Resolución 19037-2022

NOTA DEL

MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ. He apoyado la tesis de este

Tribunal, de que cuando

el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y

cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica

son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien,

con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho

de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela

judicial por medio del

recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la

Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la

Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que

el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración,

sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos

fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que

este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el

numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia

competencia, pues las controversias jurídico-constitucionales que atañen a

menores de edad, al ambiente, pago de salario, al pago de las prestaciones

cuando la persona se jubila, a las pensiones del régimen no contributivo y los

casos de parálisis cerebral profunda, discapacitados, extranjeros que se

encuentran fuera del país, servicio de agua potable, adultos mayores cuando no

se refiere a cuestiones de su pensión, denuncias de corrupción, derecho de los

indígenas, reclamos por la falta de aseguramiento ante la Caja Costarricense de

Seguro Social y de licencias de maternidad son de conocimiento de esta

jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo. En los

demás casos, y por las razones que se dan en esta sentencia, los competentes

son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo

cual es conforme al numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos

Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las

normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica,

sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.

VCG09/2022