Resolución 00630-2025

El 3 de junio de 2025, la señora [Nombre 001] solicitó que se decretaran medidas de protección a su favor y para ser cumplidas por el señor [Nombre 003]. En concreto, solicitó lo siguiente: “Se le(s) ordene la salida inmediata de mi casa, se le(s) prohíba ingresar nuevamente, que no se me acerque(n), que no me vuelva(n) a agredir y se me brinde protección policial.”.

En resolución de las 12:30 horas del 03 de junio de 2025, la jueza Guadalupe Solano Patiño dictó la sentencia anticipada en la que decretó las siguientes medidas de protección:

"Inciso A). Se ordena a [Nombre 002] la salida inmediata del domicilio común, pudiendo sacar de la vivienda únicamente sus objetos personales, documentos o instrumentos de trabajo o estudio. En el término de veinticuatro horas, deberá informar a este despacho la dirección exacta de su nueva residencia.- La misma obligación tendrá cada vez que cambie de residencia. Si se resiste o incumple la orden de salida será obligado(a) por la Fuerza Pública, y se testimoniarán piezas por el delito de incumplimiento de una medida de protección. Los/as oficiales actuantes, deberán permanecer dentro de la vivienda al momento de ejecución de esta medida para brindar la protección requerida.- Lo ordenado no define lo relativo a bienes gananciales, ya que tal pronunciamiento es potestad exclusiva de la jurisdicción de familia.- Inciso J). Se le prohíbe a [Nombre 002] que agreda de cualquier forma (física, psicológica, patrimonial o sexual), insulte, amenace o perturbe personalmente o por medio de terceras personas a [Nombre 001].- Esto incluye hacerlo vía telefónica, por mensajes de texto, correo electrónico, redes sociales o cualquier otro medio. Inciso K). Se le prohíbe a [Nombre 002] entrar al domicilio, permanente o temporal y al lugar de trabajo o estudio de [Nombre 001] tampoco se le podrá acercar a ningún lugar donde se encuentre.-Así mismo, se le prohíbe a [Nombre 002] acercarse a dichos lugares ni a la parte solicitante a una distancia de QUINIENTOS METROS.- Inciso Q). Se emite una orden de protección y auxilio policial, dirigida a la autoridad de Seguridad Pública del vecindario de la parte solicitante, la cual será portada para poder acudir a la autoridad más cercana en caso de amenaza de agresión dentro o fuera de su domicilio.- No obstante, se hace ver a la Fuerza de Policía que con dicho oficio o sin él, es parte de sus atribuciones generales, el velar por la integridad personal, los derechos y los bienes de la ciudadanía de conformidad con el artículo 8 de la Ley General de Policía.”.

En la fecha 24 de junio, el señor [Nombre 002], solicitó que se procedería a señalar hora fecha para la audiencia conforme lo permite el artículo 12 de la Ley contra la Violencia Doméstica.

La comparecencia se llevó a cabo el día 01 de julio de dos mil veinticinco, bajo la dirección de la jueza Evelyn Araya Rodríguez, quien, al finalizar, decidió mantener las medidas que fueron decretadas a favor de la señora [Nombre 004]. La sentencia integral la emitió a las 12:50 horas del 02 de julio del año en curso.

