Resolución 00601-2025

"En efecto DEVOLUTIVO y para ante el TRIBUNAL DE FAMILIA DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ, se admite el recurso de APELACIÓN que interpone el presunto agresor [Nombre 002]...."

Para que en lo sucesivo el a-quo aplique correctamente la normativa vigente a la hora de admitir los recursos de apelación, este Tribunal estima necesario señalar que en la actualidad ya no está dispuesto que los recursos de apelación se admitan en efecto suspensivo o en efecto devolutivo. En el Código Procesal Civil de 1989 -el cual se aplicaba antes del 1 de octubre de 2024 en varios procesos de la materia de familia-, el artículo 563 explicaba la relevancia de la distinción nominal de esos efectos, al relacionarla con la posibilidad de ejecutar provisionalmente, o no, la resolución recurrida. El Código Procesal de Familia regula este aspecto en su artículo 96, sin hacer referencia a que el recurso se tenga que admitir en el efecto suspensivo o en el efecto devolutivo, tal como se aprecia a continuación:

Artículo

Efectos de la interposición de los medios de impugnación en cuanto a los plazos y las ejecuciones. La impugnación de una resolución judicial no interrumpirá ni suspenderá la ejecución de lo resuelto, salvo cuando de la ejecución provisional resulte un daño irreparable, se trate de una situación de imposible restauración o cuando lo disponga una norma de forma expresa.

No se ejecutará la sentencia que resuelva sobre el estado civil de las personas, el desplazamiento de la filiación y la resolución que autoriza la salida del país de un menor de edad para efectos de cambio de residencia en el exterior, hasta que se encuentre firme.

Cuando se trate de sentencias de condena, la parte victoriosa puede pedir la ejecución de esta con el otorgamiento de las garantías necesarias a criterio del despacho.

Otros aspectos que están debidamente regulados son los siguientes:

Los escritos deben estar debidamente firmados. (Artículo 118) Puede utilizarse:

Firma autógrafa -es decir, manuscrita-;

Firma holográfica -mediante dispositivo o capturador de firmas utilizado por despachos y fiscalías electrónicas-;

Firma electrónica -que no es firma autógrafa, sino efectivamente electrónica, mediante registro como persona usuaria en el Poder Judicial-; y,

Firma digital -basada en un certificado digital emitido por Autoridad Certificadora acreditada-. (2, 3 y 4 están contempladas en el Reglamento sobre expediente judicial electrónico ante el Poder Judicial) La inserción de la imagen de una firma en un escrito judicial no está autorizada en nuestro ordenamiento.

En algunos casos, los escritos deben ser firmados por la parte y su firma debe ser autenticada mediante la firma de una persona profesional en Derecho; en otros, pueden ser firmados solo por la parte, requiriéndose que se presenten personalmente; en otros, pueden ser firmados solamente por el abogado o la abogada, si consta que patrocina legalmente a la parte o si cuenta con un mandato que le autorice para actuar en su representación. (artículos 50, 51 y 118)

También está estipulado que la persona legitimada para recurrir es aquella a quien la resolución le causa perjuicio (Artículo 94); que todos los recursos deben estar fundamentados, bajo efecto de ser rechazados de plano en caso de no estarlo (artículo 97); que el plazo para recurrir resoluciones escritas mediante revocatoria y/o apelación es de tres días (artículos 99 y 100), y, con relación al recurso de apelación, cuáles son las resoluciones que lo admiten. (Artículo 101).

Cuando se ha interpuesto el recurso vertical, la obligación del juzgado es examinar si se cumplen los requisitos antes indicados. De no ser así, debe emitir resolución indicando el motivo por el que NO admite el recurso y, en este caso, la parte tiene la opción de presentar un recurso de apelación por inadmisión en contra de esta última. (artículo 104)

Si el libelo impugnativo cumple con los requisitos, en primera instancia se debe admitir la apelación ante el superior y, en la misma resolución, se debe conceder audiencia a la otra parte -y a eventuales intervinientes- para que, en el plazo de tres días y ante el mismo juzgado, tengan oportunidad de referirse al recurso. Una vez vencido ese plazo, se debe remitir el expediente al superior sin ulterior trámite. (Artículo 102)  No es necesario consignar que el recurso se admite en efecto devolutivo o suspensivo porque el artículo 96 ya dispone, como regla, que las resoluciones son ejecutables a pesar de estar apeladas, y, como excepción, cuáles no lo son. Lo sí resulta pertinente, cuando así se considere por excepción, es consignar, de manera fundada, que la resolución no se ejecutará mientras no sea resuelto el recurso de apelación porque la ejecución provisional puede producir un daño irreparable o se trata de una situación de imposible restauración.

