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Documento judicial
"IX [...] En lo tocante propiamente a la falta de interés actual es menester recordar que En el derecho sustantivo, el derribo encuentra asidero especialmente en el artículo 310 del Código Civil, que dice: Asimismo en el cardinal 311 ibídem, que indica: "Cuando la obra nueva, o el mal estado del edificio, construcción o árbol pueda perjudicar alguna cosa pública o sea una amenaza para los transeúntes, cualquiera que tenga interés puede constituirse demandante como si se tratara de defender su propiedad o posesión, sin perjuicio de las medidas de policía a que hubiere lugar conforme a la ley." Este proceso tiene un fin específico y especial, esto es; determinar si un árbol o construcción, por su mal estado, constituye un peligro inminente de caída que afecte la vida y seguridad de las personas, su patrimonio o que pueda redundar en perjuicio de una res pública. Su naturaleza sumaria limita la discusión y análisis entonces a esos tópicos, es decir, a determinar si la obra o árbol deben ser asegurados (por ejemplo, mediante anclajes, soportes, etc.), modificados (como sucede cuando se autoriza la poda de un árbol) o eliminados (derribo de la obra o corta de un árbol), para prevenir una situación dañina que involucre su caída. Empero lo anterior, si por ejemplo, en el devenir del proceso, la cosa deja de existir o si de previo se toman medidas preventivas o correctivas correspondientes, el derribo propiamente dicho no podría tener cabida, pues en tal caso, la pretensión que en ese sentido se ha formulado adolecería de interés actual. En ese escenario, no tendría ningún sentido dictar una sentencia estimatoria, pues esta a la postre no va a surtir efecto jurídico alguno o dicho en términos más simples, desde el punto de vista práctico, no tendría ninguna utilidad. La doctrina nacional aborda esta cuestión y explica al respecto: "Los franceses consideran el interés actual desde el punto de vista de la utilidad o provecho que el actor obtenga del ejercicio de la acción. Si mediante él no ha de lograr ninguna utilidad o ningún provecho legítimo, falta el interés y la acción no procede. La doctrina italiana predominante considera el interés como un fenómeno de necesidad. Solo hay interés cuando el actor necesita acudir a los tribunales y ejercitar la acción para lograr hacer efectivos sus derechos, o bien, porque sea forzosa la intervención de los tribunales para declarar o constituir el derecho. Faltando esa necesidad, la acción no procede. Alsina, Goldshmidt, Carnelutti y Chiovenda, consideran el interés como la necesidad de acudir a los tribunales para hacer efectivo un derecho desconocido o violado. El primero dice: "El interés únicamente consiste en que, sin la intervención del órgano público, el actor sufriría un perjuicio. Por consiguiente, la cuestión de saber si media un interés injustificado, constituye una situación de hecho, debiendo tenerse en cuenta que, si bien todo interés merece la protección judicial, por mínima que sea, no puede el juez ampararlo cuando el procedimiento solo tiene un propósito vejatorio" esto es, cuando el actor no tiene necesidad de acudir a los tribunales para ejercitar sus derechos y evitarse un perjuicio. (Artavia Barrantes, Sergio. Picado Vargas, Carlos (2017). Comentarios al Nuevo Código Procesal Civil. Tomo
Editorial Jurídica Faro. San José, Costa Rica. Páginas 537 a 539). Pág. 620. Asimismo se ha indicado que: "(...) el interés (que es uno de los elementos del contenido del actor y de su causa) resulta un elemento esencial. El viejo aforismo de que donde no hay interés no hay acción (...), demuestra la necesidad de que el principal acto esté precedido por un motivo o finalidad última. Teniendo en cuenta dicho interés, dichos motivos impulsores de los actos procesales, es como se ha podido explicar que no solo para deducir una pretensión, - esto es para poner en movimiento el proceso todo- se necesita interés, sino también para los diversos actos procesales en particular." Vescovi, Enrique. Teoría general del proceso. Editorial Temis S.A., 1984, Bogotá, página 252. (El destacado es suplido). La jurisprudencia, haciendo eco de lo anterior, ha indicado en lo relevante para este asunto: "El interés es uno de los presupuestos materiales de la pretensión, indispensable para que ésta pueda ser acogida en sentencia. Por ello es necesario que el interés se encuentre presente en todas las fases del proceso y no únicamente al inicio, como parece entenderlo el actor. (...) La jurisprudencia nacional tiene reconocido desde vieja fecha (antigua Sala Primera Civil, sentencia de las 10,30 horas del 27 de diciembre de 1972) siguiendo a la doctrina procesal, que la causa es el hecho jurídico que constituye el fundamento del derecho, es el hecho jurídico que se invoca como fundamento de la acción, el hecho jurídico que sirve de base al reclamo, o, en otras palabras, la razón de pedir y se constituye por el hecho o hechos jurídicos que sirven de fundamento al derecho que se demanda. Siguiendo esa línea de pensamiento, se concluye que la pretensión se individualiza por el hecho que la genera. La insatisfacción de un interés tutelado por el ordenamiento jurídico, engendra un nuevo interés, que provoca el ejercicio del derecho de acción y motiva a formular una pretensión. Precisamente por ello, dice la doctrina procesal, que el interés para accionar es la utilidad que para el titular de un derecho subjetivo se deriva de la tutela jurisdiccional. Por ello, cuando es necesario analizar la subsistencia del interés, el juez debe hacer un juicio de utilidad, parangonando los efectos de la resolución jurisdiccional requerida, con la utilidad que de tal pronunciamiento pueda obtener quien la requiera. Es decir, debe analizarse la utilidad actual, y para ello se debe indagar si la falta de la resolución jurisdiccional le causa daño o perjuicio a quien solicita la tutela jurisdiccional. Si hay perjuicio, hay interés para accionar o para contradecir; si no hay perjuicio, no existe tal interés. (Monroy Cabra, Marco, Principios de Derecho Procesal Civil, 3ª ed., Editorial Temis, Bogotá, 1988, pág. 184).- Uno de los presupuestos de toda acción y de toda pretensión es el interés que además debe ser legítimo, porque la Jurisdicción no ha de movilizarse por el mero capricho de los titulares de derechos. En otras palabras, hablar de la existencia de un interés legítimo en obtener la declaración jurisdiccional, es tanto como hablar de la necesidad actual de la tutela jurisdiccional. (De la Oliva Santos, Andrés, Derecho Procesal Civil, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces S.A., Madrid, 2000, págs. 138 a 141).-” Voto N°293 de las 09 horas 30 minutos del 12 de octubre de 2006, del antiguo, Tribunal Segundo Civil de San José, Sección Extraordinaria. En este caso en particular, es un hecho incuestionable que la tapia de que dio origen a este proceso fue derribada, de ahí que el riesgo a la seguridad, la vida y los bienes ajenos que se quería resguardar según las pretensiones deducidas en el escrito de demanda desapareció y continuar con su tramitación en este estado de cosas, ha perdido sentido. Incluso así lo reconoce el propio apelante, cuando afirma que con la ejecución de ese acto ordenado en forma interlocutoria, desapareció la causa que daba sustento a la pretensión. Por esa razón, el archivo definitivo del expediente dictaminado en primera instancia, deberá mantenerse."