Resolución 00031-2026

El 29 de abril de 2024, el señor [Nombre 001] solicitó que se decretaran medidas de protección a su favor y para ser cumplidas por [Nombre 003], [Nombre 002] y [Nombre 004]. En concreto, solicitó lo siguiente: “Que no me vuelva(n) a agredir, Que me devuelvan el control de mi plata, la tarjeta, Que se les prohíba suministrar medicamentos y que se le entreguen las listas de medicamentos, nombres y dosis, lugar donde los adquieren si fueran de la CCSS o por privado y se le autorice a [Nombre 005] a realizar los trámites correspondientes y se me brinde protección policial.”

Con relación a la señora [Nombre 002], en resolución de las 14:22 horas del 6 de septiembre de 2024, la jueza Ivannia de los Ángeles Quesada Quirós dictó la sentencia anticipada en la que decretó las siguientes medidas de protección:

“MEDIDAS ATIPICAS OTORGADAS:

Se le ordena a [Nombre 002] entregar de forma inmediata a la notificación de ésta resolución, la tarjeta bancaria propiedad del señor [Nombre 001] a éste.

Se le ordena a [Nombre 002] que dentro del plazo de CINCO DIAS deberá realizar las acciones necesarias para restituir el crédito en favor del señor [Nombre 001], en el Supermercado y la Verdurería donde éste acostumbraba tenerlo al momento de interposición de ésta denuncia.

MEDIDAS TIPICAS OTORGADAS:

Inciso J). Se le prohíbe a [Nombre 002] que agreda de cualquier forma (física, psicológica, patrimonial o sexual), insulte, amenace o perturbe personalmente o por medio de terceras personas, telefónicamente, por mensajes de texto, correo electrónico, redes sociales o cualquier otro medio a la persona agredida [Nombre 001].-

Inciso Q). Se emite una orden de protección y auxilio policial, dirigida a la autoridad de Seguridad Pública del vecindario de la parte solicitante, la cual será portada para poder acudir a la autoridad más cercana en caso de amenaza de agresión dentro o fuera de su domicilio.- No obstante, se hace ver a la Fuerza de Policía que con dicho oficio o sin él, es parte de sus atribuciones generales, el velar por la integridad personal, los derechos y los bienes de la ciudadanía de conformidad con el artículo 8 de la Ley General de Policía.-” (sic)

El 12 de septiembre de 2024, la señora [Nombre 002] solicitó que se celebrara la comparecencia prevista por el artículo 12 de la Ley contra la violencia doméstica.

Posteriormente, sin que se haya llevado a cabo la comparecencia prevista por el artículo 12 de la Ley contra la violencia doméstica por inasistencia de la señora [Nombre 002], en sentencia de las 15:48 horas del 22 de octubre de 2025, la jueza Ivannia de los Ángeles Quesada Quirós confirmó las medidas de protección que se habían decretado en la sentencia anticipada y por encontrarse vencido el plazo máximo de vigencia de las medidas, ordenó el archivo del presente proceso, dispuso que se cancelara “el asiento de la obligada en el Registro de Personas Obligadas a Cumplir Medidas de Protección en el plazo de cinco años” y eximió a doña [Nombre 002] del pago de las costas.

El señor [Nombre 005], quien figura como interviniente, solicita que se revoque la sentencia de primera instancia, manteniéndose en vigencia las medidas típicas que se ordenaron en este proceso para que la señora [Nombre 002] no pueda volver a agredir a su padre, señor [Nombre 001], y él tenga la garantía de vivir en un ambiente libre de agresión; que se mantenga el asiento con la información de la señora [Nombre 002] en el Registro de personas obligadas a cumplir medidas de protección por cinco años, y, que se condene en costas a la señora [Nombre 002].

El apelante motiva su recurso, en gran medida, censurando la forma en que se ha tramitado este asunto, pues considera que eso provocó demoras injustificadas y, con ello, que se haya producido el vencimiento de las medidas de protección que se habían dispuesto a favor de su padre. Además, expresa que aunque varias de las medidas de protección decretadas ya no son necesarias, esto sucede porque se encontró una solución diferente, ya que se solicitó que se expidiera una nueva tarjeta a nombre de don [Nombre 001] así como que fue él (don [Nombre 005]) quien realizó las gestiones para que su padre pudiera volver a tener crédito en un supermercado, pues la señora [Nombre 002] no cumplió con las órdenes que se le giraron para que devolviera la tarjeta y gestionara que se reactivara el crédito antes indicado.

La primera pretensión recursiva concreta formulada por el apelante es que se mantenga en vigencia las medidas de protección típicas, pero su argumentación es jurídicamente incorrecta. Este tipo de procesos no son declarativos, constitutivos, modificativos ni extintivos de derechos, sino que son de naturaleza urgente, cuyo propósito consiste, únicamente, en decretar medidas de protección para evitar que se produzca -o que se deje de producir- actos configurativos de violencia física, psicológica, sexual o patrimonial en el ámbito familiar y/o en perjuicio de personas adultas mayores o con discapacidad. Como esta es su naturaleza, las medidas de protección por lo general se decretan por un plazo determinado y, a su vencimiento, cesan por el simple transcurso del tiempo.

