Resolución 00343-2021

"III. [...] La doctrina define la afectación a habitación familiar como: “...una institución especial que puede coexistir con el régimen patrimonial del matrimonio, aunque, en puridad, opera autónomamente y se rige por normas propias. Esta afectación se da sobre un inmueble urbano o rural para la satisfacción de las necesidades de sustento y de la vivienda del titular y su familia y, en consecuencia, se le sustrae a las contingencias económicas que pudieran provocar, en lo sucesivo su embargo o enajenación.” ([Nombre1], . TRATADO DE DERECHO DE FAMILIA. Tomo 2, Editorial Astrea. Buenos Aires, Argentina, 1993, pág. 588). De esta definición, se desprende que dicha afectación busca preservar el hogar familiar, poniéndolo a cubierto, no solo de la ejecución por las deudas contra el cónyuge que constituye la afectación, sino también de los eventuales actos de disposición que él mismo quisiese realizar respecto del bien afectado, claro está, salvo aquellas concertadas con anterioridad a la afectación. Ahora bien, en el caso concreto la parte actora plantea que el bien no es susceptible de la protección especial por cuanto ya no se cumplen los supuestos especiales de protección descritos en la norma, al haber haberse divorciado el demandado y haber adquirido la mayoría de edad las hijas de éste. Al conocerse el recurso es que verdaderamente se conoce este argumento por parte de la persona juzgadora de primera instancia, pues en el auto recurrido no se indicó nada sobre esta situación; ahí se indica “...de un estudio actualizado del bien inmueble y agregado a los autos se logra determinar lo antes dicho es que se rechaza el embargo solicitado con el fin de no causar perjuicio a los menores…” (sic.). El punto a determinar es si el bien antes indicado es susceptible de embargo, por la obligación que aquí se reclama. El artículo 42 del Código de Familia establece respecto a la afectación del inmueble familiar: [...] De la transcripción anterior se desprende, que la protección que brinda la sujeción al régimen de habitación familiar lo es únicamente en relación con acreedores de derechos personales, lo que no se objeta en el presente proceso, obsérvese que el adeudo presentado a cobro corresponde a una letra de cambio, según consta en documento agregado electrónicamente con la demanda inicial el veintiocho de junio de dos mil dieciséis. De los autos no se puede concluir que la obligación contraída lo haya sido por parte de ambos cónyuges, pues la señora [Nombre2]   , ya no es cónyuge del accionado. La obligación reclamada no es anterior a la afectación al régimen de habitación familiar, según se observa del documento base de la demanda, la letra de cambio fue librada en fecha veintitrés de diciembre de dos mil quince, momento en que se origina la deuda. Desde esa perspectiva, si la afectación a patrimonio familiar se inscribió el cuatro de febrero de dos mil dos, según consta en el informe registral antes indicado, no cabe duda que el bien inmueble se afectó a esta figura con anterioridad a la obligación. No obstante lo anterior lo que reclama el actor es que este instituto no le es oponible a su solicitud de embargo por cuanto la causa de su protección ya no existe, al haberse divorciado el demandado de la beneficiaria y ser mayores de edad las hijas de éste, de esta forma lo que se debió analizar son las causales de cesación del instituto de la afectación, descritas en el numeral 47 del Código de Familia, sobre la finalización indica el artículo [...] De los autos se desprende que el demandado se divorció de la beneficiaria [Nombre2] , lo que es constatable con la certificación aportada a los autos, y en principio respecto de ella permitirían tener por acreditado que no esta afecta al régimen de protección. No ocurre lo mismo con las otras beneficiarias, [Nombre3]  y [Nombre4] , ambas de apellidos [Nombre5] , pues estas, no son mayores de veinticinco años, no encontrándose entonces en la excepción del artículo 173 ya citado. Si la parte actora pretendía comprobar la cesación de la obligación de alimento, debía correr con la carga de la prueba respecto a la finalización de los efectos de la protección de habitación familiar, lo que no se cumple con presentar únicamente las certificaciones de nacimiento de las beneficiarias, sino que se debía comprobar que estas han terminado sus estudios y mantienen una profesión u oficio, esta no es una situación de mera constatación como el caso del divorcio, sino que requiere de la protección del derecho de defensa. Lo anterior implica que se hace necesaria la protección de los derechos del demandado, como propietario del inmueble afectado, y de las beneficiarias, para que puedan ejercer los alegatos en su defensa que correspondan. Esta situación nos lleva a concluir que no es posible, como lo pretende el actor, dilucidar en este proceso el cese de la afectación, primero porque no se pueden discutir pretensiones que, legalmente, son propias de otra vía procesal y también porque debido a la fase de ejecución en la que nos encontramos, tampoco sería factible integrar el proceso teniendo como parte a las beneficiarias antes indicadas. Por ende, deberá el accionante acudir a la vía procesal pertinente, en aras de hacer efectivas sus pretensiones, en cuanto al levantamiento de la habitación familiar. En supuestos como los que nos ocupan el principio de economía procesal pasa a segundo plano, en relación con el de defensa que integra el debido proceso, debido a que, se hace necesario que al aquí demandado y a las beneficiarias se les dé la oportunidad procesal de debatir los planteamientos del actor, en una vía prevista por el ordenamiento. Corolario de lo anterior, se ha de confirmar la resolución recurrida en cuanto rechaza el embargo solicitado sobre la [Dirección1]    , Folio Real Matrícula Número 183233-001."