Resolución 00697-2025

El 18 de junio de 2025, ante el Juzgado contra la Violencia Doméstica y de Protección Cautelar de Upala, la señora [Nombre 001] solicitó que se decretaran medidas de protección a su favor y para ser cumplidas por la señora [Nombre 002]. En concreto, solicitó lo siguiente: “Se le(s) ordene la salida inmediata de mi casa, se le(s) prohíba ingresar nuevamente, que no se me acerque(n), que no me vuelva(n) a agredir y se me brinde protección policial”.

En sentencia anticipada de las 9:18 horas del 18 de junio de 2025, la jueza Mariana Otilia Corea Erazo, decretó las siguientes medidas de protección:

“Inciso A). Se ordena a [Nombre 002] la salida inmediata del domicilio común, pudiendo sacar de la vivienda únicamente sus objetos personales, documentos o instrumentos de trabajo o estudio. En el término de veinticuatro horas, deberá informar a este despacho la dirección exacta de su nueva residencia.- La misma obligación tendrá cada vez que cambie de residencia. Si se resiste o incumple la orden de salida será obligado(a) por la Fuerza Pública, y se testimoniarán piezas por el delito de incumplimiento de una medida de protección. Los/as oficiales actuantes, deberán permanecer dentro de la vivienda al momento de ejecución de esta medida para brindar la protección requerida.- Lo ordenado no define lo relativo a bienes gananciales, ya que tal pronunciamiento es potestad exclusiva de la jurisdicción de familia.- Inciso J). Se le prohíbe a [Nombre 002] que agreda de cualquier forma (física, psicológica, patrimonial o sexual), insulte, amenace o perturbe personalmente a [Nombre 001] y a [Nombre 003].- Esto incluye hacerlo vía telefónica, por mensajes de texto, correo electrónico, redes sociales o cualquier otro medio. Inciso K). Se le prohíbe a [Nombre 002] entrar al domicilio, permanente o temporal y al lugar de trabajo o estudio de [Nombre 001] y [Nombre 003], tampoco se le podrá acercar a ningún lugar donde se encuentre.- Así mismo, se le prohíbe a [Nombre 002] acercarse a dichos lugares ni a la parte solicitante a una distancia de 500 METROS. Inciso Q). Se emite una orden de protección y auxilio policial, dirigida a la autoridad de Seguridad Pública del vecindario de la parte solicitante, la cual será portada para poder acudir a la autoridad más cercana en caso de amenaza de agresión dentro o fuera de su domicilio.- No obstante, se hace ver a la Fuerza de Policía que con dicho oficio o sin él, es parte de sus atribuciones generales, el velar por la integridad personal, los derechos y los bienes de la ciudadanía de conformidad con el artículo 8 de la Ley General de Policía.-” (sic)

La comparecencia se señaló de oficio en la sentencia anticipada y se llevó a cabo el 25 de agosto de 2025 bajo la dirección de la jueza Mariana Corea Erazo, quien, al finalizar, indicó que el resultado de lo que se decida será notificado a la los medios señalados. La sentencia integral número 2025000351 la emitió a las 10:09 horas del 14 de septiembre de 2025, disponiendo mantener vigentes las medidas de protección otorgadas inicialmente.

Preliminarmente debe indicarse que en la resolución de las 8:47 horas del 18 de setiembre de 2025, el juzgado de primera instancia admitió el recurso de apelación “en efecto DEVOLUTIVO” y concedió el plazo de CINCO días para que las partes hicieran llegar los motivos de su inconformidad ante el Superior. También les previno que debían señalar medio y lugar para atender notificaciones, apercibiéndolas de que si no lo hacían, las resoluciones posteriores quedarían notificadas con el transcurso de veinticuatro horas después de dictadas.