Esta Cámara ha señalado que, si bien es cierto que el artículo 4 de la Ley contra la violencia doméstica señala que el plazo máximo por el que se mantienen las medidas de protección es de un año, se debe comprender, por un lado, que no todas tienen esa duración porque hay algunas que se agotan inmediatamente después de realizadas (como sucede cuando se decreta la medida contemplada en el inciso n) del artículo 3, por ejemplo), y, por el otro, que ese plazo máximo no necesariamente aplica cuando la protección se solicita a favor de personas adultas mayores, pues, si bien es cierto que el artículo 57 de la Ley integral para la persona adulta mayor remite a la Ley contra la violencia doméstica para combatir la violencia física, psicológica, sexual o patrimonial que se realiza en contra de personas mayores de sesenta y cinco años, la remisión es únicamente al procedimiento y a las medidas de protección, no al plazo de vigencia máximo de estas últimas. En virtud de lo anterior, se ha explicado que, en estas situaciones, es posible decretar medidas de protección disponiendo que estas estén vigentes por un plazo igual, menor o mayor a un año.

En este caso, en lo que respecta a la señora [Nombre 002], en la resolución de las 14:22 horas del 6 de setiembre de 2024, la jueza Ivannia de los Ángeles Quesada Quirós decretó dos medidas de protección atípicas que, por su contenido, quedarían agotadas con su cumplimiento, y dos medidas de protección típicas que estarían vigentes por un plazo determinado, disponiendo explícitamente que este sería de un año. Las primeras consistieron en ordenarle a doña [Nombre 002] que debía entregarle a don [Nombre 001], de forma inmediata a la notificación de la resolución, la tarjeta bancaria que le pertenece a él, y que, dentro del plazo de cinco días, debía realizar las gestiones necesarias para restituir el crédito que él tenía en el supermercado y verdulería donde él acostumbraba a tenerlo al momento de interposición de este proceso. Las segundas consistieron en prohibirle que agrediera de cualquier forma a don [Nombre 001] y en emitir una orden de protección y auxilio policial. En esa misma resolución también le advirtió a doña [Nombre 002] que si incumplía una o varias de las medidas, se testimoniarían piezas al Ministerio Público.

La señora [Nombre 002] fue notificada personalmente de esa resolución el 6 de setiembre de 2024. En estas circunstancias, solo de manera informativa porque en el recurso no se pide nada con relación a las medidas atípicas, si doña [Nombre 002] no cumplió con las primeras dos medidas de protección y la persona que solicitó la protección consideraba necesario acusar este incumplimiento a pesar de que ya había logrado una solución idónea relativas a la tarjeta y al crédito, lo que procedía era que esto se informara al juzgado para que confeccionara el testimonio de piezas ante el Ministerio Público. Da la impresión de que, al haberse logrado el fin buscado por otros medios, no se consideró necesario acusar el incumplimiento, sobre todo teniéndose presente que la materia penal ha de ser la ultima ratio. Con relación a las medidas de protección típicas que se decretaron por el plazo de un año, si este plazo se consideraba insuficiente, se debió recurrir ese extremo de la resolución que lo dispuso, pero no se hizo, y, ahora, jurídicamente no es posible mantener en vigencia las medidas de protección que estaban sometidas a ese plazo porque estas vencieron desde el 6 de setiembre de 2025. Conviene señalar que, sobre este particular, en el voto 2025000573, de las 10:14 horas del 2 de octubre de 2025, este Tribunal había hecho ver “que no tiene trascendencia si ya ha transcurrido el plazo de vigencia de las medidas de protección porque, aunque estén vencidas, la persona que fue señalada como agresora tiene derecho a ejercer su defensa.” En todo caso, si se presenta una nueva conducta configurativa de violencia, es posible formular una nueva solicitud de protección.

Con relación a la cancelación del asiento de la señora [Nombre 002] en el Registro de personas obligadas a cumplir medidas de protección, se comprende que el recurrente haya formulado una censura porque la redacción de este punto de la sentencia, de alguna manera, llama a la confusión. Sin embargo, de la lectura reposada se desprende que lo que dispuso la jueza fue que ese asiento deberá ser cancelado dentro de cinco años -el cual debe contarse a partir de la última resolución comunicada-, y esto es correcto porque es lo que dispone el cuarto párrafo del artículo 4 de la Ley contra la violencia doméstica.

