Resolución 00684-2025

El 10 de setiembre de 2025, la señora [Nombre 001] solicitó que se decretaran medidas de protección a su favor y para ser cumplidas por [Nombre 002]. En concreto, solicitó lo siguiente: “[…]

Que se otorguen las medidas de protección solicitadas, de conformidad con el artículo 3 de la Ley indicada, sea: a. Según el inciso j) Prohibirle a la presunta persona agresora que agreda, perturbe o intimide a cualquier integrante del grupo familiar de la presunta víctima de violencia doméstica. b. Según el inciso k) Prohibirle el acceso a la presunta persona agresora al domicilio, permanente o temporal, de la persona agredida y a su lugar de trabajo o estudio. De igual manera, acercarse a dichos lugares a una distancia razonable a criterio de la jueza o el juez. c. Según el inciso q) Emitir una orden de protección y auxilio policial dirigida a la autoridad de seguridad pública de su vecindario. La víctima portará copia de esta orden para que pueda acudir a la autoridad más cercana, en caso de amenaza de agresión fuera de su domicilio. d. Prohibirle que hable mal de su madre en frente de los menores, o de lo contrario, que las visitas sean supervisadas por una trabajadora social”.

En resolución de las 9:23 horas del 18 de setiembre de 2024, la jueza Johanna Vargas Hernández, del Juzgado contra la Violencia Doméstica y de Protección Cautelar del I Circuito Judicial de Guanacaste, dictó la sentencia anticipada en la que decretó las siguientes medidas de protección:

“Inciso J). Se le prohíbe a [Nombre 002] que agreda de cualquier forma (física, psicológica, patrimonial o sexual), insulte, amenace o perturbe personalmente o por medio de terceras personas a [Nombre 001].- Esto incluye hacerlo vía telefónica, por mensajes de texto, correo electrónico, redes sociales o cualquier otro medio. Inciso Q). Se emite una orden de protección y auxilio policial, dirigida a la autoridad de Seguridad Pública del vecindario de la parte solicitante, la cual será portada para poder acudir a la autoridad más cercana en caso de amenaza de agresión dentro o fuera de su domicilio.- No obstante, se hace ver a la Fuerza de Policía que con dicho oficio o sin él, es parte de sus atribuciones generales, el velar por la integridad personal, los derechos y los bienes de la ciudadanía de conformidad con el artículo 8 de la Ley General de Policía.-  En cuanto a la solicitud de restricción de distancia esta se rechaza por ser desproporcional a los hechos denunciados.-Se tiene por otorgado el poder especial judicial al Licenciado Alexander Araya Zúñiga , por parte del la señora [Nombre 001] y se tiene por aceptado el mismo.- Artículos 118 del Código Procesal Civil.-”

El 19 de mayo de 2025, el señor [Nombre 002] se apersonó al proceso, dándose por notificado de la sentencia anticipada, y solicitó que se celebrara la comparecencia prevista por el artículo 12 de la Ley contra la violencia doméstica.

En resolución de las 8:29 horas del 28 de mayo de 2025, el juzgado de primera instancia señaló las 8:30 horas del 26 de junio para celebrar la comparecencia. Ante solicitud formulada por el apoderado de la señora [Nombre 001], en resolución de las 7:24 horas del 11 de junio, el juzgado reprogramó la comparecencia para las 8:30 horas del 10 de julio de 2025. El día señalado, la apoderada del señor [Nombre 002] solicitó que la comparecencia fuera reprogramada, aduciendo que su representado no estaba “en condiciones de salud para presentarse” y aportó un certificado médico, emitido el día anterior, en el que se recomendaba reposo al paciente del 9 de julio al 12 de julio. Sin embargo, en resolución de las 10:23 horas del 14 de julio de 2025, la jueza Nancy Rebeca Aguilar Morales indicó que, por no haberse logrado notificar personalmente al señor [Nombre 002], “se procede a suspender la audiencia que señala el artículo 12 de la ley contra la violencia doméstica y nuevamente se le previene a la solicitante que deberá aportar a este despacho el resultado de la notificación notarial o bien aporte una nueva dirección donde notificar al señor [Nombre 002] esto para efecto de las trascendías penales [sic] que pueda tener este proceso.” Posteriormente, la misma jueza, en resolución de las 13:12 horas del 31 de julio de 2025, resolviendo una solicitud que había formulado el apoderado de doña [Nombre 001] para que se practicara una prueba pericial, indicó “se tienen por hechas sus manifestaciones, agréguese a los antecedentes y se le hace ver a dicho licenciado que en este expediente aun no se le ha logrado notificar al obligado a cumplir las medidas de protección y que las mismas tienen validez hasta que se logre notificar al prevenido del auto que otorga las medidas.” (negrita y subrayado son suplidos)

En resolución de las 8:53 horas del 1 de octubre de 2025, la jueza Jocelyn Contreras Calderón ordenó el levantamiento de las medidas de protección que se habían decretado en la sentencia anticipada, así como el archivo del expediente, basando esa decisión en que “se tiene que han transcurrido más de un año desde que se adoptaron las medidas de protección, sin que las partes hayan gestionado acto para notificar a la parte obligada, siendo el plazo anterior el límite máximo para la vigencia de estas medidas según el artículo 4 de la Ley Contra la Violencia Doméstica.”

