Resolución 00138-2024

I.-

a) Actos de alegación de parte y trámite (síntesis de las alegaciones, pretensiones y defensas). Queja:  La licenciada Ana Lucía Jimenez Monge, en su condición de Jefa del Archivo Notarial de la Dirección General del Archivo Notarial,  puso en conocimiento del Juzgado Notarial, que el  licenciado Álvaro Ruíz Cabalceta fue suspendido en el ejercicio de la función notarial por la Dirección Nacional de Notariado, según resolución número tres mil cuatrocientos noventa-dos mil trece, de las diez horas y diez minutos del trece de diciembre del dos mil trece, cuyo edicto fue publicado en la Gaceta número noventa y ocho del veintitrés de mayo del dos mil catorce. Acusó que el citado notario cartuló en el  período en que se mantuvo vigente la suspensión, que comprendió del treinta y uno de mayo, al diez de diciembre, ambas fechas del dos mil catorce (6 y 7).  Defensa: El notario Ruíz Cabalceta atribuyó los hechos a un error involuntario. Explicó haberse percatado, tardíamente, que había enviado unos índices, en forma defectuosa, dado que se estaba trasladando de oficina. Se enteró de esa situación cuando llamó a la Dirección Nacional de Notariado, a raíz de un problema con la cuotas de la póliza de fidelidad y señaló haber solucionado el problema y apuntó que el veinticinco de noviembre del dos mil catorce, presentó, ante el citado órgano, una solicitud de levantamiento, recibiendo el día veinticuatro de diciembre siguiente, la notificación del archivo de la causa. Insistió en que el asunto fue resuelto a su favor y tildó de incorrecto que se incoara el presente proceso, pues si fue habilitado, es porque estaba a derecho. Acusó que en el expediente llevado por la Dirección Nacional de Notariado se le notificó en un correo electrónico que estaba desactivado, dada la mudanza antes señalada y que lo correcto hubiese sido la notificación formal. Interpuso las excepciones de falta de acción; cosa juzgada, falta de jurisdicción y competencia;  “actividad procesal defectuosa” y  “quebrando al debido proceso” (folios 42 a 45). b) Resoluciones Interlocutorias: La autoridad de primera instancia, por auto de las diez horas y cuarenta y seis minutos del ocho de agosto del dos mil dieciséis, rechazó las defensas denominadas “actividad procesal defectuosa” y  “quebrando al debido proceso” y por resolución de las diez horas y treinta y siete minutos del veintisiete de febrero del dos mil dieciocho, denegó las de “falta de jurisdicción y competencia” (folios 48 y 51 a 53). c)  Resolución impugnada: La autoridad de primera instancia, M.Sc. Juan Carlos Alvarez Varela, dictó la sentencia número treinta y seis-dos mil veintitrés, a las dieciséis horas y once minutos del veintiséis de enero del dos mil veintitrés, mediante la cual, declaró sin lugar las defensas de prescripción y cosa juzgada y con lugar el proceso, imponiendo al notario Ruíz Cabalceta, la corrección disciplinaria de seis meses de suspensión en el ejercicio de la función notarial. d) Recurrente: Disconforme con lo así resuelto, apeló el notario acusado. Esa  impugnación fue admitida por la autoridad de primera instancia y genera que este Tribunal conozca del recurso.

II.-

Por corresponder al mérito de los autos y no haber sido aportada contraprueba que los contradiga y cuestione, se aprueba la relación de hechos demostrados realizada por el señor juez de primera instancia.

Sobre el Recurso: En desacuerdo con lo fallado,  el licenciado Ruíz Cabalceta  se quejó, pues a su criterio, la autoridad de primera instancia a pesar de que presentó un libelo expresando las razones de su defensa, hizo caso omiso de sus argumentos. Dijo que al no saber de la suspensión, continuó cartulando y apuntó que la sanción se mantendría hasta que presentara o corrigiera los índices, con lo que una vez cumplido lo requerido, la sanción se levantaría y quedaría habilitado legalmente. Señaló que la Dirección Nacional de Notariado emitió posteriormente una circular, según la cual, se obligó a enviar a los notarios atrasados con índices o con índices defectuosos,  un aviso preventivo, para que cumplieran.  Insistió en que fue mal notificado y en que los índices sí fueron presentados y corregidos. Se quejó en razón de que el Juzgado lo condenó sin ser escuchado y menos convencido, por simples errores en los índices, que no causaron daños. Invocó la ley de Notificaciones a su favor y reiteró la excepción de prescripción, ahora bajo el argumento de que el proceso duró más de cuatro años, así como la defensa de cosa juzgada, pues nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa, pues en el caso, lo de lo índices provocó este asunto. Argumentó que la sanción no es proporcional, ni  equitativa.

