Resolución 00097-2026

El 19 de setiembre del 2025 la señora [Nombre 001] solicitó que se decretaran medidas de protección a su favor y para ser cumplidas por el señor [Nombre 002]. En concreto, solicitó lo siguiente: “Se me fije un nuevo domicilio, se le(s) prohíba ingresar nuevamente a mi casa, que no se me acerque(n), que no me vuelva(n) a agredir y se me brinde protección policial.”

En la sentencia anticipada que emitió a las 15:39 horas del 19 de setiembre del 2025, la jueza María José Herrera Corrales decretó las siguientes medidas de protección:

“Inciso B). Se autoriza a [Nombre 001], un domicilio diferente del común, para protegerle de futuras agresiones, pudiendo salir únicamente con sus objetos personales, documentos o instrumentos de trabajo o estudio.- Lo ordenado no define lo relativo a bienes gananciales, ya que tal pronunciamiento es potestad exclusiva de la jurisdicción de familia.-  Inciso J). Se le prohíbe a [Nombre 002] que agreda de cualquier forma (física, psicológica, patrimonial o sexual), insulte, amenace o perturbe personalmente o por medio de terceras personas a [Nombre 001].- Esto incluye hacerlo vía telefónica, por mensajes de texto, correo electrónico, redes sociales o cualquier otro medio.  Inciso K). Se le prohíbe a [Nombre 002] entrar al domicilio, permanente o temporal y al lugar de trabajo o estudio de [Nombre 001] tampoco se le podrá acercar a ningún lugar donde se encuentre.- Así mismo, se le prohíbe a [Nombre 002]  acercarse a dichos lugares ni a la parte solicitante a una distancia de 100 METROS.- Inciso Q). Se emite una orden de protección y auxilio policial, dirigida a la autoridad de Seguridad Pública del vecindario de la parte solicitante, la cual será portada para poder acudir a la autoridad más cercana en caso de amenaza de agresión dentro o fuera de su domicilio.- No obstante, se hace ver a la Fuerza de Policía que con dicho oficio o sin él, es parte de sus atribuciones generales, el velar por la integridad personal, los derechos y los bienes de la ciudadanía de conformidad con el artículo 8 de la Ley General de Policía.- ”

El 26 de setiembre del 2025, el señor [Nombre 002] solicitó que se celebrara la comparecencia prevista por el artículo 12 de la Ley contra la violencia doméstica. Esa audiencia se llevó a cabo el 25 de octubre del 2025 bajo la dirección del juez Carlos Mauricio Oviedo Carrera, quien, al finalizar, dispuso que las medidas se mantendrán por un año, hasta el 21 de setiembre de 2026. La sentencia integral la emitió a las 16:36 horas de 04 de noviembre de 2025.

La abogada Keylin Potoy Sequeira, en condición de apoderada especial judicial de la señora [Nombre 001], apeló la sentencia de primera instancia. Reconociendo que en ella se dispuso mantener en vigencia las medidas de protección que se decretaron en la sentencia anticipada, su inconformidad consiste en que no se ampliaron las medidas de protección a favor de los hijos de doña [Nombre 001] -uno de ellos procreado con el señor [Nombre 002]- y porque el juez “desestima que exista una amenaza de muerte, a pesar de los audios reproducidos en la audiencia.”

Sus agravios no son de recibo.

En los procesos contra la violencia doméstica, la decisión de decretar, o no, medidas de protección se adopta en la sentencia anticipada, luego de que se formula la petición correspondiente. Si alguna de las medidas solicitadas no son decretadas, la persona que solicita la protección tiene derecho a recurrir esa decisión inicial, aspecto sobre el cual no se profundizará por no tener relación con lo que presenta este proceso. Si todas las medidas de protección solicitadas se decretan y la persona obligada a acatarlas se opone a ello, entonces es procedente convocar a las partes a una comparecencia. En algunas ocasiones es pertinente convocar a la comparecencia de oficio, pero sobre esto tampoco se profundizará por la misma razón recién indicada. Cuando la comparecencia se celebra, inmediatamente después de finalizada, la autoridad judicial debe anunciar oralmente si mantiene en vigencia las medidas decretadas, si las modifica o si las deja sin efecto, y dentro de los tres días hábiles siguientes debe emitir y notificar la sentencia escrita, en la cual consignará las razones de hecho y de derecho que fundamentan su decisión. En este caso, la sentencia se emitió después del plazo indicado, pero no se decreta su nulidad por no haber sido peticionada. Quien no esté de acuerdo con la decisión adoptada, tiene derecho a recurrir la mediante la interposición de un recurso de apelación, el cual debe presentar dentro del plazo de tres días, contado a partir de la notificación a todas las partes.

