Resolución 00600-2025

La señora [Nombre 001] solicitó que se decretaran medidas de protección a su favor y para ser cumplidas por [Nombre 002]. En concreto, solicitó lo siguiente: “Que se le ordene de forma inmediata a [Nombre 002] que firme los documentos para continuar con el proceso de garantía de la refrigeradora para que M express haga el cambio de la refri.”.

En resolución de las doce horas catorce minutos del cuatro de setiembre de dos mil veinticinco, la jueza Grace Solís Solís dictó la sentencia anticipada en la que dispuso lo siguiente:

“De acuerdo al mérito de lo expuesto y en virtud que no se cumple los requisitos de admisibilidad para la tutela efectiva en esta instancia, se rechaza la presente solicitud de protección patrimonial y se dispone ordenar el archivo del expediente, previa cancelación del libro de entradas que se lleva en el despacho.”

La señora [Nombre 001] apeló la sentencia anticipada que rechazó de plano la solicitud que ella formuló para que al señor [Nombre 002] se le ordene, como medida de protección, “que firme los documentos para continuar con el proceso de garantía de la refrigeradora para que M express haga el cambio de la refri.” En resumen, alega que ella no pretende derechos relacionados con la ganancialidad de ese bien mueble, sino que lo que denunció fue una conducta que configura violencia patrimonial porque la refrigeradora permaneció en su casa de habitación después de que ella y don [Nombre 003] se separaron y que él la retiró porque se debía hacer efectiva una garantía para que fuera sustituida, pero él, de mala fe, no terminó el trámite, lo que resulta perjudicial tanto para ella como para sus hijos.

La recurrente lleva razón en su reclamo. Este tipo de procesos no son declarativos, constitutivos, modificativos o extintivos de derechos, sino que están diseñados para que, por medio de la emisión de medidas de protección típicas o atípicas, no se produzca violencia en relaciones de pareja, de parentesco o similares -tales como la que existe entre el tutor y el pupilo o el garante y la persona con discapacidad mental, intelectual o psicosocial, por ejemplo-. Esta Cámara concuerda con la apelante porque los hechos que ella expuso se pueden considerar como configurativos de violencia patrimonial. La circunstancia de que la relación de pareja ya haya finalizado no es óbice para decretar la medida de protección solicitada porque lo que se expuso fue que el electrodoméstico se adquirió cuando la convivencia estaba vigente y lo que se censura es que, a pesar de que este bien permaneció en el hogar de doña Flor para su correspondiente uso, fue retirado por don [Nombre 003] -de buena fe- para que se hiciera efectiva una garantía y luego de ello -de mala fe- el señor [Nombre 002] dejó de realizar el trámite correspondiente en el almacén, y esto ha provocado consecuencias negativas para ella y sus hijos.

Es claro entonces que la señora [Nombre 001] no pretende que se le reconozca el derecho a participar en el cincuenta por ciento del valor neto de esa refrigeradora, sino que su petición es que se le permita seguir haciendo uso de ella porque, mediante un actuar abusivo de su exconviviente, se la ha privado de esto; es decir, lo que pretende es que no se valide la actuación de mala fe que le atribuye al señor [Nombre 002]; y esto es posible hacerlo a través de la emisión de una medida de protección atípica en un proceso de esta naturaleza, donde, evidentemente, don [Nombre 003] también podrá ejercer su defensa.

En la resolución de las 10:37 horas del 10 de setiembre de 2025, el juzgado de primera instancia admitió “en efecto devolutivo” el recurso de apelación que se presentó en contra de la sentencia y concedió a las dos partes el plazo de cinco días para que comparecieran ante este Tribunal para hacer valer sus derechos y expresar agravios. Además, les previno que señalaran medio para atender notificaciones, advirtiéndoles que si no lo hacen, las resoluciones posteriores, incluidas las sentencias, quedarán notificadas con el transcurso de veinticuatro horas después de dictadas.

Lo único correcto en esa resolución es que se admitió el recurso. No es pertinente anularla en aplicación del principio pas de nullité sans grief (no existe nulidad si no existe perjuicio) pero, para que en lo sucesivo el a-quo aplique correctamente la normativa vigente a la hora de admitir los recursos de apelación, se estima necesario señalar lo siguiente:

En la actualidad ya no está dispuesto que los recursos de apelación se admitan “en efecto suspensivo” o “en efecto devolutivo”. El Transitorio II de la Ley 9747 establece que “contra las resoluciones que estuvieren dictadas al entrar en vigor este Código cabrán los recursos autorizados por las disposiciones procesales vigentes al momento en que se dictaron.” Esto significa que, aun en los procesos que se continuaron tramitando con base en algunas disposiciones del Código Procesal Civil de 1989 -en aplicación de lo dispuesto en el Transitorio I de la Ley 9747 y del dimensionamiento que hizo la Corte Plena en el artículo 2 de las Normas prácticas para la aplicación del Código Procesal de Familia-, si la resolución se emitió después del 1 de octubre de 2024, los recursos que se interponen en su contra se deben tramitar conforme a lo dispuesto en el Código Procesal de Familia. En el Código Procesal Civil de 1989 -el cual se aplicaba antes del 1 de octubre de 2024 en varios procesos de la materia de familia-, el artículo 563 explicaba la relevancia de la distinción nominal de los efectos en que se admitían las apelaciones al relacionarla con la posibilidad de ejecutar provisionalmente, o no, la resolución recurrida. El Código Procesal de Familia regula este aspecto en su artículo 96, sin hacer referencia a que el recurso se tenga que admitir en el efecto suspensivo o en el efecto devolutivo, tal como se aprecia a continuación:

Artículo

Efectos de la interposición de los medios de impugnación en cuanto a los plazos y las ejecuciones. La impugnación de una resolución judicial no interrumpirá ni suspenderá la ejecución de lo resuelto, salvo cuando de la ejecución provisional resulte un daño irreparable, se trate de una situación de imposible restauración o cuando lo disponga una norma de forma expresa.

