Resolución 00139-2026

El 19 de noviembre de 2025, la señora [Nombre 001] solicitó que se decretaran medidas de protección a su favor y para ser cumplidas por el señor [Nombre 002]. En concreto, solicitó lo siguiente: “Que no me vuelva(n) a agredir y se me brinde protección policial. Que se le(s) prohíba ingresar nuevamente a mi casa, que no se me acerque(n), que no me vuelva(n) a agredir y se me brinde protección policial.”

En resolución de las 15:07 horas del 19 de noviembre de 2025, la jueza Angie Vanessa Rodríguez Salazar dictó la sentencia anticipada en la que decretó las siguientes medidas de protección:

“Inciso J). Se le prohíbe a [Nombre 002] que agreda de cualquier forma (física, psicológica, patrimonial o sexual), insulte, amenace o perturbe personalmente o por medio de terceras personas a [Nombre 001].- Esto incluye hacerlo vía telefónica, por mensajes de texto, correo electrónico, redes sociales o cualquier otro medio. Inciso K). Se le prohíbe a [Nombre 002] entrar al domicilio, permanente o temporal y al lugar de trabajo o estudio de [Nombre 001] tampoco se le podrá acercar a ningún lugar donde se encuentre.- Así mismo, se le prohíbe a [Nombre 002] acercarse a dichos lugares ni a la parte solicitante a una distancia de 500 metros.- Inciso Q). Se emite una orden de protección y auxilio policial, dirigida a la autoridad de Seguridad Pública del vecindario de la parte solicitante, la cual será portada para poder acudir a la autoridad más cercana en caso de amenaza de agresión dentro o fuera de su domicilio.- No obstante, se hace ver a la Fuerza de Policía que con dicho oficio o sin él, es parte de sus atribuciones generales, el velar por la integridad personal, los derechos y los bienes de la ciudadanía de conformidad  con el artículo 8 de la Ley General de Policía.-”

El 19 de noviembre de 2025, el señor [Nombre 002] fue notificado de esa resolución y el 25 de ese mismo mes y año solicitó que se celebrara la comparecencia prevista por el artículo 12 de la Ley contra la violencia doméstica. El juzgado la programó para las 13:30 horas del 22 de enero de 2026. Sin embargo, pese a haber sido debidamente notificadas la partes, la audiencia no se llevó a cabo debido a no se presentó ninguna de ellas. Ese mismo día, a las 13:41 horas, la jueza Angie Rodríguez Salazar emitió la sentencia integral, disponiendo el levantamiento de las medidas de protección que había decretado en la sentencia anticipada.

La señora [Nombre 001] apeló la sentencia de primera instancia, inconforme con la decisión que tomó la jueza Rodríguez Salazar de levantar la medidas de protección que se habían decretado en la sentencia anticipada. Alega que ella utiliza poco el correo electrónico y que, donde vive, la señal no es buena; que pasa muy ocupada y que, por ello, no se enteró con suficiente tiempo para presentarse al juzgado. Pide que se realice una nueva audiencia.

El juzgado de primera instancia admitió el recurso de apelación en la resolución que emitió a las 9:41 horas del 28 de enero de 2026, expresando que lo hacía “en el efecto devolutivo” y concediéndole a LAS DOS PARTES una audiencia por el plazo de tres días para que hicieran llegar “los motivos de inconformidad” “ante el Tribunal de Familia o bien ante este Despacho.” Luego les previno que “en el primer escrito que presenten ante el tribunal” señalaran “medio y lugar” para atender notificaciones, bajo apercibimiento de que mientras no lo hicieran, las resoluciones quedarían notificadas con el transcurso de veinticuatro horas después de dictadas.

Lo único correcto de esa resolución es que se admitió la apelación y que se concedió un plazo de tres días. La persona juzgadora que firmó esa resolución es responsable de su contenido, y, por ello, debió adecuarla a la legislación vigente, por lo que no sería atendible la excusa de que así está el modelo (machote).

No es correcto que el recurso de apelación se haya admitido en el efecto devolutivo porque, en esta especialidad, el artículo 15 de la Ley contra la violencia doméstica EXPRESAMENTE señala que “el admitir la apelación no suspenderá la ejecución de las medidas decretadas.” Tampoco es correcto que se haya concedido audiencia a “las partes” porque la parte que recurre necesariamente debe expresar los agravios -es decir, los motivos de inconformidad con lo resuelto- en el momento en que interpone el recurso, sin que sea necesario que los reitere posteriormente ni que esté permitido que los amplíe después de esa oportunidad. Por este motivo, el Tribunal no se referirá al escrito que presentó la señora [Nombre 001] el 29 de enero de 2026.

De acuerdo al artículo 102 del Código Procesal de Familia, la audiencia se concede A LA OTRA PARTE -y, si hubiera, también a quienes figuren como intervinientes-, y, a pesar de que esa norma utiliza inadecuadamente el lenguaje procesal al señalar que es para “que expresen agravios”, la audiencia se concede para que tengan oportunidad de referirse a la apelación presentada por la contraria, lo que generalmente realizan -cuando hacen uso de esta oportunidad- solicitando que el recurso se rechace -por razones de forma- o que la resolución combatida se confirme -por razones de fondo-, resultando también oportuno destacar que en materia procesal familiar no está contemplada posibilidad de que la parte contraria se adhiera al recurso.

