Resolución 02924-2022

Sobre

la condenatoria en costas, daños y perjuicios de conformidad con el artículo 52

de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Bajo una mejor ponderación, la

mayoría de la

Sala considera que, en el sub examine , de conformidad con lo

dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción

Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución,

administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación

impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de

indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo

sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las

siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a

que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso,

cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es

que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente

para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes” . Se subraya

que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia

o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración,

apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la

pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de

reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones

alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho

constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por

ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda

al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma

Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que

acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y

perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su

liquidación para la ejecución de sentencia”, donde no se prevé la posibilidad

de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios

del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso,

los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley

General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso

Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la

aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción

Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción

contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable

al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso

Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo

caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a

bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido

algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría

resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios. (…)” VCG03/2022