Resolución 00054-2026

El 3 de setiembre de 2025, el señor [Nombre 001] solicitó que se decretaran medidas de protección a su favor y para ser cumplidas por el señor [Nombre 002] y la señora [Nombre 004]. En concreto, solicitó lo siguiente: “Se les prohíba ingresar a mi casa, que no se me acerquen, que no me vuelvan a agredir y se me brinde protección policial."

En resolución de las 11:53 horas del 3 de setiembre de 2025, el juez Wilbert Felipe Granados Monge, del Juzgado Contravencional de Bribrí, dictó la sentencia anticipada en la que decretó las siguientes medidas de protección:

“Inciso J). Se le prohíbe a [Nombre 002], [Nombre 004]. que agreda de cualquier forma (física, psicológica, patrimonial o sexual), insulte, amenace o perturbe personalmente o por medio de terceras personas a [Nombre 001].- Esto incluye hacerlo vía telefónica, por mensajes de texto, correo electrónico, redes sociales o cualquier otro medio. Inciso K). Se le prohíbe a [Nombre 002], [Nombre 004] . entrar al domicilio, permanente o temporal y al lugar de trabajo o estudio de [Nombre 001]. tampoco se le podrá acercar a ningún lugar donde se encuentre.- Inciso Q). Se emite una orden de protección y auxilio policial, dirigida a la autoridad de Seguridad Pública del vecindario de la parte solicitante, la cual será portada para poder acudir a la autoridad más cercana en caso de amenaza de agresión dentro o fuera de su domicilio.- No obstante, se hace ver a la Fuerza de Policía que con dicho oficio o sin él, es parte de sus atribuciones generales, el velar por la integridad personal, los derechos y los bienes de la ciudadanía de conformidad con el artículo 8 de la Ley General de Policía.-”

El 10 de setiembre de 2025, el señor [Nombre 002] y la señora [Nombre 004] solicitaron que se celebrara la comparecencia prevista por el artículo 12 de la Ley contra la violencia doméstica. Esa audiencia se llevó a cabo el 21 de noviembre de 2025, bajo la dirección de la jueza Valerie Sancho Bermúdez, quien, al finalizar, dispuso mantener vigentes las medidas de protección en contra del señor [Nombre 002] y decretó el cese de las que se habían ordenado en contra de la señora [Nombre 004]. La sentencia integral la emitió a las 16:03 horas del 24 de noviembre de 2025.

El abogado Geovanny Astúa Arce, en condición de apoderado especial judicial del señor [Nombre 002] apeló la sentencia de primera instancia, inconforme porque la jueza Valerie Sancho Bermúdez dispuso mantener en vigencia las medidas de protección que se habían decretado en la sentencia anticipada a favor del señor [Nombre 001] y que deber ser cumplidas por don [Nombre 002]. Dentro de los agravios formulados, aduce que la jueza valoró indebidamente la prueba testimonial y que no valoró los relatos realizados por su representado y por la señora [Nombre 004]; que la sentencia carece de fundamentación porque la jueza se limitó a señalar que los testimonios rendidos por los testigos le merecen credibilidad porque fueron coherentes y fluidos, pero debió motivar su decisión valorando todos los medios probatorios que tuvo a su alcance. También censura que no se haya valorado prueba documental.

Los argumentos indicados por el recurrente constituyen alegatos relativos a vicios de nulidad y este Tribunal coincide en que la sentencia los presenta, sin que sea posible enmendarlos en este momento.

En primer lugar, de oficio se debe señalar que no se logra determinar cuáles son los HECHOS que la jueza considera que son configurativos de violencia. Lo único que consignó, en el apartado correspondiente, fue que el 19 de agosto de 2025 se produjo un altercado entre don [Nombre 001] y don [Nombre 002]. En toda sentencia, el marco fáctico que la persona juzgadora tiene por acreditado -y eventualmente por no acreditado- debe ser claro y preciso porque, de lo contrario, se lesiona el derecho de defensa en virtud de que los justiciables no logran determinar qué fue lo que se juzgó. Aunque no se requiere la extrema precisión en la redacción que se exige en otras materias, lo mínimo que se debe consignar son las circunstancias de modo, tiempo y lugar, o, en palabras sencillas, qué fue lo que pasó en concreto y cuándo y dónde sucedió el evento. Decir simplemente que dos personas tuvieron un altercado un día en particular es algo completamente genérico.

