Reglamento sobre Derechos y Deberes de los Privados y Privadas de Libertad

Las disposiciones contenidas en este Reglamento serán aplicables a todos los privados y privadas de libertad ubicados en los diferentes niveles de atención de adultos de la Dirección General de Adaptación Social. (Este decreto ejecutivo fue derogado por el artículo 446 aparte c) del Reglamento del Sistema Penitenciario Nacional, aprobado mediante decreto ejecutivo N° 40849 del 9 de enero del 2018)

Los diferentes órganos administrativos y los funcionarios y funcionarías de la Dirección General de Adaptación Social están en la obligación de velar por el efectivo cumplimiento y aplicación de esta normativa enmarcándola dentro del ordenamiento jurídico y lineamientos institucionales vigentes.

Todos los privados y privadas de libertad tendrán los mismos derechos y obligaciones, sin más distinciones que las derivadas de la modalidad de custodia o de ejecución de la pena en la que se encuentren ubicados y ubicadas.

La potestad disciplinaria otorgada por este Reglamento al Consejo de Valoración o al Instituto Nacional de Criminología tendrá como parámetros:

Se prohíbe el maltrato físico como práctica institucional, la aplicación automática de las sanciones y todo procedimiento vejatorio de la persona sometida a privación de libertad.

Todo privado o privada de libertad goza de los mismos derechos individuales, sociales y económicos de los que son titulares lo habitantes de la República, salvo aquellos que sean incompatibles con la reclusión misma. Además gozará de las garantías particulares que se derivan de su permanencia en el Sistema Penitenciario.

Todo privado o privada de libertad tiene derecho a dirigir peticiones o quejas a las autoridades públicas o instancias privadas internas o extremas al Sistema Penitenciario.

Todo privado o privada de libertad tiene derecho a recibir atención a su salud. Tendrá derecho a que se le traslade al Centro de Salud en donde deba recibirla. Cuando su modalidad de custodia lo permita lo hará por sus propios medios.

Los privados y privadas de libertad tienen derecho a mantener una comunicación directa con las diferentes instancias que participan en su valoración técnica y a ser informados sobre los acuerdos que el Consejo de Valoración y el Instituto Nacional de Criminología emitan en relación con su situación.

Los privados y privadas de libertad tendrán derecho a informar de su ingreso o egreso a su familia, a su abogado o abogada y a la representación diplomática de su país en caso de ser extranjero. Tratándose de traslados, tendrá derecho a que se le informe de los mismos en forma previa a la ejecución.

Todo privado o privada de libertad tendrá acceso a los reglamentos y disposiciones generales anudas por las autoridades competentes que regulen la ejecución de las medidas privativas de libertad.

Todo privado o privada de libertad tiene derecho a comunicarse mediante la correspondencia, los teléfonos públicos instalados en el Centro y la recepción de visitas ordinarias y extraordinarias en el Centro, de acuerdo con las disposiciones vigentes.

Todo privado o privada de libertad tendrá derecho a leer periódicos, libros, revistas, y a poseer un radio receptor.

Todo privado o privada de libertad del Nivel Institucional tendrá derecho a recibir visita conyugal de acuerdo con las disposiciones vigentes y las condiciones de cada Centro.

Todo privado o privada de libertad tendrá derecho a la educación, a recibir capacitación para el trabajo y a que se le asigne un trabajo, sin más limitaciones que las derivadas de su situación personal e institucional.

Todo privado o privada de libertad tiene derecho a la interrelación con su familia, recursos sustitutos o de apoyo comunitario sin más limitaciones que las estrictamente necesarias.

Los privados y privadas de libertad podrán organizarse para fines lícitos que contribuyan a desarrollar sus potencialidades y sus aptitudes culturales, educativas, deportivas y artísticas y a asumir roles y responsabilidades sociales, siempre que su ubicación y situación institucionales lo permitan, dentro las regulaciones existentes.

Todo privado o privada de libertad tiene derecho a convivir en un ambiente adecuado para la vida en común, sin más limitaciones que las estrictamente necesarias.

Los Privados y privadas de libertad deben respetar la vida, la salud, la integridad física y moral, la seguridad y las pertenencias de sus compañeros, compañeras, personal del Centro y visitantes.

Las privadas y privados de libertad deben mantener entre sí y con los visitantes y personal del Centro una relación de respeto, disciplina y buen trato, facilitadora de una adecuada convivencia. Asimismo, deben respetare] descanso, los momentos de recreación de sus compañeros y compañeras y permitir y facilitar la atención institucional.

Los privados y privadas de libertad deben velar por el orden, aseo y conservación de las instalaciones y bienes de la Institución en donde se encuentren ubicados o sean atendidos.

Los privados y privadas de libertad tienen el deber de comunicar a las autoridades del Centro las irregularidades que puedan perjudicar a terceros, a ellos mismos, a los funcionarios, funcionarías y a la Administración en general.

Los privados y privadas de libertad tendrán la obligación de depositar bajo la custodia de la administración del Centro sus objetos de valor y dinero efectivo, de conformidad con lo establecido en las disposiciones vigentes.

