Resolución 00302-2022

"III. SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA: [...] Analizados los argumentos expuestos por la parte recurrente, así como lo dispuesto por el a quo, a criterio de esta Cámara, lo resuelto es correcto, porque la certificación de Contador Público Autorizado aportada resulta inidónea para dar lugar al cobro pretendido por la parte actora en la vía monitoria; toda vez, que el Contador Público sólo puede certificar la existencia de una deuda cuando se lo permita una norma habilitadora o permisiva, lo que no sucede en este caso particular. En este proceso lo que pretende la accionante contra la parte demandada es el cobro de una obligación dineraria que deriva de un refinanciamiento de una línea de crédito, aportando como documento la certificación del saldo deudor emitida por la contadora pública autorizada María Mercedes Apolo Matarrita. Se trata, por ende, de un documento emitido exclusivamente con base en la información suministrada por la misma parte actora, es decir, es un documento de pura creación unilateral, puesto que en su emisión no hubo participación del deudor, y sin que haya norma legal alguna que le dé facultades a una Contadora Pública para certificar la existencia de una obligación líquida y exigible, en relación con la naturaleza de los extremos cuyo cobro se pretenden en el presente proceso. Consecuentemente, no es un documento hábil para fundar en él pretensión cobratoria por esta vía monitoria. El artículo 111.1 y 2 del Código Procesal Civil, dispone que mediante el proceso monitorio dinerario se tramitará el cobro de obligaciones dinerarias, líquidas y exigibles, fundadas en documentos originales, copia firmada o estar contenida en un soporte del que se desprenda la firma del deudor o cualquier otra señal equivalente. Estas normas se refieren a la existencia de obligaciones de carácter bilateral; es decir, donde entre dos o más personas acuerdan que una se constituye deudora de la otra, y pactan las condiciones que regirán dicha obligación. Pero no es aplicable para obligaciones unilaterales como la que se ejecuta en esta demanda, donde la parte accionada es supuestamente deudor, por el refinanciamiento de operaciones de crédito mediante tarjeta virtual o línea de crédito revolutivo. No todos los documentos que certifique una contadora pública autorizada en relación con obligaciones dinerarias, tienen la virtud de servir de base a un proceso monitorio. Sólo en los casos expresamente previstos por la ley, es que las certificaciones de Contadora Pública autorizada, respecto de obligaciones dinerarias, pueden servir de base a un proceso como el que nos ocupa; como lo es el caso de las certificaciones de los saldos de sobregiros en cuentas corrientes bancarias y de líneas de crédito para el uso de tarjetas de crédito, de acuerdo a lo previsto en el artículo 611 del Código de Comercio. Aunado a lo anterior, no hay norma legal que faculte a una Contadora Pública certificar con carácter de título ejecutivo adeudos por concepto de refinanciamiento de operaciones de crédito mediante tarjeta virtual o línea de crédito revolutivo, que son los extremos cuyo cobro pretende la parte actora en este proceso monitorio, de ahí la evidente inidoneidad del título aportado como sustento para su interposición [...]"