También debe indicarse que las personas que están involucradas en el proceso tienen el derecho y la obligación de declarar y, en tal virtud, sus declaraciones deben ser recibidas bajo juramento, previa advertencia de las consecuencias que se producen en caso de que falten a la verdad. Sin embargo, si la persona juzgadora omite esa advertencia y recibe las declaraciones de la partes sin juramento, este Tribunal ha considerado que aunque existe un vicio, no se debe decretar nulidad porque el error lo cometió la autoridad judicial, no la persona que declaró. Ahora bien, el hecho de que el juez o la jueza lea los hechos que se expusieron cuando se solicitó la protección y luego se limite a consultar a quien solicitó la protección si los ratifica, constituye una violación a ese derecho que tiene la persona a ser escuchada, pues lo que se deberá valorar en la sentencia no es solo lo que dice (Si lo que dijo fue “ratifico lo que dije otro día”, es imposible hacer una valoración de esa declaración), sino también el lenguaje no verbal - es decir, cómo lo dice- y, además, se debe garantizar el derecho que tiene la parte contraria a formularle preguntas, pues eso es parte del debido proceso. Lo más relevante de todo esto es que, como recién se indicó, la declaración de parte es prueba y, como tal, debe ser valorada. En este caso, tal como censura el apelante, la sentencia es completamente omisa en valorar las declaraciones que rindieron el señor [Nombre 002] y la señora [Nombre 004], y, además, es evidente que no se valoró la declaración del señor [Nombre 001] porque ni siquiera se le permitió referirse a los hechos. Valga indicar que la jueza también le consultó a don [Nombre 001] si había sucedido algún otro hecho con posterioridad, finalidad de la pregunta que no le resulta comprensible a este Tribunal porque los hechos que se juzgan son los que fueron expuestos cuando se solicitó la protección, no otros posteriores.

Por otro lado, la jueza transcribió las declaraciones de las testigos [Nombre 007] y [Nombre 008], pero no valoró sus testimonios porque, como también censura el apelante, se limitó a indicar que les daba credibilidad porque fueron contestes, básicamente. En este sentido, la ausencia de valoración intelectiva es clara.

Finalmente, se aprecia que, en la audiencia, la jueza admitió los videos que le fueron ofrecidos indicando que los valoraría en la sentencia, pero cuando la emitió, no lo hizo. Según se indica en la apelación, esta prueba fue ofrecida para que se pudiera apreciar dónde se ubican las casas de habitación de las partes y dónde sucedieron los hechos para, con ello, demostrar que el testigo Netland no tenía posibilidad de observarlos. La omisión de valoración de esta prueba configura el vicio de preterición probatoria.

Por las razones expresadas, la decisión de este Tribunal consiste en anular la sentencia de primera instancia, en lo que ha sido apelado, y, además, para evitar nulidades futuras, ordenar que se programe y SE CELEBRE una comparecencia dentro de los quince días hábiles siguientes al recibo del expediente, para que el señor [Nombre 001] tenga la oportunidad de declarar con relación a los hechos, audiencia en la que evidentemente podrá participar el señor [Nombre 002] y su apoderado especial judicial.

La comparecencia deberá estar presidida por la jueza Valerie Sancho Bermúdez incluso en caso de que no estuviera nombrada en el juzgado. Inmediatamente después de finalizada, deberá anunciar oralmente la decisión de mantener en vigencia, de modificar o de decretar el cese de las medidas de protección que, con relación a don [Nombre 002], se ordenaron en la sentencia anticipada y, dentro de los tres días siguientes, deberá notificar la sentencia integral escrita. Si resultara materialmente imposible que la jueza Sancho celebre esa audiencia, el juzgado deberá anular la comparecencia anterior y celebrar una nueva desde el inicio y solo en lo que respecta a don [Nombre 002], también dentro de los quince días siguientes al recibo del expediente.

En la resolución que admitió el recurso de apelación se indica, de forma contradictoria, que este se admitió “en efecto devolutivo” y que “se aclaraba” a las partes que la admisión del recurso no suspende la ejecución de las medidas decretadas”. La contradicción surge porque cuando era necesario distinguir el efecto en el que se admitía la apelación -es decir, cuando se aplicaba el Código Procesal Civil de 1989-, la admisión en el efecto devolutivo implicaba que la resolución combatida podía ser ejecutada. En la actualidad, en materia de familia, por regla general, la resolución recurrida es ejecutable aunque sea apelada, y, por excepción, se debe indicar expresamente que no se ejecutará porque podría provocarse un daño irreparable, se trate de una situación de imposible restauración o cuando lo disponga una norma de forma expresa. Tampoco se puede ejecutar la sentencia apelada que resuelva sobre el estado civil de las personas, el desplazamiento de la filiación y la que autoriza la salida del país de una persona menor de edad para efectos de cambio de residencia en el exterior. En la especialidad contra la violencia doméstica, basta indicar que la admisión del recurso no implica la suspensión de las medidas de protección decretadas porque esto es lo que establece, explícitamente, el artículo 15 de la Ley especial.