Este Tribunal también estima oportuno manifestar su preocupación por el lapso excesivo transcurrido desde que el Juzgado de primera instancia admitió la apelación el 24 de febrero de 2025, hasta su remisión efectiva a este Tribunal de Familia el 2 de setiembre del mismo año, con ingreso el 16 de setiembre de 2025. Tal dilación carece de justificación aparente y constituye un incumplimiento de los plazos razonables que deben observarse en los procesos de esta naturaleza, máxime tratándose de asuntos de violencia doméstica, en los que está en juego la protección de derechos fundamentales. Dicha tardanza afecta directamente la eficacia del servicio de justicia y perjudica a las personas usuarias, al provocar que la revisión del fallo se produzca casi nueve meses después de la interposición del recurso. Como consecuencia de ello, las medidas de protección decretadas por el Juzgado vencieron el 18 de setiembre anterior, sin que la segunda instancia pudiera resolver oportunamente, lo cual evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y gestión para evitar demoras injustificadas en la tramitación de recursos que, por su naturaleza, demandan pronta y efectiva resolución. Se insta a la persona juzgadora que ejerce la coordinación del Juzgado que analice la posibilidad de investigar el motivo de la demora y, de ser procedente, la posibilidad de iniciar el proceso disciplinario correspondiente.

En este asunto el señor [Nombre 002] fue notificado de la sentencia anticipada de las 15:34 horas del 2 de setiembre del 2024 donde se le comunicaron las medidas de protección que se ordenaron en su contra, el día 18 de setiembre del 2025. Conforme lo dicho, las medidas de protección por violencia doméstica proporcionadas a favor de la señora [Nombre 001] vencieron el día 18 de setiembre del 2025; sin embargo, este Tribunal ha mantenido el criterio de estudiar y resolver por el fondo las apelaciones que interpongan las partes aun y cuando las medidas de protección se encuentren vencidas, con el objetivo de que la parte impugnante reciba la respuesta jurisdiccional a sus agravios, ya sea la persona obligada o la persona solicitante, tienen derecho a que se dilucide si se incurrió o no en hechos de agresión, además, con miras a su eventual comunicación al registro de personas obligadas a cumplir medidas de protección con la finalidad de que se anote la decisión jurisdiccional.

El abogado Bonilla Gamboa en representación del señor [Nombre 002], recurre la decisión del Juzgado de primera instancia de mantener las medidas de protección que se dispusieron en la sentencia anticipada. Las inconformidades expuestas son: (1) Que la Jueza a-quo no valoró la declaración de la señora [Nombre 005], quien explicó el contexto de lo que sucedió, que la solicitante no permite que los menores la visiten. (2) Que lo que por años han acordado es que los fines de semana el señor [Nombre 002] ve a sus hijos, los lleva a pasear y compra los alimentos y que como ese día por lo sucedido no pudo comprarlos, era a la señora [Nombre 001] a quien le correspondía. Que el señor [Nombre 002] siempre recoge a sus hijos en la casa de la abuela paterna. (3) Que el que el día de los hechos el señor [Nombre 002] no hubiera compartido con sus hijos no obedeció a un acto unilateral caprichoso, porque estuvo bastante tiempo esperándolos pero la solicitante no los dejó ir porque ella mantiene conflictos con la abuela paterna. (4) Que el hecho de presentar una denuncia al Patronato Nacional de la Infancia no es un hecho de presión o manipulación como lo dice la sentencia, porque el señor [Nombre 002] acudió a dicha institución debido a posibles agresiones que han recibido los menores por parte de la madre, dado que ellos - los padres - no tienen comunicación. Con la sentencia se peticiona que la sentencia sea revocada ordenando el cese de las medidas de protección, o que en su defecto, se deje sin efecto la contenida en la letra K y la restricción de 200 metros.

Se aprueba el elenco de hechos probados al ser fiel reflejo de lo que logró acreditarse en el proceso.

Se agrega un único hecho no probado:

No comprobó la señora [Nombre 001] que el primero de setiembre del 2024, el señor [Nombre 002] delante de los hijos comunes y de una visita le dijera " que yo le diera de hartar a mis hijos, a esa hijueputa que tienen como madre". (ausencia de prueba)

Del estudio de los hechos denunciados, la prueba recabada, la sentencia recurrida y los agravios expuestos, se concluye que la sentencia dado que la solicitante de medidas de protección no comprobó que lo narrado inicialmente sucediera tal y como ella lo afirma y además no se observan hechos de agresión en lo sucedido.

La línea jurisprudencial de este Tribunal, desde vieja fecha, ha sido que no toda discusión, discrepancia, altercado o enfrentamiento en relaciones de pareja, de parentesco o similares configura violencia doméstica y que, como tal, amerite el decreto o el mantenimiento de medidas de protección. Se ha indicado que esto no significa que se avale la violencia, ni tampoco que se afirme que un único acto de agresión -o pocos de ellos- se encuentre legalmente autorizado; explicándose que las relaciones entre seres humanos no siempre son cordiales y que, en tal virtud, hay ocasiones en que, al discutir, se profieren algunas expresiones malsonantes que, sin embargo, no alcanzan el calificativo de violencia doméstica.

