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Tribunal Contencioso Administrativo Sección II
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Documento judicial
"V.- SOBRE LOS PRESUPUESTOS PARA OTORGAR UNA MEDIDA CAUTELAR.- Las medidas cautelares reguladas por el Código Procesal Contencioso Administrativo se caracterizan por ser instrumentales, provisionales y urgentes. Esto es, su existencia está directamente ligada a la pretensión del proceso y a la eventual efectividad de la sentencia de fondo; su temporalidad es limitada y dependiente del proceso principal; y responden al propósito de evitar la ocurrencia de daños y perjuicios que pueden acaecer por el tiempo que puede tardar el proceso principal hasta alcanzar sentencia en firme [...]
Ahora bien, para la procedencia de una medida cautelar solicitada, deben configurarse los presupuestos esenciales que se extraen de los del CPCA: i. peligro en la demora (periculum in mora), ii. apariencia de buen derecho (fumus boni iuris); y, iii. ponderación de intereses en juego. El peligro en la demora acaece cuando "la ejecución o permanencia de la conducta sometida a proceso, produzca graves daños o perjuicios, actuales o potenciales", en razón del tiempo que se requiere para que se obtenga una sentencia que dirima el conflicto. La apariencia de buen derecho se configura cuando "la pretensión no sea temeraria o, en forma palmaria, carente de seriedad", lo que significa que sin prejuzgar sobre el mérito de la demanda, basta con que ésta exponga una tesis jurídica razonablemente fundada acerca de la situación jurídica objeto del proceso. Finalmente, la ponderación de intereses en juego implica que debe hacerse una valoración, en términos comparativos, acerca de los diversos intereses que giran en torno a la situación jurídica debatida, lo que obliga a observar el interés del particular frente al interés público y el interés de terceros, vinculados con la cuestión de fondo del proceso. A continuación se proceden a revisar esos presupuestos para el caso concreto [...]
SOBRE EL CASO CONCRETO. [...]
En este asunto, la actora no probado que sus activos corrientes -en los que se incluyen las cuentas por cobrar a compañías relacionadas-, sean insuficientes o inviables financieramente para poder hacer el pago requerido, especialmente, siendo que desde hace más de dos años ya había concluido el procedimiento determinativo; pero tampoco ha probado que haya pedido el aplazamiento o fraccionamiento de la deuda o la dación en pago de bienes ante la Administración Tributaria y que éstas alternativas le fueran denegadas. Teniendo en consideración esos aspectos, el Tribunal concluye que no se configura el peligro en la demora. Por último, en lo que atañe a la ponderación de intereses en juego, estima esta Cámara en materia de obligaciones tributarias siempre habrá un interés público mayor que se materializa en la fundamental importancia de que los ingresos que percibe la Hacienda Pública por la vía impositiva, sirven al propósito de financiar y sostener los gastos públicos de nuestro Estado Social de Derecho, mismos que están directamente ligados a la satisfacción de los derechos fundamentales de los habitantes como lo son, por mencionar algunos, la seguridad pública y la educación pública. Ante ello, la suspensión de los efectos de actividad formal administrativa tendiente a hacer efectivo el cobro de una deuda tributaria de un determinado sujeto contribuyente, sólo podría ceder ante el hecho evidente de que el pago de tal obligación suponga una real amenaza al normal funcionamiento de la actividad comercial de una empresa, paralizándola en el desarrollo de sus operaciones o impidiendo que haga frente a sus gastos indispensables, eso sí, siempre que, al tiempo se acrediten los otros dos presupuestos ya mencionados (apariencia de buen derecho y peligro en la demora) pues debe recordarse que son concurrentes e indisolubles en la tutela cautelar. En este caso, no se ha acreditado que el pago de la deuda conlleve a una grave afectación financiera de la empresa actora, por lo cual, se estima que el interés público en la recaudación tributaria se superpone en este caso al interés particular de la aquí gestionante en evitar hacer su pago. [...] En suma, y por todas las consideraciones expuestas, este Tribunal dispone rechazar la solicitud de medida cautelar formulada por la parte actora [...]".