Corresponde a la Administración Penitenciaria velar por la seguridad, la integridad física y moral, la tranquilidad y la salud física y mental de los privados y privadas de libertad.

En los diferentes Centros de Adaptación Social se deberá propiciar un nivel de convivencia que facilite en la medida de lo posible, la interacción social, el desarrollo de las potencialidades de los privados y privadas de libertad, así como su integración al entorno social.

Los funcionarios y funcionarias de la Dirección General de Adaptación Social deben mantener un adecuado trato para con los privados y privadas de libertad y relaciones de estricto respeto.

Cuando esté en riesgo la integridad física de los privados y privadas de libertad y su familia, o el orden y la seguridad en los diferentes ámbitos de convivencia y niveles del Sistema Penitenciario Nacional y la comunidad en general, podrán tomarse cualquiera de las siguientes medidas cautelares:

Las medidas cautelares utilizarán únicamente como forma excepcional de prevención y solución temporal de situaciones de inminente peligro personal o institucional Deben ser fundamentadas por escrito y comunicadas oportunamente al privado o privada de libertad.

Las medidas cautelares son potestad del Director o de quien esté a cargo del Ámbito o Centro respectivo, quien debe informar al Director sobre lo actuado con la mayor prontitud, o del personal técnico del Nivel Comunidad.

Cuando la medida cautelar consista en el traslado a otro Centro o ámbito convivencia o nivel deberá coordinarse con el Director del ámbito o Centro receptor. En caso de divergencia entre directores de ámbito decidirá el Director del Centro caso de divergencia entre Directores de Centro, la decisión corresponderá a Coordinadores de los niveles que intervienen en la reubicación del privado o privada de libertad.

Cuando la medida cautelar se origina en la comisión de una posible falta, deberá iniciarse el procedimiento disciplinario correspondiente.

Conocimiento por parte del Consejo de Valoración El Director deberá someter a conocimiento del Consejo de Valoración el documento que hace referencia el Artículo 28, en un plazo máximo de ocho días hábiles.

El Consejo de Valoración analizará la medida cautelar y definirá las acciones técnicas pertinentes, tomando en consideración cuando existan, las objeciones planteadas por el privado o privada de libertad.

Para los efectos de la aplicación de este Reglamento, las faltas se clasifican en leves, graves y muy graves.

Se podrá sancionar con una amonestación verbal, una amonestación por escrito, al privado o privada de libertad que incurra en cualquiera de las siguientes conductas:

Se podrá sancionar con alguna de las siguiente medidas: una amonestación por escrito, la reubicación de ámbito de convivencia, la suspensión temporal de incentivos que ofrece el Centro u oficina o de aquellos que se derivan de la modalidad de ejecución de la pena o custodia hasta por dos meses, o la reubicación de nivel, al privado o privada de libertad que incurra en cualquiera de la siguientes conductas:

Para este último caso, además de la sanción que corresponda aplicar, el dinero decomisado será depositado por la Administración del Centro Penitenciario en una cuenta del sistema bancario nacional, para ser devuelto al privado de libertad al finalizar la pena, comunicando a la Dirección Administrativa y a la Dirección Financiera del Ministerio de Justicia y Paz.

Se podrá sancionar con cualquiera de las siguientes medidas: reubicación de ámbito de convivencia, la suspensión temporal de incentivos que ofrece el Centro u oficina o de aquellos que se derivan de la modalidad de ejecución de la pena o custodia hasta por seis meses, o la reubicación de nivel, a aquellos privados o privadas de libertad que incurran en cualquiera de las siguientes faltas:

) Mantener en su poder y/o utilizar dispositivos de comunicación calificados como "bienes prohibidos" así como "bienes decomisables" según el Reglamento de Requisa de Personas e Inspección de Bienes en el Sistema Penitenciario Nacional.

Toda privada o privado de libertad que instigue o preste auxilio o cooperación al autor para la realización de cualquiera de las faltas descritas en los artículos anteriores podrá ser acreedor de la misma sanción que se imponga al autor o coautor.

Cuando por razones ajenas a la voluntad del autor la falla no pueda ser consumada, podrá imponerse la sanción prevista para aquella, tomando en cuenta las circunstancias de tiempo, modo y lugar.

El Consejo de Valoración o el Instituto Nacional de Criminología tendrán la posibilidad de prescindir de las acciones sancionatorias y optar por una atención técnica, individual o colectiva, en los casos en que estando debidamente tipificados los hechos que sirven de base al reporte, la conducta del privado o privada de libertad no constituye una ruptura grave de su plan de atención institucional y por razones de oportunidad se considere prioritario tal abordaje.

El procedimiento se realizará para asegurar el cumplimiento del encargo asignado a la institución, con respeto a los derechos subjetivos e intereses legítimos de los privados y privadas de libertad, de acuerdo con el ordenamiento Jurídico vigente.

El objetivo primordial del procedimiento es la verificación de la verdad real.