Para que en lo sucesivo la a-quo aplique correctamente la normativa vigente a la hora de admitir los recursos de apelación, se estima necesario señalar que en la actualidad ya no está dispuesto que los recursos de apelación se admitan en efecto suspensivo o en efecto devolutivo. El Código Procesal de Familia  en su artículo 96, no hace referencia a que el recurso se tenga que admitir en el efecto suspensivo o en el efecto devolutivo, tal como se aprecia a continuación:

Artículo

Efectos de la interposición de los medios de impugnación en cuanto a los plazos y las ejecuciones. La impugnación de una resolución judicial no interrumpirá ni suspenderá la ejecución de lo resuelto, salvo cuando de la ejecución provisional resulte un daño irreparable, se trate de una situación de imposible restauración o cuando lo disponga una norma de forma expresa.

No se ejecutará la sentencia que resuelva sobre el estado civil de las personas, el desplazamiento de la filiación y la resolución que autoriza la salida del país de un menor de edad para efectos de cambio de residencia en el exterior, hasta que se encuentre firme.

Cuando se trate de sentencias de condena, la parte victoriosa puede pedir la ejecución de esta con el otorgamiento de las garantías necesarias a criterio del despacho.

Si el libelo impugnativo cumple con los requisitos, en primera instancia se debe admitir la apelación ante el superior y, en la misma resolución, se debe conceder audiencia a la otra parte -y a eventuales intervinientes- para que, en el plazo de tres días y ante el mismo juzgado, tengan oportunidad de referirse al recurso. La audiencia no se concede al apelante porque sus agravios necesariamente los tuvo que haber consignado en el escrito que formuló el recurso.

No es pertinente consignar que el recurso se admite en efecto devolutivo o suspensivo porque, como antes se indicó, el artículo 96 ya dispone, como regla, que las resoluciones son ejecutables a pesar de estar apeladas, y, como excepción, cuáles no lo son. Lo que sí podría resultar pertinente, cuando así se considere, es consignar, de manera fundada, que la resolución no se ejecutará mientras no sea resuelto el recurso de apelación porque la ejecución provisional puede producir un daño irreparable o se trata de una situación de imposible restauración porque estos son conceptos indeterminados.

Por último, la prevención para que las partes señalen medio y lugar para atender notificaciones y el apercibimiento que se hizo en caso de que no cumplieran con ello son incorrectos porque, en este proceso, ambas partes señalaron correos electrónicos para recibir notificaciones y el artículo 35 de la Ley de notificaciones judiciales dispone, con toda claridad, que “El señalamiento de un correo electrónico o fax, por tener ambos carácter nacional, valdrán para la segunda instancia y casación.” Por otro lado, el artículo 58 ibidem permite que, en este tipo de procesos, la parte señale un lugar para atender notificaciones sin contemplar restricción de distancia con respecto al despacho judicial, y no existe normativa que reglamente ESA LEY, de manera tal que cuando se ha señalado lugar, la notificación debe llevarse a cabo en él. La prevención y el apercibimiento solo deben hacerse cuando la parte ha señalado un casillero o ha solicitado ser notificada en estrados y los órganos de alzada no tienen su asiento en el mismo lugar del juzgado.

AGRAVIOS. La señora [Nombre 002] presentó un recurso de apelación en contra la sentencia de primera instancia. Expone los siguientes alegatos: (1) Que se le ordenó la salida de un bien que se discute como ganancial en el divorcio que se tramita en el expediente 23-000351-1517-FA. Lo que afecta sus derechos patrimoniales y de posesión. Que en la sentencia impugnada se reconoce que el Juzgado contra la Violencia Doméstica no tiene competencia para pronunciarse sobre la titularidad de los bienes. (2) Considera que la medida de protección que ordena el desalojo es desproporcional y que le causa perjuicio. (3) Que en la sentencia se reconoce que el riesgo "ha mermado" por lo que estima que no es proporcional mantener la orden de desalojo que la priva del acceso a la vivienda y a su patrimonio.

