Resolución 19037-2022

VOTO SALVADO

DEL MAGISTRADO CRUZ CASTRO. Si bien en el pasado he sostenido el criterio de

mayoría del Tribunal, bajo una mejor ponderación de los derechos fundamentales

que se reclaman, estimo que la mora administrativa constituye una lesión a una

garantía procesal fundamental, razón por la que cambio el criterio que había

expuesto, admitiendo la posible infracción al derecho a una justicia

administrativa pronta y cumplida, separándome de la visión de la mayoría del

Tribunal, en el sentido que –salvo contadas excepciones- este tipo de reproches

deben resolverse en la jurisdicción contenciosa administrativa. Por el

contrario, estimo que uno de los derechos que esta jurisdicción se encuentra

llamada a tutelar es el de la justicia pronta y cumplida, expresamente

consagrado en el artículo 41 constitucional. Ello conforme al ámbito de

competencia asignado a este Tribunal en materia de protección a derechos

fundamentales, en atención a lo dispuesto en los artículos 10 y 48 de la

Constitución Política. Si bien, entiendo la importancia de las reformas de la

jurisdicción contencioso administrativa a partir de la vigencia de la Ley 8508

del veinticuatro de abril de dos mil seis, lo cierto es que dicha situación no

justifica la remisión a dicha instancia de los asuntos que versan sobre materia

que es competencia de esta Sala, la cual ha demostrado a lo largo de los años

que es un medio célere y efectivo para la tutela de los derechos fundamentales

de los habitantes del país.

VCG09/2022