Resolución 00020-2022

"VII.- SOBRE EL FONDO.- La demanda debe ser declarada sin lugar.- Como se desprende de los hechos probados, el Ministerio de Salud otorgó el permiso sanitario de funcionamiento N°CS-ARS-CO-5636-14 al establecimiento comercial denominado "Carrocerías y Acabados AK". El permiso sanitario no fue otorgado a la razón social "Carrocerías y Acabados Sociedad Anónima", cédula de persona jurídica 3-101-306205. Esto es así debido a que la Ley General de Salud no exige que el permiso sanitario de funcionamiento sea otorgado a la persona física o jurídica dueña del negocio o empresa (actividad), sino que en los términos de la Ley General de Salud, el permiso se confiere al establecimiento mercantil o industrial en el cual se desarrollará esa actividad empresarial, es decir, el sitio, local, lugar o inmueble en donde se desplegarán las operaciones de la actividad mercantil o industrial de interés y todos sus componentes, según el artículo 478 del Código de Comercio. Esto es particularmente importante, porque como se puede apreciar del expediente administrativo, la persona que gestionó el permiso sanitario de funcionamiento para el establecimiento "Carrocerías y Acabados AK", fue el señor Pedro Miranda Martínez y, como se indicó, en consecuencia, ese permiso fue válidamente conferido al establecimiento denominado Carrocerías y Acabados AK, cuyas instalaciones estaban ubicadas en Vásquez de Coronado, distrito de Patalillo, 700 este del Mall Don Pancho, siendo esto perfectamente válido y ajustado al ordenamiento jurídico. Ahora bien, lo que motiva la presentación de esta demanda de responsabilidad es la clausura del establecimiento referido. El señor Roberto Miranda Sánchez, en su condición personal y como representante de la persona jurídica Carrocerías y Acabados Ak S.A., acude a este Tribunal aduciendo ser el dueño de la empresa dedicada a la actividad de enderezado y pintura que se desarrollaba en aquel establecimiento ubicado en Coronado, el cual fue objeto de cierre por parte del Ministerio de Salud. Invocando como causa ese evento de la clausura, reclama para sí y para la sociedad, el pago de daños y perjuicios. Al respecto, cabe apuntar lo siguiente. En primer lugar, Carrocerías y Acabados AK S.A. ni Roberto Miranda Sánchez han acreditado ser los dueños del negocio o empresa de enderezado y pintura que se desarrollaba en el establecimiento de Coronado que fue clausurado, pues como el mismo representante de la sociedad reconoce, existía otro taller de enderezado y pintura en Moravia, y en este proceso no ha sido aportado el pacto constitutivo de la sociedad Carrocerías y Acabados AK. Se recalca que la persona física que gestionó el permiso sanitario de funcionamiento para el establecimiento ubicado en Coronado, fue el señor Pedro Miranda Martínez, no Carrocerías y Acabados AK, ni Roberto Miranda Sánchez, situación que hace cuestionable la legitimación de la entidad jurídica y del señor Miranda Sánchez para venir a peticionar el reconocimiento de daños y perjuicios por el hecho de la clausura del establecimiento tantas veces mencionado. En segundo lugar, aún si fuera cierto que Carrocerías y Acabados AK S.A y el señor Miranda Sánchez fueran los propietarios del establecimiento que fue clausurado por el Ministerio de Salud, se debe tomar en consideración que si la causa de la responsabilidad patrimonial que se reclama en este asunto corresponde a una actividad administrativa formal, como lo es la Orden Sanitaria N°CS-ARS-CO-OS-PSF-5636-2107-A, del 5 de julio de 2017 y su ejecución, los actores debieron impugnar en vía administrativa ese acto de gravamen y también en esta sede demostrar jurídicamente su ilicitud de base, dado que ese es el criterio de imputación objetiva que exige el régimen de responsabilidad de la Ley General de la Administración Pública para la actividad formal que se reputa como contraria al ordenamiento jurídico. Es preciso recordar que a partir de la vigencia de la Ley General de la Administración Pública (1978), las administraciones públicas pasaron a tener su propio régimen jurídico de responsabilidad extracontractual con reglas expresas y excluyentes a las dispuestas por el derecho civil (privado). Dichas reglas se encuentran expresamente consagradas en los artículos 190 y siguientes de la LGAP. Conforme con esos numerales, los criterios de imputación que se deben utilizar para determinar la responsabilidad extracontractual de cualquier administración pública, son de naturaleza objetiva. La Ley General de la Administración Pública cobija 4 grandes sistemas de responsabilidad de las Administraciones con sus respectivos criterios de imputación objetiva: i. conducta lícita, ii. conducta ilícita, iii. funcionamiento normal y iv. funcionamiento anormal. Como lo desarrolla la doctrina, los supuestos de conducta lícita o ilícita corresponden a la actividad formal de la Administración (dictado de actos administrativos y reglamentos), y los supuestos de funcionamiento normal y anormal corresponden a las actuaciones materiales y a la dación de servicios públicos por parte de la Administración. En el caso de conducta lícita o funcionamiento normal, existe, respectivamente, un acto administrativo jurídicamente conforme con el ordenamiento o un servicio brindado en forma regular, pero que, a pesar de ello, causa en un administrado o en un grupo concreto de administrados un daño especial que no tenían el deber jurídico de soportar. En el caso de conducta ilícita o funcionamiento anormal, existe, respectivamente, un acto administrativo contrario al ordenamiento jurídico o un servicio brindado en forma irregular (falta de servicio) que provoca daños y perjuicios en un administrado. Es de suyo lógico que, en cada caso concreto, se debe individualizar cuál es el criterio de imputación que aplicaría para quien se considere víctima por una