La petición específica de la recurrente es que se revoque la sentencia en cuanto mantiene vigente la medida reconocida con la letra A), que se dispongan medidas alternativas "menos lesivas que garanticen la protección" de la solicitante sin sacrificar "de manera desproporcionada mis derechos sobre un inmueble sujeto a discusión en sede de familia" y que se mantengan las demás medidas de protección que resulten necesarias dentro de un marco de proporcionalidad.

A juicio de este Tribunal, la inconformidad de la recurrente no es atendible, por lo que se procede confirmanado la sentencia de primera instancia. Las razones son las siguientes:

Sin poner en duda, académicamente, que la medida de protección en la que se ordena que la persona señalada como agresora salga del domicilio común es de naturaleza autosatisfactiva -pues efectivamente se perfecciona cuando la persona sale de la casa de habitación-, el criterio que ha sostenido de forma unánime esta Sección Primera del Tribunal Tribunal, desde vieja fecha, ha sido que esta medida de protección es revisable en la comparecencia, pudiéndose dejar sin efecto en la sentencia que se emite a continuación, y, en caso de que en esta se mantenga en vigencia, también puede ser revisada por el órgano jurisdiccional de alzada. Los procesos contra la violencia doméstica tienen una estructura monitoria y, por ello, las medidas de protección se decretan mediante una sentencia anticipada, sin haberse escuchado a la parte contraria. Sin embargo, una vez emitida, si la persona señalada como agresora no está conforme con las medidas decretadas, tiene derecho a solicitar que se realice una comparecencia a cuyo final la autoridad judicial debe decidir si las mantiene, las modifica o si decreta su cese. Esta comparecencia también puede ser convocada de oficio, en ciertas circunstancias. Sea cual sea el motivo por el que se realiza la comparecencia, como es jurídicamente posible que, luego del contradictorio, se llegue a determinar que la medida que ordenó la salida del domicilio resultaba improcedente, el criterio es que sí es pertinente dejarla sin efecto porque, de esta forma, la persona que fue obligada a salir tendrá derecho a regresar, incluso con intervención de la autoridad judicial que la había obligado a retirarse. Es claro que podría argumentarse que eso mismo se dispondría si se ordena el cese de la medida que obliga a la persona a no acercarse al lugar donde reside quien figura como víctima (identificada con la letra k) en el artículo 3 de la Ley contra la violencia doméstica), pero, esta prohibición de acercamiento no conllevaría, necesariamente, la posibilidad de que la persona que fue retirada de su casa de habitación regrese a ella.

Con relación a los agravios formulados por la apelante, estos se resumen en que en un proceso se está discutiendo la ganancialidad del inmueble de donde fue obligada a retirarse y en que la medida de protección resulta desproporcionada e innecesaria, pues las circunstancia han cambiado y ya no existe riesgo. Sus argumentos no son de recibo. Con relación al primero de ellos, el hecho de que una persona sea obligada a retirarse del inmueble cuya ganancialidad se discute judicialmente no implica lesión alguna a los eventuales derechos que tiene o que le pudieran corresponder. Si la persona es la propietaria del inmueble, su derecho real de propiedad no sufre el menor menoscabo porque seguirá ostentando esa titularidad; y si fuera que la persona tiene derecho a participar en la mitad de su valor neto, este derecho consiste en recibir una suma de dinero, y este no se perjudica de modo alguno.  Por el otro lado, el Tribunal estima que la medida decretada y ahora combatida resulta pertinente, razonable y proporcional porque los hechos que fueron expuestos al momento en que se solicitó la protección -y que constituyeron la base fáctica para su dictado- reflejan que la apelante incurrió en actos configurativos de violencia que hacían incompatible su presencia en la misma casa de habitación donde reside la víctima. La petición que se hace para que la medida se deje sin efecto se basa en el argumento de que ya no resulta necesaria porque las hostilidades han mermado y, aunque esto lo tuvo por acreditado por la jueza de primera instancia, lo cierto es que la conducta posterior a la emisión de las medidas de protección obedece a orden de no perturbar, sin que su acatamiento implique la pertinencia de su regreso a la casa de habitación.