En este caso, todas las medidas de protección que solicitó la señora [Nombre 001] fueron decretadas en la sentencia anticipada y luego de realizada la comparecencia, se mantuvieron en vigencia por el plazo establecido por la Ley. De esta forma, todo lo pedido fue concedido en la sentencia anticipada y luego esa decisión se mantuvo en la sentencia integral. Lo que la recurrente pretende es que se decrete medidas de protección a favor de OTROS beneficiarios, hijos de doña [Nombre 001], quienes son menores de edad. Su reclamo no es procedente porque ellos no fueron considerados como beneficiarios independientes y, sobre todo, porque en caso de haberse solicitado protección a su favor, la petición debería haberse denegado en virtud de que el único escenario en que los juzgados contra la violencia doméstica cuentan con competencia material para conocer de solicitudes de protección formuladas a favor de personas menores de edad es cuando estas residen en el mismo lugar que habita la persona señalada como agresora y lo que se pretende es que esta última sea retirada del domicilio común. En este caso no se solicitó que se ordenara la salida del señor [Nombre 002] del domicilio común. Fuera de este único escenario, las solicitudes de protección a favor de personas menores de edad ante situaciones de violencia cometida en el ámbito familiar se deben formular ante la Oficina Local del Patronato Nacional de la Infancia de la residencia habitual del niño, niña o adolescente, donde se la gestión se tramita y resuelve con base en el proceso especial de protección contemplado en el Código de la Niñez y la Adolescencia.

El otro reclamo de la apelante es porque el juez no consideró que se haya producido una amenaza de muerte, pero no es pertinente examinar el agravio porque esa inconformidad no implica, ni podría implicar, una modificación de lo resuelto, pues la decisión de mantener TODAS las medidas de protección por el plazo máximo contemplado en la Ley contra la violencia doméstica se mantiene incólume.

En la resolución de las 9:38 horas del 17 de noviembre de 2025, el juez Anthony Daniel Picado Beita admitió “en efecto devolutivo” el recurso de apelación que se presentó en contra de la sentencia y concedió a las dos partes el plazo de cinco días para que comparecieran ante este Tribunal o ante el propio juzgado de primera instancia para que “hagan llegar los motivos de inconformidad”. Además, les previno que señalaran medio para atender notificaciones, advirtiéndoles que si no lo hacen, las resoluciones posteriores, incluidas las sentencias, quedarán notificadas con el transcurso de veinticuatro horas después de dictadas.

Lo único correcto en esa resolución es que se admitió el recurso. No es pertinente anularla en aplicación del principio pas de nullité sans grief (no existe nulidad si no existe perjuicio) y tampoco sería admisible la excusa de que existe un modelo para esa resolución (machote), pues la persona juzgadora es responsable de verificar que su contenido coincida con las disposiciones legales; pero, para que en lo sucesivo el a-quo aplique correctamente la normativa vigente a la hora de admitir los recursos de apelación, se estima necesario señalar lo siguiente:

En la actualidad ya no está dispuesto que los recursos de apelación se admitan “en efecto suspensivo” o “en efecto devolutivo”. En el Código Procesal Civil de 1989 -el cual se aplicaba antes del 1 de octubre de 2024 en varios procesos de la materia de familia-, el artículo 563 explicaba la relevancia de la distinción nominal de los efectos en que se admitían las apelaciones al relacionarla con la posibilidad de ejecutar provisionalmente, o no, la resolución recurrida. Si se admitía en el efecto devolutivo, la resolución podía ser ejecutada, posibilidad que nunca existió en los procesos contra la violencia doméstica porque el artículo 15 de la Ley especial claramente dispone que “el admitir la apelación no suspenderá la ejecución de las medidas decretadas.”

