derechos del tutelado, toda vez que la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados otorga a quienes ostentan dicha condición, el trato más favorable posible y en ningún caso el menos favorable que el generalmente concedido en las mismas circunstancias a los extranjeros. Bajo este orden de ideas, lo dispuesto en el artículo antes mencionado, limita los derechos ambulatorios de la persona solicitante de refugio.Al tenor de lo expuesto, es evidente que la norma administrativa que impone la limitación al recurrente, a saber, el numeral 59 del decreto ejecutivo 4381-MGP, resulta inaplicable a este tipo de solicitudes, por cuanto, se insiste, impone limitaciones por un medio inidóneo. Así las cosas, debe disponerse la nulidad del acto administrativo de fecha 22 de diciembre de 2022 de la Unidad de Refugio de la Dirección General de Migración que dio respuesta a la solicitud del recurrente de fecha 19 de diciembre del 2022.VII.- Ahora bien, en vista de que con ocasión de la interposición del presente recurso de hábeas la Dirección General de Migración y Extranjería procedió a resolver en forma definitiva la solicitud del recurrente, acogiendo la misma mediante la resolución N° 135-1035527-ADMINISTRATIVA dictada a las 15:03 horas del 05 de enero de 2023 -notificada al tutelado el mismo día-, lo procedente es declarar el recurso con lugar, según lo dispuesto en la parte dispositiva de esta sentencia (…)