El abogado Alexander Araya Zúñiga apeló la resolución en la que la jueza Jocelyn Contreras Calderón ordenó el levantamiento de las medidas de protección que se habían decretado en la sentencia anticipada, así como archivo del expediente. Alega que el señor [Nombre 002] se encuentra debidamente apersonado al proceso y que incluso cuenta con patrocinio legal. También señala que no es que no se haya querido diligenciar la notificación, sino que lo que sucede es que el señor [Nombre 002] no se presentó a la comparecencia que se había señalado, indicando que él [don Alexander] sí lo hizo. Además, alega que don [Nombre 002] se encuentra demandado en un proceso de pensión alimentaria y no cancela a tiempo la cuota, por lo que es necesario estar gestionando su apremio corporal y es difícil notificarlo porque no se encuentra en su residencia. Pide que se mantengan las medidas de protección.

Este Tribunal debe expresar su preocupación por la forma en que las juezas Nancy Rebeca Aguilar Morales y Jocelyn Contreras Calderón han abordado este asunto. De conformidad con el artículo 10 de la Ley de Notificaciones Judiciales, el señor [Nombre 002] se encuentra debidamente notificado de la sentencia anticipada que se emitió a las 9:23 horas del 18 de setiembre de 2024, en la que se decretaron las medidas de protección a favor de la señora [Nombre 001], las cuales él debe acatar. No existe ninguna norma en el ordenamiento jurídico que exija que, a pesar de su apersonamiento, de su manifestación expresa de que “en este acto me doy por notificado de la presente denuncia” y de su petición para que se programara la comparecencia, esa resolución tenga que ser notificada personalmente para que las medidas surtan efecto. Por esta razón, el argumento expresado en este sentido por la jueza Aguilar Morales es francamente preocupante, pues da a entender que él no tiene obligación legal de acatar las medidas de protección que se decretaron en su contra, lo cual coloca en una situación de indiscutible vulnerabilidad a la señora [Nombre 001]. En todo caso, si fuera cierto que la notificación personal se requiere para efectos penales, esa interpretación de otra materia para la configuración de un delito no se debe extrapolar al ámbito de la protección que se decreta al amparo de la Ley contra la violencia doméstica. También es incompresible que la jueza Aguilar Morales haya decretado la suspensión de la comparecencia cuando ya había pasado el día que se había señalado para su celebración. Esto provoca que la parte contraria pueda interpretar -equivocadamente, claro está- que, por no haberse presentado el señor [Nombre 002] a la comparecencia, la sentencia anticipada adquirió firmeza.

También es muy grave que la jueza Contreras Calderón haya dispuesto el levantamiento de las medidas de protección y el archivo del expediente, siguiendo el criterio errado de la jueza Aguilar Morales, porque ella también ignoró que el señor [Nombre 002] se encuentra debidamente notificado desde el 19 de mayo de 2025, por lo que ni siquiera contempló que el plazo de un año que establece el artículo 4 de la Ley contra la violencia doméstica no ha transcurrido.

El derecho de defensa también se le debió garantizar a don [Nombre 002], pues su abogada justificó debidamente su incomparecencia al presentar el certificado médico que recomendaba su reposo en la fecha indicada. Por esta razón, lo que procedía era que, inmediatamente después de solicitada la reprogramación, se realizara el nuevo señalamiento para la comparecencia.

Por las razones expuestas, por haberse violentado el debido proceso y el derecho de defensa de las dos partes, se anula la resolución recurrida y se ordena al juzgado de primera instancia que, inmediatamente después de recibir el expediente, proceda a señalar Y REALIZAR la comparecencia en el plazo ordenatorio legal de quince días, conforme al artículo 239 del Código Procesal de Familia, aplicable en este tipo de procesos en virtud de lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley contra la violencia doméstica.

Comuníquese esta resolución de segunda instancia al Tribunal de la Inspección Judicial, para que en dicha sede se valore si es pertinente, o no, iniciar un proceso disciplinario en contra de las juezas Nancy Rebeca Aguilar Morales y Jocelyn Contreras Calderón.

III.

Comuníquese esta resolución de segunda instancia al Tribunal de la Inspección Judicial, para que en dicha sede se valore si es pertinente, o no, iniciar un proceso disciplinario en contra de las juezas Nancy Rebeca Aguilar Morales y Jocelyn Contreras Calderón.

N1NA47URJ9YI61MAURICIO CHACÓN JIMÉNEZ - JUEZ/A DECISOR/A

P5EBTQVN98461SANDRA SABORÍO ARTAVIA - JUEZ/A DECISOR/A

VEC7LW1MZOG61YERMA CAMPOS CALVO - JUEZ/A DECISOR/A

EXP: 24-000594-0938-FA

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