Resolución 01233-2012

A partir de la entrada en vigencia de la Ley de Cobro Judicial y dada la amplitud con que se configuró el proceso monitorio, el documento base debe ser analizado desde dos perspectivas. Hay que determinar si es título ejecutivo. Si tiene esa condición, si cumple los requisitos legales y contiene una obligación dineraria líquida y exigible, el proceso debe iniciar. Si el documento no es título ejecutivo, el tribunal debe determinar si contiene una obligación dineraria líquida exigible. Ello debe ser así, porque por el proceso monitorio se puede reclamar una obligación que conste en un título ejecutivo o en un documento que no tenga esa condición (Artículo 1.1. de la Ley de Cobro Judicial). Si se analiza la factura como título ejecutivo se debe cumplir con lo dispuesto por el numeral 460 del Código de Comercio, en cuanto dice que tendrá esa condición si está firmada por el comprador, por su mandatario o por su encargado debidamente autorizado por escrito. Hay que recordar que solo es título ejecutivo aquel documento al que la Ley le da esa condición, lo que implica que para serlo debe cumplir estrictamente con los requisitos dispuestos por el legislador para ser identificado como tal. El cumplimiento de la legalidad, tratándose de títulos ejecutivos, encuentra sustento en que se trata de documentos que por sí tienen una fehaciencia especial, lo que se manifiesta en que ampara el embargo inmediato de bienes. Esa interferencia en los derechos de los deudores, en este tipo de procesos, solo se justifica, sin necesidad de garantía, cuando se tiene un título ejecutivo. Si el documento no es título ejecutivo, es indispensable establecer si contiene una obligación dineraria líquida y exigible. Un documento obliga, cuando existe una manifestación expresa (firma) del deudor de querer obligarse. Esa expresión debe provenir del deudor o de su mandatario. En uno y otro caso, titulo ejecutivo o documento obligacional, no puede existir duda, pues el proceso monitorio es una vía privilegiada, para el cobro de obligaciones dinerarias líquidas y exigibles con "apariencia de buen derecho". Por ello, no lleva razón el actor al estimar que lo de las firmas es algo que debe discutirse si hay oposición del demandado. Las sumas se presumen ciertas y las firmas auténticas, si el documento cumple los requisitos de una factura. En todo caso, no se está cuestionando aquí, ni las sumas, ni la autenticidad de las firmas. En este proceso concreto, las facturas están firmadas por "[Nombre1] , de Bodega". Dicho señor no es el comprador, tampoco es mandatario, ni consta que haya sido autorizado por escrito para tal efecto. Tampoco consta que [Nombre2] , quien aparece firmando algunas facturas, tenga alguna de esas condiciones. No consta tampoco que la otra firma que aparece en alguna de las facturas sea de [Nombre3] , cuya invocada representación anterior tampoco se acredita. Desde esa perspectiva, hay que concluir que las facturas presentadas no constituyen título ejecutivo y para los efectos de un proceso monitorio, tampoco contienen una obligación exigible a cargo la empresa demandada, que sustente el inicio de este proceso. La admisión de prueba confesional es inoportuna. Por lo expuesto, la resolución recurrida deberá ser confirmada.”