Resolución 00451-2025

"III. Decisión respecto del punto en controversia: Los argumentos de impugnación deberán ser denegados, confirmando, pero con razones distintas lo resuelto en primero instancia: En tesis de principio, las costas se imponen como una sanción a la parte vencida en el proceso, por lo cual la interpretación de lo que debe ser considerado dentro de las mismas, debe ser restrictiva pero no puede resultar confiscatoria ni confusa. Con el fin de precisar si el I.V.A puede ser cobrado en el proceso, es necesario determinar en concreto que es el IVA y donde se encuentra regulado. Según el diccionario del Poder Judicial el IVA (Impuesto al Valor Agregado) es un tipo de tributo que se causa por el porcentaje sobre el valor adicionado o agregado, a una mercancía o un servicio, conforme se completa cada etapa de producción o distribución. || Impuesto indirecto sobre el consumo que es soportado por un consumidor final, pero que fue percibido en etapas intermedias de la producción, comercialización y venta. “Con el impuesto de valor agregado cada miembro de la cadena de valor debe pagar al miembro inmediatamente anterior una carga o impuesto que se adhiere al precio del producto y lo percibe luego en su forma proporcional por el miembro sucesor. El consumidor o usuario final es, en definitiva, el que se hace cargo del impuesto. https://diccionariousual.poderjudicial.go.cr/index.php/diccionario?query=Impuesto+al+Valor+Agregado&search_type=contains&limit=10. Ahora bien, su regulación está dada según la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, artículo 1: “1. Se establece un impuesto sobre el valor agregado en la venta de bienes y en la prestación de servicios, independientemente del medio por el que sean prestados, realizados en el territorio de la República.”  Según lo anteriormente explicado el hecho generador del tributo, corresponde a la venta de bienes y la prestación de servicios, realizadas, de forma habitual, por contribuyentes, según el artículo 4 de la misma ley (ver artículo 2 ibidem) dados en toda la cadena de producción siendo el consumidor o destinatario final en última instancia quien lo debe cancelar. Se concluye, según su definición conceptual, a criterio de este órgano, que el I.V.A no puede ser considerado como una carga que se deba imponer a la contraparte con la liquidación de honorarios o bien con la liquidación de gastos. Si bien es cierto, en todo proceso civil-cobratorio, se requiere de patrocinio letrado, la imposición del tributo recae sobre las personas contribuyentes de este impuesto, que según el artículo 4 de la citada Ley corresponden a: “…las personas físicas, jurídicas, las entidades públicas o privadas que realicen actividades que impliquen la ordenación por cuenta propia de factores de producción, materiales y humanos, o de uno de ellos, con la finalidad de intervenir en la producción, la distribución, la comercialización o la venta de bienes o prestación de servicios.” Conforme lo anterior, considerando los principios que cobijan la actividad fiscal,  relacionados con la tipicidad, legalidad, o prohibición por analogía en la actividad tributaria,  es al sujeto pasivo (consumidor final) quien le corresponde  pagar ese tributo, siendo el profesional que brinda el servicio (abogado, patrocinante letrado) quien debe fungir como agente retenedor de la obligación, remitiendo en dicho concepto los montos respectivos al ente recaudador (Ministerio de Hacienda y sus órganos). En tal sentido, en la forma que el recurrente plantea la liquidación merece ser rechazado el cobro del IVA, ya que no es al demandado a quien le corresponde pagar ese tributo y no demuestra tampoco quien liquida el haberlo cancelado con su propio peculio. Sin embargo, este Tribunal no avala los argumentos esgrimidos en primera instancia, en tanto se señala que no es una carga procesal derivada del litigio y que corresponde pagarla al profesional en derecho. Lo primero que se debe aclarar es que el abogado no es el obligado tributario, sino un agente retenedor, el obligado es su cliente, es a él a quien le corresponde su pago, procediendo el abogado a retener el monto (cobrarlo), para remitirlo posteriormente a la autoridad hacendaria. Tampoco es procedente lo que menciona el recurrente que se ha resuelto en otros tribunales de apelación. Si bien es cierto que el canon 73.1 del CPC, fue claro al considerar como costas los honorarios de abogado en el que no se incluye el pago del I.V.A al que está afecto la prestación del servicio realizado por el profesional en derecho apersonado al expediente, el numeral también establece otras dos variables, el tiempo de la parte (no del abogado) en asistir a los actos del procedimiento en que fuera necesaria su presencia y los demás gastos indispensables del proceso, este último supuesto cobija cualquier otro gasto indispensable, lo que no puede ser restrictivo, mientras se le considere indispensable. El señalar que los gastos derivados del pago de impuestos cancelados por cualquier bien o servicio que se utilizó en el proceso, no se pueden cobrar, no puede hacerse sino en su característica de indispensable o no. Como se indicó, los impuestos no se pueden trasladar para ser pagados por otras personas, pero la erogación derivada de su pago sí. Tal es el ejemplo de lo que ocurre con el pago de impuestos que se hace producto de bienes o servicios que sean utilizados en un proceso judicial. El pago de timbres, papelería, la asesoría de expertos que deben cancelar tributos, son montos que la parte puede liquidar como gasto una vez que sean cancelados. Sin el pago de esas especies fiscales, o documentos o sin los informes y declaraciones de expertos que las partes aportan al proceso judicial, la actividad procesal y el derecho al contradictorio se puede ver disminuido o afectado, ya que podrían perder eficacia,  ejemplo de ello los contratos que no paguen especies fiscales tal y como lo señala el Código Fiscal,  los poderes, certificaciones o demás instrumentos registrales o notariales que requieran pago de especies fiscales también deben ser considerados gastos indispensables, por los efectos que produce su no pago, salvo el caso de los timbres del colegio de abogados que tienen una interpretación especial. Igualmente ocurre con el no pago de los montos para efectos de nombrar peritos o profesionales expertos, si se cancela el monto respectivo sin considerar el IVA, hará que la prueba se pueda prescindir, lo que afecta de forma directa el contradictorio y el interés de las partes. Incluso en el caso del patrocinio letrado, si no lo tiene en el proceso civil, la parte no podrá actuar (artículo 20.1 del Código Procesal Civil) por lo que se hace indispensable su cancelación, siendo un gasto que admite compensación en los términos del numeral 73.1 del citado código de la materia, no como pago de impuestos sino como gasto compensable derivado de resultar indispensable. En virtud de lo señalado, dando razones distintas se confirma lo resuelto en primera instancia, denegando lo pretendido con la apelación."