Nulidad: Revisados los autos, no se estima que exista alguna omisión en el procedimiento que haya ocasionado indefensión al acusado. El recurrente contestó y opuso varias y distintas defensas, las cuales fueron analizadas, tanto en forma interlocutoria, como en la sentencia bajo estudio, mediante resoluciones fundadas y notificadas. Lo ocurrido es que el resultado fue adverso para sus intereses y esa sola situación no genera indefensión. Por otra parte, si bien este proceso, en que se analiza la responsabilidad disciplinaria con ocasión de haber cartulado instrumentos estando en un período de suspensión, tiene relación con el proceso que originó la sanción inhabilitante, tramitado en la Dirección Nacional de Notariado, la naturaleza y el régimen de impugnación de cada uno de esos procesos es distinto, de manera que en este, no pueden resolverse, analizarse, ni declararse supuestos vicios ocurrido en otro. Así, la Dirección Nacional de Notariado fue quien llevó el procedimiento administrativo y ahí ese órgano decidió suspender al apelante, ante los problemas relacionados con la confección o la presentación de los índices quincenales, que tuvo por acreditados y si existió algún vicio en ese expediente, corresponde alegarlo dentro de ese proceso o en su defecto, ante la jurisdicción correspondiente y encargada de revisar los actos administrativos, pero no en este proceso y en este sentido, en otra ocasión, ante similares argumentos, fue explicado: “Como punto de partida, debe entenderse, según se explicará, que tanto con la legislación procesal anterior, como con la actual, no resulta posible que éste órgano, dentro de este proceso, pueda conocer, resolver y declarar la nulidad de lo tramitado y resuelto en otro proceso judicial, ni como pretensión principal de la parte actora, ni como defensa de la parte denunciada (como sucede aquí). Así lo dispone la doctrina que informaba el anterior artículo 550 del Código Procesal Civil y lo disponen ahora los artículos 33.2, 33.3 y 35.8 de la actual legislación procesal. Con claridad, en el Voto No.179, dictado por la Sección Extraordinaria del Tribunal Segundo Civil, a las ocho horas quince minutos del veintiocho de julio de dos mil seis, esa autoridad, explicó, refiriéndose a la anterior legislación, que como se dijo, la actual también recoge: “Nuestra legislación, participa de la doctrina que se expuso en líneas anteriores, según lo que se desprende de la lectura de los artículos 194 y siguientes del Código Procesal Civil y así lo ha entendido la jurisprudencia nacional al señalar en forma reiterada, que las nulidades de naturaleza procesal deben alegarse en el mismo proceso en que fueron causadas. Ello encuentra fundamento en que si se admitiera que es posible obtener su declaratoria en juicio distinto promovido para ese efecto, después de terminados aquéllos, sería reconocer que, fuera de los recursos expresos establecidos por la ley, hay uno tácito, y no sujeto a otro plazo que el de la prescripción ordinaria de las acciones, con lo cual se habría encontrado el medio de multiplicar indefinidamente los litigios. Tal cosa significaría la creación de un recurso ilimitado, expuesto a todo abuso, no reglado, cuando ya se hubiesen agotado en el expediente respectivo todos los recursos dispuestos por la ley. (Al respecto pueden consultarse las siguientes sentencias de Casación: 12 horas del 19 de octubre de 1981, 2,30 p.m. del 7 de marzo de 1903, 2.25 p.m. del 18 de marzo de 1926, 10 a.m. del 2 de noviembre de 1928, 4,30 p.m. del 4 de setiembre de 1931, 2,45 p.m. del 12 de agosto de 1932, 3 p.m. del 18 de abril de 1934, 10,10 horas del 1° de diciembre de 1936, 15.08 horas del 27 de diciembre de 1939, 10 horas del 13 de marzo de 1940, 15,10 horas del 25 de enero de 1944, 10,45 horas del 7 de junio de 1947, 53 de 14 horas del 25 de junio de 1952, 63 de 15,45 horas del 13 de junio de 1962, 112 de 16 horas del 4 de octubre de 1962, 72 de 9,50 horas del 25 de junio de 1968 y 79 de 14,30 horas del 10 de julio de 1970 y 707-2003 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia).-“, posición, también sostenida por ésta Cámara, que en casos como el presente, ha señalado: " Este proceso sólo debe conocer si efectivamente el notario cartuló estando suspendido, para lo cual la labor del juez se limita a determinar, con base en la fecha de publicación del edicto, cuál fue el período durante el cual rigió la suspensión y si el notario autorizó escrituras en esas fechas. No es posible en este proceso entrar a revisar la tramitación del expediente en que fue suspendido. Cualquier inconformidad con el mismo debió el notario gestionarla dentro de ese expediente" (Voto número 106-2002 de las diez horas quince minutos del veintidós de agosto del dos mil dos, reiterado, entre otros, en el Voto número 68-2004, de las diez horas cinco minutos del cuatro de marzo del dos mil cuatro y en el Voto número 49-04, de las once horas veinticinco minutos del doce de febrero del dos mil cuatro). Así las cosas, los supuestos y eventuales vicios ocurridos en la tramitación de un expediente, deben ser alegados y resueltos en el expediente en el que supuestamente acontecieron…”.(Voto No. 0171-2022 de las trece horas y treinta y siete minutos del dieciséis de noviembre del dos mil veintidós). En términos generales, esto fue lo resuelto por la autoridad de primera instancia al expresar que el acusado confunde lo resuelto por la Dirección Nacional de Notariado, con lo sucedido en este proceso y al argumentar que no interesaba en el caso, el mecanismo utilizado por la Dirección Nacional de Notariado para notificarlo del  procedimiento administrativo tramitado en ese órgano  y relacionado con los índices. Lo que debió probarse, en el caso, es que la sanción dispuesta por la Dirección Nacional de Notariado fue dejada sin efecto alguno,  pues  en la copia de la publicación aportada, se indicó que la medida disciplinaria aplicada, de veintiún meses de suspensión, se mantendría cumplido ese plazo, hasta que desapareciera la causa que dio origen a la suspensión y  los efectos de ese levantamiento no genera la desaparición del período de suspensión. Como no se probó cosa distinta, según quedó reflejado en el hecho no demostrado y al no apuntarse en el recurso,  de cuál prueba, analizada correctamente, puede desprenderse su dicho, debe partirse de la citada realidad, es decir: del marco probatorio fijado por el señor juez en su aparte de hechos demostrados. De ahí que tampoco sería aplicable una circular, que no detalló y que supuestamente es más beneficiosa, pues en todo caso debería alegarse dentro del citado expediente administrativo, pues ahí fue donde se le suspendió por lo ocurrido con los índices y la norma más beneficiosa, según se alega, está relacionada con ese tema.