Finalmente, el Tribunal tampoco hace lugar a la pretensión recursiva de que se condene a la señora [Nombre 002] al pago de las costas porque no considera que exista mérito para variar su línea jurisprudencial que ha consistido en señalar que, por regla general, este tipo de procesos se resuelven sin especial condenatoria en costas. En todo caso, la conducta procesal de doña [Nombre 002] se puede considerar de buena fe, pues de las tres comparecencias que se señalaron, una no se llevó a cabo por una condición médica de la jueza y la otra por una condición médica de su abogada, y, si bien ella no acudió a la tercera, esta ausencia no se puede interpretar como constitutiva de mala fe, precisamente porque ya había vencido el plazo máximo de vigencia de las medidas de protección.

El juzgado de primera instancia admitió el recurso de apelación en la resolución de las 7:39 horas del 10 de noviembre de 2025. En esa resolución concedió el plazo de tres días a las partes para que hicieran llegar los motivos de su inconformidad ANTE EL TRIBUNAL DE FAMILIA O BIEN ANTE ESTE DESPACHO. lo que se ha destacado en mayúscula no está correcto.

Cuando se formula un recurso de apelación por escrito -en contra de una resolución también escrita-, se debe verificar lo siguiente:

a)     Que el escrito esté debidamente firmado. (Artículo 118 del Código Procesal de Familia) Puede utilizarse:

Firma autógrafa -es decir, manuscrita-;

Firma holográfica -mediante dispositivo o capturador de firmas utilizado por despachos y fiscalías electrónicas-;

Firma electrónica -que no es firma autógrafa, sino efectivamente electrónica, mediante registro como persona usuaria en el Poder Judicial-; y,

Firma digital -basada en un certificado digital emitido por Autoridad Certificadora acreditada-. (2, 3 y 4 están contempladas en el Reglamento sobre expediente judicial electrónico ante el Poder Judicial) La inserción de la imagen de una firma en un escrito judicial no está autorizada en nuestro ordenamiento.

En algunos casos, los escritos deben ser firmados por la parte y su firma debe ser autenticada mediante la firma de una persona profesional en Derecho; en otros, pueden ser firmados solo por la parte, requiriéndose que se presenten personalmente; en otros, pueden ser firmados solamente por el abogado o la abogada, si consta que patrocina legalmente a la parte o si cuenta con un mandato que le autorice para actuar en su representación. (artículos 50, 51 y 118)

b)     Que la persona esté legitimada para recurrir. Esta persona es aquella a quien la resolución le causa perjuicio (Artículo 94);

c)     Que el recurso esté fundamentado, es decir, que contenga las razones de inconformidad. En caso de no estarlo, debe ser rechazado de plano (artículo 97).

d)     Que se haya presentado en el plazo de tres días. (artículos 99 y 100),

e)     Que la resolución admita el recurso vertical. (Artículo 101).

Cuando se ha interpuesto el recurso vertical, la obligación del juzgado es examinar si se cumplen los requisitos antes indicados. De no ser así, debe emitir resolución indicando el motivo por el que NO admite el recurso y, en este caso, la parte tiene la opción de presentar un recurso de apelación por inadmisión en contra de esta última. (artículo 104)

Si el libelo impugnativo presentado por una de las partes cumple con los requisitos, en primera instancia se debe admitir la apelación ante el superior y, en la misma resolución, se debe conceder audiencia A LA OTRA PARTE -y a eventuales intervinientes- para que, en el plazo de tres días y ANTE EL MISMO JUZGADO, tengan oportunidad de referirse al recurso. (Si el recurso lo interpone un interviniente, sí se concede audiencia a las dos partes.) Una vez vencido ese plazo, se debe remitir el expediente al superior SIN ULTERIOR TRÁMITE. (Artículo 102) Si bien es cierto que este artículo indica que la audiencia se concede “para que expresen agravios” y también menciona que “Cuando se ofrezca prueba con el recurso o en los agravios de quienes no han recurrido”, es claro que el concepto no es técnicamente correcto. En lenguaje procesal, quien expresa agravios es la persona que se muestra inconforme con la resolución judicial, precisamente porque estos son los motivos por los que objeta la decisión. Por eso su deber consiste en expresarlos cuando interpone el recurso. (Art.

Cuando el recurso se admite, se concede audiencia A LA OTRA PARTE -y a eventuales intervinientes- (o a las dos partes si el recurso lo interpuso un interviniente) para que tengan oportunidad de referirse a la apelación, es decir, para que hagan valer sus derechos, lo que generalmente se hace solicitándose que el recurso sea rechazado -por incumplirse requisitos-, o en su defecto, que se confirme la resolución recurrida.

III.

69CXICJULPA61MAURICIO CHACÓN JIMÉNEZ - JUEZ/A DECISOR/A

BZFQETDKECK61SANDRA SABORÍO ARTAVIA - JUEZ/A DECISOR/A

DICM6RGAL43E61YERMA CAMPOS CALVO - JUEZ/A DECISOR/A

EXP: 24-000103-1486-VD

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