El señor [Nombre 002], por medio de su abogada directora licenciada Margarita Barrera Fernández apeló la sentencia de primera instancia, manifestando inconformidad sobre aspectos procesales, así como, aspectos de fondo. En el recurso la apelante se refirió a los hechos que su esposa expuso en la solicitud de medidas de protección, expone los acontecimientos desarrollados desde el inicio del proceso. El hecho cinco del recurso, expresó “Cuando se le dio la palabra en primera instancia dijo que quería levantar las medidas y después de preguntarle la señora jueza varias veces indicó que no”. En lo que titula como agravios de forma resumida, la recurrente expuso que se decretó una sentencia anticipada en contra de su representando en la que se le indicó la solicitud, agresiones, medidas y advertencias en caso de incumplimiento, pero que en ninguna parte de la sentencia se le informó al presunto agresor el derecho de apelar, alegando que esta omisión le generó indefensión a su representado. Alegó incongruencia en la sentencia, diciendo que al inicio de la audiencia le dan la palabra a la parte actora para que manifieste si deseaba ampliar o manifestar algo más de la denuncia, a lo que la señora [Nombre 001] respondió a la señora jueza que no, asegura que con este actuar la jueza generó actos que podrían generar indefensión a su representado, ya que si la actora hubiese ampliado hechos, el señor [Nombre 002] no podría ofrecer pruebas al ser hechos nuevos.  Agravia la apelante que los hechos manifestados por la presunta víctima son totalmente diferentes a los manifestados por las testigos, apuntado que doña [Nombre 001] claramente expuso en la solicitud de medidas de protección que don [Nombre 002] no le decía malas palabras, ni que la agredía físicamente, que le hablaba gritado, pero que la a quo tuvo como hechos probados que su representado incurrió en agresiones verbales, psicológicas y físicas, que las últimas, nunca se denunciaron y menos se probaron y, que cuando se le preguntó a las testigos, éstas declararon sobre otros actos totalmente ajenos a los denunciados y que tampoco fueron claras las preguntas sobre lo que han visto, oído e intervenido, que las testigos manifestaron hechos como si ellas mismas los hubieran vivido y, que tampoco se denunciaron agresiones a las hijas de la solicitante, asegurando que las declaraciones se desviaron de los hechos denunciados, hasta incluso abordaron infidelidad de parte de don [Nombre 002], actos que tampoco consta la denuncia. Adicionalmente, dice que la jueza en la parte considerativa expuso que en caso de dudas se le daba la protección a la parte agredida, que no deja claro si las testigos le generaron duda razonable y, que deja omisión a que realmente dio por cierto, útil, pertinente y hasta idóneo las testimoniales. Disiente en la postura de la a quo, cuando en el fallo dice que don [Nombre 002] no logró demostrar que no había agredido a doña [Nombre 001], ya que la carga de la prueba le corresponde a la actora y, que las dos testigos que presentó son complacientes, no viven junto a doña [Nombre 001], no vieron, solo les dijeron. Finalmente, alega ausencia en cuanto a la aplicación a los principios de proporcionalidad y razonabilidad, al ordenar una medida tan drástica como la a) del artículo 3 de la Ley contra la Violencia Doméstica, sin tener violencia física, amenazas en contra de la víctima, además que los oficiales al sacar del domicilio a don [Nombre 002] le decomisaron el arma de trabajo, la que tenía en regla, provocando una situación precaria al su representado, que es guarda de seguridad. Solicita la nulidad del fallo recurrido, se emita nueva sentencia basándose en los hechos denunciados y la prueba aportada como corresponde, se revoque el fallo y se suspenda las medidas en contra del señor [Nombre 002].

Se avala la relación de hechos probados que se consignó en el Considerando I de la sentencia de primera instancia, modificándose el hecho dos, para que se lea:

El señor [Nombre 002] ha incurrido en violencia psicológica en perjuicio de su esposa, la que se ha desarrollado a lo largo de la convivencia de la pareja, violencia que se ha visto caracterizada por gritos, humillaciones, malos tratos, amenazas  y acciones tendientes a limitar la autodeterminación de la señora [Nombre 004]. (Testimonio de [Nombre 007] y [Nombre 008] ambas de apellidos [Nombre 009]-Escuchar grabación de audiencias fecha 01-07-2025) Se suprime el hecho indemostrado por no ser útil para la resolución del este asunto.

De previo a entrar a analizar los agravios, esta cámara considera relevante aclarar, que la primera parte del recurso que se lee del hecho primero al cuarto, lo que plantea el recurrente es que se podría interpretar como una contestación negativa sobre los hechos consignados en la solicitud de medidas de protección, así como, un recuento o relato de los acontecimientos desarrollados a lo largo del proceso, sobre tales manifestaciones, este Tribunal no se pronunciará, pues resulta improcedente considerando que la competencia funcional de alzada se ve definida por los agravios que contra la sentencia anticipada la parte platee en su recurso.

Considera este tribunal, que los agravios expuestos por la solicitante no son de recibo, razón por la que se debe de confirma la resolución venida en alzada por los motivos que de seguido se expone.