Sí es cierto que se generó un conflicto entre doña [Nombre 001] y don José [Nombre 002], según el contexto del mismo que logró ser expuesto por el señor ([Nombre 002]), ese primero de setiembre del 2024, son José [Nombre 002] fue a ver a sus hijos, tal y como acostumbraba, los llevaba a pasear y les compraba los alimentos, estuvo en la casa de su madre - la abuela paterna - quien vive casa de por medio de la vivienda de la señora [Nombre 001], de allí llamó a sus hijos para se fueran con él, uno de ellos le dijo que ya iban, pero no llegaron, por lo que los estuvo llamando por más de diez veces y esperando hasta que decidió salir y esperarlos fuera de la casa de la abuela paterna, no llegaron y se movilizó hasta el frente de la casa de sus hijos y fue cuando entre él y la solicitante hubo un intercambio de palabras. Lo anterior coincide con la declaración de [Nombre 002] y lo dicho por las testigos de descargo. La señora [Nombre 005] - madre del recurrente - vive a una casa de la de la señora [Nombre 001] y sus nietos, allí estuvo su hijo ese día esperando llevarse a los menores y respalda lo dicho por el señor [Nombre 002], además agregó que entre ella y la solicitante han existido problemas debido a una posible agresión de la señora [Nombre 001] contra uno de sus nietos. Doña [Nombre 005] contó que su hijo estuvo esperando por mucho tiempo, que llamó a sus nietos y no le contestaron y que lo que alcanzó a oir fue que su hijo dijo a la madre que ella comprara lo que los menores ocuparan en la semana. [Nombre 008], también se encontraba presente, también hizo referencia a que su hermano esperó mucho tiempo para ver a sus hijos, que los llamó más de diez veces, pero que la señora [Nombre 001] no le permitió a los menores ir hasta donde estaba el padre.

Por su parte, el señor [Nombre 002], admitió haber acudido al Patronato Nacional de la Infancia, pero que lo hizo debido a que sus hijos le dicho que son agredidos por su mamá, que una situación de esas generó el problema que la solicitante tiene actualmente con la abuela paterna, lo que se respaldó con el testimonio de esta.

Si bien se respeta, no se comparte la afirmación de la Jueza a-quo en cuanto a que la intervención del Patronato Nacional de la Infancia es únicamente cuando una persona menor de edad se encuentra en riesgo social. El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) es la institución rectora en materia de protección integral de los derechos de las personas menores de edad. Su función principal es garantizar la tutela efectiva de los derechos fundamentales de la niñez y la adolescencia, especialmente en situaciones no solo de riesgo social, también de vulneración de derechos. Su intervención no se circunscribe únicamente a los casos en que exista riesgo, sino que también abarca acciones de promoción, prevención y fortalecimiento de la integración familiar, orientadas a asegurar el desarrollo integral de las personas menores de edad dentro de su entorno familiar y comunitario, actuando como ente garante y no como órgano sancionador o punitivo, de modo que sus actuaciones deben dirigirse a la protección, acompañamiento y orientación de las familias, sin sustituir las competencias judiciales. El señor [Nombre 002] demostró que se encuentra preocupado por la posibilidad de que sus hijos sufran agresión por parte de la madre  - declaración y testimonio de abuela paterna - y que la comunicación con la señora solicitante es nula, por lo que acudió al Patronato Nacional de la Infancia, para plantear inquietudes, denuncias o solicitudes relacionadas con el bienestar de sus hijos, lo que no puede, por sí mismo, considerarse un acto de agresión o violencia hacia la progenitora, pues ello constituye el ejercicio legítimo del derecho a la protección y de la responsabilidad parental,

En el presente caso, esta Cámara considera que los hechos tenidos por acreditados corresponden más bien a una situación aislada de conflicto o discusión entre las partes, propia de las desavenencias familiares y coparentales, sin que constituyan conductas que, configuren actos de agresión susceptibles de tutela bajo la Ley contra la Violencia Doméstica. En ocasión a lo expuesto, se revoca la sentencia del Juzgado contra la Violencia Doméstica y Protección Cautelar de Cartago, número 2025000205 de las 16:57 horas del 13 de febrero del 2025 y en su lugar procede el cese de las medidas de protección otorgadas en la sentencia anticipada. Tan pronto reciba el expediente, el juzgado de primera instancia deberá comunicar lo aquí dispuesto al Registro de Personas Obligadas a cumplir las Medidas de Protección que al efecto lleva el Poder Judicial.

Se REVOCA la sentencia recurrida y en su lugar se dispone el cese de las medidas de protección otorgadas de forma inicial. Tan pronto reciba el expediente, el juzgado de primera instancia deberá comunicar lo aquí dispuesto al Registro de Personas Obligadas a cumplir las Medidas de Protección que al efecto lleva el Poder Judicial.

XQWXVEXRXEM61MAURICIO CHACÓN JIMÉNEZ - JUEZ/A DECISOR/A

QVHELSAV9CU61SANDRA SABORÍO ARTAVIA - JUEZ/A DECISOR/A

JBF6XUDJG1Q61ANA CRISTINA FERNÁNDEZ ACUÑA - JUEZ/A DECISOR/A

EXP: 24-001602-0650-VD

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