No se ejecutará la sentencia que resuelva sobre el estado civil de las personas, el desplazamiento de la filiación y la resolución que autoriza la salida del país de un menor de edad para efectos de cambio de residencia en el exterior, hasta que se encuentre firme.

Cuando se trate de sentencias de condena, la parte victoriosa puede pedir la ejecución de esta con el otorgamiento de las garantías necesarias a criterio del despacho.

Otros aspectos que están debidamente regulados son los siguientes:

Los escritos deben estar debidamente firmados. (Artículo 118) Puede utilizarse:

Firma autógrafa -es decir, manuscrita-;

Firma holográfica -mediante dispositivo o capturador de firmas utilizado por despachos y fiscalías electrónicas-;

Firma electrónica -que no es firma autógrafa, sino efectivamente electrónica donde su autenticidad está garantizada por medio de un código de barras, en la actualidad-, mediante registro como persona usuaria en el Poder Judicial; y,

Firma digital -basada en un certificado digital emitido por Autoridad Certificadora acreditada-. (2, 3 y 4 están contempladas en el Reglamento sobre expediente judicial electrónico ante el Poder Judicial) La inserción de la imagen de una firma en un escrito judicial no está autorizada en nuestro ordenamiento.

En algunos casos, los escritos deben ser firmados por la parte y su firma debe ser autenticada mediante la firma de una persona profesional en Derecho; en otros, pueden ser firmados solo por la parte, requiriéndose que se presenten personalmente; en otros, pueden ser firmados solamente por el abogado o la abogada, si consta que patrocina legalmente a la parte o si cuenta con un mandato que le autorice para actuar en su representación. (artículos 50, 51 y 118)

También está estipulado que la persona legitimada para recurrir es aquella a quien la resolución le causa perjuicio (Artículo 94); que todos los recursos deben estar fundamentados, bajo efecto de ser rechazados de plano en caso de no estarlo (artículo 97); que el plazo para recurrir resoluciones escritas mediante revocatoria y/o apelación es de tres días (artículos 99 y 100), y, con relación al recurso de apelación, cuáles son las resoluciones que lo admiten. (Artículo 101).

Cuando se ha interpuesto el recurso vertical, la obligación del juzgado es examinar si se cumplen los requisitos antes indicados. De no ser así, lo que procede es emitir una resolución en la que NO SE ADMITA el recurso, obviamente indicando el motivo; caso en el que la parte a quien no se le admitió tiene la opción de presentar un recurso de apelación por inadmisión en contra de esta última. (artículo 104)

Si el libelo impugnativo cumple con los requisitos, en primera instancia se debe admitir la apelación ante el superior y, en la misma resolución, se debe conceder audiencia a la otra parte -y a eventuales intervinientes- para que, en el plazo de tres días y ante el mismo juzgado, tengan oportunidad de referirse al recurso. La audiencia no se concede al apelante porque los agravios necesariamente los tuvo que haber consignado en el escrito que formuló el recurso. Una vez vencido ese plazo, se debe remitir el expediente al superior sin ulterior trámite. (Artículo 102)

No es pertinente consignar que el recurso se admite en efecto devolutivo o suspensivo porque, como antes se indicó, el artículo 96 ya dispone, como regla, que las resoluciones son ejecutables a pesar de estar apeladas, y, como excepción, cuáles no lo son. Lo que sí podría resultar pertinente, cuando así se considere, es consignar, de manera fundada, que la resolución no se ejecutará mientras no sea resuelto el recurso de apelación porque la ejecución provisional puede producir un daño irreparable o se trata de una situación de imposible restauración porque estos son conceptos indeterminados.

Por último, la prevención para que las partes señalen medio para atender notificaciones y el apercibimiento que se hizo en caso de que no cumplieran con ello son incorrectos porque, en este proceso, la única parte que está apersonada señaló una dirección de correo electrónico para recibir notificaciones y el artículo 35 de la Ley de notificaciones judiciales dispone, con toda claridad, que “El señalamiento de un correo electrónico o fax, por tener ambos carácter nacional, valdrán para la segunda instancia y casación.” La prevención y el apercibimiento solo deben hacerse cuando la parte ha señalado un casillero o ha solicitado ser notificada en estrados y los órganos de alzada no tienen su asiento en el mismo lugar del juzgado.

IV.

MPEWNJRG9LA61MAURICIO CHACÓN JIMÉNEZ - JUEZ/A DECISOR/A

BZUKN6TVEF461SANDRA SABORÍO ARTAVIA - JUEZ/A DECISOR/A

6IDTN6ZJBJY61ANA CRISTINA FERNÁNDEZ ACUÑA - JUEZ/A DECISOR/A

EXP: 25-000792-0939-VD

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