Resolución 00372-2014

“II. Este es un

proceso de ejecución de sentencia de tránsito, en la cual se condenó al demandado a pagar los daños y perjuicios causados al automotor de la actora.  La autoridad aquo declaró parcialmente con lugar al demanda sin sanción en costas y con ese pronunciamiento se muestran inconformes ambas partes.  La parte actora cuestiona los hechos probados que ya se modificaron atendiendo a los detalles que destaca la recurrente, lo que de todas formas no tendrá ninguna influencia en el fondo de lo resuelto. Frente al criterio del aquo de que no se demostraron los daños, la actora apelante se limita a decir que tal hecho no está ayuno de prueba, sin embargo,  ni siquiera refiere los elementos de convicción de los que se desprenda la entidad de los daños y su cuantía.  La misma actividad despliega en cuanto a las ganancias dejadas de percibir. Manifiesta que en el expediente rola la prueba contundente y necesaria, pero no la  identifica, no explica de cuales elementos se puede deducir esa convicción. Ni siquiera cuestiona los argumentos que dio la autoridad aquo para negar eficacia a la exigua documentación que presentó.  En cuanto a fondo dice que el análisis es liviano, pero tampoco identifica la prueba que permita llegar a una conclusión diferente a la que llegó la autoridad de primera instancia.  En lo que respecta a las costas del proceso de tránsito expresa que sí estuvo en la audiencia de dicho proceso, que no llegó a la lectura de la sentencia porque era innecesario, sin embargo, no cuestiona directamente el monto concedido. Las legaciones de la actora apelante son insuficientes para revocar la sentencia recurrida. En relación con la reparación de daños y perjuicios, la doctrina y la jurisprudencia han sido constantes en el sentido de que, excepto cuando se trata de daños y perjuicios convertibles, por ministerio de ley en intereses moratorios, caso en el que no se requiere demostración de que se hayan causado menoscabos de ningún género, en todos los demás, el acreedor debe probar las pérdidas sufridas a causa del hecho causante del daño. Así, "La simple condena en abstracto es insuficiente para producir venta­jas efectivas al acreedor: si no comprueba ninguna lesión patri­monial que le haya sobrevenido a causa de la falta del deudor, nada podrá recibir por tal moti­vo..." ([Nombre1] , . Tratado de las Obligaciones. Editorial Juricentro, Sexta Edición, 1990. Pàg. 87 ). A ello se refiere el numeral 317 del Código Procesal Civil al señalar que la carga de la prueba incumbe a quien formule una pretensión respecto de los hechos constitutivos de su derecho. Por su parte el numeral 704 del Código Civil, regla que aunque referi­da a obliga­ciones de tipo contractual es perfecta­mente aplicable a los casos de responsabili­dad extracontrac­tual, establece otra limi­tan­te cuando se trata de ejecuciones de senten­cia con condena en abstracto. Dicha norma reza: " En la indemniza­ción de daños y perjui­cios sólo se comprenderán los que, como consecuen­cia inmediata y directa de la falta de cumpli­miento de la obliga­ción se hayan causado o deban necesaria­mente causarse." Se refiere ese precep­to, a lo que la doctrina denomina relación de causa­lidad, según la cual, sólo le es dable al demandan­te reclamar los daños y perjuicios que sean consecuen­cia  directa e inmediata del hecho causante del agravio.  El debido proceso exige que a quien se le obliga a indemnizar, se le convenza de que los daños y perjuicios que debe pagar, son los que efectivamente se causaron.  En este caso concreto, no existe prueba idónea que acredite fehacientemente la entidad de los daños. Como consecuencia tampoco existe prueba que acredite su valor. Lo mismo hay que decir de los perjuicios, es decir, la ganancia dejada de percibir. Desde esa perspectiva la sentencia tendrá que ser confirmada en lo apelado.”