Resolución 00385-2018

"III. De acuerdo con el artículo 41 de nuestra Carta Magna, “Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes”. En igual sentido, el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, suscrita en San José el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve indica: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o

tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.”. La exigencia de acceso a la justicia, establecida en el artículo 41 citado, requiere que los asuntos sometidos a conocimiento de los tribunales deban ser resueltos y con prontitud, numeral que establece un conjunto de principios básicos a los cuales los individuos o el Estado deben ajustar sus actuaciones y conductas para hacer realidad el valor Justicia, procurando la tutela del derecho quebrantado. Sobre ese tema, Sala Constitucional dijo en voto 531-96, que “De la relación de los artículos 41 y 152 de la Constitución Política la Sala deriva el derecho de los habitantes del país de contar con la posibilidad de acudir ante los Tribunales de Justicia y obtener de ellos una sentencia "pronta y cumplida". Por otra parte del derecho de defensa en juicio, que reconoce el artículo 39 constitucional se deriva para todo tipo de procesos, y no solamente para el penal, el derecho genérico a la defensa en juicio de la persona y de sus derechos e intereses legítimos. La Doctrina del Derecho Constitucional Español ha reconocido como un derecho constitucional de las personas la "tutela efectiva de los jueces y Tribunales" en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos sin que en ningún caso pueda producirse indefensión. Este derecho tiene una de sus manifestaciones en la prohibición que tiene el legislador para negar a las personas su acceso a los tribunales de Justicia. Cabe recordar que la Sala en la sentencia número 7006-94 de las 9:24 horas del 2 de diciembre de 1994 reconoció el derecho de la jurisdicción como un derecho fundamental. En similar sentido puede consultarse la sentencia número 3095 de las 15, 57 horas del 3 de agosto de 1994.”. De las anteriores transcripciones se concluye que el acceso a la justicia y el derecho a la tutela efectiva de los Tribunales es un derecho fundamental, que obliga a las autoridades jurisdiccionales a favorecer el derecho que tienen las partes a ser oídas en juicio, con las debidas garantías a través de un procedimiento que asegure el respeto de los principios de justicia, orden, seguridad y paz social.