acción u omisión de la Administración. Por ello, en toda acción en vía judicial en la que se pretenda el resarcimiento de daños y perjuicios contra alguna Administración Pública necesariamente se deben demostrar los siguientes elementos fundamentales: i) una acción u omisión cometida por la administración demandada; ii) el criterio de imputación objetiva (funcionamiento normal o anormal, conducta lícita o ilícita); iii) un daño cierto, efectivo, individualizable y cuantificable; y, iv) una relación de causalidad entre la acción u omisión de la Administración y el daño alegado. Como se advertía, en el caso concreto, los actores incumplen con probar dichos elementos esenciales, dado que, al ser la Orden Sanitaria  N°CS-ARS-CO-OS-PSF-5636-2107-A, del 5 de julio de 2017 y su ejecución, una actividad administrativa reglada, es decir, normada por el ordenamiento jurídico público, necesariamente los aquí accionantes debieron atacar dicha Orden Sanitaria, a fin de acreditar que ese acto administrativo presenta algún vicio o antijuridicidad y que esa contrariedad con el ordenamiento conllevó a la causación de un daño cierto y efectivo en su esfera de derechos. No obstante, se observa que los accionantes se han limitado a manifestar que no fueron notificados de resolución alguna y que eso les provocó indefensión frente a todo lo actuado por el Ministerio de Salud. Este supuesto agravio no es de recibo, por la simple razón de que, al igual que ocurre con el otorgamiento del permiso sanitario de funcionamiento, de acuerdo con los términos de la Ley General de Salud, la orden de clausura también se hace con respecto al establecimiento mercantil o industrial y no frente a la persona física o jurídica dueña del mismo. Así, los numerales 355, 356 y 363 de la Ley General de Salud disponen: "ARTÍCULO 355.- Teniendo en vista una efectiva protección de la salud de la población y los individuos, las autoridades de salud competentes podrán decretar por propia autoridad medidas cuya finalidad tiendan a evitar la aparición de peligros y la agravación o difusión del daño, o la continuación o reincidencia en la perpetración de infracciones legales o reglamentarias que atenten contra la salud de las personas". "ARTÍCULO 356.- Se declaran medidas especiales, para los efectos señalados en el artículo anterior, la retención, el retiro del comercio o de la circulación, el decomiso, la desnaturalización y la destrucción de bienes materiales, la demolición y desalojo de viviendas y de otras edificaciones destinadas a otros usos, la clausura de establecimientos; la cancelación de permisos; la orden de paralización, destrucción o ejecución de obras, según corresponda; el aislamiento, observación e internación de personas afectadas o sospechosas de estarlo por enfermedades transmisibles; de denuncia obligatoria; el aislamiento o sacrificio de animales afectados o sospechosos de estarlo por epizootias de denuncia obligatoria". "ARTÍCULO 363.- La clausura consiste en el cierre con formal colocación de sellos, que la autoridad competente haga de un establecimiento, edificio, vivienda, instalación o similares, inhibiendo su funcionamiento. La clausura podrá ser total o parcial, temporal o definitiva, según lo exijan las circunstancias del caso. Procede la clausura, especialmente, respecto de todo establecimiento que debiendo ser autorizado por la autoridad de salud funciones sin dicha autorización; de los establecimiento que debiendo tener regente o profesional responsable técnico estén funcionando sin tenerlo; de los establecimientos de atención médica, de educación, comercio, industriales, de recreación, de diversión u otros cuyo estado o condición involucren peligro para la salud de la población, de su personal o de los individuos que los frecuenten y de la vivienda que se habite sin condiciones de saneamiento básico". Véase que las normas legales de cita no obligan a la autoridad de salud a notificar la medida de orden de clausura de un establecimiento, a su dueño o dueños, bastando con la colocación de los sellos en la instalación física correspondiente y la comunicación del Acta a la persona que se encuentre en ese momento en el local, quien no necesariamente tiene que coincidir con el propietario o propietarios del negocio afectado, por cuanto es razonable y de suyo lógico que ante la existencia de una actividad que efectivamente representa un peligro para la salud de ciertos individuos o de la población en general, prime la urgencia de ejecutar las medidas coactivas de contención a cargo del Ministerio de Salud, por encima de la formalidad de notificar previamente al dueño o dueños de la empresa que desarrolla la actividad que se estima peligrosa. Adicionalmente, en este caso llama la atención el hecho de que el señor Pedro Miranda Martínez, que fue la persona que solicitó el permiso sanitario de funcionamiento, sí impugnó la orden sanitaria que conllevó a la clausura del negocio, pues presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio, remedios que le fueron rechazados, según consta en los hechos probados. Esto evidencia que en realidad no existió indefensión alguna, pues don Pedro Miranda sí estuvo plenamente enterado de todo lo actuado por el Ministerio de Salud y oportunamente defendió los intereses relativos al ejercicio de la actividad de enderezado y pintura que se llevaba a cabo en el establecimiento Carrocerías y Acabados AK. Esta situación hace patente que lo argumentado por los actores en este proceso es extremo falaz, porque sin acreditar ser dueños del establecimiento citado, aducen no haberse enterado de lo actuado por las autoridades de salud y de la Orden Sanitaria N°CS-ARS-CO-OS-PSF-5636-2107-A, omitiendo reconocer que don Pedro Miranda sí conoció todo lo acontecido en vía administrativa, al punto de haber impugnado la orden de clausura del establecimiento [...]".