Cosa Juzgada y Non bis in ídem: Por otra parte, no es cierto que el a quo lo haya condenado por simples errores respecto de los índices. Este proceso tiene una finalidad distinta y su causa se ubica en el irrespeto de una sanción firme dictada por la Dirección Nacional de Notariado y no en la falta o error en la presentación de esa relación de instrumentos que se informan al Archivo Notarial. De ahí que no exista ni cosa juzgada, ni transgresión al principio del non bis in ídem (no se probó que exista otro proceso, donde se juzgue al recurrente por haber cartulado estando suspendido, por causa de la vigencia de la medida dictada por la Dirección Nacional de Notariado, que relaciona este proceso), por lo que el agravio carece de potencia y necesita sustento jurídico.

Prescripción: La prescripción, denegada por la autoridad de primera instancia en el fallo recurrido, se combate ahora, bajo el criterio de que este proceso se ha prolongado por más de cuatro años. Lleva razón el recurrente -solo en cuanto a dicho lapso-, sin embargo, el artículo 164, que contempla los supuestos en que prescribe la acción disciplinaria, señala que  la notificación interrumpe la prescripción y que no corre en el trámite del proceso, por lo que, consecuentemente, el argumento no puede ser atendido, pues una vez notificado, no corre el citado plazo, con lo que acoger el argumento expuesto iría contra la citada norma que expresamente regula la situación en un sentido diverso del pretendido por el apelante.

Proporcionalidad de la Sanción. El numeral 145 del Código Notarial dispone que a los notarios se les impondrán suspensiones desde seis meses y hasta por tres años, cuando cartulen estando suspendidos. La sanción dispuesta en el caso, es la mínima contemplada en el artículo precitado, ante varios instrumentos autorizados sin que se contara con la habilitación requerida, es decir, estando suspendido. Así las  cosas, si bien el mínimo ahí previsto es alto, no se estima que sea desproporcionada, o que exista en su aplicación una suerte de inequidad (falta de igualdad). Aunque esta Cámara pueda apreciar  que la sanción legislativa es alta, se entiende que así debe ser, pues está en juego el respeto del régimen disciplinario como un todo y a los Jueces corresponde el cumplimiento de las leyes.

Como corolario de lo expuesto, no existiendo vicio de nulidad, debe confirmarse lo resuelto en lo que fue objeto de recurso.