Resolución 00605-2024

"IV.- Los demás agravios esgrimidos por el abogado apelante no se comparten. Tratándose del debido proceso y el derecho de defensa de las partes, las normas y los hechos con base en los cuales deben ser aplicadas han de interpretarse en el sentido que favorezca su plena participación (artículos 41 de la Constitución Política; 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos; y  2.1, 4.1.1 y 5.1 del Código Procesal Civil).  El artículo 50.3 del CPC establece  como un supuesto general de posposición de la audiencia el caso fortuito o la fuerza mayor, debidamente comprobados. En cuanto a los abogados de una parte, el último párrafo de ese acápite señala:  “Las audiencias no se pospondrán ni suspenderán por la ausencia de los abogados…”.  Esta disposición se refiere a la simple ausencia injustificada del profesional en derecho que tenga poder judicial o del abogado director, pero no puede interpretarse en el sentido de dejar sin asistencia letrada a una parte cuando el abogado no se encuentre en condiciones de asistir a una audiencia y ejercer en forma debida el patrocinio letrado en defensa de su cliente, pues ello privaría a la parte del derecho de contar con la asistencia profesional prevista por el artículo 20.1 del CPC. La abogada directora de la parte demandante presentó, previo a la realización de la audiencia un dictamen médico en el cual acredita su padecimiento gastrointestinal que imponía, por parte del sanitario, su recomendación de reposo, lo cual es motivo en este caso para justificar la ausencia de la abogada directora a la audiencia. El dictamen privado, como ha sostenido esta Cámara anteriormente, es suficiente para tener por cierto este padecimiento. Así, en el voto 469 de las 11:55 horas del 19 de junio de 2020, se indicó: “Ni las partes, ni sus abogados, están obligadas a comprobar sus condiciones médicas o de salud, según el Reglamento que lleve al efecto la Caja Costarricense de Seguro Social; un médico privado puede dejar constancia y certificar la situación, como se hizo al interponer la solicitud de reprogramación y el documento es claro en la atención médica recibida el mismo día de la audiencia y en el horario programado, porque así lo autoriza el artículo 52 de la Ley General de Salud, que dispone: “Sólo los médicos y odontólogos, en ejercicio legal de sus profesiones podrán certificar el estado de salud de las personas, siempre que les conste personalmente en virtud de ese ejercicio”. La Junta de Gobierno del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, en su sesión ordinaria 2009.05.27 celebrada el veintisiete de mayo del año dos mil nueve, mediante oficio SJG.0855.05.09, definió el contenido y efecto del dictamen médico y la constancia.” La reglamentación de la CCSS invocada por el apelante regula el otorgamiento de los beneficios del trabajador adscrito a esta entidad, en casos de incapacidades, lo cual establece claramente que su ámbito de aplicación no consiste en refrendar dictámenes o certificados médicos que trascienden la concesión de estos beneficios por enfermedad.  No hay normativa legal que subordine los certificados emitidos conforme a la Ley General de Salud, en su artículo 52, a un control posterior por la CCSS para fines ajenos a la obtención del pago de incapacidades por enfermedad o maternidad, cubiertas por el régimen de seguridad social. Por ende, la cita de las disposiciones del Reglamento para el Otorgamiento de Licencias e Incapacidades  para los beneficiarios del Seguro de Salud invocadas en la apelación no resultan aplicables en este caso y no pueden disponer en contra de una normativa de rango superior como lo es la Ley General de Salud."