En el hecho quinto el recurrente reclama, que la solicitante peticionó que se levantaran las medidas de protección y, que fue después de varias preguntas de la señora jueza que dijo que se mantuvieran las medidas. El reclamo se rechaza. Al escuchar el primer archivo de grabación, se escucha que luego que la jueza da lectura a los hechos de la solicitud, le pregunta a la señora [Nombre 001], si ratifica los hechos, a lo que ésta responde que sí, en el minuto 6:55 ante la pregunta de la jueza si se deseaba que las medidas se mantenga o se levanten, es cierto que la señora [Nombre 001] dijo “se levanten”, no obstante, cuando la jueza le vuelve a preguntar la señora [Nombre 001] dice que “él cumpla todo lo se le ordenó, que se mantengan y que retire sus cosas”, esto significa que la señora [Nombre 001] no comprendió inicialmente la pregunta de la jueza, por eso resultaba oportuno que se le volviera a preguntar y, tal es así que la solicitante reiteró su deseo de cumplimiento de las medidas de protección, gestión que también reiteró en las conclusiones, siempre haciendo alusión a la preocupación sobre la necesidad de don [Nombre 002] de contar con su arma porque la requiere para el trabajo. (escuchar primer audio minutos 6:55 y 7:48, así como, el quinto archivo de grabación) El impugnante agravia, que se le dejó en indefensión por el hecho en la resolución que se decretó medidas de protección en su contra se le limitó a establecer lo que decía la solicitud, agresiones, medidas y advertencias en caso de incumplimiento, pero que en ninguna parte de la sentencia se le informó al presunto agresor el derecho de apelar, alegando que esta omisión le generó indefensión a su representado. El agravio no es de recibo. Obvia la representante legal, que en este tipo de procesos la ser de protección urgente, la sentencia anticipada no contempla la posibilidad de ser recurrida, por los derechos fundamentales que tiene a proteger las medidas de protección urgente que se hayan decretado. Por su parte el artículo 12 de la Ley contra la Violencia Doméstica, estatuye que, en caso de inconformidad la parte obligada a cumplir las medidas de protección podrá solicitar que se señale hora y fecha para la realización de la audiencia, en tal diligencia la parte solicitante podrá declarar sobre los hechos expuestos en la demanda, la parte obligada a cumplir las medidas de protección deberá de indicar si está dispuesto o no a respetar a las medidas de protección interpuestas en su contra, en caso su solicitud sea que se levanten las medidas, podrá declarar sobre los hechos, oponerse, o aceptar total o parcialmente los hechos que dieron origen a las medidas de protección. Con lo anterior, lo que se explica es que la sentencia anticipada que decreta medidas de protección carece de remedios impugnatorios, esto sin perjuicio que la persona juzgadora conforme a su criterio revoque una o varias de las medidas decretadas en su oportunidad, por lo que no se visualiza la idefensión reclamada.  Se alegó incongruencia en la sentencia, exponiendo que “ al iniciar la audiencia, se le da la palabra a la parte actora y se le manifiesta si quiere ampliar o manifestar  algo más de la denuncia, lo cual señora [Nombre 001] le comunica a la señora Jueza que no sea ampliar su denuncia, promoviendo actos que dejaría al presunto agresor en esta de indefensión, ya que si la señora [Nombre 001] amplia los hechos, el señor [Nombre 002] no podría ofrecer prueba con los hechos nuevos a manifestar”. El alegato no es de recibo. El motivo principal de la inadmisibilidad, la decisión de la señora jueza a-quo se basa en los hechos expuestos en la solicitud de medidas de protección, hechos que fueron analizados en conjunto con la declaración de la señora [Nombre 001] y las declaraciones recibidas. Se resalta que la señora [Nombre 001], no amplio ningún hecho, sino que se limitó a ratificar la solicitud inicial. (escuchar primero audio-01-027-2025) No obstante, debe tomar nota la señora jueza de instancia que la audiencia de prueba no está dada para que se amplié los hechos de la solicitud inicial, ya que con esto se vulneraría el derecho de defensa de la parte contraria y resultaría totalmente sorpresivo para el presunto agresor.    Alega el apelante que los hechos manifestados por la presunta víctima son totalmente diferentes a los manifestados por las testigos, apuntado que doña [Nombre 001] claramente expuso en la solicitud de medidas de protección que don [Nombre 002] no le decía malas palabras, ni que la agredía físicamente, que le hablaba gritado, pero que la jueza a-quo tuvo como hechos probados que el señor [Nombre 002] incurrió en agresiones verbales, psicológicas y físicas, que las últimas, nunca se denunciaron y menos se probaron y, que cuando se le preguntó a las testigos, éstas declararon sobre otros actos totalmente ajenos a los denunciados y que tampoco fueron claras las preguntas sobre lo que han visto, oído e intervenido. Los alegatos deben ser rechazados. Habiendo escuchado este integración, la totalidad de la audiencia grabada y dirigida por la señora jueza Araya Rodríguez, se colige que, las declarantes señoras [Nombre 008] y [Nombre 010], ambas de apellidos [Nombre 009], quienes bajo fe de juramento, en lo conducente fueron claras, precisas y contundentes en asegurar que el señor [Nombre 002] siempre le ha gritado a la señora [Nombre 001], que la ha humillado con su trato, que también le ha dicho “es es una porquería”, refiriéndose a la comida, que le molesta que lleguen visitas a la casa de su madre, porque se le nota la molestia cuando se encierra en el cuarto, también que la ha pedido dinero a cambio de irse de la casa y, que le expresado que él no se va de casa hasta que ella se muera. Conforme se desprende de las declaraciones de las deponentes, no es cierto, que éstas hayan indicado que don [Nombre 002] le decía malas palabras a su madre, osea, que utilizara un lenguaje soez o vulgar. Sin embargo, con las testimoniales rendidas en audiencia, las violencia psicológica en perjuicio de la señora [Nombre 001] por parte de su esposo, quedó acreditada, aún y cuando el señor [Nombre 002] no utilizara palabras soeces, pues no resulta imperativo la utilización de un lenguaje vulgar, para agredir, humillar, denigrar, auto limitar a una persona. En este caso, no considera esta cámara que las testigos fueran imprecisas o que sus declaraciones resultaran complacientes a los intereses de su madre, por el contrario, indicaron que en ocasiones sí habían escuchado los gritos y había presenciado los malos humores del señor [Nombre 002], y que otras situaciones entre la pareja, su madre se las contó, como por ejemplo la diferencia o discusión en torno a una supuesta conversación del señor [Nombre 002] con otra mujer. Esto demuestra, que las testigos han declarado con la verdad y por ese motivos los testimonios merecen credibilidad ante esta instancia. El hecho que las testigos hayan abordado lo de esta supuesta conversación, en nada modifica la decisión de mantener las medidas de protección, en razón, que este no fue el elemento por el cual la protección se mantuvo vigente por la jueza de instancia.  