Por otro lado, en esta especialidad también resulta pertinente y relevante que, al admitir la apelación, se indique si existe algún pronunciamiento que sí adquiere firmeza. En este caso, la jueza Valeria Sancho Bermúdez dispuso mantener en vigencia las medidas de protección que debe acatar el señor [Nombre 002] y, además, decretó el cese de las que debía cumplir la señora [Nombre 004]. La segunda decisión no fue apelada por el señor [Nombre 007], por lo que el referido cese ya se encuentra firme. En estas circunstancias, también resulta pertinente que se comunique al Registro de personas obligadas a cumplir medidas de protección el cese antes indicado, para que allí se tome nota del resultado final.

Por otro lado, en esa resolución que admitió la apelación también se indicó que se concedía audiencia a las partes por el plazo de tres días, para que hicieran llegar los motivos de inconformidad ante “el Tribunal de Familia o bien ante este despacho” y, además, se les previno que señalaran medio y lugar para atender sus notificaciones, indicándoles que, de no hacerlo, las resoluciones posteriores se tendrían por notificadas con el solo transcurso de veinticuatro horas.

Lo único correcto de esa resolución es el plazo de tres días. De acuerdo al artículo 97 del Código Procesal de Familia, la parte que se muestra inconforme con una resolución judicial tiene derecho a recurrirla, debiendo consignar los motivos de inconformidad cuando formula el recurso. El artículo 102 ibidem establece que cuando la apelación se admite, se debe conceder audiencia A LA OTRA PARTE y, eventualmente, a los intervinientes. Si bien esta norma menciona que la audiencia se les concede “para que expresen agravios”, ese término es procesalmente incorrecto porque quien expresa agravios es la persona que no está conforme con la resolución judicial y, como recién se indicó, debe expresarlos cuando interpone el recurso. La audiencia se concede A LA OTRA PARTE para que tenga la oportunidad de referirse al recurso que presentó la contraria. Cuando contesta esta audiencia, por lo general, hace valer sus derechos solicitando que el recurso sea rechazado -por razones de forma- o que la resolución combatida sea confirmada. En estos procesos, esta manifestación se puede hacer oralmente o por escrito, pero siempre ANTE EL MISMO JUZGADO, no ante este Tribunal, y, una vez vencido el plazo, se debe remitir el expediente al superior SIN ULTERIOR TRÁMITE.

Finalmente, en este proceso TODAS las partes señalaron sendas direcciones de correo electrónico para recibir sus notificaciones y, por consiguiente, a estas es que se debe transmitir las resoluciones de alzada, Así lo dispone el artículo 35 de la Ley de notificaciones judiciales con toda claridad. La advertencia que hizo el juzgado solo es pertinente cuando la parte ha señalado casillero o ha indicado que recibirá las notificaciones en estrados, y los despachos de primera y segunda instancia tienen asientos diferentes. Ni siquiera se debe hacer esa advertencia cuando la parte ha señalado un lugar para recibir sus notificaciones porque, en esta especialidad contra la violencia doméstica, eso se encuentra permitido, por lo que, de haberse señalado, las resoluciones de alzada se deben notificar en este.

Todos los errores indicados generan confusión a las partes y no resulta admisible la excusa de que los modelos de resolución (machotes) ya están hechos, porque la responsabilidad de las autoridades judiciales es que el contenido de las resoluciones que firman corresponda con las disposiciones legales.

Tome nota el a-quo de lo indicado en el

IV.

Se mantiene incólume la sentencia de primera instancia en cuanto decretó el cese de las medidas de protección que debía acatar la señora [Nombre 004]. Remita el a-quo un oficio al Registro de personas obligadas a cumplir medidas de protección informando el cese antes indicado, para que allí se tome nota del resultado final.

NJXR4OFTSJ461MAURICIO CHACÓN JIMÉNEZ - JUEZ/A DECISOR/A

FDJOIPDVMN861SANDRA SABORÍO ARTAVIA - JUEZ/A DECISOR/A

JNFOPWXCK6U61YERMA CAMPOS CALVO - JUEZ/A DECISOR/A

EXP: 25-000602-1538-VD

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