Resolución 00080-2025

"VI. [...] Los apartados 1) y 2) del artículo 111 del Código Procesal Civil definen el tipo de documento que la parte accionante deberá adjuntar con su demanda para acceder al trámite del proceso monitorio dinerario. Este podrá o no ser título ejecutivo, siempre que sea el original, una copia firmada o esté contenido en un soporte en el que aparezca como indubitable quién es el deudor mediante su firma o cualquier otra señal equivalente, y que en su contenido conste la existencia de una obligación dineraria líquida y exigible. Por tratarse de una norma procesal pública imperativa y especial respecto de la general (artículo 101), su interpretación es restringida y eso significa, acorde a una adecuada hermenéutica legal, prescindir de abordajes ampliativos e integración analógica para desentrañar su contenido en su aplicación práctica, según los artículos 3.3 y 3.4 del Código Procesal Civil. Entonces, si el legislador supeditó el acceso del acreedor a esta vía procesal a adjuntar -con la demanda- un título ejecutivo o no, siempre que lo aportado sea el original o una copia del mismo pero con firma original del deudor, le quedó tajantemente prohibido -en ausencia de norma habilitante- sustituir la anterior exigencia con una copia certificada notarial del documento, sobre la cual además se cuestiona la capacidad certificadora del representante de la demandada, lo que carece de relevancia analizar al haberse aportado una copia del documento base. La idea, en parte, es que se adjunte el original para que el acreedor no pueda disponer luego del documento e iniciar por separado un nuevo cobro judicial. No significa que el notario carezca de fe pública en el ejercicio de sus funciones para certificar la copia del pagaré como fiel y exacta del original y, con ello, la firma allí estampada, y que eso pueda o no estar amparado en la presunción de autenticidad. Por supuesto que la tendrá, pero esa circunstancia, en este caso particular, no es atendible, pues implicaría acudir a una interpretación ampliativa expresamente prohibida por las razones arriba expuestas. En esta línea de interpretación, ni siquiera el juzgado a-quo está compelido a prevenir la aportación del original dentro del quinto día, por no encontrarnos ante una típica demanda defectuosa. Una cosa es que el escrito conteniendo la pretensión resulte defectuoso por no ajustarse a los requerimientos del numeral 35.1 ibidem, y otra muy distinta que el documento base adjunto, responsable de definir la bondad del cobro a efectos del inicio del precitado trámite, resulte disconforme con lo estatuido en el artículo 111.1 del mismo cuerpo normativo, hipótesis claramente disímil al tópico de "demanda defectuosa" que daría cabida al eventual saneamiento. Así las cosas, resultaba indispensable la aportación del título original para cursar este proceso, situación no ocurrida en autos. Por lo tanto, lo que procedía era decretar el rechazo de plano de la demanda, y al no haberse resuelto conforme a lo antes indicado, mediante la oposición se debe enderezar el proceso, por lo que se admite el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada. Al no haber aportado la parte accionante el pagaré original sino certificación de una copia del mismo, ese documento no era válido para dar trámite al presente proceso monitorio dinerario, por lo que se acoge la excepción de falta de derecho ante la falta de exigibilidad del documento base aportado al proceso. Se revoca el auto intimatorio, se declara sin lugar la demanda y se ordena el levantamiento de los embargos decretados de manera interlocutoria. Se condena a la parte actora al pago de las costas del proceso."