Ataca el fallo el recurrente, indicando que la jueza en la parte considerativa expuso que en caso de dudas se le daba la protección a la parte agredida, que no deja claro si las testigos le generaron duda razonable y, que deja omisión a que realmente dio por cierto, útil, pertinente y hasta idóneo las testimoniales. Disiente en la postura de la a-quo, cuando en el fallo dice que don [Nombre 002] no logró demostrar que no había agredido a doña [Nombre 001], ya que la carga de la prueba le corresponde a la actora y, que las dos testigos que presentó son complacientes, no viven junto a doña [Nombre 001], no vieron, solo les dijeron. El reclamo se rechaza. Es cierto que la primera parte del considerando primero la juzgado hace una exposición sobre el derecho en fondo a aplicar en este tipo de asuntos, señalando el artículo 13 de la Ley contra la Violencia Doméstica -y cito- “que dispone que en caso de duda en materia de prueba se estará a lo más favorable para la supuesta persona agredida”. Sin embargo, la juzgadora consideró que se debía de mantener las medidas de protección de protección en favor de la señora [Nombre 001], ante las declaraciones recibidas por las testigos, así como la declaración de la solicitante y del señor [Nombre 002], lo que dejar ver que no existe la confusión alegada por el recurrente y, que se consolida por los hechos tenidos por acreditados. Finalmente, alega ausencia en cuanto a la aplicación a los principios de proporcionalidad y razonabilidad, al ordenar una medida tan drástica como la a) del artículo 3 de la Ley contra la Violencia Doméstica, sin tener violencia física, amenazas en contra de la víctima, además que los oficiales al sacar del domicilio a don [Nombre 002] le decomisaron el arma de trabajo, la que tenía en regla, provocando una situación precaria al su representado, que es guarda de seguridad. Solicita la nulidad del fallo recurrido, se emita nueva sentencia basándose en los hechos denunciados y la prueba aportada como corresponde, se revoque el fallo y se suspenda las medidas en contra del señor [Nombre 002]. Tampoco lleva razón el impugnante cuando asegura que la carga de la prueba la tiene la solicitante, toda vez, que en este tipo de procesos cuando el presunto agresor solicita que se señale hora y feha para práctica de la prueba, es porque la ley le otorga el derecho de en audiencia desvirtuar los hechos que se le atribuyen como constitutivos de violencia intrafamiliar, claro está, que la parte actora ante este escenario también cuente con el derecho de aportar la prueba que considere oportuna para respaldar su dicho. El reclamo y la nulidad del fallo alegada en este último agravio, no es de recibo. No existe nulidad alguna del fallo venido en alzada, ya que la sentencia decide mantener las medidas de protección que en su momento fueron decretadas y, como fundamento de esa decisión la juzgadora de instancia valoró los elementos de prueba que este caso únicamente trajo a los auto la actora. Este Tribunal, se aparta respetuosamente de la postura del recurrente para fundamentar quebrando al Principio de Proporcionalidad y Razonabilidad de las medidas de protección, toda vez, que no es cierto, que para que se aplique la orden de desalojo (medida A) del artículo 3 de la Ley contra la Violencia Doméstica) debe de mediar violencia física en perjuicio de la presunta víctima. En esta asunto, quedó demostrado que por mucho tiempo y hasta la interposición de las medidas de protección la señor [Nombre 001] ha sido víctima de violencia psicológica y constate de parte de su esposo, que ha sido humillada y denigrada, tratada como una empleada, además quedó demostrado que el señor [Nombre 002] con su actuar ha buscado limitar el derecho de autodeterminación de la señora [Nombre 001], al demostrar molestia cuando llegaba alguna visita a la cada, este tipo de acciones tienen como fin primordial, aislar a la persona sometida al poder del otro, con fin que de continuar sometiendo a la víctima a sus decisiones o poder, teniendo como resultado que la víctima no se salga de su esfera de control y, cuando este tipo de acciones se han desarrollado a lo largo del tiempo de una relación de pareja, el riesgo que corre la víctima es mayor, ya que su autodeterminación se ha visto disminuida y no en pocos casos las mujeres justifican y naturalizando este tipo de violencia. Por eso, no podría asegurar que la medida orden de desalojo en este asunto es desproporcionada a las hechos, ya que es posible que si esta medida no se hubiera ordenado la señora [Nombre 001] continuaría siendo sometida a situaciones de violencia psicológica en menoscabo de su integridad emocional. Las medidas de protección, tienen como fin detener de forma inmediata y urgente hechos de violencia intrafamiliar que se estén presentando así como prevenir que se incremente acciones violentas en perjuicio de la víctima. El mismo recurso, dejar ver como todavía se naturaliza y minimiza la violencia en contra de las mujeres en las relaciones de pareja ya que se trata de invisibilizar el dolor que ha vivido doña [Nombre 001] por los gritos, humillaciones y malos tratos o tratos irrespetuoso por parte de su esposo.  En lo que respecta al decomiso del arma al señor [Nombre 002], la señora jueza hizo la aclaración que en este proceso no ha ordena tal medida, por lo que la parte interesada deber de acudir a sede administrativa a hacer valer sus derechos, si consideran que el decomiso del arma de trabajo fue ilegal.