Otros aspectos que están debidamente regulados en el ordenamiento jurídico son los siguientes:

Los escritos deben estar debidamente firmados. (Artículo 118 del Código Procesal de Familia) Puede utilizarse:

Firma autógrafa -es decir, manuscrita-;

Firma holográfica -mediante dispositivo o capturador de firmas utilizado por despachos y fiscalías electrónicas-;

Firma electrónica -que no es firma autógrafa, sino efectivamente electrónica donde su autenticidad está garantizada por medio de un código de barras, en la actualidad-, mediante registro como persona usuaria en el Poder Judicial; y,

Firma digital -basada en un certificado digital emitido por Autoridad Certificadora acreditada-. (2, 3 y 4 están contempladas en el Reglamento sobre expediente judicial electrónico ante el Poder Judicial) La inserción de la imagen de una firma en un escrito judicial no está autorizada en nuestro ordenamiento.

En algunos casos, los escritos deben ser firmados por la parte y su firma debe ser autenticada mediante la firma de una persona profesional en Derecho; en otros, pueden ser firmados solo por la parte, requiriéndose que se presenten personalmente; en otros, pueden ser firmados solamente por el abogado o la abogada, si consta que patrocina legalmente a la parte o si cuenta con un mandato que le autorice para actuar en su representación. (artículos 50, 51 y 118)

También está estipulado que la persona legitimada para recurrir es aquella a quien la resolución le causa perjuicio (Artículo 94); que todos los recursos deben estar fundamentados, bajo efecto de ser rechazados de plano en caso de no estarlo (artículo 97); que el plazo para recurrir resoluciones escritas mediante revocatoria y/o apelación es de tres días (artículos 99 y 100), y, con relación al recurso de apelación, cuáles son las resoluciones que lo admiten. (Artículo 101).

Cuando se ha interpuesto el recurso vertical, la obligación del juzgado es examinar si se cumplen los requisitos antes indicados. De no ser así, lo que procede es emitir una resolución en la que NO SE ADMITA el recurso, obviamente indicando el motivo; caso en el que la parte a quien no se le admitió tiene la opción de presentar un recurso de apelación por inadmisión en contra de esta última. (artículo 104)

Si el libelo impugnativo cumple con los requisitos, en primera instancia se debe admitir la apelación ante el superior y, en la misma resolución, se debe conceder audiencia a la otra parte -y a eventuales intervinientes- para que, en el plazo de tres días y ante el mismo juzgado, tengan oportunidad de referirse al recurso. La audiencia no se concede al apelante porque los agravios necesariamente los tuvo que haber consignado en el escrito que formuló el recurso. Una vez vencido ese plazo, se debe remitir el expediente al superior sin ulterior trámite. (Artículo 102)

Por último, la prevención para que las partes señalen medio para atender notificaciones y el apercibimiento que se hizo en caso de que no cumplieran con ello son incorrectos porque, en este proceso, ambas partes señalaron correos electrónicos para recibir notificaciones y el artículo 35 de la Ley de notificaciones judiciales dispone, con toda claridad, que “El señalamiento de un correo electrónico o fax, por tener ambos carácter nacional, valdrán para la segunda instancia y casación.” La prevención y el apercibimiento solo deben hacerse cuando la parte ha señalado un casillero o ha solicitado ser notificada en estrados y los órganos de alzada no tienen su asiento en el mismo lugar del juzgado. Valga indicar que el artículo 34 de esa misma Ley establece la obligación de las partes de señalar un MEDIO para atender sus notificaciones, pero expresamente excluye esta obligación para los procesos alimentarios y los procesos contra la violencia doméstica. Por este motivo, en estos procesos es válido el señalamiento de un lugar para recibir notificaciones, sin que esté establecido límite de distancia con los despachos judiciales.

III.

FYVARCGA47JA61MAURICIO CHACÓN JIMÉNEZ - JUEZ/A DECISOR/A

3QNDDVSUULE61SANDRA SABORÍO ARTAVIA - JUEZ/A DECISOR/A

TGCUNJSGIO061YERMA CAMPOS CALVO - JUEZ/A DECISOR/A

EXP: 25-000844-0870-VD

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