Resolución 09855-2022

Por los hechos

anteriormente descritos y numerados 3 y 4, se le atribuye asimismo a su persona

[Nombre 001], haber presuntamente violentado el deber de probidad establecido

en el artículo 3 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en

la Función Pública ya que la referencia que su persona [Nombre 001] realizó en

el artículo “Emilia Navas Aparicio: ¡MUCHA PENA Y NINGUNA GLORIA! en cuestión,

a las causas penales tramitadas bajo los expedientes [Valor 007] y [Valor 004],

podría atentar contra la independencia, objetividad, imparcialidad e imagen de

la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, toda vez que en esa

publicación su persona se identificó como funcionaria de esa Sala y esos

asuntos podrían ser eventualmente conocidos por esa instancia judicial, esto

según lo establece el numeral 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial”. (Lo

destacado no corresponde al original).

Las normas

invocadas por el Tribunal de la Inspección Judicial de la Ley Orgánica del

Poder Judicial, el Reglamento denominado “Regulación para la Prevención,

Identificación y la Gestión Adecuada de los Conflictos de Interés en el Poder

Judicial” y la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la

Función Pública se transcriben a continuación:

“Artículo

Se

prohíbe a todos los funcionarios y empleados del Poder Judicial:

(…)

Interesarse

indebidamente y de cualquier modo, en asuntos pendientes ante los tribunales o

externar su parecer sobre ellos.

Artículo

35.-

Manifestación de interés y opinión sobre asuntos de su conocimiento. Las

personas servidoras judiciales no deberán interesarse indebidamente y de

cualquier modo en asuntos pendientes ante los tribunales, ni expresar

públicamente o insinuar privadamente su opinión respecto de los asuntos, que en

razón de su cargo conocen, esto incluye cualquier medio de información, redes

sociales o Internet.

Artículo 3°- Deber

de probidad. El funcionario público estará obligado a orientar su gestión a la

satisfacción del interés público. Este deber se manifestará, fundamentalmente,

al identificar y atender las necesidades colectivas prioritarias, de manera

planificada, regular, eficiente, continua y en condiciones de igualdad para los

habitantes de la República, asimismo al demostrar rectitud y buena fe en el

ejercicio de las potestades que le confiere la ley; asegurarse de que las

decisiones que adopte en cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a la

imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en la que se

desempeña y, finalmente,  administrar los

recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y

eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente

Conforme al

anterior marco fáctico- el auto de traslado de cargos – y el apoyo normativo

que sirvió de sustento para la instrucción del procedimiento disciplinario,

estimo que, contrario a lo alegado por la recurrente – en el sentido de que se

le está vulnerando su derecho a la libertad de expresión por manifestar una

critica a una exfuncionaria de alto rango-, a ella no se le abre un

procedimiento porque criticara a dicha exfuncionaria, ni mucho menos porque la

crítica resultara de alguna manera incómoda. No se le cuestiona la crítica. Se

le atribuye lo siguiente: “haber [presuntamente] externado su parecer o

criterio sobre dos causas penales tramitadas bajos los expedientes No. [Valor

007] y [Valor 004], cuya tramitación, resolución o ejecución definitiva no ha

concluido” y porque “hizo señalamiento expreso a los cargos que desempeña en la

institución para emitir una opinión en defensa de sus intereses

personales”.  Lo anterior plantea una

duda razonable sobre el posible incumplimiento de alguno de los deberes de al

recurrente como funcionaria judicial. Esa duda, precisamente, debe despejarla

el órgano competente, es decir, el Tribunal de la Inspección Judicial.  Por consiguiente, no hay motivo para

considerar que la apertura del procedimiento, en este caso, sea arbitraria.

Adicionalmente,

habría que acotar que tratándose de los servidores judiciales hay normas de

rango legal, como el artículo 9 inciso 7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,

que limitan de forma razonable algunas libertades, en este caso, la expresión.

Al ser una norma de rango legal tiene la posibilidad de restringir el ejercicio

de algunos derechos fundamentales. Tales limitaciones no vinculan sólo a los

servidores que ejercen la función jurisdiccional.

Partiendo de lo

dicho, el Tribunal de la Inspección Judicial tiene la potestad y el deber de

investigar las conductas cuestionadas. Esta investigación no puede realizarla a

espaldas de la parte denunciada, sino, al contrario, con su participación,

dándole la oportunidad de oponerse, de ofrecer prueba y, en general,

garantizándole el derecho de defensa.  En

este caso se demostró que así lo ha hecho. Se comprobó que, mediante escrito

incorporado al expediente administrativo el 23 de diciembre de 2021, el

apoderado de la recurrente se refirió a cada uno de los hechos acusados en

contra de la amparada y ofreció prueba testimonial y documental.

Finalmente, la

Sala ha entendido que la sola apertura del procedimiento no lesiona per se los

derechos fundamentales de la persona investigada. Así lo ha resuelto, entre

otras, en la sentencia n.°2020-014199 en que se resolvió lo siguiente:

“EL MERO TRÁMITE

DE UN PROCEDIMIENTO DISICPLINARIO NO ES VIOLATORIO DE DERECHOS FUNDAMENTALES.

Vistos los alegatos del recurrente, en primer lugar se le hace ver que,

conforme la Sala ha indicado reiteradamente, la mera instauración de un

procedimiento administrativo, en sí misma, no apareja ninguna violación o

amenaza de violación a los derechos fundamentales de la persona afectada, tal y

como ha sido declarado anteriormente en fallos como la sentencia N° 5933-96 de

las 15:43 horas del 5 de noviembre de 1996, que a continuación, en lo conducente,

se transcribe:

“El inicio de un

procedimiento disciplinario administrativo no constituye una violación a los

derechos fundamentales del recurrente; por el contrario, es una actuación de la

administración que tiene como finalidad, precisamente, garantizarle el debido

proceso. La ilegalidad de la integración del Organo (sic)  Administrativo Ordinario del Proceso, en

razón de que, -según lo alega el recurrente- sus integrantes ya emitieron

criterio sobre el caso en estudio, es un asunto de legalidad administrativa,

que tampoco involucra la violación de derechos fundamentales y, por ello,

deberá reclamarse en sede administrativa, dentro del mismo procedimiento

disciplinario y, eventualmente, ante la jurisdicción ordinaria que corresponda.

Por lo expuesto, lo que procede es rechazar de plano el recurso” .  (Véase en el mismo sentido los

pronunciamientos N° 2001-04515 de las 10:04 horas del 25 de mayo de 2001 y N°

2003-03174 de las 10:27 horas del 25 de abril de 2003).-

Por esa razón, el

mero hecho de que el colegio recurrido haya decidido tramitar varias denuncias

o investigaciones en su contra, en tesis de principio, no apareja ninguna  violación directa de sus derechos

fundamentales. De hecho, ni siquiera prejuzga sobre su posible culpabilidad,

pues se basa en un juicio de mera probabilidad”. (Ver, en similar sentido, el

voto n.°2021-013759).

Estimo que podría

haber casos en que tal apertura sí sea lesiva, pero este no lo es porque la

imputación de cargos está razonablemente fundada. Por la misma razón, tampoco

se violan aquí los derechos de libertad de expresión y los demás mencionados

por la recurrente.

Anamari Garro

Vargas Magistrada

VCG07/2022