En la resolución de las 15:25 del1 de julio de 2025, el juzgado de primera instancia admitió “en efecto devolutivo” el recurso de apelación que se presentó en contra de la sentencia y concedió a las dos partes el plazo de tres días para que comparecieran ante este Tribunal para hacer valer sus derechos y expresar agravios. Además, les previno que señalaran medio para atender notificaciones, advirtiéndoles que si no lo hacen, las resoluciones posteriores, incluidas las sentencias, quedarán notificadas con el transcurso de veinticuatro horas después de dictadas.

Lo único correcto en esa resolución es que se admitió el recurso y se concedió un plazo de tres días. No es pertinente anularla en aplicación del principio pas de nullité sans grief (no existe nulidad si no existe perjuicio) pero, para que en lo sucesivo el a-quo aplique correctamente la normativa vigente a la hora de admitir los recursos de apelación, se estima necesario señalar lo siguiente:

En la actualidad ya no está dispuesto que los recursos de apelación se admitan “en efecto suspensivo” o “en efecto devolutivo”. El Transitorio II de la Ley 9747 establece que “contra las resoluciones que estuvieren dictadas al entrar en vigor este Código cabrán los recursos autorizados por las disposiciones procesales vigentes al momento en que se dictaron.” Esto significa que, aun en los procesos que se continuaron tramitando con base en algunas disposiciones del Código Procesal Civil de 1989 -en aplicación de lo dispuesto en el Transitorio I de la Ley 9747 y del dimensionamiento que hizo la Corte Plena en el artículo 2 de las Normas prácticas para la aplicación del Código Procesal de Familia-, si la resolución se emitió después del 1 de octubre de 2024, los recursos que se interponen en su contra se deben tramitar conforme a lo dispuesto en el Código Procesal de Familia. En el Código Procesal Civil de 1989 -el cual se aplicaba antes del 1 de octubre de 2024 en varios procesos de la materia de familia-, el artículo 563 explicaba la relevancia de la distinción nominal de los efectos en que se admitían las apelaciones al relacionarla con la posibilidad de ejecutar provisionalmente, o no, la resolución recurrida. El Código Procesal de Familia regula este aspecto en su artículo 96, sin hacer referencia a que el recurso se tenga que admitir en el efecto suspensivo o en el efecto devolutivo, tal como se aprecia a continuación:

“Artículo

Efectos de la interposición de los medios de impugnación en cuanto a los plazos y las ejecuciones. La impugnación de una resolución judicial no interrumpirá ni suspenderá la ejecución de lo resuelto, salvo cuando de la ejecución provisional resulte un daño irreparable, se trate de una situación de imposible restauración o cuando lo disponga una norma de forma expresa.

No se ejecutará la sentencia que resuelva sobre el estado civil de las personas, el desplazamiento de la filiación y la resolución que autoriza la salida del país de un menor de edad para efectos de cambio de residencia en el exterior, hasta que se encuentre firme.

Cuando se trate de sentencias de condena, la parte victoriosa puede pedir la ejecución de esta con el otorgamiento de las garantías necesarias a criterio del despacho.”.

Otros aspectos que están debidamente regulados son los siguientes:

Está estipulado que la persona legitimada para recurrir es aquella a quien la resolución le causa perjuicio (Artículo 94); que todos los recursos deben estar fundamentados, bajo efecto de ser rechazados de plano en caso de no estarlo (artículo 97); que el plazo para recurrir resoluciones escritas mediante revocatoria y/o apelación es de tres días (artículos 99 y 100), y, con relación al recurso de apelación, cuáles son las resoluciones que lo admiten. (Artículo 101).

Cuando se ha interpuesto el recurso vertical, la obligación del juzgado es examinar si se cumplen los requisitos antes indicados. De no ser así, lo que procede es emitir una resolución en la que NO SE ADMITA el recurso, obviamente indicando el motivo; caso en el que la parte a quien no se le admitió tiene la opción de presentar un recurso de apelación por inadmisión en contra de esta última. (artículo 104)

Si el libelo impugnativo cumple con los requisitos, en primera instancia se debe admitir la apelación ante el superior y, en la misma resolución, se debe conceder audiencia a la otra parte -y a eventuales intervinientes- para que, en el plazo de tres días y ante el mismo juzgado, tengan oportunidad de referirse al recurso. La audiencia no se concede al apelante porque los agravios necesariamente los tuvo que haber consignado en el escrito que formuló el recurso. Una vez vencido ese plazo, se debe remitir el expediente al superior sin ulterior trámite. (Artículo 102)

No es pertinente consignar que el recurso se admite en efecto devolutivo o suspensivo porque, como antes se indicó, el artículo 96 ya dispone, como regla, que las resoluciones son ejecutables a pesar de estar apeladas, y, como excepción, cuáles no lo son. Lo que sí podría resultar pertinente, cuando así se considere, es consignar, de manera fundada, que la resolución no se ejecutará mientras no sea resuelto el recurso de apelación porque la ejecución provisional puede producir un daño irreparable o se trata de una situación de imposible restauración porque estos son conceptos indeterminados.

Por último, la prevención para que las partes señalen medio para atender notificaciones y el apercibimiento que se hizo en caso de que no cumplieran con ello son incorrectos porque, en este proceso, ambas partes señalaron correos electrónicos para recibir notificaciones y el artículo 35 de la Ley de notificaciones judiciales dispone, con toda claridad, que “El señalamiento de un correo electrónico o fax, por tener ambos carácter nacional, valdrán para la segunda instancia y casación.” La prevención y el apercibimiento solo deben hacerse cuando la parte ha señalado un casillero o ha solicitado ser notificada en estrados y los órganos de alzada no tienen su asiento en el mismo lugar del juzgado.

PARTE DISPOSITIVA

Se deniega la nulidad. En lo apelado, SE CONFIRMA la sentencia de primera instancia. Tome nota la a-quo de lo indicado en el

V.

NAGS7RTS6M861JOSÉ MIGUEL FONSECA VINDAS - JUEZ/A DECISOR/A

EMOXHKPKPJA61FRANCINI VANESSA CAMPOS LEON - JUEZ/A DECISOR/A

QH8TJX7FLAQ61JUAN DIEGO GONZALEZ AVILA - JUEZ/A DECISOR/A

EXP: 25-000317-1199-VD

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