Por otro lado, doña [Nombre 001] señaló una dirección de correo electrónico para recibir sus notificaciones y, de acuerdo al artículo 35 de la Ley de notificaciones judiciales, este señalamiento es válido para la segunda instancia. En tal virtud, en lo que ella respecta, es incorrecta la prevención que se hizo para que presentara un escrito ante este Tribunal señalando “medio y lugar” para atender notificaciones. En este tipo de asuntos, la prevención de señalar medio o lugar para recibir notificaciones únicamente se debe hacer cuando la parte no lo ha hecho, o bien, cuando ha señalado estrados o casillero en un lugar distinto al del asiento de este Tribunal. En este caso, la prevención era correcta únicamente con respecto al señor [Nombre 002] porque él decidió recibir sus notificaciones en estrados, pero como no cumplió la prevención, esta sentencia de segunda instancia se le tendrá por notificada con el solo transcurso de veinticuatro horas después de emitida, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de notificaciones judiciales.

Las razones de inconformidad expresadas por la señora ([Nombre 001]) no son de recibo porque la notificación de la resolución en la que se convocó a las partes a la comparecencia prevista por el artículo 12 de la Ley contra la violencia doméstica se le transmitió, correctamente, al medio que ella había señalado para esos efectos, y, por ello, es necesario que doña [Nombre 001] comprenda que tenía la responsabilidad de estar atenta y, si no lo hizo, esto no le puede atribuir al juzgado ni a la contraparte.

Sin embargo, es evidente que doña [Nombre 001] no cuenta con patrocinio letrado y, además, que su inconformidad consiste que la jueza decretó el cese de las medidas de protección que se habían ordenado en la sentencia anticipada porque ninguna de las partes se presentó a la comparecencia, ante lo cual lo que debe indicar esta Cámara es que la jueza incurrió en un craso error en la interpretación normativa al tomar esa decisión.

En estos procesos la decisión se adopta al inicio, mediante el dictado de una sentencia anticipada y, por ello, cuando en ella se decretan medidas de protección, estas solo pueden dejarse sin efecto en caso de que, LUEGO DE CELEBRADA LA COMPARECENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 12 DE LA LEY CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA, la autoridad judicial así lo decida. La persona que fue señalada como agresora debe acatar las medidas de protección desde el momento en que es notificada de la sentencia anticipada. En este modelo procesal -que se llama de “estructura monitoria” y, por ello, de “contradictorio invertido”-, el derecho de defensa de la persona que es señalada como agresora se garantiza otorgándosele la oportunidad de que solicite que se lleve a cabo la comparecencia prevista en el artículo 12 de la Ley contra la violencia doméstica, en caso de que se oponga a acatar las medidas de protección que le fueron impuestas. También está regulado que esa audiencia sea convocada de oficio en aquellos casos en que la persona que pide la protección se encuentre registrada como persona agresora y este Tribunal también ha considerado que se debe convocar de oficio cuando existen peticiones de protección recíprocas, pero no se profundizará al respecto porque esto no es lo que se presenta en este caso.

Volviendo a la comparecencia que se programa a petición de la persona que fue señalada como agresora, es esta persona la que tiene la obligación de comparecer a la audiencia y, en caso de que su oposición sea porque rebate los hechos que se le atribuyen, también tiene el deber de ofrecer la prueba para demostrar su versión. Si no se presenta -o si torna controvertidos los hechos, pero no demuestra sus afirmaciones- las medidas de protección se mantienen vigentes por todo el plazo por el que fueron dispuestas en la sentencia anticipada, precisamente porque el objeto de este proceso no es declarar, constituir, modificar o extinguir derechos, sino simplemente evitar que la violencia se produzca o se siga produciendo. En otras palabras, si la víctima no se presenta a la audiencia o no presenta pruebas que respalden su versión -cuando esta resulta controvertida-, las medidas de protección se mantienen en vigencia cuando la persona que es señalada como agresora tampoco comparece o cuando, habiendo controvertido los hechos, no demuestra sus afirmaciones. Es importante recordar que las declaraciones que rinden las partes en la propia audiencia se deben recibir bajo juramento y constituyen prueba, por lo que deben ser valoradas por la autoridad judicial. Téngase presente, además, que el artículo 13 de la Ley contra la violencia doméstica contempla que cuando los hechos resultan controvertidos, ambas partes suministran prueba y, luego de valorarla, la autoridad judicial no logra llegar a una conclusión en uno u otro sentido, las medidas de protección se mantienen en vigencia.

En este caso, la jueza de primera instancia cometió un grave error de interpretación de la normativa al decretar el cese de las medidas de protección, fundamentando su decisión únicamente en que no se presentó ninguna de las partes a la comparecencia. Por ello, el Tribunal revoca su sentencia y, en su lugar, dispone que las medidas de protección decretadas en la sentencia anticipada se mantendrán vigentes por todo el plazo allí dispuesto, es decir, hasta el 19 de noviembre de 2026.

Inmediatamente después de recibir el expediente, el a-quo deberá establecer la forma en que se debe dar el seguimiento.

IV.

XA7RS0BJZDU61MAURICIO CHACÓN JIMÉNEZ - JUEZ/A DECISOR/A

NHXQFYKMSOI61SANDRA SABORÍO ARTAVIA - JUEZ/A DECISOR/A

ORZQDTHP47YM61YERMA CAMPOS CALVO - JUEZ/A DECISOR/A

EXP: 25-000178-1509-VD

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